Ricardo Paredes es economista, académico, investigador, Depto. Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica.

Convocado por el Foro Aequalis de Educación Superior se realizó en el ciclo “Conversando la educación que queremos”, la 3ª Conversación referida al tema: “Aranceles de referencia”

Expone: Ricardo Paredes, economista, académico, investigador, Depto. Ingeniería Industrial, Pontificia Universidad Católica.

En los contextos en que existe ayuda financiera del Estado y en que las universidades forman profesionales deben existir aranceles de referencia. Estos juegan el papel de financiar y dirigir la ayuda destinada a los estudiantes, y a contener los impulsos de alza de los aranceles del mercado. Sin ellos habría una demanda de más y se requerirían más recursos públicos, produciendo una crisis de financiamiento. El gran incremento de la ayuda estudiantil desarrollada en Chile hacia mediados de los 90, se vio severamente diluido con efectivas alzas de aranceles por parte de las instituciones. Entonces el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo político con las universidades del Consejo de Rectores, Cruch, que eran las más relevantes para estos efectos.

¿Cómo se piensa ahora el arancel de referencia para el sistema universitario, en un contexto de subsidio general, que por alguna razón filosófica es bien distinto a lo que es el subsidio tradicional, en que el Estado paga un valor mínimo y la calidad recibida es la mínima aceptable? En el caso de la educación superior, no se establece un subsidio respecto de la provisión de un servicio cuya calidad es un mínimo aceptable, sino que se pretende entregar un subsidio escalonado, en que el Estado entrega menos financiamiento al estudiante que ingresa a una universidad menos costosa y más financiamiento si es más costosa, aunque ello no necesariamente tenga relación con la educación que recibe el estudiante, sino que tiene más relación con una calidad de universidad más integral, donde la calidad de la investigación está involucrada. Ese es básicamente el concepto y por alguna razón se aplica este criterio.

La ayuda estatal asociada a los estudiantes debe estar relacionada con los aranceles de referencia, pero no la ayuda a otras provisiones de las universidades, como son investigación, o algún tipo de bienes públicos; estos debieran ir por otro carril. Inicialmente, la ayuda estatal, restringida a las universidades del Cruch, se creó sin una separación clara y los subsidios cruzados fueron la norma, pero con cierta lógica histórica respeto de los grupos de universidades. La instauración de nuevas universidades y carreras requirió de nuevos aranceles de referencia que se asimilaron a los grupos previamente existentes. Hoy, no se explica porqué se agrupan algunas universidades, simplemente no es transparente, no es posible replicar la estructura de aranceles por un tercero porque se desconoce cuál es el criterio que involucra a los aranceles de referencia, y parece estar fuertemente distorsionado entre las distintas universidades. Esto es válido para todas las instituciones de educación superior.

Cuál es el desafío; definir aranceles de referencia vinculados exclusivamente con la calidad docente. Por otro lado, medir la calidad docente por input es una vía imperfecta y que resulta difícil de asociar, de asimilar a la forma en que se fijan los precios a algunos servicios de utilidad pública. La discusión de fijar aranceles finales vale también para la dificultad de fijar aranceles de referencia. Es muy difícil  fijar un arancel basado en criterios de empresa eficiente, no parece ser posible.

El otro desafío que es muy relevante, está ligado a que si se fijan los aranceles de referencia sobre la base de algún criterio de generación de producto docente se van a desfinanciar las universidades que hacen investigación y otras cuestiones, que utilizan el arancel para esto. Por lo tanto, necesariamente se requiere conjuntamente con fijar los aranceles de referencia para la docencia, considerar el financiamiento de los otros aspectos involucrados. Tienen que contemplarse los aportes basales, aportes a la investigación o un criterio de asignación de investigación por concurso.

