Ensayo de opinión publicad0 en La Tercera, 16 de diciembre de 2012. Bajar aquí 261 KB
Aseguramiento de la calidad: sinuoso camino
José Joaquín Brunner, Académico UDP, La Tercera, 16 de diciembre de 2012

Durante siglos los profesores universitarios –especialmente los catedráticos de mayor prestigio– garantizaron la calidad de sus instituciones y los programas que impartían. Tal fue el modelo de las primeras universidades inglesas, basado en tradiciones colegiales de autogobierno y control interno, donde desde el siglo XIII se puso confianza en la revisión por, y el juicio de, los pares académicos. En paralelo se desarrolló el modelo de la Universidad de París, caracterizado por un control ejercido desde fuera de la institución y una incipiente rendición de cuentas: primero ante el Canciller de la Catedral de Notre Dame; más tarde, el Rey y, después de Napoleón, ante el Estado nacional.
En nuestro país, el aseguramiento de la calidad estuvo originalmente en manos de la Universidad de Chile. Sus profesores examinaban a los estudiantes de las demás universidades y, por esa vía, controlaban el otorgamiento de los grados y títulos. Era una mezcla sui generis de los antiguos modelos inglés y francés. Con control externo pero en manos de catedráticos que actuaban en nombre del Estado. Esta modalidad subsistió hasta mediados del siglo pasado, momento en que las seis universidades privadas entonces existentes (complementarias a las dos estatales) fueron reconocidas como entidades autónomas para examinar y otorgar grados académicos y títulos profesionales válidos en el territorio nacional.
Junto con el golpe militar las ocho universidades tradicionales pasaron a ser rigurosamente vigiladas. Mas no perdieron la facultad de administrar exámenes y conferir títulos y grados. Incluso, al momento de autorizarse la creación de nuevas universidades privadas en 1981, se concedió a aquellas el derecho de supervisar los exámenes que rendían los alumnos y primeras generaciones de graduados de las instituciones recientemente creadas.
Tras el restablecimiento de la democracia la educación superior chilena experimentó la mayor transformación de su historia, ingresando en un acelerado proceso de masificación. En dos décadas se cuadruplicó el número de estudiantes. Producto de este explosivo fenómeno aumentó también la preocupación por la efectividad del autocontrol dentro de las antiguas y nuevas universidades y respecto de la garantía estatal sobre la solidez de las instituciones y el valor de sus grados y títulos. En un caso se temía la presencia de instituciones sin el necesario respaldo académico, con sedes y carreras fantasmas, propensas al fraude y la explotación de sus estudiantes, familias y la confianza social. En el otro, el surgimiento de fábricas de diplomas y la pérdida de valor de las credenciales educacionales. Unas y otras amenazas se materializaron puntualmente. No en forma masiva pero sí repetidamente, al punto de menoscabar la confianza en la capacidad de las universidades para autorregularse y desencadenar una demanda por mayor control externo de calidad.
Fue así como luego de una fase experimental se instauró finalmente en Chile un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la educación superior (Ley 20.129 de 2006), encargado de licenciar nuevas universidades, acreditar voluntariamente la calidad de instituciones y programas, e informar al público.
Hoy este sistema se encuentra sumido en una crisis debido al comportamiento torcido de algunos directivos universitarios y del régimen de acreditación, a la incapacidad del propio sistema para identificar y erradicar estos comportamientos y a las fallas de diseño e implementación que desde el comienzo acompañan al marco legal y su aplicación.
Para decirlo en pocas frases: nuestro sistema de aseguramiento fue mal concebido, mezcló actos públicos de valor con transacciones comerciales, quedó entregado a los intereses de las mismas corporaciones que debía supervisar, operó sin estándares ni reglas claras, actuó sin transparencia ni proporcionó información estratégica a los estudiantes y demás partes interesadas, distorsionó los juicios acreditativos añadiéndoles caprichosos años de duración y careció por completo de liderazgo y coordinación. De paso, el énfasis puesto unilateralmente en el control externo (distribuido entre la CNA y acreditadoras privadas) debilitó el ethos y los mecanismos internos de autoevaluación y autocontrol, tendencia que es urgente revertir.
Ahora es imprescindible cambiar las bases y principios sobre los cuales opera este sistema. Para partir, nuestra educación superior requiere por igual control interno, provisto por los académicos a través de mecanismos de autorregulación, y control externo provisto por pares bajo un régimen de estándares y procedimientos públicos (ver Gráfico). Este régimen debe ser administrado por una agencia pública independiente con miembros elegidos por su saber y experiencia a través de la alta dirección pública.
La acreditación de instituciones debe ser obligatoria y garantizar la fe pública depositada en los títulos y grados expedidos por aquellas, asegurándose de que cumplen su misión declarada conforme con estándares apropiados de calidad académica. Las instituciones que no alcancen estos estándares deberían volver a solicitar la licencia para funcionar autónomamente. Y, si no la obtienen, perderían el reconocimiento oficial. Además, el procedimiento de acreditación debería incluir en un mismo acto a la institución como tal y a un número de sus programas. Las instituciones podrían solicitar adicionalmente que sus demás programas sean evaluados por agencias privadas o internacionales designadas por la agencia nacional.
Finalmente, el gobierno debería comprometerse: (i) a sacar adelante una Superintendencia de Educación Superior que vigile el correcto uso de los recursos por parte de las instituciones, y (ii) a facilitar el montaje de un dispositivo sofisticado y eficaz de información para los estudiantes al momento de elegir sus programas de estudio, que les permita generar su propio ranking personalizado de opciones de acuerdo con sus preferencias y necesidades.