Cifras correspondientes a septiembre de 2012 incluyen a egresados y desertores: El 50% de los estudiantes con Crédito con Aval del Estado no pagan su deuda a tiempo

La morosidad del sistema se debe, en parte, a la alta deserción que se produce entre los alumnos que utilizan este sistema. De 33.313 créditos vigentes, más de 16 mil están en mora.
Pablo Obregón Castro.El Mercurio, Economía y Negocios, 11 de noviembre de 2012

Cinco de cada diez. Ése es el número de egresados y alumnos que no terminaron sus carreras que no están pagando sus Créditos con Aval del Estado (CAE) a tiempo, según cifras de la Comisión Ingresa, el organismo encargado de administrar el sistema de financiamiento de estudios superiores.
El CAE comenzó a operar en 2006 y, desde entonces, más de 440 mil alumnos de instituciones tradicionales y privadas han optado por este mecanismo de financiamiento, basado en créditos otorgados por la banca privada, pero avalados por el Estado -en el caso de los deudores titulados- y por las propias universidades para los estudiantes que desertan antes de egresar.
Este año, 33.313 personas deberían estar pagando esos créditos, puesto que ya transcurrió el período de gracia de 18 meses que contempla el sistema para los alumnos egresados y de 24 meses para los que se consideran desertores (después de dos años sin matrícula, el sistema asume que esas personas no retomarán sus estudios). Sin embargo, sólo 16.805 de ellos pagan. Los restantes 16.508 están morosos.
Sin considerar la situación de los estudiantes de institutos profesionales, las universidades con mayor tasa de morosidad entre los alumnos con CAE son la Uniacc (69,61% de los créditos); la de Los Lagos (67,59%); la Alberto Hurtado (66,13%), y la de Viña del Mar (59,74%). Las universidades de La Frontera y Adolfo Ibáñez, en tanto, son las instituciones de educación superior que exhiben las menores tasas de morosidad (15,79% y 16,92%, respectivamente).
En la Comisión Ingresa reconocen que las cifras son altas, pero advierten que este fenómeno responde, en gran medida, a la alta tasa de deserción que se ha dado entre las primeras generaciones de los alumnos que decidieron estudiar con CAE.
Desertores con deuda vigente suman 23 mil
A la fecha, hay 41.697 egresados que estudiaron con CAE y 23.042 alumnos que abandonaron su carrera y mantienen deudas CAE. Las tasas de deserción -señalan los expertos- son de los factores que más inciden en la morosidad que exhibe el sistema, puesto que la mayoría de esos alumnos tienen menos posibilidades de insertarse laboralmente, y cuando lo hacen, acceden a rentas más bajas que los que sí lograron titularse.
Las universidades Andrés Bello, Santo Tomás, Las Américas, Autónoma de Chile y San Sebastián son las cinco con mayor número absoluto de alumnos desertores con CAE, situación que no es extraña, si se considera que son los planteles con la mayor matrícula en el sistema.
En el polo opuesto, la Universidad de La Frontera y la de los Andes, prácticamente no tienen deserciones (ver infografía).
A partir del próximo año, señalan en la Comisión Ingresa, las cifras podrían mejorar, porque se supone que en las nuevas generaciones las tasas de titulados es mayor en comparación con los que dejan inconclusos sus estudios: “En octubre-noviembre se inicia el cobro de otros 31.500 nuevos créditos, de los cuales casi el 72% corresponde a beneficiarios que sí egresaron de sus carreras”, dicen en la comisión.
Salen los bancos y la tasa baja al 2%
Los créditos CAE son otorgados por los bancos y administrados por la Comisión Ingresa. Desde su creación, operaron con tasas de interés que fluctuaron entre 5% y 6%.
A partir de este año, en cambio, esas tasas serán del 2% -iguales a las que se aplican para el Crédito con Fondo Solidario-, y en el futuro los bancos saldrán del sistema y el acreedor será el propio Estado. Además, el pago de esas deudas será en relación con los ingresos reales de los nuevos profesionales. Así, las cuotas que deberán pagar los beneficiarios del sistema no podrán ser superiores al 10% de sus ingresos anuales.