Hay que considerar la importancia de los aranceles de referencia por los cambios que vienen, que se prevén especialmente importantes. El proyecto de ley plantea que en las ayudas estudiantiles a los alumnos se les debe cobrar solo el arancel de referencia, y se debe avalar la diferencia que exista entre el arancel efectivo cobrado y el arancel de referencia. De aprobarse, no ocurrirá como ahora en que la institución no tiene problemas cuando fija aranceles reales superiores al de referencia, porque un estudiante  con ayuda estatal, al que se le financia el arancel de referencia, puede requerir pedir un crédito a un banco comercial para pagar la diferencia, por lo que queda como un problema del estudiante, no de la institución. En cambio, lo que hace la propuesta del gobierno –que comparto, a pesar de que a muchos no les gusta– es que el problema se transfiera, de alguna medida, a la institución y libera al alumno. La institución tendrá la posibilidad de cobrar un arancel mayor al de referencia  en la medida que la carrera que cursa el alumno entregue una buena preparación, que le provea empleo cuando egrese, entre otros factores. No podrá recibir en cambio un arancel mayor al de referencia si la formación es mala, porque el alumno no va a tener la capacidad de devolverle a la universidad con el ingreso que genere. Ese es básicamente el criterio de esta propuesta.

La gran interrogante es cómo se fijan los aranceles de referencia. Lo esencial en la propuesta del Mineduc es que vincula arancel de referencia con la calidad de la docencia, con la capacidad que tiene la universidad o la institución para formar alumnos que generen ingresos durante la vida laboral. ¿Cómo distinguir eso si los ingresos dependen no solo de la calidad de la formación sino que también del background previo del alumno, como por ejemplo el ingreso familiar, redes de contacto y de apoyo, entre otros?

La propuesta genera incentivos económicos correctos; reduce matricula de carreras saturadas, aumenta la de las no saturadas con altas perspectivas de ingreso, y acorta la duración de las carreras a lo óptimo. De hecho, sí se necesita que las carreras sean más largas cuando hay que preparar a los alumnos y compensar su formación previa, debieran alargarse. Asimismo, procura distinguir el aporte real de la universidad a la capacidad de los agresados para generar ingresos, es substancialmente más objetivable, lo que produce equilibrio entre las universidades. El desafío es complementar la propuesta de los aranceles de referencia con financiamiento complementario por calidad global. Paralelamente, habría que determinar qué es calidad respecto de los criterios no docentes.

Actualmente, se tiene una estructura de aranceles de referencia que tiene distintos criterios, pero en parte se relaciona –sin duda– con la capacidad de lobby. En un mundo poco transparente, los discursos, las necesidades y las tradiciones pesan mucho y esto no tiene relación con la propuesta de aranceles del ministerio, que es más objetivable y por lo tanto tiene esa ventaja. Como problema podemos decir que valora fundamentalmente el criterio de la contribución económica y no otros. Formar profesionales aunque no generen ingresos, vale para ciertas áreas, no para todas, si es que se tiene esa consideración. Respecto de la metodología práctica, posiblemente haya dificultades, pues se tienen que tener buenos datos de ingresos.

Hay un enorme esfuerzo del Ministerio de Educación que se inició hace mucho tiempo, por generar datos que eran especialmente difíciles de obtener. La metodología requiere controles adecuados del ingreso de los padres, pero también, posiblemente en las zonas más apartadas los mercados laborales sean menos dinámicos, y por lo tanto el salario que reciben las personas menor, por lo que se requeriría de hacer algunos ajustes. La idea convence por lo objetivable, por la sensatez, por lo simple, pero está por verse cómo se aterriza, cómo se llega a ella, porque tiene problemas, pero habrá menos si hay datos disponibles.

También a futuro habrá que observar lo que ocurre en el comportamiento institucional, pero sobre todo exigir a las universidades, datos transparentes y confiables, porque hay mucho autoreporte y no son muy sinceros. Aranceles de Referencia

Comentarios

Alejandro Espejo, secretario general de Duoc UC

Cuando se habla de aranceles de referencia se está pensando en las universidades, que es donde  se concentra el 62% de la matrícula, y no se analiza el conjunto de instituciones que incluye los institutos profesionales y centros de formación técnica, a partir de este estoque iniciaré mi comentario sobre el tema.

