El académico, fundador y miembro del   directorio de la Corporación de Promoción Universitaria explica el trabajo que realiza actualmente CPU.

Conversamos con el sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Raúl Atria, para conocer en qué está la Corporación de Promoción Universitaria (CPU); qué desafíos tiene y revisar la génesis de uno de los temas que hoy preocupa a la Corporación…Las Universidades Estatales.

El académico comenta que el tema de la Educación Superior ha sido una constante en CPU y a lo largo de su historia, se han abordado temas de muy distinta naturaleza.

“Si uno mira para atrás no hay tema que en su momento la Corporación no haya abordado. Puede que no haya continuidad en un tema específico pero hay continuidad en el fenómeno de la educación superior”.

-¿En qué tema está CPU en estos momentos?

Desde el año pasado retomamos el tema de las Universidades Estatales, por dos consideraciones principalmente: Una coyuntural, luego de que las movilizaciones estudiantiles levantaran con mucha fuerza la temática y porque algunos rectores ya habían levantado el tema planteando una nueva relación, “un nuevo trato” de las Universidades Estatales con el Estado, como lo denominó el rector de la Universidad de Chile Víctor Pérez.

El tema de las Universidades Estatales era una de esas materias que CPU ya había abordado y en un trabajo anterior se adelantó: “se trata de un tema que está comenzando”. Hoy ese tema ya no comienza, está plenamente instalado.

Es evidente cuando uno se refiere al tema del lucro, aborda el papel que tienen las universidades estatales y en general las públicas, las implica principalmente a ellas porque tienen una dedicación preferente a asegurar pluralismo, equidad en el acceso, por lo tanto, es claro que estas universidades no pueden prestar servicios condicionados a las capacidades socioeconómicas de los estudiantes.

El Estado chileno siempre ha sido muy olvidadizo con sus universidades. Tiene 16 universidades. Uno podría hacer un simple cálculo de una fundación que tuviera 16 universidades a lo largo del país, de su propiedad. No me cabe duda que ese sería un activo institucional muy apetecible sin embargo, el Estado chileno las ha tratado de una manera completamente  secundaria, marginal. No hay muestra que este propietario tuviera algún interés en la suerte de esas instituciones.

-¿Y por qué se da esa situación?

Esto es histórico, no es de este gobierno ni del anterior. Es un proceso donde el Estado les ha dicho: Acá tienen una cantidad de recursos, son autónomas, vean lo que hacen. Con la legislación de 1981 se inicia una reducción creciente de los aportes basales a las ocho tradicionales. Se fue sustituyendo el aporte basal –hoy aporte fiscal directo- por un aporte indirecto a los alumnos. La combinación de estas dos políticas de financiamiento produjo un impacto fenomenal porque significó que las universidades públicas, incluyendo a las estatales, tuvieron que ser incentivadas a buscar recursos compitiendo por esos recursos en el mercado. Aquí no solamente se reafirma el rol pasivo del Estado que tiene olvidadas a sus universidades sino activamente las empuja a comportarse como si fueran privadas y buscar los recursos que no les son proporcionados por el Estado. Ahí fue el momento en que se dijo “cobren aranceles” por los servicios educacionales, y ahí se instala el criterio que la universidad cobra por el servicio que presta, un concepto inédito en la historia de las universidades en Chile.

-¿Por qué el Estado dejó de interesarse en sus universidades?

Esto es una cuestión ideológica, del rol del Estado en la sociedad. Esto no es raro, el Estado se desprendió de los servicios de salud, de seguridad social, se retiró de la educación, todo viene siendo parte del mismo enfoque, una integralidad del modelo que en el caso de las universidades les tocó, como le tocó a otros ámbitos.

Hoy tenemos universidades que en su quehacer diario se comportan igual que las privadas y eso no puede ser. Esta lógica operó de tal manera que en un momento algunas universidades estatales solicitaron les quitaran los controles que tienen para competir en igualdad de condiciones con las privadas. Eso no puede ser, el rol de las universidades estatales no es competir con las universidades privadas, las universidades estatales no tienen por qué competir.

Este tema es decisivo. Cuando el Estado de Chile decida hacer un giro en su trato con sus propias universidades, o las tiene y se preocupa por ellas, las desarrolla y las potencia; o las vende, las privatiza. Actualmente, están en un estado que compromete mucho sus posibilidades de desarrollo.

