Continua la discusión sobre el lucro con variados y contrapuestos argumentos, como muestra una selección de la prensa durante los últimos dos días. Previamente hemos tratado de este tema en:
— ¿De vuelta al borde del precipicio?, 23 de julio de 2012
— El Mercurio sobre la cuestión del lucrum en la educación superior, 22 de julio de 2012
— Lucrum: avatares del Informe de la Cámara de Diputados, 20 de julio de 2012
— Continua el debate sobre el turpe lucrum, o lucro moralmente reprobable, 19 de julio de 2012
— Turpe Lucrum: De las ganancias reprobables, 13 de julio de 2012
— Lucro universitario, otra vez, 29 de junio de 2012
— Lucro y Superintendencia: contrapuntos, 28 de junio de 2012
— Lucro e ideales: mil años de debates, 24 de junio de 2012
— Diversas críticas al informe “Lucro” emanada de la Comisión investigadora de la Cámara de Diputados, 23 de junio de 2012
— Sobre el informe del lucro: opiniones personales, 21 de junio de 2012
— Tras el informe de la Comisión de la Cámara de Diputados sobre el lucro en la educación universitaria, 20 de junio de 2012
— Cámara de Diputados: Informe sobre el lucro, 20 de junio de 2012
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En defensa del ministro Beyer
Roberto Meza, Periodista. Magíster en Comunicaciones y Educación PUC-Universidad Autónoma de Barcelona, El Mostrador, 24 de julio de 2012
La interesante columna de Francisco Figueroa y Carlos Ruiz, de la Fundación Nodo XXI, “Beyer y el Otro Autoritarismo” apunta a otra de las tantas contradicciones de poder que surgen en las sociedades libres: democracia vs tecnocracia, o como ellos mismos dicen “en su conducta tecnócrata (la del ministro Beyer) hay otro autoritarismo, otra contradicción con la deliberación y participación de las mayorías”. Y aclaran “con su fría estampa “apolítica”, su arrogante tono de saber incontestable —una brujería superior, al decir de Gramsci—(…) el discurso tecnocrático naturaliza opciones políticas y económicas, invisibiliza los intereses sociales que están tras ellas y sustrae tales decisiones de la política abierta. La reduce a una suerte de gestión para entendidos y con ello “desciudadaniza”, produce un ciudadano espectador, contemplativo de un saber pretendidamente superior y excluyente”.
Surge aquí, nuevamente, la hipótesis de que la causa base de la crisis educacional chilena sería el tema de la estructura de poder que sostiene el actual orden y que, para los autores, se reproduce en el subsistema universitario, avalado, esta vez, ya no en el autoritarismo del “poder de coerción o punitivo” (de las armas), sino en su forma de “poder experto”, cuya función sería —como toda tecnocracia— justificar el actual estado de cosas con un conjunto de “razones” que permitan su intangibilidad.
Inspirada la columna en el hecho que el ministro Beyer no ha respondido al informe emanado de la comisión parlamentaria sobre el lucro en la educación superior, los autores aventuran que “lo que aflora con el enojo del ministro es una contenida incomodidad tecnocrática con la democracia, con sus impertinentes procedimientos carentes de “racionalidad”, y luego nos recuerdan que “la democracia instala la voluntad popular como principio rector del orden. No avala ninguna autoridad como portadora exclusiva de la verdad (…)” o “(una) pretendida autonomía de la racionalidad instrumental (por) sobre la sociedad”.
Y si bien se podría estar de acuerdo respecto de las inconveniencias de un poder desmesurado de técnicos y especialistas en la definición del futuro social, dado el impacto que cualquier poder omnímodo tiene sobre las libertades, la idea subyacente de que emergería la “verdad” desde la voluntad popular —como principio rector del orden democrático—, por el simple hecho de ser coyunturalmente mayoritaria, es tan peligrosa como la de la exageración del poder experto en la toma de decisiones que Figueroa y Ruiz critican no sin razón.
Hace un par de siglos, Alexis de Tocqueville en su obra “Democracia en América” ya nos alertaba sobre el peligro de la “dictadura de las mayorías”, del despotismo “suave”, popular, de la subordinación de los más capaces a los prejuicios de los ignorantes, con la consecuente ausencia de libertad intelectual. Galileo Galilei fue una víctima de aquello. Tal lógica volteriana de la “verdad” como fenómeno de mayorías conduce inevitablemente al totalitarismo.
