Señor director:
http://diario.latercera.com/2012/12/29/01/contenido/opinion/11-126503-9-cierre-de-universidades-i.shtml
Con motivo de la petición del cierre de la Universidad del Mar por parte del Consejo Nacional de Educación, se han vertido comentarios por autoridades en el sentido de que esto contrastaría con los gobiernos de la Concertación, donde no habrían existido estos procedimientos. Eso no es así.
Como subsecretario de Educación entre 1990 y 1993, y jefe de la División de Educación Superior (Divesup) entre 1994 y marzo de 2000, puedo atestiguar que se implementó en esos años la institucionalidad para el período de licenciamiento por vía del Consejo Superior de Educación, CSE (actual CNE), y se creó por decreto, en 1999, el sistema de acreditación de instituciones con plena autonomía, decretos 51 y 225 para pre y posgrado, por cuanto las consultas sobre un proyecto de ley no arrojaron viabilidad política. En 1992, un proyecto de ley con una amplia reforma a la Loce y al sistema de educación superior no tuvo mayor avance.
Sin duda que había necesidad de supervisar y modificar el sistema, dada la heterogénea calidad institucional: el gobierno militar legó un sistema de 302 instituciones que bajaron a 252 en 1998.
El Mineduc intervino en numerosos procesos en que, a petición del CSE, se canceló el reconocimiento oficial y se reubicó a los estudiantes: en el caso de la Universidad de Temuco, algunas instituciones públicas y privadas de la IX Región y de la VIII aceptaron alumnos. En relación con la Universidad Real, se hicieron gestiones con entidades de Santiago, obteniendo la recolocación de la mayoría de los estudiantes. Un caso especial fue la Universidad de Las Condes: el proceso de cierre mismo se llevó a cabo con la participación del CSE y el Mineduc, pero con conocimiento de dichos órganos.
La trayectoria de la educación es más un continuum que saltos institucionales. Este es también el caso de la acreditación y las medidas de cierre.
Raúl Allard Neumann
Profesor titular PUCV y ex subsecretario de Educación
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Ministro de Educación tras el cierre de la Universidad del Mar:
“Este gobierno heredó un sistema regulatorio débil y un ministerio con bastante incapacidad de fiscalizar”
Harald Beyer anuncia cambios a la fiscalización en educación superior y afirma que “el sistema no ha empujado a la calidad”. La autoridad, que cumplió un año en el cargo en medio del revuelo que han causado los casos CNA y la crisis del plantel privado, llama a la Concertación a reconocer que “la fiscalización no fue una prioridad” en sus períodos.
A. MUÑOZ, P. YÉVENES y M. FERNÁNDEZ , El Mercurio, 29 de diiembre de 2012
http://diario.elmercurio.com/2012/12/29/nacional/_portada/noticias/BEC1A023-E824-4A16-B265-E073CDEB71E4.htm?id={BEC1A023-E824-4A16-B265-E073CDEB71E4}
Ayer Harald Beyer cumplió un año desde que fue nombrado como el tercer ministro de Educación de la actual administración. Pero poco tiempo tuvo para pensar en el aniversario. A raíz del revuelo que ha generado el cierre de la Universidad del Mar, su agenda se copó de apariciones en los medios y de reuniones con el Presidente y sus pares de Trabajo y Salud para analizar los pasos que vienen (ver C 10). Una ocasión que le ha sido propicia para entrar en terreno político. En los últimos días incluso mantuvo un debate con el ex Presidente Ricardo Lagos a raíz de la crisis del sistema de acreditación.
-Cuando usted llegó al cargo, ¿se podía anticipar lo que sucedería con los casos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y la U. del Mar?
-Nosotros estábamos descontentos con el sistema de acreditación, un poco por intuición, pero nunca pensamos que las situaciones que hoy día conocemos estaban existiendo. No teníamos ninguna sospecha en ese momento.