La fijación del arancel de la universidad y el arancel del área técnica –IP y CFT–, tiene un origen distinto y da cuenta de fenómenos diferentes porque en estos últimos se fija el precio como una resultado de lo que se requiere para poder subsistir, crecer y desarrollarse. Hay una diferencia precio-valor percibida en el futuro alumno y, por otra parte, al igual que en las universidades privadas, es el único ingreso institucional. Los aranceles contemplan de cierta forma lo que es solo el recurso para docencia, más que para otras cosas, en esta otra situación contempla lo que es neto de docencia, pero también contempla lo que es el desarrollo y crecimiento, profesores, la  investigación no está en el ámbito.

Si se piensa en un sistema de educación superior,  los aranceles diferenciales, debido a que  va a existir una política de apoyo a los alumnos que ingresan a la educación postsecundaria, deberían ser una fuente de integración y no  de desagregación. Estoy de acuerdo con que los aranceles de referencia son plenamente consustanciales a que el Estado aporte recursos y lo que sí tiene una contra partida es que no puede obviarse la calidad. Si a los alumnos se les da la posibilidad de endeudarse y de esta forma pagar su educación superior, deben recibir una buena formación, es necesario que haya una certeza sobre la calidad, de lo contrario será un perjuicio para ellos, no van a tener un buen ingreso y sí van a tener una deuda.

Hay que considerar  el esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Educación, falta que todas las instituciones colaboren muchísimo más en generar información. La asimetría en la información es lo peor que les puede ocurrir a los futuros alumnos, que no puedan tomar una decisión bien informada sin tener el conocimiento para saber qué ocurrirá con su formación futura, por la complejidad de los procesos académicos, muchos se cambian de carrera durante su formación profesional.

En el caso de los CFT o los IP, no existen barreras de entrada ni de salida por lo tanto los alumnos se cambian de una a otra carrera sin más. Mediante un seguimiento, por el Rut de cada alumno, se sabe realmente todo lo que le pasa mientras está en la institución, pero lo clave es conocer lo que le pasa después que egresa, tanto si triunfa o fracasa. Ambas situaciones van a aportar datos para saber cómo le fue durante su estadía en la institución, pero también se sabrá de dónde proviene, y eso permite una posibilidad de mejoras curriculares, de acuerdo al espectro de alumnos que se tiene, especialmente en casos como el de DuocUC, que no es una institución selectiva.

Hay que tener la capacidad de absorber las diferencias de conocimiento y de actitudes socioemocionales de los alumnos al ingreso, para poder modificar en cierta forma los currículos y asegurar el perfil de egreso que se ofrece. Dato a dato hay que seguir haciendo un esfuerzo, porque para las instituciones entregar datos es difícil y muy costoso.

Rubén Covarrubias, rector de la Universidad Mayor

Abordaré el tema del arancel referencial, con respecto a las rutas. Hasta ahora, el Ministerio de Educación ha continuado con la estrategia de no entregar información oficial a las instituciones de educación superior. Por eso, cuando surge toda esta información pública, lo que se hizo en la Universidad Mayor fue un análisis crítico de cómo se veía el sistema integrado de financiamiento de la educación superior –como lo denominó el ministro– con más equidad y calidad, y que uno de sus componente era una fórmula econométrica maravillosa que salió de debajo de la manga. Desde esa perspectiva, me gustaría abordar algunos puntos, que me parecen importantes más allá del arancel de referencia en sí. El primero, habría que felicitar al gobierno porque se atrevió a dar un paso que era un clamor a todas voces, la clara inconstitucionalidad que existía al tener alumnos de primera y segunda categoría con dos tipos de créditos distintos. Al parecer no hay una voz disonante en torno a la necesidad de hacerlo. También, era el clamor interno de los estudiantes, porque es menos costoso pedir crédito hipotecario que solicitar un crédito con aval del Estado para poder financiar los estudios. Eliminar a la banca en el otorgamiento de créditos es un acierto político, sin lugar a dudas, porque también la sociedad y las movilizaciones estudiantiles clamaban por el alto nivel de rentabilidad y utilidades que tenían los bancos, sin embargo, hay que ser cuidadoso con esa decisión, porque la banca es la única que sabe del negocio de prestar y cobrar, y eso es lo más importante.

