Continúan las tomas de posición y argumentos frente al tópico del lucro.
Lemaitre: “Con o sin superintendencia, el lucro en las Ues va a seguir existiendo”
La presidenta de la Red Internacional para el Aseguramiento de la Calidad de Educación, agregó que “para una parte importante del gobierno el lucro en la educación superior no es un problema”.
por:  La Segunda lunes, 30 de julio de 2012
http://www.lasegunda.com/Noticias/Nacional/2012/07/768209/lemaitre-con-o-sin-superintendencia-el-lucro-en-las-ues-va-a-seguir-existiendo
“Con o sin Superintendencia de Educación Superior, el lucro en las universidades va a seguir existiendo, porque la ley chilena lo permite”.
Así lo aseguró la directora ejecutiva del Centro Interuniversitario de Desarrollo (Cinda) y presidenta de la Red Internacional para el Aseguramiento de la Calidad de Educación, María José Lemaitre, quien mañana encabezará un seminario donde se lanzará el informe 2012 sobre los procesos de calidad universitaria en siete países de Iberoamérica (incluido Chile).
“Hay una serie de prácticas que terminan siendo maneras legales pero ilegítimas de obtener retornos a la inversión: por ejemplo, las empresas relacionadas. Como no hay normas que lo regule, las universidades lo usan frecuentemente. Y claro, dicen que sólo cobran precios de mercado; ¿pero cuál puede ser el precio de mercado de un edificio destinado sólo a docencia? Las universidades no son tontas y tienen equipos de abogados que definen dónde y cómo se pueden mover en esto”, dice.
La socióloga -quien hasta el 2006 presidió la Comisión de Acreditación de Pregrado- recuerda que “una vez un rector de una universidad que hoy no existe me reclamó porque, estando en la Comisión, le advertí que su plantel no podía tener fines de lucro. Me dijo: ‘¡P ero si tengo dinero y esto es una inversión más !’. En la práctica lo hacen y los rectores conocen esas estrategias. Por eso es que la solución a esto no va por la superintendencia, sino por cambiar la ley”.
Y agrega: -Lo complejo es que para una parte importante del gobierno el lucro en la educación superior no es un problema y usan el argumento insólito de que el lucro es recibir la justa remuneración por el trabajo. Eso no es así, creo que el lucro es peligroso para la educación superior y debe ser controlado. Una vez vi un contrato de arriendo en que el rector era el firmante por la universidad y por la empresa, a mi juicio eso no puede ser.
“Razonablemente bueno”
Pese a ello, señala que “no debemos demonizar el sistema de educación superior chileno, porque, aun con las imperfecciones que tiene, es razonablemente bueno. El estudio muestra con claridad que cuando hay procesos de aseguramiento, hay impactos positivos”.
Sin embargo, dijo que “en todos los países hay preocupación por el aumento de la burocracia en el sistema y porque hay menos espacio para la reflexión en profundidad de los temas sustantivos sobre calidad. Está latente el peligro de que se comience a usar el aseguramiento de la calidad como mecanismo regulatorio y de sanción, más que de apoyo a la calidad”.
Por ello, dijo, “como país debemos discutir qué sistema queremos y hasta dónde estamos dispuestos a llegar, porque hay una especie de aislamiento (desde Chile) en que no se mira qué pasa en el resto del mundo en esta materia y hay muchas buenas prácticas que acá no se conocen”.
