Régimen de acreditación de la educación superior entra en fase aguda de crisis y urge que el Gobierno tome la iniciativa y formule un completo plan de renovación, incluyendo la modificación en profundidad de la Ley de Aseguramiento de la Calidad.
Detectó falta de marco normativo hasta potenciales conflictos de interés
Contraloría emite demoledor informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación
A días de la inédita formalización del ex presidente de la entidad encargada de acreditar a las universidades, Eugenio Díaz, el organismo fiscalizador asesta un nuevo revés a la credibilidad de la institución, criticando duramente los los procedimientos internos,la fiscalización e incluso la composición de sus miembros, y los vínculos de éstos con instituciones de educación superior.[Actualizada]
por El Mostrador. 26 de noviembre de 2012
La Contraloría General de la República dio a conocer este lunes un informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a pocas horas que la Fiscalía Oriente formalizara al ex presidente de ese organismo, Luis Eugenio Díaz, por cohecho, soborno y lavado de dinero en medio del escándalo de pagos por acreditaciones.
El documento -que consta de 50 páginas- asesta un nuevo revés a la credibilidad de la institución, criticando duramente los procedimientos internos, la fiscalización e incluso la composición de sus miembros, destacando el riesgo de posibles conflictos de interés, lo que se hace extensivo a las agencias acreditadoras debido a los vínculos de los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades y las instituciones que imparten educación, citando una serie de casos.
Para la entida dirigida por Ramiro Mendoza esto adquiere relevancia porque la CNA carece de un reglamento que regule los conflictos de interés en relación a las Agencias y sus miembros, no obstante estar dotada de potestades autorizatorias, normativas, de supervisión y sancionatorias.
Entre otros puntos se destaca que el organismo no cuenta con manuales de procedimientos internos, no realiza seguimiento de las acreditaciones realizadas. Como asimismo, efectuó “acreditaciones extendidas” en magíster y doctorados, y entregó regalos de despedida por $382 millones a los comisionados del período 2007-2010.
De igual modo, hace mención de la preocupación que manifestaron los propios miembros de la comisión “porque existen constancia que en varias ocasiones las decisiones adoptadas son conocidas por los afectados antes que se efectúe la comunicación oficial”.
Conflictos de Interés
En el documento, el organismo fiscalizador atacó el corazón del funcionamiento de la CNA, ya que advierte que “algunos de los integrantes son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación, de las cuales se puede aludir al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas; al Sector Productivo Nacional; las Asociaciones Disciplinarias o Profesionales; las Universidades Privadas; los Centros de Formación Técnica; los Institutos Profesionales; la CONICYT; y lasFederaciones de Estudiantes”.
Frente a esto, se destaca que ” las aludidas entidades, además, en la práctica son las mismas que nominan a los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, sin que exista un marco normativo que establezca limitaciones, condiciones y procedimientos sobre la materia”.
Según el informe, esto “adquiere relevancia por cuanto ello aumenta el riesgo de posibles conflictos de interés, dado que la Comisión cumple una función pública y, por ende, debe desempeñar sus labores con sujeción al principio de probidad, es decir, considerando la preeminencia del interés general por sobre el particular”. A modo de ejemplo”cabe mencionar la renuncia del Comisionado representante de las Universidades Privadas, don Eugenio Díaz, quien a través de una Empresa Consultora efectuó asesorías al proceso de re-acreditación institucional de la Universidad del Mar, durante su período como Presidente de la CNA, situación que actualmente se encuentra en proceso de investigación sumarial por parte de este Organismo Fiscalizador”.
Debilidades en la fiscalización
La Contraloría recalca que pese a que la CNA por ley es una institución fiscalizadora, “la Comisión no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones realizadas tanto por la propia CNA como por las Agencias Acreditadoras, impidiendo con ello, la continuidad del trabajo desarrollado con la Institución ya acreditada”. Lo anterior, permite eventualmente, un aumento del riesgo respecto de los niveles de avance de las observaciones determinadas en los acuerdos”.
