Continua el debate en torno a la crisis del sistema chileno de acreditación, mientras la OCDE publica su análisis y recomendaciones para este sistema. Ver a continuación este Informe y la cobertura de prensa de mayor relevancia e interés de los últimos tres días sobr este tópico.
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Acreditaciones escandalosas y lucro: de quién es la responsabilidad
Andrés Fielbaum, Presidente de la FECH, El Mostrador, 4 de diciembre de 2012
Habiendo pasado una semana desde que estalló este nuevo escándalo, y con los procesos propiamente judiciales en curso, es momento de revisar responsabilidades políticas en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), es decir, quienes, por acción u omisión, desde sus cargos públicos permitieron estas situaciones, y también de cuán profundas son sus consecuencias. Antes de hacer tal análisis, es importante comprender que aunque jurídicamente sean casos distintos, los escándalos de la CNA son también producto de la existencia de lucro en muchas universidades, pues precisamente para poder aumentar sus ingresos es que a estas instituciones les es conveniente obtener, de cualquier forma, la acreditación institucional, que les permite tener estudiantes con Crédito con Aval del Estado (CAE).
El ministro de Educación, Harald Beyer, se ha lavado las manos con el caso. Aduce que la responsabilidad es de la justicia y de la misma CNA. Sin embargo, solo es necesario revisar una serie de antecedentes que demuestran que su responsabilidad es ineludible:
– La denuncia sobre cohecho en la CNA se hizo conocida en enero de este año, tras una denuncia pública realizada por Ciper Chile. Incluso el mismo ministro tomó conciencia de la denuncia en marzo. Ocho meses después, la CNA sigue operando igual.
– Durante ese mismo tiempo, pese a haber reconocido que “supone que ha habido lucro en algunas instituciones”, y al conocimiento que tenía sobre lo que había ocurrido en la CNA, el ministro obstaculizó la posible investigación sobre el lucro. Ninguneó el informe de la Comisión de la misma Cámara de Diputados y demoró meses en considerar las denuncias realizadas por Patricio Basso, ex secretario ejecutivo de la CNA.
– El aspecto más grave es que, pese a la sospecha general de lucro en muchas universidades, de las denuncias concretas y de los escándalos en la CNA, la voluntad del ministro Beyer ha sido aumentar cada vez más, con recursos que pertenecen a todos los chilenos, fondos que van a universidades que no ofrecen ninguna garantía de que ese dinero será invertido en mejorar la educación allí impartida. Cuando se le ha hecho ver esa contradicción, nuevamente el secretario de Estado ha optado por la negación del problema, en lugar de enfrentarlo.
En resumen, todos los chilenos pueden observar que tras casi un año de Harald Beyer en el cargo, un año en el cual han surgido permanentemente evidencias de lucro y de sus nefastas consecuencias, aún no existe ningún proyecto que lo ataque estructuralmente (sólo una Superintendencia que ha sido transversalmente reconocida como carente de atribuciones para hacerse cargo del problema). En cambio, sí han existido permanentes evasivas al problema. El señor Juan José Ugarte, jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, es también responsable. No sólo por haber faltado a más del 70 % de las sesiones de la CNA (perdiendo el necesario vínculo que debe tener con el Ministerio de Educación), sino que también al mantener a Eugenio Díaz como presidente interino de la CNA por casi un año. Ambos elementos son una muestra clara de cuán negligente fue el Sr. Ugarte en su relación con la CNA. En ese sentido, su permanencia en el cargo sólo puede interpretarse como una desidia del gobierno para enfrentar los delitos que han escandalizado a nuestra sociedad.
Y por cierto, las responsabilidades políticas no terminan aquí. Es claro que quienes crearon este sistema son igualmente responsables de su escandaloso fracaso. En particular la Concertación, bajo cuyos gobiernos se cuajó el modelo que hoy hace aguas por todas partes.
¿Dónde están hoy quienes defendían el subsidio a la demanda como mecanismo de financiamiento de la educación? ¿Dónde están quiénes durante más de 20 años hicieron vista gorda del lucro en la educación superior (e incluso participaron de él)? ¿Dónde están los que idearon este sistema de acreditación que no hace más que medir coherencia interna de proyectos privados? Muchos de ellos están en el Congreso, y hace pocos días, por no ir a votar (al igual que cuando se rechazó el informe sobre lucro), no fue posible generar una nueva comisión investigadora.
Ya no pueden seguir escondiéndose bajo la falda de su silente candidata presidencial, tal como la derecha no puede seguir mirando hacia el lado ante el evidente colapso de un modelo del que profitaron impunemente durante las últimas décadas.
Por último es necesario señalar que aunque se trata de evidentes faltas, el problema de fondo está lejos de ser un problema de gestión, ni menos de profesionalización de la CNA, sino que tiene que ver con un Estado en general ausente en educación. Lo que este escándalo devela es lo que ya hace años venimos expresando: urge un cambio radical en nuestro sistema educativo, donde el lucro y el mercado dejen de determinar su devenir.
Los estudiantes estamos por esa transformación, nos hemos levantado contra este sistema, y no vamos a descansar hasta que obtengamos una verdadera educación pública, gratuita y de calidad para todo el pueblo de Chile.
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Diego Vela, nuevo presidente de la FEUC escribe en CIPER.
Caso Lucro: Los verdaderos responsables y por qué la movilización debe seguir
Por : Diego Vela Grau en Opinión, CIPER, Publicado: 04.12.2012
La caída de Eugenio Díaz y de los ex rectores y dueños de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia ha desatado una inédita crisis de credibilidad en el sistema de educación superior. A las pruebas de que ese sistema no produce calidad aceptable, se suma ahora la evidencia de que no funciona ni siquiera con decencia. En esta columna, el presidente de los estudiantes de la Universidad Católica, repasa las responsabilidades políticas que han permitido el desastre. Insiste, además, en que la movilización de los estudiantes no puede detenerse, “para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, como es el caso de los estudiantes de la Universidad del Mar”.
Para justificar el éxito en la recuperación de Islandia después de la crisis financiera del 2008, su actual Presidente, Olafur Ragnar Grimsson, explicó: “El gobierno rescató a las personas y encarceló a los banqueros, lo opuesto que están haciendo América y Europa”. Ragnar ha sido conocido a nivel mundial por decidir la no promulgación de una ley (por medio de dos referéndums) que pretendía hacer que los islandeses indemnizaran a Gran Bretaña y Holanda, cuyos ahorradores habían sido perjudicados por la quiebra del banco en línea Icesave. En un principio, cuando se produjo el colapso bancario, producto de años de burbujas financieras de todo tipo, la respuesta del anterior Primer Ministro Haarde fue la de “meter preso a los banqueros corruptos”, pasando por alto las responsabilidades de Estado y de los políticos en el desastre. Sin embargo, gracias a la revolución pacífica y sostenida de la ciudadanía que en masa se volcó a las calles diciendo NO, el Primer Ministro Haarde terminó preso junto a los políticos corruptos, negligentes y cómplices del sistema. Los islandeses no aceptaron que una deuda privada se transformara en un asunto público. Se tomaron las calles y echaron abajo al gobierno, exigiendo nuevas elecciones. Con el cambio de gobierno vino el referéndum y 9 de cada 10 islandeses dijo NO a pagar la deuda de los bancos privados. Y el Presidente Olafur Ragnar privilegió los intereses públicos por sobre los intereses privados.
