La crisis de la Universidad del Mar –crisis de conducción, de solidez académica, de fidelidad a su misión y estudiantes, de su compromiso con la sociedad y de sustentabilidad económico-financiera– pone de manifiesto una crisis adicional: del aparato de Estado en este sector, el cual carece de los mecanismos e instrumentos adecuados de supervisión y sanción.
Más abajo, el Ministro de Educación reconoce este hecho.
¿Pero qué propone hacer para dotar a su secretaría de Estado y a los demás organismos públicos involucrados de las herramientas necesarias para evitar que se produzcan situaciones semejantes? Ya antes han ocurrido situaciones semejantes de crisis institucional en el ámbito de la educación terciara–por ejemplo en el caso de la UTEM y de la Universidad de la República–sin que se haya avanzando en soluciones de fondo.
Es hora de hacerlo para bien del sistema nacional de educación superior, el que se ve perjudicado en su conjunto por situaciones como las que aquí se comentan.
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Los hechos de la causa
— Declaraciones diversas del Rector Urrutia al momento de renunciar y en días posteriores, varias fechas, Noticias de Google
— Reportaje de CIPER, 31 de mayo de 2012
— Información de La Segunda, 31 de mayo de 2012
— Información de Emol, 1 de junio de 2012
— Habla Presidente de la Junta Directiva de la UMar, 1 de junio de 2012
— Editorial de El Mercurio, 2 de junio de 2012
— Declaraciones del ex-Rector Urrutia, 2 de junio de 2012
— Declaración de la Federación de Estudiantes de la UMar, 2 de junio de 2012

Ministro de Educación, Harald Beyer: “El Mineduc tiene pocas atribuciones de fiscalización

El secretario de Estado aludió al caso de la U. del Mar y subrayó que hoy el Ministerio carece de herramientas para regular financiera y académicamente a las Ues.
por Carolina Araya, La Tercera, 3 de jnunio de 2012
Una intensa agenda en una semana marcada por la educación. El ministro de la cartera, Harald Beyer, lleva varias jornadas de reuniones continuadas, sin respiro, que incluyen la asistencia al último Consejo de Rectores en Puerto Montt, en que recibió de parte de las autoridades académicas el informe comprometido sobre duración de las carreras. El, por su parte, llevó una propuesta de un nuevo modelo para establecer los aranceles de referencia. Ninguna de las partes quedó muy conforme.
Algunos rectores dicen que el nuevo sistema de medición se centra en la pertinencia económica de las carreras, dejando de lado el aspecto social.
Este es un instrumento más dentro de un conjunto amplio de instrumentos. No es aceptable que se entreguen carreras que no son pertinentes y ese es el debate al que yo quería invitar a los rectores. Ellos no se pueden escudar en que hay otros bienes importantes en la universidad, que por lo demás todos reconocemos. No pueden desconocer que ellos tienen una función y un deber con los estudiantes de entregarles un aporte que sea real.
Mañana ingresará el proyecto de ley que crea una agencia a cargo del financiamiento de la educación superior, ¿cómo funcionará?
Decidimos que la División de Educación Superior sea la que realice la oferta de créditos y becas a los estudiantes. El estudiante firma -en caso de que sea un crédito-, eso lo recibe la Tesorería (General de la República) y ésta lo administra y después lo cobra. Posteriormente, (el Ministerio de Hacienda) transfiere los recursos, vía presupuestaria, a las distintas instituciones. Lo tratamos de hacer lo más simple y menos burocrático posible. Se descontarían los recursos por planilla, el empleador tendría que retener y le pagaría a la Tesorería, como le paga los impuestos.
Y ¿cuánto será el costo para el Estado?
Como este es un crédito nuevo, al principio hay sólo desembolso, porque nadie está pagando. El monto máximo de desembolso va a depender de cómo evolucione la matrícula y la demanda por este crédito. Nosotros vemos ahí distintos escenarios, pero no pensamos que sea mayor a los US$ 600 millones (300 mil millones de pesos). Ahora nosotros ya estamos desembolsando muchos recursos por esta vía, por el Fondo Solidario, por el Crédito con Aval del Estado (CAE), que es la recompra, entonces los adicionales tampoco son demasiados. Luego, en la medida que empecemos a cobrar relativamente bien -en un plazo de cinco años- esperamos que el costo a largo plazo sea mucho más bajo, que no supere los 100 millones de dólares.
Rectores de las Ues. tradicionales señalan que mientras no cambien los estándares de calidad, debieran seguir dos sistemas de créditos.
Eso es lo que dicen algunos de los rectores, pero el tipo de requerimiento que ellos tienen, por lo menos lo que alcancé a ver en el documento (sobre financiamiento que iba a recibir en Puerto Montt, pero que por falta de consenso no fue entregado), son cosas que a mí no me hacen mucho sentido. Por ejemplo, uno de estos es que hubiese triestamentalidad (participación de funcionarios, académicos y estudiantes) en los gobiernos superiores en las universidades. Ese es un modelo que va en retirada en el mundo ¿por qué querría tener un modelo de esas características y justificar el financiamiento? (… )A mí me pareció que era un requisito no ha lugar.
