Informe rechazado, oportunidad perdida
El Mercurio, Semana Política, 22 de julio de 2012
http://blogs.elmercurio.com/editorial/2012/07/22/la-semana-politica-informe-rec.asp
Por razones ajenas a lo educacional, la Cámara de Diputados rechazó el informe de la comisión investigadora destinada a analizar el funcionamiento de la educación superior. Tras la pobreza del debate durante las movilizaciones estudiantiles, cabía esperar muchísimo más de la instancia parlamentaria, pero no se dieron el contenido conceptual ni el ambiente cívico para deliberar sobre aquello que apremia, a saber, un nuevo marco regulatorio para las universidades, razonable y que apunte a asegurar calidad y pertinencia de los distintos programas de educación superior. Ese nuevo estatuto de universidades debiese distinguir entre aquellas del Estado, las privadas sin fines de lucro, y aquellas en que éste sí se permite, otorgándole al sistema la transparencia que hoy requiere, pero falta. En este cuadro, las universidades con fines de lucro no debieran recibir aportes directos del Estado, pero en ningún caso se le podría negar a sus estudiantes el acceso a los mecanismos de financiamiento que el fisco subsidia.
La confusión en torno a lo anterior era -se presumía- el motor de las movilizaciones en 2011, y aquello que el Congreso debió zanjar, proponiendo lineamientos de futuro nacional y con respeto a su propia investidura, lejos del bochornoso vocerío que se observó. No probó el Legislativo ser capaz de hacerlo, pero la necesidad subsiste y cabe esperar que ahora por fin se abra ese debate.
Para eso, el informe rechazado no aporta mayormente. Lejos de sentar un sano espacio de discusión y análisis como se esperaba de su amplio mandato, sus conclusiones se limitan exclusivamente a la cuestión del lucro y a determinar la legalidad de los mecanismos que, a juicio de quienes lo suscribieron, se utilizarían para vulnerar la prohibición legal sobre esa materia. Así, se centra en deslegitimar diversas acciones ejecutadas por las universidades dándoles un carácter de ilegal que no tiene asidero, y arriba a conclusiones antojadizas, dando por establecido que determinadas instituciones estarían lucrando al margen de la ley. Se afirma el incumplimiento de ésta sin pruebas fundadas, lo que trasciende la tarea constitucional de la Cámara. Todos los diputados de oposición presentes se inclinaron por aprobar el informe, aun cuando era una opinión compartida por distintos expertos que él excedía las atribuciones de la Cámara. Eso afecta no sólo a las instituciones aludidas y al sistema en su conjunto, sino también a los jóvenes que libremente optaron por estudiar en esas universidades y a sus familias.
El sistema actual no viola la ley
Desde 1980, la posibilidad de crear instituciones de educación superior privadas permitió a miles de jóvenes acceder a oportunidades que, de no mediar esa reforma, estarían fuera de su alcance. Gracias a esa política, Chile cuenta hoy con una oferta de educación terciaria amplia, diversa y de calidad, que acoge a más de un millón de estudiantes, de los cuales sólo 27,8 por ciento asiste a universidades pertenecientes al Consejo de Rectores. El resto de la matrícula, en 2011, se distribuye en 32,8 por ciento en las universidades privadas creadas con posterioridad a 1980; 25,7 por ciento en institutos profesionales, y 13,7 por ciento en centros de formación técnica. La cobertura del sistema es incluso superior a la de muchos países desarrollados de la OCDE.
Por el modelo jurídico-económico que muchas de esas instituciones se vieron forzadas a seguir para obtener el financiamiento necesario para lograr sus objetivos, los inmuebles y otros bienes asociados a la prestación del servicio educacional no siempre son de propiedad de la universidad, sino que pertenecen directa o indirectamente a los miembros de las respectivas corporaciones. Se acusa de ilegal a esa forma de organizarse, pero la ley vigente no la prohíbe ni impone a las universidades mayores restricciones en cuanto a la forma de organizarse. Por tanto, el externalizar ciertos servicios en sociedades relacionadas se enmarca dentro de las amplias posibilidades que la legislación ofrece, y aunque a algunos les parezca poco conveniente, no puede calificarse como ilegal. La ley debe acatarse, pero la falta de regulación no es imputable a las universidades que se crearon y crecieron al alero de la normativa existente. Y deben frenarse a tiempo los intentos de diversos grupos de interés por desconocer el marco normativo, con el pretexto de que no ofrecería garantías y, por esa vía, buscan desprestigiar un sistema del que el país se ha beneficiado.
Calidad desigual, un fenómeno natural
En un sistema cuya cobertura creció tan rápido -de 240 mil a un millón 100 mil en 2012-, naturalmente no todos los programas son de calidad. Universalmente se ha reconocido la necesidad de mejorar la regulación del sistema de educación superior, y se ha avanzado en mejorar de modo significativo la información pertinente y de calidad para que los jóvenes puedan tomar mejores decisiones. Asimismo, el Gobierno está elaborando una iniciativa para renovar el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior, recurriendo a actores e investigadores nacionales y expertos internacionales, y ha enviado un proyecto de ley que crea una Superintendencia de Educación Superior que aumenta la capacidad de fiscalización del Estado y le da mucho mayor transparencia al sistema. Entre otros, este cuerpo legal crea mecanismos que permiten hacen cumplir de modo más efectivo la prohibición de lucro para las universidades. Pero regular mejor no significa condenar a toda esta educación terciaria que ha llegado a niveles inéditos para nuestro país.