Una ciudadanía activa, consciente de sus derechos y deberes, informada y bien organizada puede lograr grandes cambios estructurales. Esto no es una utopía. Y es imperativo que las miles de personas que se han manifestado en Chile para protestar por los diversos abusos sigan marchando en las calles y presionen para que el sistema político en su conjunto se haga responsable. Es necesario ejercer esta presión, romper con los conflictos de interés y de una vez por todas cambiar la historia que estamos construyendo como país.
La investigación judicial en que están envueltas la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y, por ahora, las Universidades del Mar (18.000 alumnos) y Pedro de Valdivia (5.000 alumnos), le ha puesto una lápida al sistema con que el Estado vigila el correcto funcionamiento de las instituciones de educación superior chilenas. Hoy estamos ante un mecanismo de acreditación absolutamente desacreditado que se mantiene funcionando únicamente gracias a una clase política que es negligente e indolente frente a la existencia del negociado en la educación. El lucro está en el fondo de todo este asunto.
Sólo porque hay lucro es posible que haya sobornos como los que se investigan. Resulta increíble que nuestros diputados aún no hagan cumplir la ley dejando que las universidades lucren (recordemos que la Cámara de Diputados rechazó el Informe sobre el lucro) y que el gobierno, mostrando su ideología más intrínseca, trate a ciudadanos vulnerados de derechos como clientes diciéndoles que su solución es que vayan al SERNAC. Mientras la autoridad se mantiene con los ojos bien cerrados, el negocio en Educación alcanza tal nivel que figura entre las cinco áreas que más gastos hacen en marketing, según la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad (ACHAP). Sólo es superado por el retail y la telefonía.
Lo más preocupante es que la discusión pública sobre este caso se ha centrado en las penas que deberían sufrir los corruptos sorprendidos, como si tuviéramos al frente un caso particular y no un sistema completo que está en crisis. Para creer eso hay que olvidarse de cosas importantes. Por ejemplo, cómo fue que la Universidad del Mar se transformó en lo que es. Un dato: pasó de tener 3.900 alumnos en 2002 a 22.388 en 2007. Es decir, en cinco años quintuplicó la cantidad de alumnos. Pese a que hace años se escuchan denuncias en contra de su calidad, y sus pobres resultados en las pruebas Inicia y en la Eunacom estaban a la vista de todos, el Estado que debe cautelar los intereses de todos fue indolente. Y la Universidad del Mar nunca fue debidamente fiscalizada.
Hoy la autoridad de turno se sorprende al descubrir el desastre académico de la U. del Mar. En realidad deberíamos sorprendernos de la sorpresa de las autoridades que durante décadas vieron crecer este problema y que ahora tratan, los que están en el poder y los que desesperadamente quieren volver, de sacar provecho político con acusaciones cruzadas. La verdad es que la derecha presionó para crear una legislación donde el “emprendimiento privado” no estuviera sometido a la vigilancia del Estado. Y la Concertación miró para el lado y dejó crecer estos monstruos que han devorado los sueños de miles de jóvenes.
Se entiende entonces que a muchos les convenga plantear lo sucedido como algo puntual, como una única manzana podrida en un árbol sano. Así es como se ha enfrentado el problema educacional durante estos años. Pero el árbol está muerto. Nuestras autoridades gastan sus energías en mantener en pie ese cadáver que genera un enorme daño social. Estoy convencido de que durante estos años los movimientos sociales han generado tierra fértil para que podamos plantear un nuevo árbol donde el fruto que nazca sea uno justo.
Para que luego no se olvide, dejemos aquí señaladas las responsabilidades que tocan a cada cual. Si dejo alguna en el tintero los lectores de CIPER pueden agregarlas en los comentarios de esta columna. Partamos por el Presidente Sebastián Piñera, quien luego de asumir en marzo del 2010, tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). No lo hizo. Dejó de subrogante a Eugenio Díaz, hoy acusado de recibir sobornos a cambio de acreditar. Durante todo 2010, la CNA se dedicó a acreditar a todas las instituciones que se presentaron ante ella. La CNA acreditó todo lo que se moviera, incluyendo a las universidades del Mar y la Pedro de Valdivia. Fue un festín. ¿El gobierno no supo lo que ocurría en la CNA?
Deberían haberlo sabido, pues el gobierno tiene un representante en la CNA: Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior, mano derecha del ministro de Educación. ¡Lamentablemente Juan José Ugarte faltó a un 71% de las sesiones de la CNA! Aunque cuando asistió no lo hizo mejor. Ugarte estuvo presente en las sesiones en que se entregaron antecedentes claros de que tanto la Universidad Santo Tomás, como la UNIACC, lucraban. Su obligación, dado el estatuto administrativo, era informar a sus superiores de todo tipo de irregularidad. Sin embargo el ministro Harald Beyer dijo reiteradamente que no tenía antecedentes de lucro en universidades.
Además de lo anterior, el Ministerio de Educación carga con otra responsabilidad ineludible. Beyer y sus antecesores siempre dijeron que no solo no tenían antecedentes de lucro, sino que no tenían atribuciones para fiscalizar universidades. Ahora vemos que tras estallar el escándalo en la prensa el ministro inició una auditoria en la Universidad del Mar y recurrió al Consejo de Defensa del Estado para ampliar las querellas a otros implicados. Estando ad portas de que se cierre el monstruo que dejamos crecer, es evidente que lo que le faltaba al ministro no eran atribuciones sino incentivos para actuar correctamente.
Hoy escuchamos que la propuesta del ministro frente al drama de los 18.000 alumnos de la universidad del Mar es reacomodarlos en diferentes instituciones. Pero si dejara de ver sólo números y diera el paso para ver que hablamos de personas afectadas, no propondría eso. Según la Encuesta Nacional de la Universidad del Mar realizada por la Feudm de Viña del Mar, un 28% de los estudiantes de la Universidad del Mar son padres, un 47% son estudiantes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 84% cree que lo que ha sucedido en su universidad les va a perjudicar al momento de encontrar trabajo, más de 1.000 estudiantes no pueden ser reubicados debido a que estudian en las sedes de San Fernando o Quillota, lugares donde la opción más cercana queda a horas de distancia. Es decir, el problema no es puntual, es un drama humano y social de proporciones mayores.
El gobierno y el ministerio actúan como si estuviéramos ante un negocio que se cierra. Ahí hay otra gran culpa. La educación no es un negocio: se trata de familias, proyectos truncados, esfuerzos económicos y humanos desperdiciados. Hablamos de 18 mil chilenos vulnerados y entregados a los vaivenes del mercado en la incertidumbre total sobre su futuro, para que unos señores puedan tener su BMW.
Como institución el Congreso también carga con su culpa. No solo su incapacidad de ver el enorme lucro y denunciarlo. En plena crisis de la Universidad del Mar, el miércoles 28 de noviembre, los diputados de la Cámara tuvieron la oportunidad de empezar a buscar justicia y partir por el ejercicio sencillo de que se cumpla la ley. Pero nuevamente fallaron. De los 120 diputados, 37 se ausentaron de la votación para iniciar una nueva comisión investigadora del lucro. (Vea aquí quienes no hicieron la pega). Ya nos han hecho perder la ingenuidad de que se van a comportar distinto. No queremos más promesas, sino actos concretos.