Además “a falta del ejercicio de las potestades fiscalizadoras respecto de las acreditaciones efectuadas por las Agencias de Acreditación, impiden obtener la necesaria retroalimentación que pueda dar origen a nuevas normativas y regulaciones, a fin de aplicar criterios comunes en pro de emitir certificaciones apegadas a la norma y, por ende, cautelar
la calidad de la educación impartida por esas entidades”.
Según la Contraloría entre las debilidades en las fiscalizaciones de la CNA se encuentra la referida a publicación incompleta por parte de algunas entidades de educación relativa a los proceso de acreditación. Por ejemplo la Universidad San Sebastián y el Instituto Prodesional Diego Portales no están acreditadas, pero no lo mencionan en su portal. Incluso hay instittuciones que entregan información ‘No ajustada a la realidad’, como la Universidad de Los Lagos, que en su página web sindica como acreditadas las carreras de Pedagogía en Inglés y Traducción “situación que no es efectiva”.
Con respecto a las Agencias de Acreditación, en 2011 la CNA efectuó 34 evaluaciones a las Agencias de Acreditación “de cuyo análisis se advierte que, en general, éstas se basan, únicamente, en el cumplimiento de procesos, sin acotar temas de análisis de operaciones relacionadas con lo académico, dado que esa Entidad no ha incorporado a las supervisiones la evaluación relacionada con tales temas, así como tampoco ha considerado en su reglamento, instrumentos que permitan medir la evaluación de forma y fondo de las acreditaciones que efectúan las referidas entidades, así como, los efectos de las mismas”.
Información y Transparencia
El ente fiscalizador también advierte que “el actual organigrama de la Comisión no se condice con la información presentada a través del sitio web “Gobierno Transparente”. Por ejemplo el sitio “presenta la existencia de una Unidad de Auditoría Externa, la cual, en la práctica, no existe”. Tampoco se describen las “facultades, funciones y atribuciones de cada Unidad u Órganos Internos, por cuanto lo informado corresponde a las funciones que señala la ley respecto de los Comités Consultivos que debe crear la Comisión, y no de las Unidades o Departamentos Internos de ésta”.
Ausentismo
A su turno, se determinaron ausencias por partes de los miembros de la Comisión “a las sesiones completas, donde, en general, se sancionan como promedio tres acuerdos relacionados con la acreditación de educación superior”.
Pero independiente de la cantidad efectiva de acuerdos en los que se participe por cada sesión, “los integrantes que asisten a la sola constitución de ésta, igualmente cobran el pago de la dieta íntegra correspondiente”.
Acreditaciones extendidas
Respecto de las “acreditaciones extendidas” correspondientes a los programas de magíster y doctorados, el informe indica que la Comisión, en abril del 2009, creó una modalidad de acreditación -para los que debían renovar esta calidad- que omite el proceso de evaluación.
“Podían seguir con la calidad de acreditados siempre y cuando la institución ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación”, explicita la Contraloría.
“Este procedimiento -repara la auditoría- no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados”.
En esa línea, analizó los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles en esta materia. Al respecto, hace hincapié en que la CNA “no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones”.
Además, el informe del órgano fiscalizador detectó una ausencia de manuales de procedimientos internos, relativos a la acreditación institucional (pregrado y postgrado) “situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos”.
Harald Beyer acude al CDE
Ante las acusaciones de cohecho, soborno y lavado de dinero en el marco de la investigación que lleva a cabo la Fiscalía Oriente por pagos por acreditaciones, el ministro de Educación, Harald Beyer, anunció esta mañana que se pondrá en contacto con el Consejo de Defensa del Estado y que trabajará en un proyecto de ley que modifique el sistema de acreditación.
“Yo asumí en diciembre del año pasado y no se sabían estos antecedentes. Nosotros cooperamos con la fiscalía para la investigación. Era muy difícil que nosotros supiéramos y si hubiésemos recibido una denuncia concreta tendríamos que habérsela pasado a la justicia”, sostuvo el secretario de Estado.