El Estado y sus organismos han dado muestras históricas, desde la década en que nace el crédito fiscal, de una ineficiencia que la están viviendo las universidades estatales, con un crédito fiscal universitario que tiene una recuperabilidad máxima promedio del 40% – 50%, y el 50% restante ¿quién lo paga? En consecuencia, hay que ser cuidadoso en términos de repensar quién va a ser efectivamente el cobrador de estos créditos, porque alguien tiene que pagarlos. Porque de otra manera estamos hablando de educación gratuita, y se ha planteado que es regresivo pensar nuevamente en esa posibilidad.

Cuando surge  públicamente el tema del arancel de referencia, la Universidad Mayor hizo un análisis que considera algunos aspectos. El primero, la deserción universitaria, que es el primer indicador. En este país no existe “la meritocracia”, mas bien “la amigocracia”. Eso es efectivo, las redes sociales tienen privilegios que no sé sabe cómo se resolverán. Una universidad  donde el componente social de sus estudiantes es ABC1, es  muy distinto de una en que el 60%, o una relación de 55% o 45 %, de los estudiantes provienen de los primeros quintiles. La deserción o la inclusividad o no inclusividad de una universidad, se relaciona con todas las variables que aparecen en esa fórmula mágica. Respecto de la deserción, sin lugar a dudas, hay que enfrentar de manera distinta a jóvenes con carencias que a los sin carencias; algunos vienen de buenos colegios privados y otros de colegios subvencionados o municipales. En el sistema universitario, sobre todo en los últimos años, donde la inclusión de los quintiles más desposeídos ha tenido un crecimiento sorprendente, lo que es buenísimo para el país y hay que estar muy contentos de que eso ocurra, sin embargo, requiere de las instituciones definir estrategias distintas de cómo enfrentar el mundo de la educación superior, porque esto no es exclusivo del sistema universitario.

El segundo elemento preocupante es que normalmente se atribuye el hecho de que la deserción universitaria es exclusivamente debida a una mala calidad de gestión de las universidades. Pareciera que no se considerara que estas instituciones reciben jóvenes precarios, y se atribuye la deserción a una mala administración, una mala gestión y a que sus escuelas son de mala calidad, en circunstancia que el menor porcentaje de la deserción obedece a razones vocacionales, según todos los estudios de que se dispone al interior de la universidad. Existe una deserción entre primero y segundo año del 11% o el 12%, según los indicadores, cuando la tasa nacional entre primero y segundo año es del orden del 20%. En realidad, las razones son multifactoriales; salud, económicas, familiares y en último lugar vocacionales. Es bastante injusta esa crítica subyacente al sistema universitario de que no hace bien su labor, basándose en esos antecedentes macro, sin analizar verdaderamente qué pasa con ese otro 80% o ese 20% de los alumnos.

El tercer factor, que incluyó el Ministerio en esa fórmula, fue la calidad asociada a distintos aspectos, en esto discrepo profundamente porque considero que el sistema de aseguramiento de la calidad  es  pésimo. Habría que repensar la ley de Aseguramiento de la Calidad, hay incentivos perversos, lo peor que pudo ocurrir  son  “la colocación de notas y pedacitos de acreditación”. La sociedad en su conjunto no sabe cuáles y porque las instituciones están acreditadas. En consecuencia, es una locura lo que se está viviendo, tanto en el ámbito institucional como por carrera, hay impuesto ocultos, gastos estratosféricos, horas hombre dedicadas a esta cuestión dejando de producir internamente; la incorporación de estructuras administrativas que hacen parecer a la institución más como  entidad de administración pública que a universidad públicas o universidad privada, eficiente en el manejo de recursos humanos. Por lo tanto, mientras no se discuta en serio el aseguramiento de la calidad en este país, es una utopía ponerlo en un indicador para fijar un arancel de referencia.

