Impedir el lucro
(Para una selección de posteos sobre este tama véase aquí).
Carlos Peña, Rector UDP, El Mercurio, 25 de julio de 2012
En el debate acerca del lucro en las universidades hay algo que brilla por su ausencia: la verdad. A pesar de que ella salta a la vista.
Es cierto -como se ha repetido una y otra vez- que la expansión de la matrícula universitaria se produjo gracias a la inversión privada.
Pero todo ello no fue filantropía, altruismo ni nada que se le parezca. Fue porque la economía política del sistema se organizó de una manera que permitía que los particulares (la mayoría de los cuales no estaban animados por lo que el Código Civil llama mera liberalidad) pudieran hacer inversiones accediendo a utilidades iguales o superiores a las que obtendrían en usos alternativos de su dinero. De esa manera -se pensó- el sistema se podría expandir con el mínimo gasto público.
¿Cómo pudo hacerse lo anterior poniendo, al mismo tiempo, en vigencia una regla que prohibía el lucro en las universidades?
De una manera muy sencilla. “Salvando las palabras de la ley pero eludiendo su sentido” (Paulo, D. 1.3.29). “Consintiendo lo que la ley no quiso que se hiciera; pero que no prohibió explícitamente se ejecutara” (Ulpiano).
Por ejemplo, un controlador de la universidad forma sociedades que celebra contratos con ella (así un mismo controlador tiene dos caras igualmente impecables, una lucrativa y otra desinteresada, una con lucro y otra sin él); un fondo de inversión realiza una operación financiera y toma el control de parte de la universidad a título de garantía (de esa forma la universidad anticipa los flujos y un interventor del fondo asegura su retorno); se organiza la universidad como corporación sin fines de lucro, pero los miembros de ella son sociedades comerciales (de esa manera al vender la sociedad comercial se vende también la universidad).
Es la infinita plasticidad del capitalismo (que llevó a Zizek a declarar que podía imaginarse que el mundo acabara; pero no que se acabara el capitalismo).
¿Es posible corregir hoy día esa situación de una forma más radical que con la mera creación de una superintendencia?
Por supuesto que sí. Ello requeriría una reforma legal en base a las siguientes reglas.
En primer lugar, sería imprescindible separar del todo la administración y control de las universidades, por una parte, de la propiedad y el control de sociedades de cualquier índole por la otra. En otras palabras, una misma persona no podría, a la vez, ser director o administrador fiduciario de una universidad y dueño o controlador de una empresa que se relaciona con ella. Allí donde esa situación existe, el involucrado debería escoger. Lo que es admisible en las sociedades anónimas (los contratos entre sociedades relacionadas) no resulta admisible entre una universidad y una sociedad anónima. La razón es obvia, tienen una índole muy distinta.
En segundo lugar, sería necesario declarar que los miembros de la corporación universitaria creada luego de 1981 deban ser, en cualquier caso, personas naturales. De esa manera se evita que los miembros de la corporación sean sociedades comerciales y que (como ocurre hoy) la venta de las acciones de esta última equivalga a la venta del control de la universidad.
En tercer lugar, es necesario declarar ilícita la cesión a título oneroso o gratuito del control de la universidad o su entrega a un tercero, incluso a título de garantía (así, la universidad no podría ceder el control ni la administración a sus acreedores, que es lo que ocurriría cuando se celebran contratos con fondos de inversión).
En cuarto lugar, sería necesario disponer que las universidades estuvieran obligadas a publicar sus estados financieros, a consolidar la totalidad de sus operaciones y a exponer sus balances auditados en sus páginas web. En otras palabras, la información que solicitó el ministro Beyer debiera ser íntegra y regularmente pública.
En fin, nada impediría disponer que en los casos en que la universidad reciba financiamiento público más allá de un cierto umbral, al menos uno de los miembros de su directorio deba ser nombrado por el Estado.
Ese conjunto de medidas sustantivas -acompañadas de un razonable plazo de transición- permitiría recuperar la legitimidad del sistema, hoy día maltrecha, sin lesionar necesariamente ni su expansión ni su financiamiento.