El secretario de Estado resaltó que “hay dos cosas distintas, y una es la infracción de los estatutos y en esas causales está el lucro y por eso tenemos una universidad a la que le pedimos la cancelación de la personalidad jurídica. Acá además se está investigando cohecho y eso debe investigarlo la justicia”.
Agregando que “nosotros ya estábamos investigando a la Universidad del Mar y también a otras, pero lo que importa es recoger las pruebas y lo que nos corresponde a nosotros es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. La única alternativa cuando hay faltas contundentes es pedir la cancelación de la personalidad jurídica. Nunca se había fiscalizado tanto como se está haciendo en este período”.
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Formalización de ex rectores de la UPV y U. del Mar, y de presidente de la CNA
Duro golpe a la legitimidad del sistema universitario tras formalización de altos directivos
Si el 2011 fue el turno del sistema financiero con el Caso La Polar, este año le toca a la educación superior ser cuestionada a través de la Justicia, la que ha ido tomando cada vez mayor protagonismo a la hora de evaluar la legitimidad de la forma de operar de sectores claves en el país.
por Claudia Urquieta Ch., El Mostrador, 26 de noviembre de 2012
La inédita detención y formalización el pasado fin de semana del ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Eugenio Díaz, y los ex rectores de la Universidad del Mar, Héctor Zuñiga y de la Universidad Pedro De Valdivia, Ángel Maulén, quien también es dueño de la casa de estudios, se traduce como un duro golpe para la legitimidad de la educación universitaria ya que apunta al corazón mismo de los pilares del sistema, transformándose en un remezón equiparable incluso al escándalo que dejó en entredicho al sistema financiero al estallar el caso La Polar en junio de 2011.
En medio de las fuertes críticas contra el lucro y la mala calidad de la educación superior que han ido tomando fuerza en gran parte gracias al movimiento estudiantil, la formalización de los tres ex directivos por delitos reiterados de cohecho, soborno y lavado de activos, en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público por el lucro en las universidades y actos de corrupción al interior de la CNA, cae como una bomba para la credibilidad del sistema. Manchando especialmente la credibilidad de la acreditación de la educación superior.
Esto, en opinión del sociólogo Alberto Mayol, afecta “la base del sistema de gestión de calidad que estableció el modelo educativo chileno. Ataca el corazón del sistema, que tiene como base los organismos de acreditación que garantizaban la calidad”.
Por ello, asegura que el caso “No es una anécdota. Es algo que quizás parece menos potente que las movilizaciones estudiantiles o menos importante que temas relativos a grandes gastos como el Crédito con Aval del Estado (CAE), pero es un pilar del sistema educativo nacional, es la clave para mejorar la calidad a nivel universitario. Pero se quebró un pilar fundamental y es muy evidente la pérdida de legitimidad de este modelo educativo”.
El autor del libro “No al Lucro”, opina que “hace rato vienen ocurriendo señales provenientes fundamentalmente de procesos judiciales en los que se intenta dar una señal de reinstitucionalización, pero basada en la crítica a instituciones existentes fundamentalmente a nivel gubernamental. La CNA estuvo impugnada muchas veces por casos emblemáticos, como la acreditación de la Universidad de Las Américas”.
Agregando que “la creación de un sistema de acreditación se basa en una lógica de prestigio, entonces cuando se transforma en formalismo pierde su valor. Hoy el sistema de acreditación está debilitado y se asumía que era por un problema de procedimiento. Pero se ha producido una red, una trenza que da la señal de que el sistema estaba tomado por ciertos actores y hay un error institucional: que había entes privados que operaban como especialistas y entes acreditadores que transitan entre las universidades y acreditaciones y que pueden fácilmente prestar servicios garantizando la acreditación”.
