Continuan las reacciones referidas al informe entregado por la Comisión Investigadora del Lucro en las universidades de la Cámara de Diputados.Opiniones de diputados miembros de la Comisión, de la Presidente de la Comisión, del Ministro de Educación, de diputados opositores, de rectores de universidades aludidadas en el Informe, Federaciones de Estudiantes de universidades privadas, CONFECH y nuevo reportaje de CIPER.
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Mi opinión entregada ayer 19 de junio 2012 en entrevista con Pilar Molina, Radio Agricultura, Podcast desde el minuto 32 en adelante.
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Diputados piden fiscal exclusivo para investigar lucro en universidades
Presidenta de la comisión investigadora, Alejandra Sepúlveda, dijo que el trabajo de esta instancia “no sólo va a ser votado en la Cámara” sino además debe tener “continuidad en un proceso en tribunales”.
Martes 19 de junio de 2012| por Nación.cl – foto: UPI
Un fiscal de disposición exclusiva para que investigue los casos de lucro en la educación superior pidieron al Ministerio Público los diputados PRI y opositores que conforman la comisión que investigó durante 7 meses el financiamiento de estas entidades.
La instancia investigadora –con los votos en contra de los diputados de la Alianza- determinó que hay sospechas fundadas contra la Universidad de las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, AIEP, Santo Tomás, Uniacc, del Desarrollo y del Mar.
Tras una reunión con los dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) Gabriel Boric, Noam Titelman y Camila Vallejo, la presidenta de la comisión Alejandra Sepúlveda (PRI) sostuvo que el trabajo realizado “no sólo va a ser votado en la Cámara” sino además debe tener “continuidad en un proceso en tribunales”.
Acompañada de sus colegas Mario Venegas (DC) y Cristina Girardi (PPD), Sepúlveda dijo que “el ministro (Harald) Beyer tiene la obligación de fiscalizar todas las universidades, y con mayor razón las universidades privadas. Él no necesita tener ninguna denuncia para ejercer su función. El ministerio tiene que velar no sólo por los recursos públicos sino por todas las personas que están representadas a través de la Confech y también de los estudiantes de las universidades privadas”.
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Sepúlveda (PRI): “El lucro es legítimo en una empresa, no en una universidad”
La diputada enunció entregarán los resultados de la comisión investigadora a la fiscalía.
por El Mostrador, 20 de junio de 2012
La presidenta de la comisión investigadora especial sobre el lucro en las universidades de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda, comentó los resultados obtenidos tras siete meses de indagatoria, señalando que los establecimientos que cometen irregularidades —que les permiten lucrar pese a que la ley se los impide— son: U. de las Américas, U. Andrés Bello, U. Viña del Mar, U. Santo Tomás, Uniacc, U. del Desarrollo, U. del Mar y AIEP.
Al respecto, sostuvo que el “esperar ganancias por la actividad que se desarrolla es legítimo en las empresas, pero no en las universidades”.
En entrevista con Radio Cooperativa, la legisladora del PRI aseguró que “se puede esperar retorno económico por la actividad que uno hace, pero no en una universidad. En una empresa está bien. En la universidad si tienes utilidades, que es absolutamente lógico, lo tienes que reinvertir en la universidad. No lo sacas para beneficio del directorio o de los dueños. Eso puede ser legítimo en una empresa, pero no en una universidad”.
“Hay universidades que fueron compradas por grupos económicos, lo que hace preguntarnos por qué grupos económicos que hacen inversiones en otro tipo de negocios que sí permiten lucrar compran universidades que no permiten el lucro. Y hay otras en que están detrás las sociedades espejo con fondos de inversiones, inmobiliarias y que les traspasan sus recursos en términos de arrendamiento o externalización de servicios relevantes de la universidad”, explicó Sepúlveda.
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Beyer ningunea informe de comisión investigadora sobre lucro de universidades y afirma que no tiene sustento. Dijo que “tenemos que actuar sobre la base de denuncias serias”
“Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias”, señaló el ministro sobre el documento al que tuvo acceso El Mostrador, y que contiene las declaraciones de su antecesor Felipe Bulnes, quien afirmó que no podía “dar fe” que las instituciones de educación superior efectivamente cumplieran con la ley.