Y es que los caminos de la técnica —más que de los de la ciencia— suelen responder a previas decisiones políticas y sociales y su aporte práctico está enmarcado habitualmente por la ontología y/o la ética de las relaciones sociales que se establecen en un determinado orden nacional. La pura “razón” —sin fundamento moral— pueden llevar a la locura y para demostrar aquello, baste revisar la historia política del siglo XX (y parte de la del XXI) y constatar el sufrimiento de millones de seres humanos desplazados y esclavizados por la “razón de Estado”.
Apuntar, pues, al tema del poder (experto, de coerción o de recompensa) como clave de la polémica para una mejor educación en Chile, no resuelve el problema, sino sólo el medio que posibilitaría eventuales nuevas soluciones, pero que, iterativamente, tendrían que ser evaluadas y desarrolladas con imaginación y creatividad por otros especialistas y técnicos que maximizaran recursos escasos destinados al objetivo educacional propuesto políticamente por la sociedad. La enorme expansión del conocimiento, la ciencia y la técnica, es lo que explica hoy las diferencias de poder entre los diversos Estados y naciones y es esta característica lo que otorga a la educación el evidente valor político que ha alcanzado.
Pero la democracia, ese imperfecto modo que hemos elegido para gobernarnos, más que un modelo de toma de decisiones adoptadas por mayorías —que también lo es—, constituye la más útil formulación humana de un orden social que, con división de poderes, rige las relaciones entre las personas con el propósito de evitar la violencia propia del enfrentamiento de voluntades, consagrando en su esencia un sistema de resolución pacífica de controversias, las que, por lo demás, son consustanciales a una sociedad de hombres libres y con intereses diversos. Pero para que ello ocurra, es indispensable que la democracia valore y cuide la tolerancia con los diversos modos de vida que, dentro de la ley, puedan cultivar libremente otros, circunstancialmente minoritarios.
Las actuales autoridades fueron mandatadas por una mayoría ciudadana para dirigir nuestra democracia por un lapso de cuatro años, con un programa con vocación de libertades, de Estado subsidiario y de Derecho y, por lo tanto, plural y tolerante. Sus técnicos y especialistas, por consiguiente, actúan en consonancia con esos principios. Nada hay de saber brujo en aquello, ni menos “desciudadanización” de la deliberación, sentencia que importa cierto desprecio por las decisiones políticas adoptadas por la ciudadanía y por su saber y capacidad para entender las soluciones propuestas. Y si de un simple problema de poder se tratara, la democracia y la libertad ofrecen, además, amplias posibilidades para impetrar el propio. Los movimientos estudiantiles del 2011 son una prueba de ello y los cambios que impulsaron, otra.
Es decir, el ministro Beyer ha expuesto soluciones técnicas fundadas en hechos y números que describen un cierto escenario, sustentado en los axiomas que propugna el actual gobierno, razón por la que una crítica o rechazo a la educación privada o mixta, así como a la justa ganancia (lucro) por ofrecer esos servicios —que gracias al avance de la democracia constituyen hoy derechos— no está ni puede estar en su discurso. Su relato técnico brota desde la libertad y tolerancia con los más plurales modos de organizar la educación en Chile, buscando más que un Estado docente, una Sociedad docente. Las distintas estrategias puestas en marcha por ciudadanos libres de emprender en todos los planos, incluida la educación, apuntan por necesidad —a través del estímulo de la ganancia— a que tal derecho llegue a todos, mientras que, desde el Estado subsidiario, que ésta sea accesible y de calidad igualitaria. De allí los cambios adoptados para el sistema de crédito universitario, el aumento del financiamiento de colegios municipalizados y municipales subvencionados, los colegios de excelencia, las mejoras en la regulación y súper vigilancia en el uso de los recursos fiscales en colegios y universidades y sobre los currículos que una educación plural permite.
