Columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, domingo 18 de noviembre de 2012.
Política de educación superior: dos caras
José Joaquín Brunner
Al ingresar el Gobierno a la parte final de su gestión, la agenda de la educación superior exhibe una doble faz.
Por un lado, el Ministerio de Educación recuperó el control de esta agenda. El ministro del ramo -y no los estudiantes ni los rectores ni la calle o los medios de comunicación- conduce el proceso, enuncia los diagnósticos, propone las críticas, enuncia soluciones, implementa medidas y determina (hasta donde es posible) el acontecer y ritmo de las cosas.
Por otro lado, la agenda revela una serie de problemas que permanecen abiertos y constituyen objetos de confrontación y disputa.
De entrada, el Gobierno no ha podido generar un nuevo consenso en torno a una estrategia de desarrollo sustentable de nuestra educación superior a mediano y largo plazo. Vamos sin una carta de navegación conocida. Ni siquiera aparece en el horizonte una dirección, un norte, que permita compartir el sentido de la trayectoria.
Más bien nos movemos impulsados por las inercias inauguradas en 1990: masificación del acceso, diversidad de la provisión, diversificación del financiamiento, énfasis en el control de la calidad, atención a la eficiencia interna y la pertinencia de las ofertas curriculares, profesionalización académica, etc. En breve, hay continuidad en medio de las incertidumbres, cambio incremental, corrección sobre la marcha, procesos dependientes de la trayectoria (anterior), acuerdos parciales y avances por ensayo y error sobre un terreno relativamente conocido.
Al mismo tiempo se mantienen y agregan nuevos nudos problemáticos. Las capacidades del Ministerio de Educación para conducir un sistema de educación superior complejo y conflictivo siguen siendo limitadísimas. Faltan recursos humanos, materiales, medios técnicos, conocimiento experto, aparatos sofisticados de información, personal para la formulación y negociación de políticas, implementadores de la agenda, facultades de intervención, procedimientos de control, canales de comunicación, etc. El Gobierno no ha creado un ministerio para la educación superior, la ciencia y la tecnología; ni siquiera una subsecretaría para el sector. Al contrario, juega con la idea de separar la educación superior de la ciencia y la tecnología y traspasar esta última al Ministerio de Economía, lo que traería consigo un debilitamiento todavía mayor de la capacidad gubernamental para orientar y gestionar la institucionalidad del conocimiento avanzado del país.
A su turno, el Ministerio de Educación no ha concretado un diseño eficaz para el gobierno del sector: el sistema de aseguramiento de la calidad se halla en crisis y descabezado; la evaluación externa de este sistema aún no se presenta públicamente; no se ha avanzado con la superintendencia para este nivel educacional; no hay acuerdo con las universidades sobre el sistema de admisión; la revisión de la PSU sigue pendiente; la interlocución del Gobierno continúa privilegiando únicamente a un grupo de instituciones.
Agréguense a lo anterior al menos dos frentes abiertos por el propio ministro y que no parecen tener cauces adecuados de procesamiento y solución. Primero, la discusión sobre la duración de las carreras, plagada de malentendidos, comparaciones equívocas, simplificaciones y esquematismo. Segundo, la propuesta de destinar parte del subsidio estatal a determinadas categorías de universidades, surgidas de una clasificación de instituciones que aspira a ser puramente técnica, cuando, en realidad, necesariamente terminará reflejando las relaciones de poder existentes en el campo universitario.
Por último, hay temas y asuntos de la mayor importancia para el futuro de la educación superior que permanecen ausentes, tales como: el fortalecimiento de las humanidades, las ciencias sociales y la investigación educacional; la revisión en profundidad de la mallas curriculares para asegurar la formación de competencias clave del siglo XXI y las capacidades de emprendimiento, innovación e invención; la adopción de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas en el uso de las tecnologías digitales; el rol de las universidades regionales; el fomento del aprendizaje a lo largo de la vida, sólo para nombrar algunos.
Al comenzar un nuevo ciclo -de ideas, campañas, programas y equipos dirigenciales- que nos llevará hasta la próxima administración gubernamental, conviene tener presente este balance de doble faz: arroja lecciones, motiva debates, revela errores y muestra prioridades para la etapa que se avecina.