El Mostrador, 19 de Junio de 2012
Poco crédito le dio el ministro de Educación, Harald Beyer, al informe que emitió la comisión investigadora sobre el lucro en las universidades y que identificó a varios planteles que estarían vulnerando la ley.
“Entendemos que hubo planteamientos respecto de que habría eventual lucro, pero nosotros no hemos recibido ninguna denuncia concreta, formal, que nos permita validar ese tipo de denuncias”, afirmó el secretario de Estado respecto del documento que menciona los casos de las universidades Santo Tomás, del Desarrollo, Uniacc, Las Américas, Andrés Bello, del Mar, Viña del Mar y el instituto AIEP y al cual tuvo acceso El Mostrador.
Beyer enfatizó que “como autoridad, tenemos que actuar sobre la base de denuncias serias y no sobre afirmaciones que muchas veces no tienen mucho sustento” y señaló que el Mineduc, a través de su División de Regulación de la Educación Superior, se aboca a investigar todas las denuncias que recibe y aplica sanciones si éstas corresponden.
A modo de ejemplo citó el caso de la Universidad del Mar, la cual aseguró que está investigándose de manera “permanente” y que prueba de ello es que se dispuso de inmediato una auditoría académica.
El titular del Mineduc aprovechó también de resaltar el aporte de las instituciones de educación privada en el país. “En Chile el 75% de los estudiantes lo hacen en universidades no tradicionales, que han permitido aumentar fuertemente la cobertura”, aseguró, agregando que hay instituciones “muy valiosas” y otras que “han tenido problemas y nosotros estamos investigando y en los casos que lo amerite vamos a establecer sanciones”.
Lo que dijo Bulnes
Beyer se había referido al tema del lucro a comienzos de mayo cuando el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Gabriel Boric lo emplazó públicamente por esta materia. “No hay universidades que lucren, de acuerdo a la ley”, respondió en esa oportunidad el secretario de Estado, en contraposición con una de las citas relevantes que recoge el informe de la comisión investigadora.
En la sexta sesión de la instancia parlamentaria, realizada el 12 de octubre del año pasado, el ex ministro Felipe Bulnes señaló, respecto a la normativa que prohíbe el lucro, que “esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando. Incluso, es público y notorio —algunas personas se refirieron a ello antes de que surgiera esta polémica— que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”.
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Diputados no descartan acusación constitucional contra Beyer
Cristina Girardi aseguró que el titular de Educación “tiene una responsabilidad muy grande” en relación al lucro al interior de universidades.
por Fabiola Melo – La Tercera, 19/06/2012 – 12:58
Tras los resultados de la investigación de la Cámara Baja en relación al lucro en las universidades, diputados no descartaron que se presente una acusación constitucional contra el ministro de Educación, Harald Beyer.
Así lo señaló la diputada Cristina Girardi, quien dijo que “uno de los elementos que vamos a presentar y que luego tenemos que discutir y votar, es la acusación constitucional”. “Beyer tiene una responsabilidad muy grande”, agregó.
Por su parte, la presidenta de la comisión investigadora, Alejandra Sepúlveda, agregó que “la acusación constitucional se estudió dentro de la comisión, sin embargo estamos hablando de 20 años”, refiriéndose a la responsabilidad de los ministros que se desempeñaron en Educación durante los gobiernos de la Concertación.
Al respecto, Girardi acotó que “hay un notable abandono de deberes por parte del Estado que incluye desde los ministros de la Concertación hasta el actual ministro de Educación”. “Todos sabían que se estaba lucrando con la educación, era evidente que había sociedades espejos, por lo tanto todos los gobiernos tienen responsabilidad respecto de no fiscalizar, de no modificar la ley, y no cumplir con su deber”.
“Hay lucro”, agregó, “y eso implica que hay un delito que debe ser sancionado”.
El informe de la comisión de diputados fue revelado durante la tarde de ayer, y apuntó a que siete instituciones de educación superior estarían lucrando. Los antecedentes serán puestos a disposición de la Fiscalía, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, porque aseguraron que “hay fraude” y debe perseguirse el delito.