-La ex ministra Mónica Jiménez dijo que en su momento no hubo condiciones políticas para hacer cerrar universidades. ¿Qué piensa de eso?
-Las condiciones políticas las crea uno. Lo que pasó es que no fue una prioridad. Si uno mira los programas de gobierno hacia atrás, no estaba en la agenda de nadie y de alguna forma se pecó de omisión, por así decirlo. El mejor ejemplo es la U. del Mar: 3.800 alumnos en 2002 y 22.400 cinco años después. Uno se pregunta qué hizo el ministerio. ¿Preguntó algo? ¿Vio que se estuvieran cumpliendo algunos estándares razonables? La verdad es que nada de eso ocurrió. A mí me parece que si se hubiesen hecho esas preguntas, algo de lo que hemos vivido hoy se podría haber evitado.
-¿La Concertación debería realizar algún mea culpa sobre este tema?
-A la Concertación, en vez de denunciar las situaciones y mirar un poco al cielo, lo que le corresponde es reconocer que la fiscalización no fue una prioridad. Este gobierno heredó un sistema regulatorio débil y un ministerio con bastante incapacidad de fiscalizar, y eso no fue producto de la casualidad.
-Hay parlamentarios de la oposición que han comentado que están recopilando antecedentes para acusarlo constitucionalmente por este tema.
-Eso es un despropósito, porque indudablemente este gobierno ha estado preocupado de fiscalizar, de cambiar el marco regulatorio a través de proyectos de ley, de instalar fórmulas nuevas de fiscalizar a las instituciones de educación superior y de hacer la tarea que corresponde realizar en este ámbito.
-Usted ha sostenido intensas reuniones con el Presidente Piñera. ¿Cuál es la visión del Mandatario frente a la actual situación?
-Cuando asumí, una de las instrucciones que me dio el Presidente fue precisamente asegurar un sistema de educación superior mucho más efectivo, que esté guiado por estándares precisos -que todas las instituciones tienen que satisfacer- y, al mismo tiempo, que se ponga más del lado de los estudiantes, porque lo que nosotros tenemos es un sistema de educación superior que protege, creemos, en demasía a las instituciones y poco a los estudiantes.
-¿Qué ha revelado, a su juicio, el tema de la U. del Mar?
-Fue una sorpresa ver que el proyecto académico de la universidad estaba totalmente abandonado, no había ningún interés real en producir una educación con estándares razonables, con una mirada, con una misión. Eso demuestra que Chile no tenía claros los criterios para establecer universidades, para fiscalizarlas… Toda la legislación de educación superior es vaga: no es que no hubiera regulación, sino que está mal diseñada.
-Dada esa realidad, ¿le sorprendería que hubiera más casos similares?
-No… uno no sabe. El sistema no ha empujado realmente a la calidad.
-Mario Waissbluth dice que no era necesario llegar al extremo del cierre de la U. del Mar y que usted pudo enviar un proyecto de ley para abrir una solución intermedia. ¿Era eso viable?
-Después de la guerra somos todos generales y esa es una actitud que no me gusta. Aquí hay un marco legal, un Estado de Derecho que uno tiene que cautelar. Si hacia el futuro se cree que puede haber mejores soluciones, discutámoslas, pero eso de improvisar frente a situaciones que están contempladas en la legislación, me parece una actitud que no es apropiada.
Cambio de enfoque
La gran apuesta del Gobierno en términos de mejoras a las regulaciones es conseguir que se apruebe el proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación, al cual el ministro espera hacerle ajustes para añadir atribuciones al futuro superintendente, a partir de las lecciones que ha dejado el caso de la U. del Mar. Sin embargo, el ministro afirma que también hay una estrategia para el corto plazo, para avanzar mientras continúa el debate en el Congreso.
“Hay toda una forma de operar para fiscalizar que estaba muy retrasada. Instalar todo eso y ver cuáles son los indicadores nos ha costado este año y ahora vamos a tener una fiscalización más fluida”, afirma.