En tanto, según un analista de políticas públicas sobre el tema, el efecto de esta investigación “es Alí Babá y los 40 ladrones. Y si la CNA es una cueva de ladrones el sistema está podrido completo”. En este escenario, agrega, “muchas universidades tienen acreditación sin mérito para tenerla. A la larga si tienes buenos contactos puedes acreditar universidades con pocos recursos, engañando a los alumnos y al sistema. No hay que olvidar que esto permite acceder a becas y al CAE”.
De hecho, los datos entregados por el Ministerio Público en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago apuntan a que los recursos fiscales percibidos por las casas de estudio cuestionadas gracias justamente a haber obtenido la acreditación no eran menores. En el caso de la Universidad del Mar en 2011 recibió $ 2.753 millones por concepto del CAE, mientras que este año y luego de estallado el escándalo accedió a $ 4.036 millones. Mientras que la Universidad Pedro de Valdivia recibió en el mismo período un total de $ 7.936 millones.
La misma fuente asegura que la señal de este proceso es que “el sistema de acreditación es un fraude. Los estudiantes no saben si realmente son serias las universidades o no, e implica que en este caso los estudiantes de menos recursos están siendo engañados. La CNA no es capaz de garantizarlo. Y podría haber muchos casos como la Universidad del mar donde los estudiantes quedaron botados. En suma es el completo fracaso del sistema de acreditación”.
En su opinión el caso recuerda a La Polar, “porque el efecto es la institucionalización de un engaño y el sistema lo avala. En La Polar hay gente que engañó a la ciudadanía porque los encargados de fiscalizar miraron para el techo. Hoy la Universidad del Mar y la Universidad Pedro de Valdivia engañaron a los estudiantes sobre su real nivel de la calidad. Y como tenían capturado al organismo que la certifica la gente simplemente cayó”.
Víctimas de carne y hueso
Para el abogado Mauricio Daza, querellante por delito de estafa en representación de los alumnos de la Universidad del Mar, “hasta el momento ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Educación han reconocido la calidad de víctima de los estudiantes por esta estafa. El sábado de manera inexplicable no se formalizó a los controladores de la Universidad del Mar por estafa reiterada y estafa al fisco por dineros obtenidos a través del Estado y los estudiantes mediante esta máquina ilícita de hacer dinero. Por eso esperamos que la Fiscalía formalice por estos cargos por los que existen antecedentes concretos y contundentes. Y que el Ministerio Público de protección a las víctimas y el Mineduc cumpla con su obligación legal de darles una solución académica, cosa que no ha ocurrido”.
Daza explica que las pruebas contundentes a las que hace mención apuntan al conjunto de sociedades satélites que pertenecen a los controladores de la Universidad del Mar, “que realizaban contratos ficticios por arrendamientos, asesorías y otros actos inexistentes con los que se pretende justificar el pago de dineros que se obtenían vía CAE y aranceles universitarios. De esta forma se hacía que estas platas fueran recibidas ilícitamente mediante engaños y fueran lavadas para permitir que llegaran a los bolsillos de los controladores”, lo que fue realizado por un largo período de tiempo.
Por eso, recalca el abogado, “la víctima no es solo la fe pública, como lo expresó la Fiscalía. Las víctimas son personas de carne y hueso con quienes se abusó a partir de venderles un proyecto educativo inexistente con la finalidad de sacarles mayor cantidad de dinero y distribuirlo como utilidades entre los socios”.
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Contraloría entregó lapidario informe sobre la Comisión Nacional de Acreditación
Organismo fiscalizador concluyó que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos para realizar los procesos de acreditación. En magísteres y doctorados se usaban las “acreditaciones extendidas”, ampliando por secretaría el plazo de vigencia de la certificación. Se detectaron conflictos de interés al interior de la CNA.
por: La Segunda, lunes, 26 de noviembre de 2012
El informe se conoce justo cuando el ex presidente de la CNA y dos rectores de universidades fueron formalizados por cohecho, soborno y lavado de dinero.