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Rectores de universidades privadas rechazan informe de comisión que las liga al lucro

Directores de planteles aseguran que estas instituciones “no se transan ni se venden”.
por Paula Césped, La Tercera, 20 de junio de 2012
Altos sueldos de miembros del directorio, sociedades espejo y venta de factoring. Esas fueron algunas de las acciones que detectó el informe entregado por la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados y que permitirían encubrir el lucro en esta actividad. Una anomalía en que, según el texto, incurrirían al menos siete universidades, de acuerdo con los antecedentes que logró recabar el ente.
Algunos planteles criticaron las conclusiones de la instancia parlamentaria, que fue aprobada sólo por los siete integrantes de la Concertación, ya que los representantes de la Alianza se marginaron. Estos argumentaron que no existían antecedentes suficientes para denunciar a estas casas de estudios.
Desde la Universidad Uniacc, una de las aludidas junto a Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás, Del Mar y Desarrollo, su rector, Juan Enrique Froemel, aseguró que no fue llamado para declarar en la investigación. Indica que esa casa de estudios fue puesta en venta y adquirida por el grupo Apollo en 2008. “Lo que se puede transar es la participación de los socios, pero no la universidad, porque es una corporación”, afirmó.
Agregó que Apollo nunca ha retirado utilidades del establecimiento. “La universidad desde 2008 no ha tenido utilidades. La firma Apollo ha gastado US$ 20 millones en contribuciones como equipamiento para la universidad”, explicó Froemel.
En tanto, el rector de la Universidad Andrés Bello, Pedro Uribe, declaró que “las universidades no se compran ni se venden. Sólo hay personas que forman parte del directorio o no”. Uribe precisó que la información definitiva se conocerá cuando se hagan públicos los informes financieros de los planteles. Estos deben ser entregados antes del 30 de junio.
La Universidad Santo Tomás también fue consignada en el informe, debido a que fue comprada por el fondo de inversiones Linzor Capital. En un comunicado, ese plantel valoró el esfuerzo de la comisión investigadora, argumentando que este tipo de estudios ayuda al perfeccionamiento del sistema nacional de educación con respecto a la calidad y cobertura. Asimismo, se mostraron disponibles para aportar con la investigación.
“Santo Tomás colaborará con las distintas autoridades respectivas, como siempre lo ha hecho, para consolidar un proyecto cuya misión y valores se sustentan en la calidad de la educación”, dijo el plantel.
La Universidad del Desarrollo declinó referirse al tema. La Tercera también consultó a las universidades Las Américas y Viña del Mar, sin obtener respuesta.
Por su parte, y requerido con respecto al informe de lucro en las universidades, el ministro de Educación, Harald Beyer, aseguró que “no hemos recibido ninguna denuncia formal”. Agregó que investigan y sancionan periódicamente a los planteles. “En el caso puntal de una universidad, donde recibimos una denuncia concreta estamos realizando una auditoría y vamos a seguir trabajando”, dijo Beyer.
Beyer rechaza congelar agenda educacional
Congelar la agenda legislativa de educación por 60 días, para hacer una pausa reflexiva sobre cambios profundos al sistema, es una de las conclusiones aprobadas el lunes por la comisión investigadora del lucro en universidades privadas, con los votos a favor de siete diputados de oposición y el de la parlamentaria PRI Alejandra Sepúlveda.
Sin embargo, la propuesta encontró la negativa del ministro de Educación, Harald Beyer. “No compartiremos esa disposición. Necesitamos aprobar proyectos que benefician a los estudiantes y futuros egresados”, afirmó el secretario de Estado. Además, agregó que la agenda de educación también se hace cargo de conclusiones levantadas por la comisión investigadora.
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Federaciones de Universidades Privadas llaman a movilización tras conocer informe que acusa lucro
El Dínamos, 19 de junio de 2012 – 19:08
Esto tras la constatación de la Comisión Investigadora que se estableció para estos temas, de que, al menos, en siete establecimientos se incurriría en lucro y fraude al Fisco representado en la compra y venta de universidades.