-¿Cómo va a funcionar ahora el sistema de fiscalización del Mineduc?
-A partir de la información recogida en los estados financieros, estamos trabajando en indicadores que nos dicen si hay una situación que requiere de más atención. Por ejemplo, hay instituciones estatales y privadas que tienen cuentas corrientes con sociedades relacionadas que no pagan interés y que no tienen plazos. Estamos empezando a revisar si esto beneficia a la institución o si es una forma disfrazada de extraer excedentes. Ese tipo de cosas, hasta situaciones que tienen que ver con alumnos que de alguna forma no son razonablemente bien provistos del servicio prometido. Al inicio, no teníamos los equipos para estudiar bien esto, ahora los tenemos, y después se lo vamos a pasar a la Superintendencia cuando se apruebe.
-Es decir, ¿hay más investigaciones abiertas que las dos que se conocen?
-No son investigaciones propiamente tales, son más bien indagaciones en el sentido de que estamos empezando a preguntar por cuestiones que nos parecen extrañas. Es una cosa preventiva, por así decirlo. Dependiendo de lo que contesten las instituciones, se decidirá si vale la pena una investigación o no.
-¿Cuándo se tendrán resultados de las investigaciones sobre la Uniacc y la U. Pedro de Valdivia (UPV)?
-En el caso de la Uniacc, hicimos una serie de preguntas que la institución respondió y estamos analizando en este momento las respuestas y esperamos cerrar la situación pronto. Si su respuesta es insatisfactoria, habrá procedimientos más precisos, y si es satisfactoria, se dará por cerrado. En el caso de la UPV estamos recién partiendo, y ese proceso va a tomar algo de tiempo. Acá no es rapidez, sino precisión lo que queremos.
-Las instituciones dicen que estas investigaciones dañan la imagen de los planteles.
-Pero si quedan liberadas, también van a ganar en credibilidad. Esa actitud refleja mucho lo que es el sistema, ¿por qué siempre hay que ponerse de lado de las instituciones? No, hay que ponerse de lado de los estudiantes y de las familias.
”Cuando asumí, el Presidente me encargó asegurar un sistema de educación superior mucho más efectivo que esté guiado por estándares precisos y que, al mismo tiempo, se ponga más del lado de los estudiantes”.
“Cualquiera que aspire a ser Presidente en 2014 quiere tener resueltos los temas de educación”
En el balance de su primer año de gestión, Beyer rechaza las críticas que le han hecho algunos actores del sistema en el sentido de que falta mayor diálogo. “Nuestra tarea es escuchar todos esos intereses, pero no necesariamente seguirlos, porque no siempre podemos coincidir en cuáles son aquellos que representan mejor el interés público del país”, dice.
Dice que hubo logros significativos, como el cambio curricular y la reprogramación de créditos. Entre las deudas, destaca el no haber podido avanzar más en el proyecto de Ley de Superintendencia de Educación, que quedará para el próximo año, al igual que los de reforma a la Acreditación y el cambio en el sistema de financiamiento estudiantil. Confía en que, con esta batería de iniciativas legales, se evidenciará “una mirada comprehensiva del sistema, lo que debería limitar los obstáculos”.
-Con este panorama, ¿cómo ha sido su relación con los parlamentarios, particularmente con los de la oposición?
-Una relación de altos y bajos. Creo que la Concertación está muy dividida y eso se nota mucho en los temas educacionales, cuesta mucho avanzar, pero también son temas que cualquiera que aspira a ser presidente a partir de 2014 quiere tener resueltos, entonces va a haber un espacio para acuerdos a pesar de las diferencias.
Los pasos que siguen en el cierre de la U. del Mar
La situación de los 12.500 alumnos que se estima están matriculados en la U. del Mar se convirtió en la preocupación más inmediata del ministro. Afirma que la cartera ya tiene acuerdos con algunas instituciones de educación superior para que los reciban, “pero ahora hay que ver los detalles”, lo que dependerá de la velocidad con la que tengan acceso a los registros académicos de los estudiantes.