Las salidas a la actual crisis de la educación son, pues, múltiples, y dependen sólo de las decisiones sociales, económicas y políticas que, operadas desde la propia ciudadanía, como desde el Estado, amplíen la libertad, en vez de restringirla. La calidad dependerá, como en todo, de la presencia de ciudadanos visibles, activos y conscientes políticamente de sus derechos a exigir excelencia y de sus deberes de retribuir con lo mejor de sí mismos. Así, la sociedad de libertades posibilita el progreso conjunto, en un marco normativo y ético que no deprima la creatividad y la innovación y que desestimule —mediante atento control social— las bajas pulsiones que aún subsisten entre nosotros y que, tantas veces transforman la libertad en libertinaje, corroyendo las bases mismas de la libertad en la búsqueda de una esquiva igualdad.
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Titelman: Beyer “ninguneó informe de lucro y eso nos decepciona”
Vocero de Confech dice que apoyarán movilización impulsada por los secundarios para el 8 de agosto y que también preparan un posible paro nacional para fines del próximo mes. Las jornadas son “un llamado de atención porque hemos visto a un Gobierno que ha querido desplegar su agenda en forma muy poco democrática, incluso autoritaria, avalando el lucro en la educación”, señala.
por Patricia Schüller G., La Nación, Martes 24 de julio de 2012|
Agosto se proyecta intenso para los estudiantes. El día 4 se realizarán diversas actividades en el país para recordar a Manuel Gutiérrez, (16), el adolescente que fue alcanzado por un disparo mortal el 25 de agosto del año pasado, durante la 2° jornada de paro de la CUT. Y el 8, la Confech se sumará a la movilización nacional organizada por los secundarios.
Noam Titelman, presidente de FEUC y vocero de la Confech, dice a Nación.cl que esta nueva manifestación “surge después de varios meses de silencio por parte de las autoridades y por la falta de espacios de diálogo. Se ha impuesto una agenda sin ningún tipo de miramientos respecto a los actores involucrados”.
El dirigente remarca que la próxima movilización será también “un llamado de atención porque hemos visto a un Gobierno que ha querido desplegar su agenda en forma muy poco democrática, incluso autoritaria, avalando el lucro en la educación”.
“JUGAR A LA AVESTRUZ”
La actitud del ministro Harald Beyer respecto al informe sobre lucro emanado por la comisión que investigó el funcionamiento de las instituciones de educación superior, que finalmente fue rechazado por la Cámara, los “decepcionó”, indica.
El titular de Educación “no ha demostrado ningún interés de escuchar no solamente a los estudiantes, sino que a todos a quienes participaron en la realización de este informe. En vez de tomar en serio el documento quiso ningunearlo y defender a quienes han estado lucrando con la educación. Eso no nos sorprende pero sí nos decepciona”.
Según subraya, el secretario de Estado “ha querido jugar a la avestruz, a esconder la cabeza en la tierra, pero la verdad al final sale. El ministro tendrá que dar cuenta por qué no quiso apoyar un informe”.
Titelman pone el acento en que “la educación, fundamentada en el lucro, termina siendo el primer paso hacia el endeudamiento de los estudiantes y se convierte en un primer paso hacia la trampa de la pobreza. Y el gobierno en vez de escuchar, de abrir espacios de diálogo, ha hecho una defensa corporativa a los intereses del lucro como se vio en la votación de la Cámara y ha pasado colado”.
LLAMADO A MOVILIZARSE
– La actitud de la autoridad, ¿cambia el rumbo de lo planeado por los estudiantes para este año? Ustedes adelantaron a comienzos de 2012 que más que organizar movilizaciones serían proactivos.
– Se nos dijo que fuéramos al Congreso, porque ahí se discuten los grandes proyectos que como sociedad hemos decidido embarcanos. Fuimos al Parlamento a exponer en distintas comisiones y sale este informe… El resultado es un ministro que ningunea el documento, avalado por 7 meses de investigación, y una Cámara que lo rechaza.
Por lo anterior, agrega, “el llamado es a movilizarse porque es la única manera de exponer el tema. Lamentablemente el ministro ha hecho oído sordos a los espacios de acción tradicionales, por lo tanto si queremos recuperar la tradición democrática, debemos volver a movilizarnos y es lo que hemos planificado para agosto”.
A fines del próximo mes realizarán problamente un paro nacional, adelanta, pero la actividad aún no está definida.