Los presidentes de las federaciones y agrupaciones de estudiantes de universidades privadas convocaron para el próximo jueves 21 de junio a una marcha de manifestación en contra de la “lógica mercantilista de la educación superior”.
Esto tras la constatación de la Comisión Investigadora que se estableció para estos temas, de que, al menos, en siete establecimientos se incurriría en lucro y fraude al Fisco representado en la compra y venta de universidades.
Asimismo, la presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDP, Fernanda Sandoval, agregó que también se manifiestan “por nuevos espacios democráticos dentro de las distintas instituciones, ya que hoy día se prohíbe en muchas universidades poder formar orgánicas estudiantiles dentro de estos mismos espacios”.
En tanto, Sandoval realizó un llamado al Gobierno de que “tome conciencia de que es lo que está pasando en estas instituciones, de que los únicos afectados somos nosotros los estudiantes; de que acá se está lucrando en beneficio de unos pocos y en desmedro de los miles de estudiantes que hoy en día se están endeudando para poder estudiar”.
“La educación tiene que ser un derecho y el Estado tiene que garantizar la educación y es por eso que el Gobierno se tiene que hacer cargo de que personas del mismo Gobierno son parte de estas corporaciones en donde se está lucrando. Deben haber sanciones para estas personas”, enfatizó.
La convocatoria es a nivel nacional, donde ya han confirmado su participación las federaciones de la Región de Valparaíso, donde se esperan reunir en la Plaza Vergara de Viña del Mar; la Región de Antofagasta, Iquique y Magallanes.
Además invitaron a todos los estudiantes, “no sólo aquellos que pertenezcan a las Universidades no tradicionales para que salgan a las calles” este jueves como una antesala a la gran convocatoria que realizó la Confech para el 28 de junio.
La marcha de los estudiantes privados, parte en Portugal con la Alameda a las 11:00 horas, continúa por Blanco Encalada para luego terminar en Ejército con un acto cultural.
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Confech afirma que es hora que los empresarios de la educación paguen por infringir la ley
Tras conocerse los resultados de la comisión de diputados que detectó irregularidades en siete instituciones, los universitarios llamaron a que “el informe no se quede en palabras y hayan cambios que incidan en la estructura de la educación superior”
por Fabiola Melo – La Tercera, 19/06/2012 – 09:44
“Este informe abre las puerta por primera vez para que los dueños de las universidades que han estado violando las normativas sean penalizados con todo el rigor de la ley”. Así el presidente de la Feuc, Noam Titelman se refirió al informe de la Comisión de Diputados que detectó irregularidades en siete instituciones de educación superior.
Su par de la Fech, Gabriel Boric señaló que “las conclusiones señalan de manera clara lo que los estudiantes venimos diciendo desde el año pasado: en Chile la educación es un negocio, ilegal, empresarios de la educación que están delinquiendo a costa de los sueños de miles de chilenos”.
El líder de la Fech agregó que “la demanda de lucro, que se tildó como una consigna vacía, ideologizada, hoy día tiene víctimas con nombres y apellidos, tiene universidades y tiene responsables”.
Asimismo, sostuvo que “lo que estamos pidiendo es algo tan básico como que se cumpla la ley en Chile. Hoy quien piratea un disco se puede ir preso, pero los empresarios de la educación que han lucrado a vista y paciencia de todos, no se les puede tocar con el pétalo de una rosa. Eso es inaceptable”.
Ambos dirigentes concordaron además en que el informe no debe quedarse en palabras o guardado en un cajón de La Moneda, sino que debe incidir en cambios estructurales para la educación superior. “Hay quienes están encubriendo los delitos por medio de velo corporativo y es hora de develarlos, y que a rostro descubierto se enfrenten a la ley al igual que cualquier ciudadano”, aseguró Titelman.
“Hay gente que tiene que responder, hay ministros que tienen que responder. El señor Larroulet, Lavín. No fue mencionada la Universidad Autónoma, pero sería interesante que también el Ministro de Justicia, Teodoro Ribera, señalara la estructura financiera de la universidad”, increpó Boric.
El presidente de la Fech aseguró también que ahora “de pedir a que se cumpla la ley, vamos a pasar a una nueva fase, que es pedir transformar la legislación. No nos vamos a quedar solo en la queja, sino que en avanzar hacia una transformación propositiva de la actual legislación chilena en materia de educación”.