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El lucro, la izquierda y el cantinfleo del bacheletismo
VÍCTOR ORELLANA Y GIORGIO , Fundación Nodo XXI, El Mostrador, 2 de agosto de 2012
http://www.elmostrador.cl/opinion/2012/08/02/el-lucro-la-izquierda-y-el-cantinfleo-del-bacheletismo/
Mucho humo ha levantado el escándalo de la Universidad del Mar y el reciente rechazo parlamentario al informe emanado de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Resulta lógico que los defensores del mercado hayan criticado el contenido del informe y defendido la legitimidad del lucro en las universidades. Lo que pareciera sorprender es que desde la Concertación, conglomerado que en un primer momento rasgó vestiduras apoyando las demandas de los estudiantes, ahora veamos a importantes figuras como Pilar Armanet, ex vocera del gobierno de Bachelet; y Mariana Aylwin, ex ministra de educación de Lagos, unirse a los defensores del mercado. Todo esto al mismo tiempo que la “operación Bachelet” —las calculadas apariciones de la ex Presidenta y su efecto “unitario” en las filas de la oposición, etc— intenta proyectarla como la solución política al malestar social instalado, entre otras cosas, a causa del lucro en la educación.
El problema del lucro pone en aprietos a la “operación Bachelet”. Y no se reduce a que algunos parlamentarios “se ausenten” en una votación clave. Distintas figuras, Agustín Squella y Ernesto Ottone entre otros, han salido en defensa de la ex Presidenta ensayando un argumento político distinto de su habitual apuesta por evitar las definiciones políticas complicadas y fortalecer la “empatía” con la gente, a modo de posicionarla como la verdadera intérprete del malestar social. Se ha señalado que el suyo fue un buen gobierno, y que su gestión fue depositaria de los valores de la centro-izquierda.
El problema de este argumento es que debe convivir tanto con los distintos personeros de su gobierno, como con los anteriores de la propia Concertación que aún defienden la legitimidad del lucro en las universidades y en educación en general. ¿Es compatible esto con los valores de la centro-izquierda? Es el zapato chino en que está el bacheletismo, la razón por la cual los parlamentarios “se ausentan” en la votación del informe del lucro. Sobre esto queremos comentar algunas cosas.
Tanto con las universidades como con los niños no se permite ni moral ni jurídicamente el lucro. Los argumentos en cada caso varían, pero el punto es el mismo. En educación, tiene que ver con que los bienes mercantilizados jerarquizan distintos espacios según la capacidad de compra. El mercado segmenta, no puede ser de otro modo. A la vez, los recursos generados por la educación, en caso de existir lucro, no se reinvierten en educación. Es decir, hay una merma en la calidad. Esto se traduce en educación tipo A, B, C, y D, según capacidad de pago, de las cuales, además, surgen utilidades que no se reinvierten en educación.
Actualmente, en la mayoría de los países desarrollados se considera a la educación un derecho social universal, y por tanto, se niega su mercantilización. Es el espacio donde la sociedad entrega las herramientas básicas para desenvolverse en la vida. Donde se nos enseña a ser personas y ciudadanos. Por lo mismo, debe ser un espacio donde sus participantes sean considerados como iguales, no segregados según capacidad de pago (como ocurre en todo mercado). Esto no significa que todas las instituciones deban ser estatales, ni que no pueda haber variedad de ofertas educativas; esas son otras discusiones. Sostener que no es tan dramático que exista lucro en educación, implica anular su carácter de derecho, considerarla justamente un “bien de consumo” como señaló el presidente Piñera, y por tanto, posicionarse implícita o explícitamente a favor del mercado.
Confunde el hecho de que el lucro en educación sea defendido por sectores de la Concertación. El argumento conservador acá se viste de “progresista”. Se dice que sólo hace falta fiscalizar al mercado, y que esto es parte de la identidad de la centro-izquierda (como lo ha planteado J.J. Brunner recientemente). El problema es que la noción de derecho no implica “fiscalizar” al mercado, sino construir un espacio por fuera de este. En esta discusión, negarlo es simplemente una estratagema para vestir con traje progresista las mismas ideas conservadoras de la derecha.
Difícil encrucijada para el bacheletismo. O asume una identidad de centro-izquierda, y se polariza contra el lucro y el mercado en defensa de la educación como derecho social universal, o se sigue apostando a la evasión de la política, a la “empatía”, a la sonrisa, al carisma, para así esconder su connivencia con ideas de derecha. Hasta ahora, ni lo uno ni lo otro: sino todo lo contrario. Estrategias comunicacionales para esconder lo que realmente se hace: política de derecha.

