29 académicos rechazan crédito tributario en educación
Jorge Manzi, de la UC; Patricio Meller, de la U. de Chile, y Gregory Elacqua, de la UDP, entre otros, califican proyecto como “regresivo”.
por Paulina Salazar, La Tercera, 11 de agosto de 2012
El martes 28 de agosto los senadores tendrán la misión de votar a favor o en contra de la reforma tributaria impulsada por el gobierno, que contiene la posibilidad de que las personas con sueldos entre $ 560 mil y $ 1,5 millón puedan descontar del pago de impuestos los gastos en educación (matrícula y mensualidad).
Una medida que ha sido blanco de críticas en los últimos días. Tanto así, que 29 expertos en educación firmaron un documento que rechaza la normativa por ser “regresiva, segregadora y por reforzar la educación privada no gratuita”. El documento fue suscrito, entre otros, por Jorge Manzi (PUC), Andrea Repetto (UAI), José Joaquín Brunner y Gregory Elacqua (UDP), Patricio Meller, Alejandra Mizala y Dante Contreras (U. de Chile).
Para el economista del Centro de Investigación Avanzada en Educación, CIAE, Juan Pablo Valenzuela, uno de los firmantes, la propuesta “es regresiva, porque la mayoría de la clase media no se ve beneficiada, quienes sí lo son los de grupos medios altos. Es completamente absurdo lo que estamos haciendo con la plata de todos los chilenos. Se la estamos entregando a un grupo pequeño de familias que tiene los mayores ingresos”.
Según los académicos, la rebaja de impuesto es un “grave error”, pues sólo favorece a las familias que se encuentran entre el 5% y 19% de los más altos ingresos y que envían a sus hijos a establecimientos privados subvencionados. Señalan que el 81% de los contribuyentes del país recibe un sueldo mensual menor a los $ 560 mil, por lo que no cancelan impuesto. Ellos no se verán beneficiados.
“El foco debiera estar en fortalecer la educación pública y generar condiciones más equitativas para los alumnos. El incentivo tributario es una señal equívoca, porque no asegura la educación pública gratuita. Con el crédito se genera una discriminación, porque quienes no tienen dinero no pueden aspirar a matricular a sus hijos en esos colegios”, dice el director de Mide UC y uno de los creadores de la PSU, Jorge Manzi.
Según los 29 académicos, el financiamiento compartido limita las posibilidades de elección de las familias por capacidad de pago, por lo que lo que debiese tender a reducirse y no a potenciarse, como sucede con la propuesta. “El desafío del país debiese tener un sistema cada vez más inclusivo, donde las familias puedan escoger colegio, pero independiente del nivel socioeconómico. Toda la evidencia mundial indica que necesitamos sistemas más integrados, pues los padres podrían elegir escuelas independientes de la capacidad de pago y los colegios se esforzarían por entregar una mejor oferta académica”, dice Valenzuela.
Los expertos llaman a los senadores a rechazar la medida y al gobierno a proponer políticas que avancen “en hacer más justa e integrada la educación”.

Beneficio tributario para gastos en educación: un error a tiempo de evitar.
Chile tiene un enorme desafío para mejorar la calidad y la equidad de la educación, y existe un amplio acuerdo en que para lograrlo es necesario redoblar los esfuerzos que se han estado haciendo. Contar con una profesión docente de alta calidad, fortalecer la educación pública, y hacer del sistema educacional un espacio socialmente más integrado, son objetivos que generan un amplio consenso en el país.
También es ampliamente aceptado que para avanzar decididamente en estos propósitos se requiere invertir mayores recursos públicos en educación. En este contexto, incrementar los recursos financieros permanentes destinados a la educación por medio de una reforma tributaria, como ha propuesto el Gobierno, es una estrategia que compartimos plenamente. Sin embargo, en la propuesta de reforma tributaria que está en discusión en el Congreso Nacional, se permite que los contribuyentes con ingresos declarados de hasta $1,5 millones mensuales promedio puedan descontar de los impuestos que deben cancelar al estado cada año un gasto en educación (matrícula y mensualidad) de hasta $200.000 anuales por hijo. Esta “rebaja de impuestos” favorecerá especialmente a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas subvencionadas no gratuitas, es decir, con financiamiento compartido. Por diferentes razones, estimamos que esto constituye un grave error.
Primero, porque tiene un carácter socialmente regresivo, al beneficiar a los contribuyentes que se encuentran entre el 5%-19% de más altos ingresos personales declarados. En efecto, el 81% de los contribuyentes no pagan impuesto alguno, pues sus ingresos mensuales promedio están por debajo de los $560.000. Según estimaciones del Ministerio de Hacienda, se trata de un aporte de recursos tributarios (es decir, de todos los chilenos) por más de 100 millones de dólares anuales, destinados a las familias de ingresos medio-alto del país. Nótese que el total de recursos adicionales provenientes de esta reforma tributaria para el conjunto del sistema pre-escolar, escolar y de educación superior será de 700 millones de dólares anuales a partir del año 2014.
Segundo, porque en lugar de fortalecer el financiamiento compartido éste debería tender a reducirse o eliminarse. El financiamiento compartido agrava la alta segregación social de la educación chilena, limita las posibilidades de elección de las familias (asociándolas a su capacidad de pago), y refuerza el carácter selectivo y excluyente de las comunidades escolares. A cambio, no ha demostrado tener efectos positivos relevantes en el mejoramiento de la calidad ni la equidad educativa, objetivos prioritarios de la política educacional.
Tercero, porque en la práctica significa un reforzamiento de la educación privada no gratuita, cuando el mecanismo fundamental por el cual el derecho a la educación obligatoria se ha podido expandir en el mundo ha sido mediante la educación gratuita, consagrada ampliamente en la legislación y las políticas.
En definitiva, se trata de una iniciativa que no va en la dirección correcta. Afortunadamente, estamos a tiempo de evitar este error. Por ello, llamamos a los honorables miembros del Congreso Nacional a no aprobar este crédito tributario, y al Gobierno, a proponer en cambio políticas que inequívocamente avancen en hacer mejor, más justa y más integrada nuestra educación. Es lo que Chile necesita.
Esta declaración está firmada por los siguientes académicos vinculados a la investigación en educación:
Alejandra Mizala, Andrea Repetto, Cristián Cox, Juan Eduardo García-Huidobro, Patricio Felmer, José Joaquín Brunner, Dante Contreras, Jorge Manzi, Gregory Elacqua, Patricio Meller, Mario Waissbluth, Ernesto San Martín, Fernando Atria, Verónica Cabezas, Cristián Bellei, Beatrice Avalos, Ernesto Treviño, Manuel Antonio Garretón, Juan Pablo Valenzuela, Gonzalo Muñoz, Alejandro Carrasco, Claudia Sanhueza, Carolina Flores, Xavier Vanni, Soledad Concha, Leonor Varas, Patricia Medrano, Enrique Fernández y Elisabeth Simbuerguer.