Si el gobierno y los políticos insisten en mantenerse al margen de casos como el de la Universidad del Mar y no toman medidas más eficientes e inmediatas frente al escándalo mayor que ha significado lo de la Comisión Nacional de Acreditación, la ciudadanía debe manifestarse, movilizarse, salir a la calle a ejercer presión. La ciudadanía no debe olvidar lo que ha pasado aquí. La educación no es cualquier tema. Es definitorio para el futuro de Chile. Debemos mirar cómo actúan nuestras autoridades en este tema y manifestar nuestra opinión a través del voto. Las elecciones municipales fueron una pequeña señal de que la sociedad chilena ya no está dispuesta a seguir como si nada pasara y que frente a proyectos vacíos que no atacan los problemas gravitantes de los ciudadanos, no hay participación que aguante. La transversalidad de las grandes temáticas que debemos y podemos transformar como país son, entonces, razón suficiente para seguir manifestándose con firmeza y convicción.
Es lo que sucedió en Islandia, un país pequeño, pero con grandes ciudadanos que se atrevieron a salir a las calles y decir firme y claro No a los abusos de un sistema neoliberal feroz, se negaron a ser espectadores de un sistema donde los banqueros invierten, arriesgan y si sale bien, la ganancia es para ellos; pero si sale mal, que el Estado, por ende los ciudadanos, paguen y se hagan cargo. ¿Qué pasó con Islandia, pese a los temores de Europa que vaticinaba lo peor? Hoy ha triplicado su crecimiento, es un país prospero y en paz. Gracias a una sociedad civil activa y determinada, el gobierno defendió a los ciudadanos y no a unos pocos corruptos. Islandia es hoy un país donde ideas como tener una Educación Pública, una Constitución que realmente refleje la visión país de la ciudadanía no son sueños, sino realidades que construyen la historia de un país.
Las chilenas y chilenos tenemos el derecho y deber de ser protagonistas, de ser gestores de las grandes transformaciones que nuestra sociedad requiere. Debemos ser activos promotores de espacios que velen por la justicia y el bien común para que no volvamos a ver en la historia de nuestro país 18.000 familias abandonadas a la suerte del mercado, para que no se repita en algunos años más que miles de estudiantes son engañados víctimas de la persecución de utilidades por parte de empresarios amparados en la negligencia de políticos e instituciones públicas.
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Frágil institucionalidad universitaria
El Mercurio, opinión editorial, 4 de diciembre de 2012
Las conductas que se imputan a dos ex rectores universitarios y a un ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) parecen confirmar que nuestra institucionalidad universitaria es más frágil que cuanto se creía. A la situación actual se suman el cúmulo de problemas -algunos de ellos, reales y urgentes- que se han denunciado bajo el eslogan del “lucro” y, sobre todo, el conjunto de condiciones que determinan la opción generalizada por una formación universitaria en perjuicio de una formación técnico-profesional. Los últimos sucesos muestran que el sistema de acreditación universitaria, carente de instrumentos efectivos para monitorear el trabajo de la CNA, era en extremo vulnerable al establecimiento de malas prácticas, la explotación de conflictos de interés y, eventualmente, a la corrupción.
Aunque es encomiable la pronta y enérgica reacción del Ministerio de Educación -en especial, el nombramiento del prestigiado académico Matko Koljatic a la cabeza de la CNA-, resulta preocupante el hecho de que la alerta sobre las irregularidades no haya venido desde las universidades ni desde la autoridad, sino de revelaciones hechas por personas aisladas que bien habrían podido guardar silencio, como probablemente hicieron muchos otros.
La institucionalidad universitaria vigente data en sus rasgos fundamentales de comienzos de los años 80, cuando se reorganizaron las universidades estatales y se autorizó el surgimiento de universidades privadas. Después de 30 años, son obvios e indiscutibles los frutos de excelencia y calidad que tanto estas últimas como las primeras -en cierto modo, acicateadas por una sana competencia- han dado y siguen dando al país. Pero en esas mismas tres décadas han cambiado los estándares del trabajo universitario y se ha multiplicado varias veces el número de las familias que demandan cupos en carreras universitarias. El incremento exponencial de la demanda hizo crecer la oferta, y el aseguramiento de la calidad quedó librado a la mayor o menor seriedad de los impulsores de cada proyecto, y a un mercado imperfectamente regulado.
Cuando hacia fines de los años 90 se creía que la proliferación de universidades comenzaba a decantar, surgieron o se expandieron fuertemente diversos proyectos. En paralelo se implementaron sistemas voluntarios de acreditación, que terminaron por ser obligatorios en la práctica, pues de la acreditación dependía el acceso a diversas formas de financiamiento o reconocimiento oficial.
Sin embargo, la realidad a que debían enfrentarse los organismos envueltos en la acreditación era tal, que se hizo necesario establecer un sistema de acreditación temporal o provisorio por cierto número de años, que variaba según el juicio de los acreditadores sobre el proyecto. Esto hizo que algunas universidades optaran por acreditarse ante organismos extranjeros de reconocido prestigio, o bien que se comenzara a competir por recibir un plazo de acreditación mayor. En este contexto se abrieron los espacios para la arbitrariedad y el juego de intereses que hoy están saliendo a la luz pública.
La autoridad tiene la difícil misión de cuidar los proyectos universitarios que tanto han rendido para el país, sin amenazar su autonomía ni burocratizar la educación superior. Pero al mismo tiempo debe hacer lo necesario para completar la institucionalidad en aquellos aspectos que lo requieren. En esta tarea hay que asumir desafíos complejos, como el fomento efectivo de la educación técnico-profesional, y tomar decisiones difíciles. Por ejemplo, si se va a aceptar a largo plazo que existan universidades exclusivamente docentes (modelo que en otros países está en crisis), o si se va a tolerar que existan sustanciales diferencias en la calidad de la formación de profesionales egresados de diferentes casas de estudios.
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El colapso de la panacea educativa desregulada
Ricardo Bustamante, El Mostrador, 7 de diciembre de 2012
¿Podría haber quedado demostrado de manera más clara las irregularidades presentes —no sabemos a ciencia cierta desde cuándo— entre instituciones de educación superior privadas y la Comisión Nacional de Acreditación (CNA)?
Y es que la seguidilla de hechos que remataron con la formalización por los delitos de soborno, cohecho y lavado de activos en contra del ex Presidente de la CNA, Luis Eugenio Díaz y los rectores de las universidades Del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zúñiga y Ángel Maulén, respectivamente, terminaron de bofetear a los chilenos, la opinión pública, al mismo Ministerio de Educación y, no menos importante, a la comunidad internacional.
Fue la misma organización económica internacional de la que muchas autoridades y expertos se enorgullecen que Chile pertenezca, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la que emitió su juicio al respecto el jueves pasado, recomendando que la acreditación sea obligatoria para todas las instituciones de educación superior y que si los planteles no la aprueban, deben ser puestos bajo revisión y perder la autonomía. Y de no lograr la certificación, deberían perder su licencia para operar. La OCDE concluye con precisión y certeza: “Chile necesita una solución de corto plazo a un problema de largo plazo”.