La salida de los bancos y la incorporación directa del Estado en esta materia fue una de las principales demandas de los estudiantes durante el proceso de movilización de 2011. En 2012, no obstante, las exigencias escalaron hacia la gratuidad absoluta del modelo.
Todavía falta por definirse en el Congreso, en todo caso, cómo funcionará el sistema de créditos que unificaría al CAE con el antiguo Fondo Solidario.
Para la investigadora de Libertad y Desarrollo, Cecilia Cifuentes, la salida de los bancos es preocupante si lo que se pretende es bajar la morosidad: “El CAE tenía una tasa relativamente alta y eso incidió en que algunas personas no pudieran pagar. Además, los bancos no tenían muchos incentivos para cobrar, porque los créditos estaban garantizados. Pero ahora las cosas podrían empeorar, ya que el Estado nunca ha sido un buen cobrador. Además, existe la creencia de que las deudas que se asumen con el Estado tarde o temprano se perdonan”, señala.
A su juicio, un elemento que sería positivo incorporar en el sistema de financiamiento universitario es la rentabilidad privada de las distintas carreras: “no es lo mismo en términos de retorno privado estudiar medicina que pedagogía en filosofía. Eso debería incorporarse a la hora de definir las condiciones de financiamiento a las que acceden los alumnos”.
Una opinión distinta tiene la directora ejecutiva de la Fundación Espacio Público, Valentina Quiroga: “Es positivo que salgan los bancos. Las tasas eran insólitamente altas si se considera que esos créditos estaban garantizados. El riesgo para los bancos era cero y no tenían ningún incentivo para perseguir a los deudores morosos”.
Lo único positivo del CAE -agrega- es que los créditos no sólo son garantizados por el Estado, sino también por las propias universidades: “Cuando los alumnos con este crédito desertan y no pueden pagar, las universidades se hacen cargo. Ese incentivo resulta positivo, porque ayuda a mantener alguna responsabilidad de las instituciones respecto a sus alumnos; sobre todo, en aquellas universidades que han basado gran parte de su crecimiento en la incorporación de estudiantes de los sectores más pobres”.
Las Universidad Andrés Bello es una de las que han debido pagar garantías. Cifras de Ingresa muestran que esta casa de estudios ha debido asumir 249 créditos morosos de sus alumnos desertores, por un total de $570 millones. La Santo Tomás, en tanto, ha respaldado 178 créditos por $351 millones.
El diputado Carlos Montes (PS) explica que uno de los temas que han generado debate en el Congreso es, precisamente, el rol que deberán jugar las universidades una vez que comience a operar el sistema de créditos que, eventualmente, reemplazará al CAE y al Fondo Solidario: “Para las universidades, asumir los créditos de los alumnos que desertan implica acumular pasivos importantes, por eso piden que sea compartido. No está resuelto, pero yo estoy por avanzar hacia la gratuidad, al menos en los tres quintiles más pobres”.
¿Cuánto le costó al fisco desde su creación?
Desde 2006, cuando el gobierno de Michelle Bachelet comenzó a implementar el Crédito con Aval del Estado que diseñó, en 2005, el gobierno de Ricardo Lagos, el fisco ha desembolsado más de US$ 702 millones para que este mecanismo funcione.
Cada año, el Estado licita entre los bancos de la plaza una cartera de alumnos que demandan financiamiento, algunos provenientes de universidades consolidadas y otros de planteles con menos renombre. Como entre estos últimos las posibilidades de pago son teóricamente menores (debido a las tasas de deserción y a las dificultades de inserción laboral), la cartera de clientes por sí sola no es todo lo atractiva que los bancos quisieran.