¿Si hubiera estado operando la Superintendencia de Educación Superior, se habría podido evitar lo que ocurrió con la U. del Mar?
Lo que busca la superintendencia es tener una mayor capacidad de control de las instituciones en términos de sus decisiones financieras y académicas, y eso es lo que nosotros creemos que hoy día es débil en términos regulatorios. Por eso es que este proyecto apunta en esa dirección y el caso de la U. del Mar tal vez grafica esa debilidad. El Mineduc tiene pocas atribuciones de fiscalización en esta materia, y actúa en función de las acusaciones que le llegan. De hecho, en el caso concreto de la U. del Mar ya estábamos actuando, porque habíamos recibido denuncias de una sede de Copiapó, respecto del incumplimiento de los programas educacionales ofrecidos, y también respecto de los pagos salariales. Estábamos trabajando con el Consejo Nacional de Educación para ver cuáles son los procedimientos que se tienen que seguir y cuáles son las sanciones que se pueden establecer.
Según su apreciación en este caso, ¿existe lucro?
No sabemos si ese arriendo que se paga es arriendo de mercado o no. Lo fundamental aquí no es eso, lo fundamental aquí es la poca preocupación que ha tenido la universidad por entregar los programas comprometidos. Si uno quiere calidad en el sistema de educación superior, lo que tiene que hacer es asegurar que los programas que la institución ofrece cumplan con las expectativas de los estudiantes y en este caso eso no se está cumpliendo, porque independientemente de estas transacciones, lo que está ocurriendo es que no se les está pagando a los profesores y no se están cumpliendo los programas que se les ofrecieron.
¿Hay disposición del gobierno a reunirse con la Confech?
Estoy abierto al diálogo sobre la base de que tengamos algo de que hablar. Hasta ahora ellos no han hecho un planteamiento en esa materia y no están interesados en dialogar. Bueno, es razonable, porque yo creo que la Confech todavía no tiene una postura clara respecto de cuál es su agenda y qué es lo que les gustaría. Una cosa son las peticiones y claramente estamos muy alejados. No somos partidarios de la gratuidad y, por lo tanto, si el diálogo se va a dar en esos términos no vamos a tener diálogo. Ahora, si de alguna forma se abre el espacio, yo voy a estar disponible y supongo que ellos también.
La Confech se mostró partidaria de incluir el ranking de notas en el sistema de admisión, ¿Le parece?
La decisión recae en los rectores, son ellos los dueños de la PSU, son ellos los dueños del sistema de admisión. Si ellos deciden incorporar el ranking, a mí me parece razonable. Respecto de incorporar esta herramienta para entregar el Aporte Fiscal Indirecto (que se le otorga a los 27.500 mejores puntajes ponderados entre las pruebas de Lenguage y Matemáticas), estamos disponibles.
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Tomas tras denuncias de ex rector: Apoyan intervención a la Universidad del Mar
Pero comunidad universitaria pide que no se revoque su reconocimiento.
MAURICIO SILVA, El Mercurio, 3 de junio de 2012
Con las tomas de las sedes ya paralizadas que la institución tiene a lo largo del país, los estudiantes de la U. del Mar buscan radicalizar su movilización para exigir que el plantel sea intervenido por una corporación sin fines de lucro externa, que reoriente su gestión administrativa a los objetivos de calidad de la educación y no al lucro de su junta directiva.
Así lo planteó el presidente de la confederación de estudiantes de la universidad, Alejandro Silva, quien aseguró que del total de 12 sedes, ya están en toma las de Arica, Iquique, Calama y Punta Arenas, a las que se sumarán el martes las de Antofagasta, Copiapó y La Serena.
Los dirigentes esperan reunirse el lunes con el ministro de Educación, Harald Beyer, quien anunció que ese día se iniciará una auditoría académica y financiera al plantel, en el que se forman 18 mil alumnos en todo el país, que definirá su futuro. El secretario de Estado no descartó que sus resultados obliguen a revocar su reconocimiento oficial.
Silva dijo que la carta de renuncia del rector Raúl Urrutia revela “que hay malversación de fondos en la junta directiva”, lo que ha concitado consenso con los estamentos de académicos y administrativos para apoyar la decisión del Ministerio de Educación de intervenir el plantel. Pero no a la idea de quitarle el reconocimiento oficial, que perjudicaría a los alumnos.
El presidente del sindicato de trabajadores de la sede La Serena, César Guisado, aseveró que otras universidades privadas “funcionan igual y hacen lo mismo. No es algo exclusivo de la U. del Mar. Cuando el ministro plantea que va a hacer una auditoría y que le puede quitar el reconocimiento, debería hacer lo mismo con las demás”.
El conflicto lo desató la renuncia del rector Raúl Urrutia, quien denunció presiones de los controladores del plantel para privilegiar el pago a las inmobiliarias ligadas a la junta directiva por sobre sueldos y cotizaciones de funcionarios.
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SINDICATO
El presidente del sindicato dijo que habían denunciado en diciembre la situación de la U. del Mar en una querella criminal por apropiación indebida de las imposiciones de 2011.