Todo ello sumado al lapidario informe elaborado por la Contraloría General de la República —también la semana pasada— donde advierte que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos, se comprobó la existencia de “acreditaciones extendidas” en magíster y doctorados, regalos de despedida por $ 382 millones para los comisionados del período 2007-2010, y más aún, que no existe seguimiento de las acreditaciones realizadas.
Si bien, la CNA acaba de anunciar medidas para “transparentar” su gestión, en la que —por ejemplo— se busca precisar en las actas los nombres de quienes votan por cada acreditación, ya que hasta ahora sólo se consigna el resultado final, el análisis no puede ser ambiguo.
Las condiciones en que se desempeña la Comisión Nacional de Acreditación deben cambiar con urgencia, pues tanto su autonomía, como su misión —verificar y promover la calidad de las instituciones de educación superior y los programas que estos imparten— no se cumplen en varios casos, destacando los notables conflictos de interés de sus miembros, como la inercia demostrada por el Mineduc en su fiscalización.
Esta es una triste y vergonzosa realidad nacional que certifica de la forma más cruenta el paraíso desregulado en pos del lucro con la educación que ejercen distintos grupos empresariales, no con pocas conexiones políticas, convirtiendo en pesadilla sueños de millones de jóvenes y sus familias. Es deber del Parlamento y el Estado poner límite a esta situación, desde el posible cierre de varias instituciones o la estatización de determinados planteles, establecer responsabilidades precisas, como también velar por la continuidad de estudios de miles de personas, que por creer en certificaciones engañosas, más publicidad masiva, han culminado por estrellarse con un recurrente escenario: que derechos básicos de la ciudadanía continúan en la más absoluta desregulación y desprotección por parte del Estado y en manos absolutas del mercado. ¿Hasta cuándo? Esperemos que hasta muy poco tiempo más.

Vacíos, vicios y debilidades salieron a la luz durante su discusión en el Congreso
El estilo “en la medida de lo posible” con que se creó la Comisión Nacional de Acreditación
No fue una sorpresa. Incluso durante su tramitación en el Parlamento hubo voces proféticas que anunciaron que la singular fórmula elegida para acreditar a las instituciones de educación superior terminaría por hacer agua. La voluntariedad del sistema y la singular forma en que son elegidos sus miembros, designados por las propias instituciones que luego son examinadas, sorprende incluso al abogado representante del ex presidente de la CNA, Eugenio Díaz, quien está en prisión preventiva junto a dos ex rectores en medio del escándalo que sacude al sistema.
por Claudia Urquieta y Felipe Saleh, El Mostrador, 5 de diciembre de 2012
“Cuando tomé el caso y revisé la ley me sorprendí: de acuerdo al artículo octavo los dueños de universidades pueden ser miembros de la Comisión Nacional de Acreditación con la única inhabilidad que cuando se vota sobre su universidad tienen que inhabilitarse. No me explico una ley que permite que un dueño de universidad sepa todo lo que pasa adentro”, alegaba el abogado Alejandro Laura, defensor de Luis Eugenio Díaz, durante la audiencia que el viernes dejó en prisión preventiva al ex presidente de la CNA junto a otros dos rectores por el caso que tiene en el banquillo a la institución acreditadora.
Las incongruencias de la ley que dio vida a la —hoy cuestionada— CNA ya eran tema de rechazo durante su tramitación. Pese a ello y a las voces de alerta de diversos parlamentarios de la Concertación, el proyecto presentado ante el Congreso en 2003, a través de un mensaje presidencial de Ricardo Lagos, fue aprobada en 2006.
Al más puro estilo de “en la medida de lo posible” que marcó a los gobiernos de la Concertación y que hoy trae cola: la fórmula negociada hace agua por todos lados y ha puesto en una crisis de credibilidad al corazón del sistema educacional.
Para el entonces senador Ricardo Núñez (PS), esta crisis “se podía prever perfectamente por el modo de elección de los miembros de la Comisión, que no era el más adecuado”. El ex parlamentario recuerda que durante la discusión “algunos advertimos que con este sistema se privatizaba el camino para que se crearan estas entidades a nombre de la ley y se generara un negocio no claro y poco transparente de acreditación de carreras que podía terminar sin debida fiscalización por parte del ministerio. Esto último se está demostrando: lo que ha ocurrido es la manifestación explícita de que este sistema no es el más adecuado ni el más seguro para que se den garantías de mínima calidad para la obtención de títulos. En consecuencia, creo que la ley cumplió lo que tenía que cumplir, ya se demostró que tenía falencias. Ya hay experiencia suficiente, por lo tanto es el momento de incorporar profundas modificaciones y generar condiciones muy distintas a propósito del escándalo”.
Los evidentes conflictos de interés generados porque los miembros de la CNA son designados por las propias instituciones, que luego pasan por el proceso de certificación, son prueba suficiente. Según publicó La Segunda basta mirar los vínculos de los comisionados con el mundo educacional, la participación que tienen en empresas como socios o parte del staff de alguna firma de asesorías, y la extensa red de contactos que esto genera.
Sumado al demoledor informe que entregó la Contraloría General de la República sobre el funcionamiento de la CNA así como el caso sobre el lucro en las universidades que lleva el fiscal Carlos Gajardo.
El fracaso de la ley
Corría 2003 y el explosivo crecimiento de la educación superior, que en ese tiempo ya llegaba a 480 mil estudiantes repartidos entre 60 universidades, 43 institutos profesionales y 113 centros de formación técnica, hacía urgente implementar una fórmula que entregara una garantía pública de calidad de la educación superior. Principalmente pues, tal como dice el mensaje presidencial de Ricardo Lagos con que ingresó la propuesta al Congreso, “las decisiones que los ciudadanos adopten con relación a los servicios proporcionados por el sistema de educación superior, se verán apoyadas por antecedentes sólidos, provenientes de la propia comunidad técnica, profesional y académica, y refrendados y sustentados por el Estado”.
La propuesta, firmada por Ricardo Lagos, el ministro Sergio Bitar y el ministro de Hacienda de la época, Nicolás Eyzaguirre, siempre se basó en una acreditación voluntaria. De hecho, el secretario de Estado daba como carta de garantía, a propósito de los resquemores que generaba en algunos sectores la participación del Estado, la no obligatoriedad de la acreditación.
Asimismo se planteó desde un comienzo la existencia de agencias acreditadoras privadas de carreras y programas de pregrado. En cuanto a los miembros, originalmente se pensó en 13, cuatro de los cuales participarían en función de sus cargos públicos, ligados a educación, y el resto serían propuestos por diversos actores: universidades privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica, y dos figuras destacadas del ámbito nacional. Todos serían visados por el Presidente de la República.
Sin embargo, el rol presidencial fue sacado de la versión final del proyecto, ya que, tal como ocurre hasta hoy, las designaciones hechas por las instituciones privadas se hacen en forma directa. Y por ellas mismas.