A propósito del lucro en el sistema escolar
Aylwin, Mariana, La Segunda, Martes 17 de Julio de 2012
http://blogs.lasegunda.com/redaccion/2012/07/17/a-proposito-del-lucro-en-el-si.asp
El fin del lucro es una de las consignas más populares en el debate sobre la educación. La imagen del sostenedor que anda en una camioneta 4×4 mientras su colegio se llueve por todos lados y tiene pésimos resultados, es simple y efectiva para apelar a la emoción y al enojo. ¿Alguien podría defender que un privado use fondos públicos para su beneficio personal, incumpliendo el compromiso para el cual los recibe? ¿Alguien podría contradecir que la educación es un derecho y no un negocio?
El problema es que detrás de este principio compartido hay conclusiones muy diferentes respecto de las políticas a seguir. Para unos, el lucro es el argumento ético para que los recursos públicos se concentren en la educación pública, terminando con el aporte del Estado a la educación privada y “mercantil”. Paradójicamente, aunque los padres prefieren la educación privada para sus hijos, ésta no ha logrado legitimarse en la sociedad como una educación que persigue una finalidad pública, y la crisis de la educación municipal ha traído consigo una deslegitimación de la educación privada.
Para otros, el lucro representa las situaciones de abusos que se cometen y que atentan contra el derecho a una educación de calidad. De hecho, una encuesta reciente muestra que la opinión pública entiende por lucro la ganancia abusiva (CDC, marzo 2012), diferenciándola de una ganancia justa, que es aceptada mayoritariamente como algo legítimo (60%).
Cabe señalar que, en el caso del sistema escolar, no estamos en presencia de un gran “negocio” educativo. Digamos que no hay nada comparado a las cadenas de farmacias ni a lo que ha pasado con las universidades, no obstante que éstas son formalmente instituciones sin fines de lucro. El común de los sostenedores privados no tiene una 4×4. La mayoría gestiona un solo colegio, muchas veces con pocos alumnos; son empresas pequeñas de profesores o familias. El lucro, en la práctica, es el sueldo para la subsistencia y la recuperación de las inversiones. Los más, están pagando deudas. En Chile, un tercio de la matrícula escolar (1 millón) y de los colegios (alrededor de 3 mil) son instituciones privadas con fines de lucro. Un porcentaje importante de ellos atiende a sectores vulnerables, y muchos (30%) no cobran financiamiento compartido; es decir, son gratuitos.
En este contexto, el legislador debe decidir entre enfrentar las situaciones abusivas o —definitivamente— avanzar hacia la restricción del financiamiento público a la educación con fines lucro. Si el objetivo es garantizar el buen uso de los recursos públicos en la educación —y que los sostenedores inescrupulosos no tengan cabida en el sistema— la actual Ley General de Educación entrega las atribuciones para hacerlo y crea nuevas instituciones con este fin: la Superintendencia y la Agencia de Calidad. Hoy es posible cerrar colegios, cosa que con la LOCE era prácticamente imposible. Sería cuestión de dar la oportunidad a que empiecen a operar.
No obstante, el Senado discute una moción parlamentaria que en su origen pretendió terminar con el financiamiento público a la educación privada con fines de lucro. Una indicación sustitutiva ha echado pie atrás. Con todo, el espíritu que anima al proyecto es la desconfianza en el sector privado, estableciendo regulaciones que, en la práctica, desincentivarán su participación. Es decir, se queda a medio camino entre la opción de impedir los abusos y la de restringir la provisión privada con subvención estatal.