Para resolver este problema, el fisco no sólo garantiza el pago de los créditos eventualmente impagos, sino que también subsidia las tasas y compra al momento de licitar un porcentaje importante de la cartera de clientes. Es así como en 2009 (año de fuerte desaceleración económica) se licitaron 72 mil créditos, y el Estado compró inmediatamente 49 mil de ellos.
De no ser por esos subsidios, los expertos estiman que el Crédito con Aval del Estado habría tenido una tasa cercana al 10%, similar a la de cualquier crédito de consumo.

Según datos recogidos en la encuesta Casen: Familias gastan en promedio $57 mil mensuales en educación preescolar
Cerca de 1,2 millones de niños asisten a colegios subvencionados con copago. Una suma de $28.153 es el aporte de los hogares que educan a los menores en este tipo de establecimientos.
ALEJANDRA MUÑOZ, El Mercurio, 11 de noviembre de 2012
Poco más de $57 mil en la enseñanza preescolar, $28 mil en la escolar y entre $76 mil y $146 mil en educación superior. Ese es el gasto promedio mensual que realizan las familias en la educación de sus hijos, según los datos reportados por la última encuesta Casen.
La información, analizada por el Centro de Estudios del Ministerio de Educación, muestra que si bien muchos niños asisten a establecimientos gratuitos, una cantidad importante realiza un aporte adicional al del Estado.
En el caso de la enseñanza preescolar, la Casen muestra que las familias del 25,3% de los niños que asisten a este nivel realizan algún tipo de aporte, que en promedio llega a los $57.362.
La cifra varía dependiendo del nivel socioeconómico de las familias. En el quintil 1 -es decir, el 20% más pobre de la población- el 12% de las familias realiza algún tipo de pago. En promedio, su aporte es de $13.927 (ver infografía).
El subsecretario de Educación, Fernando Rojas, valoró que más del 80% de estas familias recurran a la enseñanza gratuita que financia el Estado, pero dijo que el monto que se cancela resulta inquietante.
“Preocupa que haya familias que siendo vulnerables estén pagando por educación parvularia y, por eso, el compromiso de aumentar la cobertura de salas cuna, jardines infantiles y también en prekínder y kínder”, dijo.
Para el director del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la U. Diego Portales, Ernesto Treviño, el monto que cancelan las familias más pobres es muy elevado en comparación con sus ingresos.
A su juicio, hay varias razones por las cuales este grupo opta por este camino. “Hay una combinación de que faltan cupos gratuitos, que sean de jornada extendida, y finalmente, es que también se da esta lógica aspiracional de tener a los niños en una escuela que haya que pagar”, dijo Treviño.
Financiamiento compartido
A nivel escolar, los datos de Casen muestran que la mayor parte de los estudiantes de enseñanza básica y media asiste a colegios particulares subvencionados. De ellos, el 79% tiene financiamiento compartido; es decir, las familias realizan un aporte adicional a la subvención que entrega el Estado.
En promedio, las familias que van a este tipo de establecimientos pagan $28.153, pero la cifra varía dependiendo del ingreso familiar.
Además, no todos los estudiantes que van a colegios con financiamiento compartido lo pagan. Según el análisis realizado por el Centro de Estudios del Mineduc, el 69,7% de estos alumnos pagan efectivamente la mensualidad.
Según explicó Fernando Rojas, ello se debe a dos razones fundamentales: que los colegios que cobran aportes adicionales a las familias deben becar a un porcentaje de alumnos y a que quienes son beneficiarios de la subvención escolar preferencial están eximidos del pago.
En cuanto al futuro del sistema de financiamiento, el subsecretario Rojas afirmó que ven que “el aporte de las familias ha ido disminuyendo como parte del gasto total que se invierte en educación y eso es consistente con todo lo que hemos hecho en el sentido de que las familias que no puedan pagar no deban hacerlo”.
Para Ernesto Treviño, en cambio, si las familias siguen cambiándose al sector particular subvencionado y no se restringe el financiamiento compartido, el gasto privado en educación seguirá siendo mayoritario.