María José Lemaitre, que entonces era Secretaria Técnica de la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP), entidad encargada de elaborar el proyecto de ley que se presentó a la antecesora de Bitar, Mariana Aylwin, y que luego se envió al Congreso, explica que el acuerdo no tuvo cambios de fondo en su tramitación, pero asegura que “hubo una gran diferencia entre la forma en que se elaboró la ley y el espíritu que la inspiró y su interpretación y aplicación por parte de la CNA. En parte, esta diferencia se debió a que nunca la CNA consultó por la lógica o las ideas que inspiraron el proyecto, o incluso, el proceso de acreditación llevado a cabo por la CNAP”.
En su opinión, “el proceso de acreditación estaba bien diseñado, de hecho, fue considerado un modelo en muchos otros países, y hasta ahora me encuentro con materiales de la CNAP traducidos al inglés o el francés en países inesperados. Creo que se cometieron muchos errores en la instalación de la CNA, en parte, como digo antes, por la incomprensible decisión de no consultar ni intentar conocer los procesos experimentales desarrollados durante casi nueve años por la CNAP”. En todo caso, agrega “creo que debimos ser menos ingenuos, y haber leído el proyecto de ley con ojos que se pusieran en esa postura… pero no se nos ocurrió”.
Al respecto, Ricardo Núñez opina que el sistema tal como fue aprobado ha dado pruebas de no dar resultado, “no está dando seguridad ni es transparente, ni genera condiciones para que se vea la calidad del sistema. Por el contrario, la educación sigue siendo deficitaria, cara, no transparente y de calidad muy discutible”.
Martín Zilic (DC), ex ministro de Educación entre marzo y julio de 2006, fue quien estuvo en el cargo al momento de que el texto de la ley se aprobara en el Congreso. Según afirma, cuando le tocó discutir el proyecto, tenía una diferencia sustancial con lo que finalmente se aprobó.
“En ese momento, el debate central con la UDI fue respecto de si era necesaria o no la acreditación, si era necesario regular el negocio. Después exigían que los pares evaluadores fueran propuestos por las propias instituciones que postulaban a ser acreditadas. Destaco el rol de Carlos Cantero que puso cordura y fue bastante más criterioso logrando que su sector aprobara la ley como finalmente salió, con acreditación voluntaria”.
En opinión del ex secretario de Estado “no me cabe duda de que hubo mucho lobby, no lo hicieron conmigo sino con los parlamentarios. Pero de manera transversal, porque este negocio de la educación es transversal a todos los partidos, no solamente a la UDI”.
Por eso, sobre la investigación que lleva adelante el Ministerio Público, Zilic se muestra escéptico. “Es un maquillaje, aquí los escándalos duran lo que una pompa de jabón ¿qué pasó con los estafados con esa carrera de perito criminalístico? Ahí quedaron. Esto demuestra que la ley ha fracasado y que la acreditación debería tener carácter de Estado, como era en los años 60. Yo estudié en la Universidad de Concepción pero mis exámenes los tomaba una comisión de la Universidad de Chile. Igual que en los colegios, el liceo tomaba exámenes a los colegios particulares”.
Agencias acreditadoras en la mira
Ya desde su tramitación hubo voces que cuestionaban puntos claves de la propuesta, como la voluntariedad de la acreditación y la forma en que se designarían sus miembros.
En esa línea el entonces senador José Antonio Viera Gallo (PS) señalaba que si las personas que realizarán la acreditación “son representantes de los acreditados, ¿no se podría generar ahí un interés corporativo donde al final nadie resuelva nada o, dicho de otra manera, en que todos sean acreditados? Porque, ¿quién se atreverá a decir “usted no” si el que determina tiene un negocio, hace clases, ha conseguido un pituto o se presentó junto con el requirente a cierto proyecto de investigación, etcétera? ¿Quién podrá decir que tal universidad no posee la calidad del caso?”.
En tanto, el senador Andrés Zaldívar aseguraba coincidir plenamente por lo señalado por su par “en el sentido de que el control de calidad de la educación no puede dejarse en manos de quienes están inmersos en la misma área. Sucedería lo mismo que en los órganos corporativos, donde nadie pretende sacar al otro y todos tienden a defenderse antes que a solucionar problemas. Por lo anterior, creo que debemos asumir este problema”.
En cuanto a las agencias acreditadoras, Viera Gallo apuntaba a la poca transparencia en este tema, señalando que “estoy de acuerdo en que se trate de entidades privadas. ¿Pero por qué serán primera instancia cuando, simplemente, van a emitir un informe que resolverá la Comisión Nacional de Acreditación? De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? Los profesores formarán sus propias agencias en las facultades; podrán acreditar las carreras y además cobrar dinero. De esa situación tendrá que apelarse ante los mismos profesores que están en la Comisión Nacional de Acreditación”.
En esta materia, el entonces rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, declaraba en el Congreso que “los criterios de evaluación exigibles para las agencias de acreditación, los cuales se consideran generales e insuficientes y parecen fundarse en que el reglamento establecerá requisitos mayores y más específicos”, orientando sus aprensiones a “prevenir conflictos entre propietarios de instituciones de educación superior y grupos interesados en convertirse en agencias acreditadoras. El rol de superintendencia que le cabe al Estado en esta materia debe ser más preciso y exigente para la transparencia y seriedad del sistema”.
Riveros terminó armando su propia agencia: Akredita QA, que en junio de 2011 fue sancionada por la CNA por haber certificado la carrera de Educación Parvularia del IP Los Leones, a pesar de que el miembro del directorio y presidente de la agencia formaba parte del Consejo Académico Asesor de dicho instituto.
Calidad voluntaria
“No tiene fundamento la tesis que plantea la existencia de una suerte de caos o desorden en la educación superior privada. Esta afirmación no se condice con la realidad, pues es un hecho que las instituciones privadas funcionan, generan respuestas y se consolidan sin necesidad de intervención del Estado”, argumentaba en el Parlamento el entonces presidente de la Corporación de Universidades Privadas, Héctor Zúñiga (ex rector de la U. del Mar), durante la discusión del proyecto de ley.
Hoy el ex rector de la Universidad del Mar, junto al ex rector y dueño de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, enfrentan acusaciones de soborno y lavado de activos derivadas de un contrato de asesoría con Luis Eugenio Díaz, ex presidente de la CNA, que es acusado de cohecho, revelación de secreto, negociación incompatible y lavado de activos.
La voluntariedad de la acreditación fue uno de los asuntos que hizo ruido durante la discusión en el Congreso. Al respecto, el senador Mariano Ruiz-Esquide debatía que “si la tendencia es que el sistema sea obligatorio en los países con los que Chile quiere vincularse, parece un contrasentido insistir en un esquema de voluntariedad, en especial si el legislador garantiza el pleno respeto de la autonomía de las instituciones”, agregando que este principio “ha sido mal interpretado en Chile, y ha generado excesos y abusos por algunas entidades de educación, que suponen que gozar del estatuto de “autónomas” involucra el derecho a actuar ilimitadamente. Se trata de instituciones que por ley no persiguen fines de lucro, sin embargo hay antecedentes que permiten afirmar que en algunos casos la educación superior se ha transformado en una oportunidad para el enriquecimiento”.