Un lapidario informe sobre el funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) -organismo autónomo encargado de certificar la calidad de las carreras y planteles de educación superior en el país- dio a conocer hoy la Contraloría General de República, a pocas horas que la Fiscalía Oriente formalizara al ex presidente de ese organismo, Luis Eugenio Díaz, por cohecho, soborno y lavado de dinero en medio del escándalo de pagos por acreditaciones (ver nota página 4).
La auditoría -cuyo informe final consta de 50 páginas- advierte que esa institución no cuenta con manuales de procedimientos internos, que se comprobaron “acreditaciones extendidas” en magíster y doctorados (es decir que se ampliaba mediante un procedimiento administrativo el plazo de vigencia de la acreditación de esos programas), que a los comisionados del período 2007-2010 les entregaron regalos de despedida por 382 millones, y que no hace seguimiento de las acreditaciones realizadas.
También señala que los propios miembros de la comisión mostraron su preocupación “porque existen constancia que en varias ocasiones las decisiones adoptadas son conocidas por los afectados antes que se efectúe la comunicación oficial”. Incluso, dijeron, personas externas a la comisión conocían en ocasiones la forma en que los comisionados habían votado individualmente en los procesos de acreditación.
Acreditación “extendida”
Respecto de las acreditaciones de programas de magíster y doctorados, advierte que en abril de 2009 la Comisión creó una modalidad de acreditación (para los que debían renovar esta calidad) ” que omite el proceso de evaluación “. Es decir, ellos podían seguir con la calidad de “acreditados siempre y cuando la institución ingresara la solicitud de renovación antes del vencimiento del período de acreditación. Se determinó la existencia de 31 contratos de este tipo “que se mantienen en calidad de acreditados sin que hayan sido sometidos al trámite previo de evaluación”, dice la auditoría.
Y agrega que el procedimiento -llamado “acreditación extendida”- ” no permite resguardar la calidad de los programas de educación superior, puesto que continúan como acreditados programas que en la práctica no han sido evaluados “.
Asimismo analizó los 34 contratos que hay entre la CNA y los planteles en esta materia, determinando que el organismo “no ha efectuado los mencionados procesos de evaluación a fin de conceder la calidad de institución acreditada, sin embargo, ha recibido los pagos por tales funciones “.
No hay manuales internos
La revisión comprobó que la CNA no cuenta con manuales de procedimientos internos relativos a la acreditación institucional (pregrado y postgrado) “situación que no se ajusta al principio de transparencia institucional e incrementa la exposición al riesgo, lo cual afecta su estructura de control interno, además de sus objetivos”.
Advierte que por ejemplo la Unidad de Auditoría Externa aparece en su sitio, pero “en la práctica, no existe”; que la Comisión “no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones realizadas” tanto por ellos como por las agencias acreditadoras.
También señala los conflictos interés ya que algunos de los integrantes de la CNA son representantes de las propias entidades involucradas en los procesos de acreditación (Consejo de Rectores, universidades privadas, agencias acreditadoras) y que en algunos casos los comisionados asisten únicamente a la constitución de las reuniones, desvinculándose de todos los acuerdos posteriores que se sancionan, cobrando de manera íntegra su dieta.
También señala la auditoria que existen algunas entidades que publican en sus páginas web información incompleta relativa a los distintos procesos de acreditación. Menciona al Instituto Profesional Diego Portales, la Académica Politécnica Militar, el CFT Iprocec, la U. San Sebastián, la U. La República y la Uniacc.
Conflictos de interés de agencias acreditadoras
En su informe, la Contraloría también menciona potenciales conflictos de interés porque “existen vínculos entre las agencias acreditadoras dadas por los miembros del directorio o quienes conforman dichas sociedades, y las instituciones que imparten la educación”.
Según la Contraloría, esto “adquiere importancia porque la CNA carece de un reglamento que regule los conflictos de interés en relación a las agencias y sus miembros, no obstante estar dotada de potestades”.
