¿Puede la educación superior compensar las desigualdades de la familia, el colegio y la sociedad?
Agosto 16, 2012

cpce08012.jpg Apuntes para mi intervención en el Seminario “Alternativas Equitativas para la Admisión Universitaria: Experiencias Exitosas de EEUU y Chile”, organizado por el Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales con la participación de Stella Flores, profesora asistente de la Universidad de Vanderbilt, EE.UU., quien dictó una charla sobre políticas de admisión universitaria y su impacto en el acceso a la educación superior en Texas.
Santiago, 16 de agosto de 2012-08-16
1. Lo interesante de la visión de la profesora Stella Flores es su enfoque de las causas de la inequidad en el acceso y la conclusión de estudios superiores. ESTAS CAUSAS NO SON EXCLUSIVAMENTE, NI SIQUIERA PRINCIPLMENTE, BARRERAS ECONÓMICO-FINANCIERAS EN EL PUNTO DE ENTRADA como suele sostenerse en Chile sino un CONJUNTO DE FACTORES QUE INCIDEN EN LA TRAYECTORIA COMPLETA de vida de los jóvenes desde el momento en que nacen.
2. Las barreras económico-financieras se pueden remover directamente mediante créditos y becas bien diseñados, reduciendo el costo de estudiar hasta llevarlo a cero si el Estado la financia íntegramente y subsidia además otros gastos concurrentes, como muestran los casos de Argentina y Uruguay por ejemplo.
3. El desafío mayor, entonces, es cómo remover las barreras socio-académicas, culturales y simbólicas de largo aliento que existen a la entrada (y durante) los estudios superiores para alumnos de familias de escaso capital económico, social y cultural, escasez que determina trayectorias escolares también deficitarias.
4. Un buen indicador de este tipo de barreras ofrecen los resultados de PISA a los 15 años para adolescentes de diferentes grupos (cuartiles) medidos por el Índice de Status ES y Cultural de la Prueba. Puede ser que no refleja todo el drama de las barreras intangibles de entrada pero muestra sus bases socio-familiares y su persistencia a lo largo de la vida.
5. En el punto de entrada, por lo mismo, las pruebas estandarizadas de selección, o cualquiera otra que se emplee –como SAT, nuestra anterior PAA o actual PSU–, NO PUEDEN SINO REFLEJAR ESAS DIFERENCIAS DE ORIGEN SOCIO-FAMILIAR. A su vez, estas diferencias tendrán un significado muy distinto si el joven postula a una institución altamente selectiva, de selectividad media, bajo o con ninguna selectividad.
6. Es importante discutir “correctivos” y, en general, adoptar políticas de discriminación positiva –desde uso del ranking, bonificación de las notas de enseñanza media, selección automática de alumnos del top 5% o 10% de colegios subvencionados, cursos propedéuticos, oferta eficaz de preuniversitarios , etc. — pero debe mantenerse presenta que estos correctivos no pueden compensar las desigualdades de la sociedad a nivel de familias y primeras experiencias de socialización en el hogar y luego de trayectorias escolares.
7. De allí, asimismo, que se deban cuestionar políticas públicas que a la hora de buscar la equidad en la educación superior se centran nada más que en el punto de entrada, dejando de lado el camino y características de las trayectorias previas. Esas políticas terminan discutiendo nada más que sobre créditos, becas y gratuidad, suponiendo –equivocadamente, ¡por cierto!– que mediante tales ayudas, apoyos o traslados de costos se podrá instaurar el reino de la igualdad en la educación superior.
8. Hay que discutir camino abajo del punto de entrada, es decir, todo lo que está “antes de” y que debe ser objeto de políticas de intervención, y camino arriba, es decir “después de” cruzado el umbral de entrada y ya dentro de la universidad por tanto, de modo de reducir las tasas de abandono temprano, la frustración académica de los jóvenes, y el desperdicio de talento y de recursos para las familias y la sociedad.
9. Más preocupante todavía, incluso, es que algunas de aquellas políticas focalizadas en los aspectos de financiamiento del acceso al final pueden resultar contradictorias con el objetivo que buscan y proclaman, como por ejemplo la gratuidad universal, que en Chile significaría subsidiar con dineros del Estado a cerca de un tercio de jóvenes provenientes del quintil de mayores ingresos (alrededor de 300.000) a un costo (conservadoramente estimado) de alrededor de 6 mil dólares por estudiante por año (costo promedio del arancel anual en 2011), lo que arroja un subsidio a los hijos de las familias de mayores ingresos (que gozan además de todas las otras ventajas asociadas) de USD 1.800 millones, suma que –y no creo que haya discusión sobre esto– podrían ser utilizados con mucho mayor impacto de equidad (y racionalidad económica, según muestran los estudios de Heckman y colaboradores) si fuesen invertidos en la primera infancia y la enseñanza básica.1
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1. Con base en cifras elaboradas por el Banco Mundial con datos de la encuesta CASEN-2009. Muestran que en ese año un 33% de los estudiantes de la educación superior (289.109) pertenecían al Quintil 5, entre los cuales un 83% se hallaba inscrito en universidades del CRUCH y privadas sin subsidio estatal directo.

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