En tanto Ricardo Núñez, afirmaba que “la voluntariedad no es el mecanismo más adecuado. Es preciso estudiar el punto, así como las funciones, atribuciones e integración de la Comisión Nacional de Acreditación. Abramos debate sobre el particular. Tengo dudas acerca de cuáles deben ser su composición y, esencialmente, sus atribuciones”.
Su compañero de partido, el entonces senador Jaime Gazmuri, también expresó sus reparos al proyecto: “Desgraciadamente, esta normativa también será una ley de ‘parche’, porque no va al fondo del problema de manera radical. Pero, como constituye un avance, igual votaré a favor”, dijo. Aunque como todos los que se expresaron de manera crítica hacia el proyecto lo apoyó a la hora de votar en la sala del Senado.
Igual que el senador Juan Pablo Letelier (PS), quien antes de emitir su voto, según consignan las actas disponibles, se explayó acerca de la acreditación voluntaria: “Algunos somos partidarios de que el Sistema Nacional de Acreditación tenga un carácter más obligatorio, porque creemos que el Estado debe velar por ciertos estándares y dar garantías a la sociedad en aquellos ámbitos donde el mercado, por sí solo, no siempre asegura el bien público comprometido”.
A pesar de los cuestionamientos, el Parlamento se cuadró con el proyecto, que terminó convertido en ley sin modificaciones sustanciales. Y algunos de los protagonistas de la tramitación por encargo del gobierno, pasaron a trabajar en universidades privadas.
Es el caso de Julio Castro, ex jefe de la División de Educación Superior del Mineduc, cargo que ocupó durante gran parte de la discusión del proyecto y que hoy es rector de la Universidad de Viña del Mar. Castro se excusó de hablar para esta nota por problemas de agenda.
Al comienzo de la tramitación en 2004, el cargo de Castro en el Mineduc lo ocupó la abogada Pilar Armanet, hoy Vicerrectora Académica de la Universidad de Las Américas. La misma institución donde trabaja como Secretario General, el abogado Cristián Insulza, que durante la discusión de la ley asistió al Congreso como asesor jurídico del Mineduc.
La semana pasada y en medio del escándalo, la Cámara de Diputados rechazó dos veces establecer una comisión investigadora sobre el lucro en la educación y el caso CNA.
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Piñera y acusaciones contra CNA: “Si se comprueba, es un escándalo gravísimo”
3 de diciembre de 2012 – 10:04 | Por: El Dínamo |
Además, el Mandatario aseguró que existen otras universidades que están siendo investigadas en el llamado “caso lucro”, pero declinó entregar sus nombres.
El Presidente Sebastián Piñera se refirió a las denuncias en contra del sistema de acreditación para las universidades, así como las acusaciones de corrupción en contra de altos directivos de planteles de educación superior por lavado de activos, cocecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y violación de secreto.
“Si se comprueban las acusaciones… es un escándalo gravísimo“, dijo el Mandatario en el programa Tolerancia Cero.
El jefe de Estado afirmó que el “Consejo Nacional de Acreditación (CNA) no cumplió su rol… no cumplieron su responsabilidad”. Al respecto, aseguró que existen otras universidades -además de la Universidad del Mar y la Universidad Pedro de Valdivia- que están bajo investigación, pero rehusó entregar sus nombres.
Piñera sostuvo que “ni el ministro de Educación ni el Gobierno tienen facultades para cerrar universidades”. Agregó que la responsabilidad del Estado a ese respecto es crear un mejor sistema de acreditación.
Durante 20 años “los gobiernos anteriores no asumieron su responsabilidad de hacer respetar la ley”, indicó el Mandatario, y aclaró que los alumnos de universidades que pierdan su acreditación, seguirán teniendo sus becas y su financiamiento.
Además, Piñera anunció la creación de un nuevo sistema de acreditación, ”que va a dejar fuera a las Universidades que no tengan calidad”, asegurando que el proceso actual “era muy liviano”. En el nuevo sistema, agregó, los miembros del CNA serán designados por Alta Dirección Pública, con una norma más estricta de inhabilidades. Además, no existirán criterios intermedios de acreditación, por lo que una institución sólo será aceptada o rechazada.
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Experto: Detrás del escándalo en la CNA está la educación con fines de lucro
El sistema es “ingenuo” porque supone que las universidades sólo buscan educar, dijo el abogado Fernando Atria.
“Hay que crear las condiciones para que eso sea verdad”, señaló a Cooperativa.
Publicado: Miércoles 5 de diciembre de 2012 | Autor: Cooperativa.cl
Atria, autor del libro “La mala educación”, dijo que con su actual esquema, la acreditación “no dice mucho sobre la calidad” de los planteles.
El abogado Fernando Atria, autor del libro “La mala educación: Ideas que inspiran al movimiento estudiantil en Chile”, afirmó a Cooperativa que el origen del escándalo por el que hoy atraviesa la Comisión Nacional de Educación -cuyo ex presidente Luis Eugenio Díaz está preso por presunto soborno- responde a la ilegal búsqueda de lucro por parte de las universidades y a la vista gorda que hace el Estado respecto de ésta.
“Este caso ha suscitado una discusión más amplia sobre el sistema de acreditación por la manera como el sistema de acreditación está pensando, la filosofía que inspira al sistema, que tiene problemas”, dijo Atria a Una Nueva Mañana.
“Para ser bien pensado, el sistema es ingenuo, porque no toma en cuenta el hecho de que alguna universidad puede tener la finalidad de ser rentable para sus dueños” en su funcionamiento, dijo.
“La regulación supone que toda universidad tiene una finalidad principal, que es ser la mejor universidad que puede llegar a ser, y no tiene otras finalidades, porque no tiene lucro; como la ley sostiene que las universidades no tienen fines de lucro, el sistema de acreditación se construye sobre eso, donde la cuestión principal es –por así decirlo- ayudarla a mejorar, servirle como una especie de asesor”, expuso Atria.
La acreditación “no dice mucho”
Es por esto que “si uno va a la caracterización legal de lo que la Comisión debe hacer, se encuentra con que lo central en el proceso de acreditación es el proyecto de desarrollo institucional propio de la universidad, y la cuestión central sobre la que se pronuncia (la CNA) es si los procedimientos internos de la universidad están a tono con ese proyecto”, advirtió el abogado.
A diferencia de lo que se cree, “la acreditación no depende de la satisfacción de ciertos estándares (externos); el estándar para evaluar es el propio proyecto institucional”, apuntó.
En este sentido, “la acreditación no asegura una vinculación con la calidad y por ello su utilidad es bien limitada al transmitir la información que quiere transmitir a los estudiantes. La información sobre acreditación no dice mucho sobre el tipo de universidad que es” cada una.
Por supuesto, “si la universidad persigue fines adicionales a los propiamente universitarios, no hay ninguna garantía de que su proyecto institucional va a ser el mejor que pueden tener. Puede ser un proyecto destinado a ser más rentable”, por ejemplo.
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Los cambios necesarios
El letrado destacó además que “las condiciones para el funcionamiento de una universidad en Chile son hoy muy bajas, y como son bajas, hay muchas universidades que tienen estándares bajos y (legalmente) funcionan”.