A modo de ejemplo, se cita a la Agencia Acreditadora de Arquitectura, Arte y Diseño, constituida por el Colegio de Arquitectos y la Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura. “Las oficinas de la referida agencia están dentro del Colegio de Arquitectos”, dice.
Menciona a la Agencia Acreditadora de Chile, cuyos socios son Oscar Garrido, dueño de la empresa Administración Universitaria, “cuyos socios son Gilbert Langdon, vicerrector de la Universidad Autónoma y miembro del directorio INCACEA, y Jaime Medina, que forma parte de la Sociedad Educacional Valle Central”. También forma esta sociedad Sergio Thiers, “vicerrector de la Universidad Autónoma, y dueño de CENET”, y Pablo Baraona, “fundador de la U. Finis Terrae, traspasada a Los Legionarios de Cristo”.
Las advertencias de las minutas financieras de la Santo Tomás, U. de Viña y Esucomex
En la auditoría se destaca el planteamiento del jefe de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, de objetar (en la forma y en el fondo) la inclusión al proceso final de las acreditaciones, una “minuta financiera” elaborada por el secretario ejecutivo de la comisión, ya que ésta no era conocida previamente por los planteles correspondientes ni realizada por un tercero especializado en la materia, lo que podría vulnerar garantías de un debido proceso.
Luego, por acuerdo interno se determinó pedir al departamento jurídico elaborar un informe que determinara los principios que debían cumplir esas minutas.
El informe, luego de advertir que el resguardo financiero de una institución es “un factor crítico a evaluar” en la gestión institucional porque “sin tales análisis podrían acreditarse instituciones que no permitan garantizar la generación o continuidad de una educación de calidad”, advierte la situación de algunos planteles:
– U. Santo Tomás : Señala que la minuta dice que “los saldos por cobrar y pagar a empresas relacionadas no están sujetos a reajustes ni intereses, situación que en la práctica correspondería a una transferencia patrimonial de dicha universidad para con sus empresas relacionadas (…) significa un lucro para éstas en desmedro de la universidad”. “Esa universidad presenta una contingencia financiera de magnitud no revelada en los estados financieros, toda vez que se ha constituido en aval y/o fiador y/o codeudor solidario como sociedad relacionada, al menos en 5 proyectos de la Sociedad Inmobiliaria Radices S.A. Esa situación, atendido los montos involucrados, ante una eventual cesación de pagos de dicha inmobiliaria significaría un impredecible daño de la posición económica y financiera de la universidad”.
– U. Viña del Mar : La minuta indica que resulta “preocupante” la alta concentración de deuda relacionada con Laureate Education Inc, ascendente a MM$3.704, monto superior a su patrimonio que totaliza MM$ 3.444.
-Esucomex : La minuta consigna que del análisis efectuado es posible afirmar que esa institución presenta un problema de liquidez, originado por el pago por adelantado de arriendos a una persona vinculada a la empresa.
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Casos de sobornos en sector universitario de Chile podrían extenderse

Telesur, Lunes 26 de Noviembre de 2012, 11:22 am
El proceso judicial investiga si algunas universidades pagaron a un funcionario público para se les diera la calificación necesaria para recibir fondos del Estado.
Los casos de sobornos en las autoridades universitarias chilenas podrían expandirse a otras casas de altos estudios, según las investigaciones del Ministerio Público. Ahora las universidades que están en la mira son la de Comunicaciones, la internacional SEK O’Higgins y el Instituto Moderno de Música.
El proceso judicial investiga si las autoridades recibieron dinero de algunas universidades para que le dieran la calificación que se necesita para recibir ayuda estatal.
El hecho denominado “caso lucro” tomó relevancia después de que este sábado fueran detenidos y luego puestos en libertad el ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) del ministerio de Educación, Luis Eugenio Díaz, y los ex rectores de las universidades del Mar y Pedro de Valdivia, Héctor Zuñiga y Angel Maulén.
