El proyecto de una filial de Gas Natural Fenosa para construir un gasoducto y almacenar gas en Doñana, autorizado recientemente por el Ministerio de Medio Ambiente, ha recibido duras críticas de los ecologistas. Además ha generado, de forma soterrada, un interesante debate dentro de la propia comunidad científica. La razón no es tanto el proyecto en sí, sino el hecho de que la Estación Biológica de Doñana (EBD), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), votara en 2011 a favor del plan a la vez que recibía financiación de Gas Natural para uno de sus proyectos de investigación. El convenio no implica una gran cuantía —38.000 euros al año para una cátedra de cambio global, que paga estancias de investigadores en Doñana y un curso en septiembre—, pero sí pone de relieve una tendencia creciente: con los constantes recortes de la financiación pública, los centros de investigación y las universidades se ven forzados a recurrir cada día más al patrocinio privado. Un camino que, para algunos, abre la vía a crecientes conflictos de interés.

Carlos Herrera, científico de la EBD, y Premio Nacional en 2001 de Investigación Alejandro Malaspina en el área de Ciencias Y Tecnologías de los Recursos Naturales, alertó hace unos años sobre una tendencia que considera perniciosa: “Dije que no me parecía ético que nos financiaran empresas con escaso pedigrí medioambiental. Quedas expuesto a un conflicto de intereses”. Herrera escribió un duro artículo en la revista especializada Quercus, en el que comparaba la financiación de su instituto con el de un club de fútbol de Tarragona patrocinado por un prostíbulo del que informó en su momento la prensa entonces. En él se preguntaba si los niños tendrían que renunciar a lucir buenas botas y flamantes camisetas debido al origen de los fondos. Y añadía: “¿Tendrán los científicos vinculados con el medio ambiente que negarse a impartir conferencias remuneradas donde divulguen las amenazas del cambio global porque son subvencionadas por una empresa que mantiene una posición contraria al desarrollo de las energías renovables?”.

El director de la Estación Biológica de Doñana, Juan José Negro, investigador principal del convenio con Gas Natural, admite el debate interno en el claustro de la estación, pero defiende los acuerdos: “Ojalá nos pudiéramos financiar solo con dinero público, pero no es posible. Tenemos convenios con multitud de empresas, pero eso no mina nuestra independencia. Tenemos absoluta libertad y el convenio no nos marca ninguna dirección de actuación”.

Gas Natural también considera que este tipo de patrocinios no provoca ningún conflicto de interés y sostiene que estos convenios tienen como objetivo apoyar la investigación. Además, anota que también tiene firmados acuerdos de este tipo con, por ejemplo, grupos ecologistas.

Sin embargo, algunos investigadores de la estación ven con recelo que sean precisamente compañías eléctricas o contaminantes las que les financien, porque temen que estos convenios sirvan simplemente para dar un barniz ecológico a su imagen.

En la votación en la que el Consejo de Doñana —que reúne a Administración, agricultores, ecologistas…— dio un sí condicionado al proyecto no faltó el voto de la EBD. El visto bueno a la declaración ambiental salió con 10 votos a favor, dos en contra (WWF y Ecologistas en Acción) y una abstención (la asociación agraria Asaja, por el recelo al impacto sobre los acuíferos).

Juan José Carmona, representante de WWF, cree que la EBD debió informar de que tenía ese convenio con Gas Natural: “Hay que ser transparente. Como mínimo debieron decirlo”. Las voces críticas han cuestionado también el hecho de que el expresidente del Gobierno Felipe González, presidiese el Consejo de Participación de Doñana hasta diciembre, mientras era consejero de Gas Natural.

Negro explica que su voto no fue un sí incondicional: “Hicimos muchas alegaciones y el ministerio las ha recogido en la declaración de impacto ambiental. No hemos estado cruzados de brazos”. Durante la tramitación de dicha declaración, la EBD hizo alegaciones. En uno de los dos proyectos señala que “el promotor parece haber adoptado un diseño que ofrece garantías suficientes para que se realice con el menor impacto posible”, aunque añadió que “durante la fase de obras pueden existir afecciones al medio, y en particular, al lince ibérico”.

El CSIC no ve problema en la actuación de la EBD. Las normas internas de la institución incluyen que toda colaboración de un científico con una empresa debe estar regulada en un contrato o en un convenio. Aunque el proyecto de almacenamiento de gas en Doñana no toca el parque nacional, sí afecta al espacio protegido de Doñana, que incluye un área más extensa aunque con menor grado de protección.

Los grupos ecologistas sostienen que el proyecto es muy dañino, en contra del Instituto Geológico y Minero, que hizo un informe que apoyaba la seguridad del mismo. Unos y otros coinciden en que, más allá de este caso, la transparencia es la mejor arma contra cualquier suspicacia.

Pedro Linares, vicerrector de Investigación de la Universidad Pontificia de Comillas e investigador de la cátedra BP de Energía y Sostenibilidad, ha optado por despejar cualquier tipo de duda en este sentido. En su web avisa: “Mi investigación ha sido financiada principalmente por empresas privadas e instituciones públicas relacionadas con el sector energético. […] Tengo algunas acciones (pocas, como corresponde al sueldo de un profesor universitario) en empresas relacionadas con las energías renovables y la eficiencia energética, campos que creo que tendrán o al menos deberían tener un futuro prometedor”. Y añade: “De acuerdo con los códigos de conducta habituales, no debería tomar posiciones en ningún asunto relacionado con las empresas o instituciones que me pagan directa o indirectamente. Sin embargo, al menos en mi caso, eso supondría no poder opinar sobre nada relacionado con el sector energético, algo difícil si se trabaja en economía y política energética… Mi única defensa contra este posible conflicto de interés es mi compromiso absoluto con la libertad académica, según el cual declaro que los resultados, conclusiones y opiniones reflejados en mis publicaciones son únicamente mi responsabilidad. […] Es fácil ver cómo algunas de mis opiniones van claramente en contra de los intereses de algunas de estas empresas”.

Linares explica por teléfono el sentido de su advertencia: “A veces leo artículos o escucho conferencias de profesores de universidad y me sorprende que no digan quién financia algunos de sus proyectos”. ¿La razón? Muy simple: “Me parece información muy relevante y no quería que a mí me pasara”.