“La ley no les exige estándares más altos y confía en que ellas solas van a desarrollar estándares más altos”, pero la imposición de normas de calidad también es una materia compleja.
“Yo tiendo a ser bien escéptico de que uno pueda establecer de antemano ciertos ‘criterios formales’ que las instituciones tengan que satisfacer para poder tener calidad. Yo creo que la cuestión tiene que funcionar al revés: hay que crear condiciones para que esto que en la ley hoy día es ingenuidad –que la ley asume que las universidades no tienen otra finalidad que ser buenas universidades- sea verdad”, argumentó.
“Por esto yo creo que lo que está detrás de toda esta discusión sobre la acreditación -aunque no aparece todo el tiempo en primer lugar- es el problema de la educación provista con ánimo de lucro, porque el que provee con ánimo de lucro no tiene un principal interés por la calidad de lo que provee; ése es un interés secundario”, finalizó el experto.
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Acreditación: al menos un 36% de Ues. no cumpliría con nuevos requisitos

De 55 planteles, 16 tienen entre dos y tres años de certificación. Cuatro no la lograron.
por Marcela Andrés, La Tercera, 5 de diciembre de 2012
En Chile existen 60 universidades. De ellas, según la información vigente en la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), 55 se han presentado para certificarse y, de este total, cuatro no lograron la acreditación. Un escenario que cambiaría profundamente de aplicarse los cambios anunciados por el Ministerio de Educación, que en los próximos días ingresará al Congreso un proyecto que busca elevar las exigencias para garantizar la calidad, eliminando la escala de acreditación actual, que permitía certificaciones por uno, dos o tres años, con un máximo de siete, por un reconocimiento único de seis años.
Al realizar el ejercicio de aplicar esta nueva normativa, sólo ocho cumplirían el requisito básico, al ostentar una acreditación igual o superior a seis años, pero 16 quedarían muy lejos de alcanzar los criterios exigidos en la futura ley, al contar con una certificación igual o menor a tres años. Sumando las cuatro instituciones no acreditadas, se trataría del 36% de las 55 casas de estudio que han participado en el proceso de certificación.
Matko Koljatic, recién nombrado presidente de la CNA, advierte que la experiencia internacional indica que, aproximadamente, un 25% de las instituciones que se presentan a procesos de acreditación resultan rechazadas, y que “en Chile se da el fenómeno que asocia bajos años de acreditación a mala calidad en la institución. En otros países, mala calidad es equivalente a no acreditación, no a uno, dos o tres años de acreditación”.
Koljatic precisa que la razón por la que el ministerio ahora postulará una acreditación por períodos de seis años tiene que ver con que “cuando admites a una alumna, la admites por cuatro, cinco o seis años. Si estás acreditado por uno, dos o tres años, evidentemente la promesa que le estás dando a ese alumno, de educación de calidad, no cuadra con el tiempo que tiene que estar en la institución”.
Las claves del cambio
“A las instituciones que tienen cuatro a cinco años de acreditación no les va a costar nada ponerse a tono. Las demás, probablemente, van a tener algunas dificultades, pero, justamente, la gracia del nuevo sistema es que las instituciones se pongan todas a tono”, explica el ministro de Educación, Harald Beyer, respecto del escenario que vivirá la educación superior ante un nuevo proyecto de ley.
El jefe de la cartera adelantó a La Tercera que el sistema actual no busca un cierre masivo de planteles, y que a lo que apunta es a un cambio de comportamiento de las instituciones, que tendrán que esforzarse para obtener la acreditación de seis años. “Hoy no necesitan (esfuerzo), porque el sistema puede darles dos o tres años de acreditación. Están en una posición, muchas de ellas, relativamente cómoda, porque con esa acreditación es suficiente para recibir financiamiento para sus estudiantes”, dijo.
Ministro, ¿el cambio no implicará que quede un margen grande de universidades fuera del sistema?
Si algunas no logran ponerse al día, el sistema va a tener la posibilidad de que las instituciones queden acreditadas condicionalmente por tres años, pero eso será sólo por una vez.
¿Cómo será la transición?
Hay instituciones que se van a seguir acreditando por el antiguo sistema hasta que aprobemos la ley. Una vez que venga la acreditación, tendrá que sumarse al nuevo sistema. Si se han acercado a los estándares que queremos como país y no los han completado suficientemente, tendrán una acreditación condicional. A los tres años, si usted no ha cumplido, no queda acreditada. En ese sentido, como institución va a poder seguir existiendo, pero sus títulos no van a ser reconocidos por el Estado. Es una señal; si la institución insiste, tendrán que informar a sus alumnos y los alumnos podrán otorgarle el beneficio de la duda. El Estado no va a contratar a los profesionales de esa institución.

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Ministro Beyer se “sinceró”: Con la nueva ley muchas universidades “van a desaparecer”
“No va a ser un proceso fácil, en algunos casos será doloroso”, admitió el titular de Educación
El sistema va a ser más exigente y tendrá una lógica “binaria: se acredita o no se acredita”, indicó.
Publicado: Jueves 6 de diciembre de 2012 | Autor: Cooperativa.cl
El Gobierno enviará en los próximos días el proyecto de ley al Congreso para que sea discutido con suma urgencia.
El ministro Harald Beyer explicitó que con el nuevo sistema de acreditación de la educación superior que se impondrá cuando se despache la ley que el Gobierno enviará al Congreso en los próximos días, muchas instituciones que no cumplen los estándares de calidad “van a desaparecer”.
En secretario de Estado ha ido dando luces sobre la iniciativa en los últimos días. En el centro, que se subirán los estándares con los que se certifica a las instituciones, que el proceso será obligatorio, que terminará la acreditación “por años” y que cambiará la forma en la que se designa a los 15 comisionados que forman la CNA, sometiéndola al Sistema de Alta Dirección Pública.
Aunque el proyecto aún no se conoce en todos sus detalles, desde ya el secretario de Estado advierte que “aquéllas (instituciones) que no se puedan poner al día van a desaparecer finalmente Eso es lo que, de alguna forma, tenemos que sincerar”.
“No va a ser un proceso fácil, en algunos casos va a ser doloroso, pero nosotros, como Gobierno, tenemos conciencia de que tenemos que exigirle a cada institución que cumpla con ciertos estándares de calidad y que asegure a todos los estudiantes y a sus familias que esa institución cumple con esos estándares”, indicó el ministro.
“Lo que tenemos hoy día es un sistema donde las instituciones se acreditan uno, dos o tres años… ¿Qué significa eso?”, expresó.
“Nosotros creemos que (el actual sistema) no transmite ningún significado relevante desde el punto de vista de la calidad de la institución, y por lo tanto queremos ir a un sistema binario, como lo llamamos: o la institución se acredita o no se acredita, ésa es la idea”, sentenció.
Por otro lado, “una vez que ese proceso se inicie, si las instituciones no se acreditan, el Estado no va a reconocer los títulos de esos profesionales egresados y no los va a contratar”, indicó Beyer.
Según datos del portal Mifuturo.cl, entidad perteneciente al Mineduc que orienta a los jóvenes en su decisión de ingresar a estudiar una carrera, de los 174 establecimientos de educación superior (60 universidades) que se encuentran vigentes, 119 no cumplen con esta norma.