A pesar de que los tres quedaron en libertad con medidas cautelares durante los seis meses de investigación, su situación es complicada ya que el fiscal del caso, Carlos Gajardo, estima que el ex directivo de la CNA recibió cerca de 620 mil dólares entre 2009-2011.
Según el fiscal, estos pagos habrían sido realizados por asesorías realizadas a centros de estudios que buscaban acreditarse para recibir los fondos del Estado.
Además trascendió que durante la investigación aparecieron correos electrónicos entre Díaz y las autoridades universitarias donde aparecen “indicios del delito de violación de secreto que, como funcionario público, habría cometido el ex presidente de la CNA”.
Una de esos correos, comprobaría que el director del organismo habría entregado antecedentes sobre el proceso de acreditación de la universidad Bernando O’Higgins a integrantes de esa institución, datos que él mismo habría calificado como “confidencial”, reveló la edición web del diario chileno La Tercera.
Esta información extendería la investigación hacia esa casa de estudios, a pesar de que todavía no se han encontrado evidencias sobre la existencia de pagos.
Por otro lado, después de este escándalo, el ministro de Educación, Harald Beyer, afirmó que el gobierno planea realizar modificaciones al sistema de acreditación de universidades.
Para Beyer hay claras evidencias de que hubo sobornos para que las universidades obtuvieran la aprobación necesaria para recibir la ayuda del Estado.
En tanto, que el presidente de la Federación de estudiantes de la Universidad Pedro de Valdivia, una de las instituciones educativas involucradas, afirmó que “el proceso judicial permitirá una investigación profunda sobre los fraudes encabezados por el fundador, ex-rector, dueño y socio de la Universidad Pedro de Valdivia, derribando el mito del lucro en la institución para esclarecer qué se hacía con los dineros de más de 10 mil 800 estudiantes, sus sueños y aspiraciones profesionales”.
De esta manera se refirió a uno de los principales reclamos del movimiento estudiantil chileno: El fin del lucro en la educación que los obliga a pedir créditos para pagar sus carreras universitarias. Iniciativa que ha movilizado masivamente a miles de estudiantes durante los últimos años.
Ante esto, el gobierno propuso mejorar la enseñanza y ampliar la cobertura preescolar mediante una reforma tributaria que aumente la recaudación de 700 a 1000 millones de dólares, un 0,3 por ciento del PBI que se sumaría al 2,17 destinado al área.
Esto es rechazado por los estudiantes, quienes exigen que se restablezca a la educación como pública y gratuita, estatus quitado por la constitución sancionada durante la última dictadura militar de Augusto Pinochet, que convirtió al Estado en un mero regulador y delegó la enseñanza al sector privado.
En la actualidad, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico(OCDE) estima que en la educación universitaria la inversión privada es del 85 por ciento y que el 70 por ciento de los estudiantes recurre a un crédito para pagar sus estudios.
Además, la OCDE considera a la educación chilena como la segunda más cara y la más desigualdad del mundo ya que el Estado solo destina dos mil 500 dólares per cápita en la enseñanza básica y media, una cifra que representa entre el 37 y 28 por ciento de lo que invierten los países de la organización en el área.
teleSUR-prensalatina-terra-latercera-bbc/bs – FC

Beyer pide al CDE ampliar querella a todos los involucrados en caso sobornos
El Consejo de Defensa del Estado ya había interpuesto una querella contra Héctor Zúñiga y Eugenio Díaz, no así contra el ex rector de la U. Pedro de Valdivia, que también fue formalizado por soborno y lavado de activos.
por: Por Felipe Vargas, Emol, lunes, 26 de noviembre de 2012
SANTIAGO.- El ministro de Educación, Harald Beyer, solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) ampliar la querella, que ya había presentado el organismo, a todos los involucrados en el caso de presunto soborno de universidades al ex presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Luis Eugenio Díaz.