El cuarto indicador, planteado por el Ministerio, es el acortamiento de carreras. Respecto a este tema, el gobierno tiene una oportunidad histórica y debiera conducir este proceso. En el sistema universitario y en sus autoridades, y eso se puede apreciar en la discusión pública, hay un cierto consenso en que es necesario y posible efectuar un acortamiento de las carreras, no obstante, la preocupación es que si los cambios no se hacen con  lineamientos generales por parte del Estado, porque esta es una política que trasciende al gobierno, se puede malograr todo lo hecho. Porque el sistema de educación superior está funcionando bien, comparado con otros países de Latinoamérica, excepto Brasil.

Un ejemplo, para el acortamiento de la carrera de medicina, y que tiene mucho que ver con los costos asociados a las carreras, debiera durar 5 años y la institución entregar solamente la licenciatura, y el 6° y el 7° año restantes serían de responsabilidad del Estado, porque es dueño de los campos clínicos y  del 95% de la empleabilidad en este país. Además, en el caso de medicina, para otorgar el título se pone una traba adicional, el Examen Médico Nacional, para diagnosticar la calidad de la formación en las escuelas y mediante el cual los alumnos pueden ejercer como profesionales y ser contratos en la administración pública. Dicho examen es el que habilita a los médicos y no las universidades. Como efecto cascada, lo mismo que ocurre con  las carreras de enfermería o  ingeniería civil.

La buena idea de acortar las carreras, en que hay un consenso, está siendo mal conducida porque con incentivos financieros están obligando a las instituciones a provocar cambios políticos estructurales internos. Parece una mala decisión, parece una mala política, y creo que no es aceptable una decisión de esa naturaleza. Se producirá una anarquía universitaria, donde cada uno va a cambiar como quiera hacerlo, y al final no se va a entender nada de nada.

En cuanto al arancel diferenciado es una fijación de precios por dos razones. La primera, obliga a becar o entregar un crédito en igualdad de condiciones, por el copago, lo que no se puede hacer responsablemente porque hay que mantener las macro finanzas de la universidad y así poder ayudar a los 20 mil alumnos y sus familias que confían en la institución.

La segunda decisión es becar, el gobierno dice se cobrará el 80% del valor, no más. Da lo mismo lo que cueste porque no están considerados los costos asociados de cada universidad. De alguna manera, en el desarrollo de la Universidad Mayor ha habido prudencia, básicamente en la relación con los bancos, el 40% de los estudiantes tiene Crédito con Aval del Estado. Cada vez se que toma una decisión se estima cómo se va a financiar, siempre se ha considerado un proyecto dentro de uno que sea autosustentable. Para efectuar un tránsito entre una universidad docente y una universidad compleja hay que hacerlo responsablemente, porque cuando se dice: es una universidad de investigación, no se puede dejar solo como una declaración de intención si no se sabe cómo se completa y para eso se necesita dinero. Tenemos áreas, polos de desarrollo muy potentes, se han efectuado concursos públicos de distinta naturaleza, se han formado las masas críticas, los núcleos básicos, etc. En el corto plazo, el financiamiento proviene de los aranceles porque no hay otra fuente de financiamiento para la repatriación de científicos y tener una docencia de doctores de calidad, que están trabajando internacionalmente, escribiendo documentos. Esa es una política de desarrollo, pero que si se coarta la posibilidad de definir los gastos no se va a poder continuar.

¿Qué extrapolo para las razones mencionadas? Lo que más complica es que por esta vía se puede correr el riesgo de que haya cuatro o cinco funcionarios en el cuarto piso del Ministerio de Educación que estén planificando qué va a pasar con las universidades, eso es inaceptable. No se pueden tomar decisiones de política pública –no parece ser tan simple– sin considerar los factores involucrados.