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Falta de atribuciones
Uno de los temas que ha entrado al debate a partir del escándalo por la corrupción en la CNA es -además de la baja exigencia- la falta de facultades fiscalizadoras por parte de organismo.
Aquélla carencia es algo que ha sorprendido incluso al nuevo presidente de la Comisión, Matko Koljatic, designado por el Gobierno para devolver la confiabilidad al cuestionado organismo.
“Una vez que la acreditación está hecha, nosotros no tenemos atribución alguna para seguir a esa institución y ver si hacen lo que dicen que van a hacer. Todas las instituciones tienen que presentar un plan de mejoramiento, pero la Comisión Nacional de Acreditación no tiene atribuciones para intervenir en supervisar ese plan de mejoramiento hasta que viene el nuevo periodo de acreditación, que puede ser en dos años más, cinco años más o siete años más. Esto lo aprendí hoy día (miércoles), entre paréntesis”, comentó Koljatic el día de ayer.
Una de las universidades involucradas en el escándalo por sobornos es la Universidad Pedro de Valdivia. Su ex rector Angel Maulén está en prisión preventiva y la Fiscalía está reuniendo antecedentes en su contra.
La UPV hoy no está acreditada, sin embargo, sus directivos dicen no estar preocupados por las advertencias de Beyer. El secretario general de la casa de estudios, Aldo Biagini, califica incluso de apresuradas las declaraciones del ministro.
“Estamos de acuerdo nosotros en que se introduzcan perfeccionamientos a la Comisión Nacional de Acreditación, al sistema de acreditación, pero de ahí a ir con declaraciones un tanto especulativas, empezar a hacer elucubraciones de lo que va a pasar más adelante no me parece”, dijo Biagini.
Hasta ahora “no se conoce ni siquiera el texto del proyecto de ley, no se lo ha presentado y la ley tiene que ser revisada por el Congreso. Me imagino y tengo la seguridad de que se va a pedir la opinión de expertos, la opinión de estudiantes, de las universidades –sean del Crucho universidades privadas-“, por lo tanto, son preliminares las declaraciones.
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Contraloría sobre la CNA
Otro de los temas que queda pendiente respecto de la CNA son los descargos que debe presentar ante la Contraloría General de la República el jefe de la División de Educación Superior de Mineduc, Juan José Ugarte, quien fue sólo al 29 por ciento de las sesiones de la Comisión Nacional de Acreditación en 2011, en medio del conflicto estudiantil.
A este respecto, el contralor Ramiro Mendoza explicó que debe justificar por qué no cumplió con su obligación legal como funcionario.
“Los funcionarios que tienen una situación posicional a la cual están convocados con la ley, como es el caso de él, tienen que cumplir ese cometido. Está dentro de las obligaciones legales que un funcionario tiene inherentes al cargo”, dijo.
“Sin embargo, cada funcionario convocado por el ordenamiento tiene también todo derecho a hacer sus descargos de por qué no pudo ir. Lo que nosotros hacemos es constatar una situación sin entrar a hacer una determinación que diga relación con su responsabilidad”, señaló Mendoza.
El ministro Beyer señaló ayer que aún no hay una fecha definida de cuándo Ugarte presentará su defensa ante el organismo.
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Rector UAI asegura que con nuevo proyecto de acreditación “se va a limpiar el sistema”
Andrés Benítez afirmó que hay instituciones de educación superior que no debiesen llamarse universidades. En tanto, ell rector de la UDD, Federico Valdés afirmó que “lo ocurrido en la educación superior afectará -al menos por un tiempo- la imagen de todo el sistema”.
por Fabiola Melo, La Tercera, – 06/12/2012 – 08:40
Acuerdo transversal ha suscitado el nuevo proyecto de acreditación que presentará el Gobierno las próximas semanas ante el Congreso y que busca elevar los requisitos para garantizar la calidad de los planteles. Uno de sus partidarios es el rector de la Universidad Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien aseguró que con esta medida “se va a limpiar el sistema”.
Según la máxima autoridad de la UAI, “instituciones que se hacen llamar universidades se van a transformar en CFT o IP, donde ahí sí está permitido lucrar”, luego de no obtener la acreditación bajo la nueva legislación que dejaría fuera a los planteles con certificaciones por uno, dos o tres años.
Consecuencia directa, “la matrícula (en Ues.) va seguir cayendo. Todas aquellas universidades que no estén acreditadas van a desaparecer. Ninguna resiste no estar acreditada”, aseguró Benítez, recalcando que “no pueden llamarse universidades las que no estén acreditadas”.
ALZA DE MATRÍCULA CFT E IP
De hecho, para el rector de la UAI, los alumnos de universidades no selectivas “ya están emigrando a los CFT e IP”, principalmente por dos razones: “Es más barato y efectivo, se va ir dando y se va a dar ahora con más fuerza debido a las irregularidades y es súper bueno”.
Misma visión comparte el rector de la U. de Desarrollo, Federico Valdés, quien sostuvo que “la tendencia natural será que aumenten sus matrículas (CFT e IP) en desmedro de las Ues -tradicionales y privadas -de menor prestigio, en la medida que haya becas suficientes para los alumnos”.
IRREGULARIDADES QUE AFECTAN EL SISTEMA
“Lamentablemente, lo ocurrido últimamente en torno a la educación superior, afectará -al menos por un tiempo- la imagen de todo el sistema”, aseveró Valdés a un mes de que se inicie el proceso de postulación a las universidades adscritas al proceso de admisión único, bajo la sombra de irregularidades en torno a las acreditaciones y lucro en los planteles de educación superior.
En esa línea, el rector de la UDD -plantel citado en el informe sobre lucro de la Cámara de Diputados- sostuvo tener “la certeza de que las preferencias de los egresados de 4º Medio por nuestra universidad, no se verán afectadas por cuestionamientos irresponsables, que carecen de fundamento”.
“Cualquier irregularidad en una universidad afecta el sistema, pero tiendo a pensar que la gente entiende y es capaz de diferenciar cuál es cuál”, complementó Benítez ejemplificando la situación con el caso de La Polar.
IMPACTO
El impacto inmediato, según los rectores, será que los futuros estudiantes se fijarán más a la hora de escoger una institución de educación superior.
“Yo creo que esto hace que la gente se fije en mirar quien está acreditada y comiencen a discriminar”, afirmó Benítez, señalando que la distinción entre planteles no estará dada hoy por su origen, sino que por su calidad. “No hay una diferenciación entre públicas y privadas, si no entre aquellas de buena y mala calidad”.
“Los egresados tienen claro que universidades son de excelencia y cuales no”, agregó Valdés, llamando a que “a la hora de elegir donde formarse profesionalmente, los estudiantes tomen decisiones racionales y, por supuesto, consideren factores tales como la excelencia de las universidades, su estabilidad y proyección de largo plazo”.
Para Benítez, la decisión del alumnado no se limita a escoger instituciones privadas, tradicionales o no selectivas, sino que detenerse e informarse sobre cada plantel en particular. De hecho, aseguró que “hay universidad públicas que yo no entraría” y aseguró que “en Chile tiene que ser más selectiva la universidad. Están entrando alumnos que por puntaje PSU no tienen las capacidades para ingresar”.