En agosto pasado, luego de que quedara al descubierto el millonario contrato que firmó Eugenio Díaz para asesorar a la Universidad del Mar en conseguir su acreditación, el CDE interpuso una querella por negociación incompatible, cohecho y soborno en contra de Díaz y del ex rector del plantel, Héctor Zúñiga.
Este lunes, luego de que la Fiscalía detuviera y formalizara a ambos funcionarios, además del ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Ángel Maulén, por el mismo delito, el ministro Beyer acudió hasta el CDE para solicitarle que ampliara la querella en contra de los otros actores que resulten responsables.
“Ya sabemos que hay otras personas involucradas y, por lo tanto, le pedimos que ampliara la querella y nos manifesto que no habia ningun problema”, explicó Beyer.
También le pidió al CDE que solicitara a la Fiscalía algunos antecedentes del caso, para que le informe al ministerio. “Hay una serie de antecedentes que maneja la Fiscalía a la que nosotros no tenemos acceso y que podrían ser muy útiles para el trabajo del Ministerio de Educación”, explicó.
La Fiscalía también indaga otros pagos recibidos por Eugenio Díaz de las universidades Uniacc, Andrés Bello, Bernardo O’Higgins y Sek.
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Ex funcionario de CNA acusa al gobierno por la presencia de Eugenio Díaz en el organismo
Según Patricio Basso, ex secretario ejecutivo, una vez que asumió la actual administración, el Ejecutivo tenía un plazo de 30 días para nombrar a un nuevo presidente de la Comisión, hecho que no se concretó y se dejó a Díaz.
por La Tercera – 25/11/2012 – 23:21
El ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Patricio Basso, acusó al gobierno de ser el responsable de mantener en el organismo a Luis Eugenio Díaz, en el marco de la investigación en lucro de las universidades y presuntos actos de corrupción.
En entrevista con CNN Chile, Basso, -quien fue removido de su cargo en agosto pasado-, explicó que el Presidente Sebastián Piñera “tenía 30 días para nombrar un nuevo presidente de la CNA. El antiguo presidente renunció en marzo, cuando se asumió el nuevo gobierno (2010) y recién en febrero de 2011, se nombró a Díaz. O sea, fue 1 año en que estuvo Eugenio Díaz por irresponsabilidad del señor Piñera, que no lo cambió”.
Añadió que “la responsabilidad del gobierno de que no haya hecho algo por la presencia de Eugenio Díaz, es completamente de ellos”.
Al ser consultado en que esta responsablidad es por negligencia o una intencionalidad detrás de esta demora, el ex funcionario de la CNA dijo que aquí “había una estrecha relacion entre Juan José Ugarte, (jefe de la División de Educación Superior del Mineduc) y el señor Díaz, tal es así que cuando asume el nuevo presidente, el profesor Íñigo Díaz, quien propuso que fuera vicepresidente el señor Eugenio Díaz, fue Juan José Ugarte”.
Además, Basso apuntó a Ugarte y a Díaz a oponerse a que hiciera investigación del estado financiero en las universidades.
DESCONOCIMIENTO DE BEYER EN LUCRO
Al preguntarsele sobre las denuncias de lucro en las universidades Uniacc y Santo Tomás, las que fueron expuestas en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados en agosto pasado, Patricio Basso inculpó al ministro de Educación, Harald Beyer, de ocultar los oficios en que se dio a conocer las irregularidades en las casas de estudio mencionadas.
“El ministro Beyer dijo varias veces que no tenía prueba ninguna y nadie le ha hecho ninguna denuncia, lo cual era falso. Porque las denuncias estaban en su escritorio”, subrayó.
“Por lo tanto, es una jugarreta política del ministro. Beyer no quiso leer los oficios hasta el 6 de agosto, cuando en la Cámara de Diputados, invitado por la Comisión de Educación, yo me vi en la obligación -por sanidad mental- de decirle que fue una operación política de no reconocerlo. Y posteriormente Beyer dijo que no había lucro en la Universidad Santo Tomás. Yo no sé cuáles son sus asesores”, añadió Basso.