-Nuestro plan es hacer esto entre enero y febrero, y en marzo tener ya a gran parte de los estudiantes reubicados, afirma. Reconoce que la situación más difícil será la de los alumnos de carreras de la Salud.
Para los traslados, la política es que se siga la lógica de quienes hoy se cambian de un plantel a otro: que se les reconozcan los créditos correspondientes y asuman el pago del arancel fijado por la nueva institución.
Beyer dice que aún no tiene una estimación de cuánto dinero deberá desembolsar el Estado en este proceso. Lo que sí tiene claro es que intentarán recuperarlo: “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cobrarles a los dueños”.
Sobre las palabras de algunos dirigentes de los estudiantes que rechazan terminar sus estudios en un instituto profesional en vez de una universidad, es enfático:
-La universidad tenía muchas carreras técnicas, y no siempre hay una oferta de esas características en el sistema universitario; entonces, la opción que van a tener es un buen instituto profesional. Pero nosotros no podemos hacer milagros; va a haber opciones, pero también hay que ser realistas. Muchos de estos jóvenes eligieron la U. del Mar porque no podían elegir otra. Eso hay que plantearlo directamente.
-¿Ustedes se van a preocupar de que los que tienen que seguir en la universidad hasta titularse egresen con un buen nivel?
-Por supuesto, hay disposiciones legales al respecto que tenemos que cumplir, como número mínimo de horas cursadas, número mínimo de créditos, etcétera.
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Señor director:
http://diario.latercera.com/2012/12/29/01/contenido/opinion/11-126504-9-cierre-de-universidades-ii.shtml
En cualquier lógica de mercado, los principales responsables de lo ocurrido en la Universidad del Mar serían los propios afectados. Los estudiantes, quienes por no buscar información adecuada y completa, serían responsables de lo que les está pasando actualmente; así como cuando vamos a un restaurante y no nos gusta la comida, fue por nuestra mala elección.
Pero sabemos que esta dinámica no puede adecuarse a la educación. No sólo están los propios estudiantes, sino familias, sueños y aspiraciones puestos en estas experiencias y, lamentablemente, los más afectados siempre son personas de menores recursos.
Buscando responsables hay una respuesta clara: los responsables somos todos, pero quien debe hacerse cargo es el Estado. Somos todos, ya que nos quedamos mudos ante la imposición de esta empresa-universidad y consumimos el producto sin dar observaciones de las consecuencias que podría traer su modelo. Por otro lado, el Estado debe hacerse responsable porque ninguno de los tres poderes que lo integran fue capaz de encontrar errores en el sistema, y ante la explosión han buscado soluciones que para muchos ya son acciones tardías.
Ignacio Imas Arenas
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Efectos del cierre de la Universidad del Mar
la Tercera, opinión editoial, 29 de diciembre dw 2012
http://diario.latercera.com/2012/12/29/01/contenido/opinion/11-126501-9-efectos-del-cierre-de-la-universidad-del-mar.shtml
Las autoridades parecen haber optado por una solución drástica para dar una señal de estrictez, pero asumiendo costos que pueden resultar peligrosos.
ACOGIENDO LA solicitud del gobierno, el Consejo Nacional de Educación (CNED) decidió el miércoles el cierre de la Universidad del Mar, entidad cuyos directivos se han visto envueltos en una serie de escandalosas irregularidades conocidas en los últimos meses. Todo indica que -junto con la gravedad de los antecedentes analizados- jugó un rol importante en la determinación la voluntad de emitir una señal política ante la indignación que ha despertado el caso en la ciudadanía. Esta impresión se ve reforzada por el hecho de que el Presidente del CNED señalara que con la medida se busca ayudar “a restablecer la fe pública del sistema universitario”.