Mauricio Carrasco, director de Administración y Finanzas de la Usach

A partir del anuncio sobre los aranceles de referencia que se aplicarán, se instaló la humildad como una respuesta a lo que había sucedido y parte del ser humilde es escuchar. Desde que se aprobó la ley de acreditación el 2006, es bueno que haya habido avances en estos seis años, esa es la política que instaló el sistema presidencial, hay que generar para tener resultados. Estuve los últimos dos años del gobierno anterior, me quedé a propósito por un tiempo en este gobierno. Lo planteo, porque parte de la experiencia de ejercer en el Ministerio de Educación es experimentar la complejidad del sistema debido a las presiones para hacer cosas, demostrar, presentar proyectos de ley. Por otro lado, el gobierno de turno tuvo que asumir las movilizaciones y toda la presión estudiantil, por lo que hay que innovar, cambiar ciertas lógicas, pero a veces lo que hace falta es conversar. Siempre se analiza cuál es el efecto financiero o como le repercute a cada institución lo que se está generando, de esta manera se pierde de vista el foco, que es poner en el centro de lo que se discute a las personas, o a los estudiantes y sus familias. Llama poderosamente la atención que pareciera que para avanzar como sociedad tenemos que imponer una idea y luego sobre eso ver qué pasa.

Los aranceles de referencia son una forma de fijar precios encubierta. La cuestión es cuál es el camino para seguir desde lo que tenemos hoy; 3500 carreras que se calculan una a una con una lógica compleja, a un sistema más simple. Cuando el estadounidense Michael E. Kraft, Professor of Public & Environmental Affairs (Political Science) and Public Administration and Environmental Policy and Planning Advisor, estuvo en Chile sugerió, a propósito de los sistemas de créditos transferibles, que debería haber un mínimo común múltiplo que para todos signifique lo mismo, fijar un estándar mínimo. También, planteó que si hay acuerdo se debe considerar la empleabilidad.

En relación con los aranceles de referencia, independiente de la lógica,  hace falta la forma,  falta la conversación, aprender de la experiencia anterior, tener un punto de vista conceptual. Se puede lograr un área en común bastante masiva, pero ¿cómo llegamos a la ecuación y cómo afecta a instituciones sólidas, acreditadas internacionalmente, que han trabajado de manera responsable? Lo que esto provoca es una anarquía institucional.

Hoy, la complejidad de la industria de la educación superior es tal, que prácticamente es imposible normar. En Chile hay muchas instituciones de educación superior responsables y que por eso están bien posicionadas, y muchas privadas no responsables, esa complejidad hace que  proveer una política pública sea muy complicado, porque no hay disposición para llegar a un mínimo común múltiplo, y en esa medida lo que ocurre es anarquía, que es lo que va a suceder. Esta lógica de injusticia  lo único que hace es no congregar si no separar, dividir, no llegar a consenso, destruir y no construir, es la misma que provocó la rebelión de los estudiantes en 2011. En la línea de Kraft, ¿cuánto valor tiene y cómo se valida en una ecuación que tenga sentido? Al final, lo más relevante es la forma cómo se hacen las cosas, que termina transformándose en el fondo de lo que se obtiene. Es decir, si se conversara más, si se aprendiera de la experiencia, si  no se diera por hecho lo obvio porque justamente en lo obvio, es lo que no hacemos, porque si no sería perfecto.

Los aranceles de referencia es sin duda alguna una materia muy relevante, más aún cuando  se está pensando en un financiamiento de la demanda estudiantil y sin límite, lo que no se percibe bien, con una propuesta que va a ser en tramos, y como lo dijo el ministro, este va a ser un proceso que va a significar mucho dolor, que va a ser complejo para las universidades. ¿Qué significa eso en la práctica? ¿Complejo en qué, económicamente? Si no cuesta tanto conversar.

Lo que ocurre es que estamos insertos en una realidad muy demandante, el cronómetro avanza hacia el término del periodo del actual gobierno, por eso hay que tener productos, modificar el sistema de acreditación. Sería distinto si el proceso demorara dos años más, sin considerar la elección presidencial, y hubiera acuerdo en una política de Estado, que eso es lo que hacen las sociedades que tienen una mayor cultura y desarrollo. Eso hace una verdadera sociedad, no lo que se está haciendo hoy.

Redacción, periodista Violeta González