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Informe sobre el lucro
Camila Vallejo, Vicepresidenta de la Fech, La Tercera, Carta, 24 de juklio de 2012
Señor director:
A propósito del rechazo al informe de la comisión investigadora de la educación superior, que pone en evidencia el ejercicio ilegítimo del lucro en diversas universidades, me gustaría destacar lo siguiente:
Primero, que se haya rechazado este informe refleja la tozudez política del gobierno y de la Alianza por obstruir toda posibilidad de terminar con el negocio en la educación superior, tozudez que responde a los intereses de distintos parlamentarios y ministros, quienes han sido, son parte, o tienen familiares siendo parte de directorios de universidades que obtienen ganancias amparados en la nula fiscalización.
Segundo, la imposibilidad de la derecha -y algunos miembros de la Concertación- por encarar el debate que propone el informe; es decir, la existencia de lucro en la educación superior, basando su rechazo únicamente en detalles de forma del documento o la falta de presencia de universidades públicas. Ya nadie puede negar la presencia de lucro ilegítimo en el sistema educativo chileno y, por tanto, en el rechazo a este informe subyace un rechazo al cumplimiento de la ley por parte de una derecha que históricamente ha atropellado el estado de derecho para velar por sus intereses.
Tercero, la profunda falta de ética política de los congresistas. No sólo porque autoproclamándose “representantes de la ciudadanía” sólo saben reírse de ella y ponerse una y otra vez del lado de los grupos económicos que por décadas le han metido la mano en los bolsillos a esa ciudadanía, sino que por el actuar amenazante y prepotente de la derecha que se vio reflejado en la votación.
Presiones del gobierno a la diputada Alejandra Sepúlveda, presiones de la Alianza al diputado Rivas que iba a votar a favor del informe y, sobre todo, el vergonzoso despliegue de un grupo de parlamentarios de la Alianza (encabezados por Iván Moreira) que después de la votación provocaban a los estudiantes con frases como: “tengo poder y tú no”.
Por último, lo espurio de nuestra democracia, incapaz de representar el interés mayoritario por terminar con la falta de regulación en el sistema educacional.
El Congreso donde se generan falsas mayorías necesita transformaciones profundas, cuestión que se reafirma tras la votación en la Cámara y en el Senado, en donde los únicos que perdemos somos quienes vemos desde la tribuna cómo se le niega al pueblo chileno la posibilidad de acceder a una educación entendida como un derecho y no como un bien de consumo.

Pilar Armanet y Comisión del lucro: “Se estaba votando un informe hecho sobre suposiciones, es gravísimo”
La actual vicerrectora de la UDLA asegura: “Yo no podría trabajar en una institución que viola la ley”. La Superintendencia de Educación Superior “debiera tramitarse con urgencia”.
por: Patricio Pino, La Segunda, lunes, 23 de julio de 2012
“Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino que realizara una investigación en profundidad para no contribuir a algo más grave: el deterioro de las confianzas”.
De esta manera, la actual vicerrectora de la Universidad de las Américas (UDLA), Pilar Armanet , califica el informe de la Comisión lucro, que finalmente fue rechazado por la Cámara de Diputados, y donde se menciona a ese plantel entre aquellos en que los controladores lucrarían, burlando las normas de la educación chilena.
Armanet, ex jefa de Educación Superior en el gobierno de Ricardo Lagos y vocera de la Presidenta Bachelet, siguió de cerca el debate. “El decano de nuestra Facultad de Derecho, Patricio Zapata, dijo que las comisiones investigadoras tienen como objetivo los actos de gobierno y comparto esta tesis. La comisión entró a un terreno discutible en términos constitucionales. Respecto de las acusaciones específicas, lo único que quisiéramos es que termine de tramitarse la ley de la Superintendencia de Educación Superior, porque lo que digamos no tiene importancia en este clima de sospechas”.
-¿La UDLA es propietaria de sus sedes?
-La UDLA es parte de una sociedad, en la que participa como propietaria, que es dueña de su infraestructura.
-¿Qué responde ante las acusaciones de que en la UDLA hay lucro?