Las acusaciones contra los directivos de la Universidad del Mar son muy serias y las eventuales sanciones a los que se podrían ver sometidos deben ser resueltas por los tribunales. El CNED identificó además una serie de anomalías administrativas al interior de la entidad que deben ser investigadas. Sin embargo, aunque se trata de problemas graves, no es la primera vez que una universidad sufre inconvenientes que pongan en duda su viabilidad. En el pasado, procesos similares fueron resueltos por medio de la absorción de los planteles por parte de otros más solventes. Ahora también hubiera sido posible darse un tiempo bajo una autoridad interventora para buscar una salida menos traumática, pero al parecer ha primado la intención de generar un efecto. Sin duda que esto puede ser rentable en el corto plazo, pero, asimismo, generar consecuencias indeseadas más adelante, en especial si los reclamos de los afectados no son resueltos pronto y satisfactoriamente.
La revocación del reconocimiento oficial de la personalidad jurídica del plantel ha puesto en una delicada posición a los cuatro mil funcionarios del mismo y a los 12.500 alumnos que quedaban en él, quienes tienen escaso tiempo para buscar una alternativa antes de marzo. Representantes de estos últimos han realizado protestas y han recibido la solidaridad de federaciones estudiantiles, las cuales anuncian la realización de manifestaciones. De esta forma, se configura una situación en extremo riesgosa para el gobierno. Este, en su afán de mostrarse estricto, puede terminar provocando perjuicios mayores y asumiendo costos relevantes. La consideración de éstos hacía recomendable evaluar la búsqueda de soluciones menos extremas que la finalmente adoptada.
Resulta clave que a la hora de enfrentar los escándalos que han sacudido en el último tiempo al sistema de educación superior se evite tomar decisiones al calor del momento y, todo lo contrario, se extraigan lecciones adecuadas de episodios ingratos que ofrecen la oportunidad de realizar correcciones que vayan en beneficio de los alumnos y la institucionalidad. En el caso de la Universidad del Mar y de otros que se investigan, parece muy probable la comisión de irregularidades por parte de los propietarios y directivos, pero también es claro que muchas de éstas no se hubieran producido sin fallas evidentes de parte de los entes encargados de fiscalizar. Esta realidad debe llevar a preguntarse si la vía escogida para la fiscalización -la creación de regulaciones cada vez más astringentes- es la adecuada, y si no sería preferible perfeccionar y robustecer los mecanismos de información para que sean los postulantes y sus familias quienes decidan de manera libre e ilustrada por qué institución optar.

Señor Director:
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/12/29/fondos-basales.asp
La Universidad de Chile es, por lejos, la N° 1 del país en producción académica. En segundo lugar se ubica la Pontificia Universidad Católica de Chile y, a gran distancia, la U. de Concepción y luego la U. de Santiago de Chile.
Sin embargo, y habría que suponer que gracias a la arbitrariedad, discrecionalidad, falta de competencia, intencionalidad de algún tipo, o el siempre “eficiente” trabajo de alguna agencia de lobby , el Ministerio de Educación acaba de adjudicar los fondos gubernamentales basales por desempeño para las universidades clasificadas de “docencia, investigación y doctorado”, ubicando a la Universidad de Chile en tercer lugar, a gran distancia de las universidades Católica y de Santiago.
La U es la N° 1 en número de publicaciones en revistas científicas internacionales ISI 2006-2010 (U 7.880, UC 5.564, UdC 3.452, Usach 1.486); en número de programas de doctorado acreditados 2012 (U 34, UC 30, UdC 21, Usach 11); en graduados de programas de doctorado 2010 (U 135, UC 101, UdC 55, Usach 22); en adjudicaciones de proyectos de investigación Fondecyt Regular 2013 (U 129, UC 115, UdC 61, Usach 42); en centros de excelencia en áreas prioritarias para el país 2000-2012 (U 18, UC 8, UdC 5, Usach 1), y en el ranking internacional SCImago 2012, que sólo usa cifras duras de productividad de instituciones científicas (la U es 407 a nivel mundial, la UC es 600, la UdC 891 y la Usach 1.632).