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“Este proyecto de ley no garantiza el fin del lucro en educación”
El Matutino, 2 de agosto de 2013
http://www.elmartutino.cl/node/12096
Así lo afirmó Aldo Valle, presidente del Consorcio de Universidades del Estado de Chile, rector de la UV, al exponer en la Comisión de Educación del Senado, en la discusión sobre el Proyecto de Ley de Financiamiento de la Educación Superior.
Una crítica al Proyecto de Ley de Financiamiento a la Educación Superior formuló el presidente del CUECh y rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, tras participar en el debate sobre el tema, este miércoles en la Comisión de Educación del Senado, a la que también asistió el ministro de Educación, Harald Beyer.
Valle valoró haber expuesto en la Comisión, indicando que “hemos podido plantear los puntos relevantes de este proyecto. Tenemos razón al identificar qué materias son evidentemente sustantivas a la hora de concebir un sistema de financiamiento de educación superior o de financiamiento estudiantil en particular”, y añadiendo que la normativa propuesta reduce las soluciones al crédito.
Aldo Valle presentó diversas objeciones al proyecto, destacando que no puede ser de cargo de las instituciones el financiamiento del arancel no cubierto por becas o créditos estatales. “En nuestra opinión —afirmó—, el estado no puede eximirse de su responsabilidad de financiar esta brecha, especialmente en el caso de los siete primeros deciles socioeconómicos. Esta política evidentemente producirá una mayor segregación de la matrícula y de la calidad de la educación que se imparte. Esto será particularmente nocivo para las instituciones públicas de carácter regional y más alejadas de los centros de concentración urbana, como ya está ocurriendo”.
Por otro lado, respecto de la transferencia de recursos públicos a instituciones con fines de lucro, Valle indicó que “el proyecto de ley no garantiza de modo suficiente que por esta vía se evite transferir recursos públicos a entidades con fines de lucro. La ley debe establecer expresamente que a estos créditos sólo podrán acceder y ser elegibles aquellas instituciones que declaren no tener fines de lucro. En consecuencia, sería muy inconsistente que este proyecto de ley sea indiferente a que las instituciones lucren o no. De esto se sigue que el proyecto de ley requiere introducir una restricción expresa para el caso de las universidades”.
También en relación al lucro, Valle añadió que “si bien existen instituciones de educación superior a las que la legislación autoriza el fin de lucro, como los centros de formación técnica y los institutos profesionales, no parece recomendable que un sistema de financiamiento con recursos públicos promueva de manera expedita la transferencia de éstos a instituciones que lucran con el servicio educacional. El hecho de exigir como requisito una acreditación de tres años no es una restricción para el fin de lucro. En los hechos, en esta ley no hay ninguna restricción para que las instituciones no lucren con recursos públicos”.
Por su parte, Marjorie Cuello, secretaria general de la FEUV, indicó que si bien en la sesión de la comisión se visualiza una preocupación común por la educación pública, el fortalecimiento de ésta no se debe hacer a través del aumento de créditos, como plantea la ley, sino abordando temas más profundos, entendiendo el sentido de lo que debe ser una educación superior para el país.
“Encontramos un punto común dentro de las intervenciones de los distintos actores, principalmente en que hoy día se necesita un proyecto de ley que establezca que el Estado tenga un compromiso con el fortalecimiento de la educación pública y el apoyo a las universidades del Estado. La diferencia que tenemos es que este fortalecimiento no puede seguir haciéndose a través de más créditos y becas”, sostuvo.
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Tribuna
Jueves 02 de Agosto de 2012
El lucro en el sistema universitario
Carlos Williamson B., Profesor Titular Universidad Católica de Chile, El Mercurio, 2 de agosto de 2012
http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2012/08/02/el-lucro-en-el-sistema-univers.asp
El lucro en la actividad universitaria se define como un excedente o renta que se extrae de los resultados económicos con el fin de pagar al dueño del capital. Si no hay fin de lucro es porque no hay dueño a quien reportar o diríamos que la universidad es la dueña de la renta. En cambio, si se lucra el excedente, se distribuye a un tercero.