-Yo no podría trabajar en una institución que viola la ley. La ley chilena establece que las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Y declarar que una institución lucra, en circunstancias que la ley se lo prohíbe, es imputar un delito.
-La UDLA pertenece a la red Laureate. ¿Cómo se explica el interés de ese grupo en las universidades chilenas?
-Los aportes tienen que ver básicamente con servicios que necesitamos, que nos vende a un precio que es menor al del mercado. Desde servicios de administración, pasando por el sistema de aprendizaje de inglés (que pagamos a un precio que no podríamos pagar si no fuera Laureate) hasta la incorporación a un sistema mundial de bibliotecas.
“Hay acusaciones mutuas de violar la ley”
-En la comisión del lucro se hicieron suposiciones sobre cómo una universidad podría generar recursos para sus controladores…
-Me preocupa la palabra suposición. Cuando alguien imputa una conducta reñida con la ley, hacer suposiciones es súper grave. Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino una investigación en profundidad, de modo de no contribuir a lo que a mi juicio es lo más grave, que es el deterioro de las confianzas. Estábamos votando un proyecto sobre la base de suposiciones y eso es gravísimo. Cuando se hace esto en un tema de esta magnitud -60% de los jóvenes estudian en el sistema determinado como de lucro- es gravísimo. Aquí hemos retrocedido muchísimo. Hay acusaciones mutuas de estar violando la ley. Por eso le pediría a los parlamentarios avanzar en un proyecto que despeje esta gran duda que se ha sembrado.
-¿Cuál sería el beneficio directo de contar con una Superintendencia de Educación Superior?
-Es fundamental que un órgano independiente del Estado investigue y sancione los casos en que se vulnera la ley o simplemente declare que, como manda la ley, no tienen fin de lucro. A nuestro juicio éste es un tema que debiera tramitarse con urgencia para poder empezar a despejar un problema que afecta a las comunidades educativas de las universidades que están en entredicho, entre ellas la nuestra, obviamente.
-En el tema acreditación, se ha cuestionado la relación entre quienes acreditan y las universidades que están revisando.
-El proyecto de Acreditación tuvo 800 indicaciones. Era difícil sacar un proyecto coherente de esa manera. Salió lo que salió y hemos avanzado en el tema de crear una cultura de rendición de cuentas en materia de calidad en este país. Eso no existía. Había una total independencia y autonomía. Pero nunca he sido partidaria de que en un organismo como la CNA existan representantes de instituciones. Esa es una lógica que viene del Consejo Superior de Educación y que tuvo una gran discusión, para poder establecer equilibrios. Un órgano de calidad tiene que estar constituido por expertos capaces y dedicados, ojalá profesionales que pudieran trabajar en eso. Nadie vive de formar parte de este tipo de órganos. Otro tema son las agencias de acreditación. Las expectativas eran que esto se iba a llenar de agencias, que era un negocio impresionante y que no había para qué regular tanto. Eso no sucedió. El problema que tenemos es que existen pocas agencias.
En todo caso, señala, “uno puede tener muchos debates de cómo se ha aplicado la acreditación, pero en cualquier universidad privada -primero porque el CAE está ligado a la acreditación- existen agencias de calidad y un proceso de autoevaluación. La UDLA se acreditó por tres años y tenemos que acreditarnos el 2014. Y en cuanto a la empleabilidad… tenemos índices similares al sistema. Depende de las carreras. Por ejemplo, en Veterinaria en que según Futuro Laboral tenemos niveles bajos de empleabilidad, nuestros egresados tienen sus propias clínicas como pyme y una forma tributaria que no la refleja Futuro Laboral.
El rol de los gobiernos anteriores
-En la Comisión lucro fue tema que los gobiernos anteriores no hicieron nada para fiscalizar a las universidades. Usted fue jefa de Educación Superior, ¿qué podría responder?
-En el tiempo que estuve en el Mineduc, entre el 2000 y el 2006, éste era un país distinto, con objetivos centrados en la cobertura. Con el sistema de universidades tradicionales estábamos en tasas de 10% a 12% de cobertura. Nos íbamos a demorar tres siglos en tener la cobertura actual. La educación privada ha contribuido a aumentar los espacios y las oportunidades. El tema de cumplir o no la ley del lucro es un objetivo que está en el centro, porque hoy tenemos las posibilidades de que estos jóvenes vayan a la educación superior. Hoy tenemos más oferta que demanda. El 2000 había 300.000 jóvenes en la educación superior, el 2006 eran 600.000. Hoy tenemos un millón. Tenemos otros problemas, el fundamental es igualar las condiciones de acceso a ayudas estudiantiles de todos los jóvenes de Chile.