Estos logros son frutos del trabajo serio que realiza la comunidad académica de la Universidad de Chile, ampliamente reconocidos en el país y el extranjero.
Esta indignante y agraviante decisión gubernamental, que autoritariamente utilizó criterios y fórmulas definidos y manipulados entre cuatro paredes, coincide con noticias policiales sobre altos directivos y ejecutivos de universidades privadas locales y extranjeras que habrían violado la ley sobre el lucro y las acreditaciones, con el fin de acceder a recursos públicos, al parecer por lo que publican algunos medios, a través de evasión tributaria y de subsidios gubernamentales.
Prof. Víctor Pérez Vera
Rector Universidad de Chile
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Universidades de investigación
http://diario.latercera.com/2012/12/29/01/contenido/opinion/11-126500-9-universidades-de-investigacion.shtml
RECIENTEMENTE se entregó el fondo basal por desempeño a las universidades del Cruch, como parte del compromiso de apoyar el desarrollo de los diversos proyectos académicos, poniendo énfasis en la generación de nuevo conocimiento. La asignación de recursos invita a analizar la misión y variedad de los proyectos universitarios.
La misión de la universidad es la educación de personas y la permanente búsqueda del nuevo conocimiento. Ambas aspiraciones deben realizarse con excelencia y reflexión en la interacción de generaciones de profesores y estudiantes. Es una labor realizada con autocrítica y superación personal e institucional, y que tiene un solo fin: servir y comprometerse con el desarrollo de la sociedad.
La primera pregunta que surge es si todas las universidades son iguales, y la respuesta es no. Los diferentes rankings internacionales y nacionales han destacado elementos que permiten hacer distinciones entre las instituciones. Sus diferencias van desde el origen, historia, misión, identidad, propiedad, hasta el proyecto educativo y complejidad, entre otros. El apoyo del Estado a las instituciones universitarias debe considerar el aporte de bien público que ellas representan. En especial, la formación de personas con conocimiento avanzado -doctores en las diversas disciplinas- y la creación e investigación en todas las áreas del saber.
Las clasificaciones más aceptadas las dividen en universidades docentes -algunas con cierta proyección de investigación- y de investigación y creación artística -con programas de doctorados y estudios avanzados- de impacto variable a nivel internacional. En el mundo, y también en nuestro país, no más de un 10% de las universidades son de investigación.
La segunda pregunta es si tiene importancia esta clasificación, y la respuesta es sí. Los países dependen de su creatividad, inteligencia, esfuerzo y visión de sus habitantes para permitir un desarrollo integral que incluya las ciencias, artes y humanidades. Es este aporte el que las universidades de investigación le entregan al país. En ellas se produce más del 90% de la investigación. Es a través de este nuevo conocimiento que podemos traspasar la barrera de la imaginación y soñar un mundo mejor, con mayor equidad, justicia y oportunidades para todos.
La tercera pregunta es si debe el Estado apoyar de manera especial a este grupo de universidades, y la respuesta nuevamente es sí. Este apoyo debe basarse en el resultado de su quehacer. Los aportes de bien público que permiten la formación de personas en áreas específicas y la creación de nuevo conocimiento deben ser cautelados y apoyados por el Estado. Es la manera de invertir en el futuro para el desarrollo de sus habitantes. Las universidades que aportan en esta tarea son propiedad del Estado, de la Iglesia, de fundaciones laicas y de privados.
Los proyectos universitarios deben ser conocidos por la sociedad, las familias y los jóvenes. También los líderes de opinión, los políticos y los medios de comunicación deben conocer más de sus universidades. El desafío es integrar más a las universidades al país, conocer sus diferencias y valorar la investigación que generan. De esta manera les podremos exigir un mayor aporte y construir un proyecto-país de futuro.
Ignacio Sánchez
Rector Pontificia Universidad Católica de Chile