Es bueno que se sepa que no hay evidencia dura sobre los efectos del lucro y, en consecuencia, es discutible sostener a priori que el lucro en la educación sea dañino per se. Se dice que afecta la calidad; sin embargo, no hay nada concluyente sobre el valor agregado que entregan las universidades con y sin fines de lucro en Chile para decir con seriedad que sea una práctica nociva. Incluso, en cuanto a competencias y habilidades laborales, hay sospechas de que la mala calidad no se asocia necesariamente al lucro, como lo insinúa un reciente estudio del CEP, que demuestra que en varias carreras el retorno laboral es bajo e incluso negativo, pero que ello ocurre tanto en universidades públicas como en privadas con y sin fines de lucro.
Asimismo, se dice que las universidades que lucran tienden a subir más los aranceles. Tampoco es efectivo. El reciente estudio de la Comisión de Financiamiento señala que en el período 1997-2011, el alza real en aranceles de las universidades privadas con sociedades de inversión, digamos con fines de lucro, fue la mitad del alza en el resto de las privadas.
La experiencia sobre el aporte de las universidades privadas y la necesidad de contar con mayor transparencia sugieren que el mejor escenario para Chile sería despojarse del estigma del “turpe lucrum” o lucro moralmente reprochable, admitirlo y normar que las universidades que eligen ser sin fines de lucro no pudieran formar sociedades comerciales. Por cierto, con un buen sistema de aseguramiento de la calidad y adecuada fiscalización.
Pero la realidad es otra y, al menos en Chile, la ley prohíbe el lucro. Esto significa que para honrar el espíritu de la ley no debiera ser posible retirar los excedentes que quedan luego de financiar “todos” los costos de oportunidad del proyecto educativo. Y aquí entramos a un terreno pantanoso. Es obvio que aquellas universidades que forman sociedades comerciales de inversión, que arriendan inmuebles y venden servicios, lo hacen con una finalidad concreta: tener un negocio paralelo. ¿Censurable? Depende. Si el pago es a valor de mercado, la utilidad neta de la universidad sería la misma con o sin sociedad de inversión. En efecto, el arriendo del edificio o la compra de otros insumos son costos operativos reales. Pero si se paga un sobreprecio, sí sería objetable al haber lucro encubierto no admisible en el marco legal vigente.
Así, bajo el actual régimen hay dos opciones para abordar el tema. Una, sin duda compleja, es prohibir a futuro los nuevos contratos con relacionados. Y para los actuales, diseñar una transición de venta normada de los inmuebles a las fundaciones o corporaciones universitarias de origen. La venta tiene que ser por fuerza solo a la universidad de origen y al costo de la inversión, porque de otro modo se presta a que los controladores liciten al mejor postor para subir el precio hasta el nivel monopólico que terminaría pagando la universidad instalada, que no puede arriesgarse a perder el inmueble donde estudian sus alumnos.
La otra alternativa es de la que se hace cargo el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior. Se señala que las universidades pueden celebrar contratos con entidades relacionadas, solo a condición de que sea a valores comparables de mercado y se establecen resguardos como la presencia de directores independientes en las juntas directivas para cautelar el cumplimiento de dicho objetivo. Pero con una prevención que no está dicha. En el caso de la infraestructura, la tasación debiera ser sobre el precio del metro cuadrado del terreno más el costo del m {+2} de construcción. El precio resultante en este contexto debiera ser menor a una estimación del valor a cobrar por un inmueble ya construido y que goza de una posición monopólica.
En efecto, es obvio que el recinto, una vez construido, es el mejor ubicado para realizar las actividades universitarias de su arrendatario relacionado y eso se podría reflejar en una renta monopólica. En consecuencia, para evitar que se defraude la normativa, debiese ser exigible la contratación de entidades especializadas e independientes para fijar adecuadamente estos precios de transferencia.