-¿Cómo deberían ser las cosas?

Si es que las cosas cambiaran, uno tendría un sistema donde prácticamente en cada región habría una universidad del Estado que potencie la educación en su conjunto, no para competir con las privadas sino para ser articuladoras de un espíritu de construcción de la universidad en la región. Hoy no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. No estoy en contra de las universidades privadas, es importante que existan, pero el sistema tiene que tener claridad. Las universidades privadas hacen esto, las públicas hacen esto y las estatales hacen esto otro. Lo que está más claro es lo que pasa con las privadas, la parte más iluminada, la parte más sombría es la otra.

El caso de las universidades católicas es diferente porque ahí tenemos un propietario que cuida celosamente sus establecimientos. La Iglesia se la juega por sus universidades, lo que no hace el Estado con las suyas.

Según Atria, el problema principal apunta a las algunas universidades estatales porque hay otras, como la Chile, la Usach o algunas regionales, que sortean con bastante éxito la situación, ya sea por su capital histórico o el peso específico de su papel en investigación. De las 16 universidades del Estado, tres o cuatro están suficientemente blindadas y pueden persistir pero el resto está en condiciones extraordinariamente precarias.

“Ha llegado el momento de poner sobre la mesa la necesidad que se debata un conjunto de medidas y propuestas que serían apropiadas para rescatar estas universidades, potenciarlas, desarrollarlas y convertirlas verdaderamente en motores de desarrollo”.

-¿Cuál es la propuesta de CPU?

Estamos trabajando en cuatro áreas: Queremos hacer una propuesta respecto de la estructura de gestión de las universidades, cómo abrir cauces institucionales para la participación estudiantil, no pueden estar ajenas a este tema. Las universidades estatales contribuyen de manera especial a la formación de los hábitos ciudadanos y uno de los principales hábitos ciudadanos es la participación.

También queremos hacer una propuesta de financiamiento, hacer un tratamiento de sus políticas de ingreso acorde con el compromiso que tienen con la equidad. En este ámbito, Atria comenta que en la medida que estas universidades tengan un aumento progresivo en sus recursos basales, lo que es indispensable; en esa misma proporción la educación que entregan será crecientemente gratuita “y llegaremos al punto que si los recursos basales financian el cien por ciento de sus costos operacionales, aquella universidad va a ser gratuita. No habría razón para pensarlo de otra manera, eso hay que decirlo así”.

La relación de la universidades con las regiones en que se encuentran insertas es otro tema central para CPU. “Vamos a proponer medidas de trato diferenciado para las universidades regionales. Tal vez, vamos a definir macrozonas (norte, sur, centro) donde se plantee una política que conduzca al reforzamiento, cooperación e integración de todas las universidades ubicadas en el área. En el caso de las ubicadas en el Área Metropolitana tendrán un trato distinto porque tienen un mayor potencial de estudiantes, aunque  también se deben diferenciar las más precarizadas”.

“También queremos abordar un tema que para nosotros es especialmente sensible: Reposicionar al Estado en el nivel de la educación técnico profesional. Las universidades públicas, todas están abriendo carreras en este nivel pero si no nos preocupamos de eso va a haber un tremendo desorden. Estamos elaborando una propuesta y el objetivo es abordar cuál es el diseño más apropiado para que las universidades estatales acojan esta tarea”.

Atria advierte que no van a morigerar la propuesta que concuerden. “No estamos preocupados de lo que es políticamente viable o no, vamos a ser bastante maximalistas. Vamos a poner el tema sobre la mesa. Invitaremos a la discusión, invitaremos a la gente de las universidades públicas, privadas, a todos los actores. Diremos éstas son nuestras propuestas, nuestras ideas, discutamos. Si comenzamos a discutir qué será políticamente factible caeremos justamente en este enfoque coyuntural que no nos lleva a ninguna parte”.

“Si el país considera que quiere tener universidades estatales que cumplan su misión, sus tareas básicas y lo hagan razonablemente bien, eso cuesta. El Estado tendrá que financiar eso como lo hace cualquier propietario responsable de las entidades que posee. Salvo que diga -a la larga- el sistema está privatizado. Yo creo que lo está en sus comportamientos concretos pero como el instrumento básico que ha contribuido a esta ‘privatización de hecho’ es el mecanismo de financiamiento, a ese aspecto hay que darle duro porque ahí está la perversión, el problema”.