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Pilar Armanet es actualmente vicerrectora de la U. de las Américas
Ex vocera de Bachelet dice que informe sobre el lucro contiene sólo “suposiciones”
La también ex jefa de la División de Educación Superior del Mineduc durante el gobierno de Ricardo Lagos considera que el documento elaborado por una comisión investigadora —que fue rechazado por la Cámara de Diputados—, “entró a un terreno discutible en términos constitucionales” y agregó que “declarar que una institución lucra, en circunstancias que la ley se lo prohíbe, es imputar un delito”.
por El Mostrador, 23 de julio de 2012
Sólo “suposiciones” contiene a juicio de la ex vocera del gobierno de Michelle Bachelet, Pilar Armanet, el informe de la comisión investigadora sobre el lucro en la educación superior, el cual fue rechazado la semana pasada en la sala de la Cámara de Diputados, gatillando de paso la indignación de los dirigentes de la Confech.
Armanet, quien actualmente se desempeña como vicerrectora de la Universidad de Las Américas (UDLA) y que fue durante la administración de Ricardo Lagos jefa de la División de Educación Superior del Mineduc, considera que, en cambio, el documento contribuyó a generar un “clima de sospecha” sobre varias instituciones, incluida la suya, lo que a su juicio hacen necesario apurar la tramitación del proyecto que crea una Superintendencia que regule el sector.
En una entrevista publicada este lunes por el vespertino La Segunda, la ex ministra secretaria general de Gobierno señala que “cuando alguien imputa una conducta reñida con la ley, hacer suposiciones es súper grave. Me gustaría que una comisión investigadora de la Cámara no hiciera suposiciones, sino una investigación en profundidad, de modo de no contribuir a lo que a mi juicio es lo más grave, que es el deterioro de las confianzas”.
Agregó que “estábamos votando un proyecto sobre la base de suposiciones y eso es gravísimo. Cuando se hace esto en un tema de esta magnitud es gravísimo. Aquí hemos retrocedido muchísimo. Hay acusaciones mutuas de estar violando la ley. Por eso le pediría a los parlamentarios avanzar en un proyecto que despeje esta gran duda que se ha sembrado”.
Asimismo, enfatizó que “la comisión entró a un terreno discutible en términos constitucionales”. Y respecto de las acusaciones específicas que incluyen a la UDLA, sostuvo que “lo único que quisiéramos es que termine de tramitarse la ley de la Superintendencia de Educación Superior, porque lo que digamos no tiene importancia en este clima de sospechas”.
Lo anterior, ya que considera que “es fundamental que un órgano independiente del Estado investigue y sancione los casos en que se vulnera la ley o simplemente declare que, como manda la ley, no tienen fin de lucro. A nuestro juicio éste es un tema que debiera tramitarse con urgencia para poder empezar a despejar un problema que afecta a las comunidades educativas de las universidades que están en entredicho, entre ellas la nuestra, obviamente”.
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El lucro, la Concertación y otros pormenores
Alejandro Lavquén, especial para G80, 22 de julio de 2012
Todo el esfuerzo de los estudiantes y las movilizaciones del 2011, cuyas legítimas demandas no prosperaron a pesar del masivo apoyo ciudadano que llegó a alcanzar más del ochenta por ciento de adhesión, tuvo su corolario en el Parlamento el jueves 19 de julio del presente año.
Una de las peticiones fundamentales de los estudiantes: no al lucro en la educación, que denunciaba el lucro en las universidades y colegios subvencionados, además de la falta de fiscalización de parte de las autoridades, veía una esperanza (por lo menos pensémoslo así), de ser corroborada “oficialmente” por el Parlamento. La comisión de la Cámara de Diputados que investigó el lucro en la educación superior emitió un informe donde se concluía que efectivamente existía lucro en esta instancia, lo que no está permitido por la ley. El hecho significaba un paso importe en la lucha de los estudiantes dentro de la sociedad establecida, pero vino lo “inexplicable”, 11 parlamentarios de la Concertación no asistieron a la votación y el informe fue rechazado, alcanzando el triunfo la derecha.
Se podrá especular mucho sobre las razones de lo sucedido, pero hay una razón que es concreta e indesmentible. La Concertación es parte de la oligarquía política que controla el país y actúa como tal ante las demandas ciudadanas. Tras la asunción de Patricio Aylwin a la presidencia en 1990 la Concertación asumió como suyo todo el entramado neoliberal de la dictadura, incluido el lucro en la educación. Por lo tanto no es de extrañar que los parlamentarios de la Concertación protagonicen estos espectáculos. Numerosos dirigentes de la Concertación mantienen vínculos con el lucro, y no sólo en la educación, sino que en áreas estratégicas que no deberían tener fines de lucro, como son los recursos naturales y servicios básicos para la sobrevivencia del ser humano. En el fondo de su doctrina e intereses los dirigentes concertacionistas aprueban el lucro en todas sus formas, aunque públicamente digan lo contrario o propongan royalties ridículos para las empresas que profitan de nuestros recursos mineros embolsándose millones de dólares.
Chile es una República Oligárquica y lo ha sido desde siempre, una dictadura impuesta por la clase social heredera del colonialismo español y reafirmada con el triunfo de los ultra conservadores en la batalla de Lircay en 1830. Si no cambiamos nuestra estructura actual de República por una República Popular o República Ciudadana, las cosas no cambiarán en cuestiones de fondo y seguirá existiendo el gatopardismo, la usura crediticia, el saqueo de los recursos naturales, la destrucción del medio ambiente y la explotación del hombre por el hombre.
La Concertación es parte del lucro, lucra con la política y las necesidades de la gente. Los presidentes de la Concertación, Patricio Aylwin, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se condujeron, en lo de fondo, como una derecha más, una derecha que defendía los derechos humanos y pedía “justicia total” –concedámoselo-, pero derecha en lo político y económico. Favorecieron el privilegio a los militares, a los empresarios y a las transnacionales, practicaron el nepotismo partidario, ejercieron la represión policial contra el pueblo cuando éste protestó y convocaron a la justicia sólo “en la medida de lo posible”. Frei y Lagos construyeron cárceles especiales para los pocos militares condenados por violaciones a los derechos humanos. En Chile no existe la igualdad ante la ley, eso es un mito más.
La Concertación ha terminado siendo nada más que un reducto de traguillas. Se hacen elegir parlamentarios por un pueblo que ha optado en las elecciones –salvo al entregar la presidencia a Sebastián Piñera- por el mal menor, temerosos de perder sus empleos y las míseras prestaciones estatales a las que pueden acceder. Luego de ser electos, los candidatos de la Concertación se olvidan de las promesas hechas durante sus campañas y hacen lo que les viene en gana. Si usted revisa las leyes aprobadas desde 1990 en adelante verá que la mayoría de ellas favorecen al empresariado. Puede acceder a éstas invocando la Ley de Transparencia. Hoy la Concertación quiere volver al poder, pero ¿Para qué? si ni siquiera tuvieron cojones para intentar cambiar la Constitución de 1980. Pinochet los manoseó como quiso, incluso lo rescataron de manos del juez Garzón, argumentando sobre la base de un discurso patriotero repugnante. Es hora de pasarles la cuenta y exigir una Asamblea Constituyente de una vez por todas. Es hora de movilizarse de verdad, con mayor fuerza ideológica y sin temores. Comencemos por apoyar a la prensa alternativa, la única que dice la verdad en Chile, y hagamos que su voz se multiplique creando conciencia política: El Ciudadano, El Siglo, Punto Final, Radio Bío-Bío, El Periodista, Crónica Digital, El Clarín de Chile, El Rodriguista, Le Monde Diplomatique, Radio Universidad de Chile, Gran Valparaíso, Azkintwe, Fortín Mapocho, Radio 1º de Mayo, entre otros. Para acabar con el lucro y la usura debemos acabar con el Estado Oligárquico.
Alejandro Lavquén
Julio 22/ 2012