PROYECTO DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
El líder de la Fech Gabriel Boric señaló que “el proyecto de superintendecia es impotente frente a los casos que acá se mencionan”, por lo que hizo un llamado al gobierno a “escuchar a la comisión y que actúe en consecuencia y modifique el proyecto”.
Asimismo, Titelman dijo que “luego de lo sucedido en la U. del Mar y este informe, es necesario empezar a hacer algo y no habamos de la superintendecia que tiene amarrada las manos, sino que de una institucionalidad que permita castigar a aquellos que están violando la ley”.
La idea de los universitarios no es lejana a la propuesta de la propia comisión de diputados que investigó a las instituciones, ya que dentro de las recomendaciones está “que antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está enviando al Congreso, solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación por un periodo de 60 días”.
Esto, con el objetivo de que entregue su posición formal frente a los resultados de la comisión y exponga una batería de medidas y proyectos destinados a mejorar la situación, ya que “el sistema de educación superior está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades y que no puede ser remendado sino que modificado”.
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Lapidario informe parlamentario: Mineduc lleva décadas sin fiscalizar la educación superior
Por : CIPER en Actualidad y Entrevistas Publicado: 19.06.2012
La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que fiscaliza el lucro en la educación superior ya tiene listo su informe final. CIPER accedió a las conclusiones del documento, donde los parlamentarios acusan que el Mineduc pasó décadas sin fiscalizar a las universidades “quebrantando con ello la fe pública en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos”. El reporte agrega: “analizados todos los antecedentes, esta Comisión concluye que no sólo existe lucro en la educación superior, sino que además, todo el marco normativo que regula el sistema no funciona”.
No solo hay universidades que demostradamente lucran; tan importante como eso es que ese lucro se ha hecho y se hace gracias a que el aparato fiscal renunció a fiscalizar y a hacer cumplir la ley que expresamente lo prohíbe. Estas son las dos principales acusaciones que contiene el informe que la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre el “Funcionamiento de la Educación Superior”, presidida por la diputada Alejandra Sepúlveda, preparó luego de 24 sesiones y después de recibir –desde su creación en agosto de 2011– a más de 70 invitados entre los que no se contó ninguna universidad privada, no porque no las hayan invitado, sino que porque prefirieron no participar.
El informe, que será dado a conocer en las próximas horas y cuyas conclusiones CIPER adelanta en este artículo (ver conclusiones de los parlamentarios), recoge los casos de la venta a inversionistas internacionales de las universidades Las Américas, Andrés Bello, Viña del Mar, Santo Tomás y Uniacc. El documento también describe las estructuras societarias que hay detrás de la Universidad del Desarrollo y la Universidad del Mar, explicando que se trata de una arquitectura de “sociedades espejo” a través de las cuales se puede trasgredir la prohibición expresa de que las universidades no deben lucrar.
Junto con eso, la Comisión acusa la indolencia con que ha actuado el Fisco frente al negocio de las instituciones de educación superior. Esta “industria”, como la llama el informe, funciona “cuasi totalmente desregulada” y tuvo en 2009 “un volumen de negocio del orden de 2,4% del PIB ($2,4 billones, de los cuales las familias financiaron $1,6 billones)”.
La desregulación de la industria, señalan los diputados, se debe esencialmente a la desaparición del Fisco como ente fiscalizador. La Comisión precisa que durante los 30 años que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, ni el Ministerio de Educación ni la División Superior de Educación ni la Comisión Nacional de Acreditación han realizado “alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en alguna de las instituciones que han lucrado con ventas millonarias o bien han dado a conocer lo ventajoso del negocio de la educación superior a través de estudios académicos, publicaciones y reportajes de investigación”.
En ese punto el informe se refiere, entre otros casos, a dos ventas de universidades que se difundieron públicamente: la compra que hizo en 2000 la empresa norteamericana Sylvan International Universities que adquirió la Universidad de Las Américas (UDLA) en US$ 26 millones; y la compra que la misma Sylvan – hoy se llama Laureate International- hizo en 2003, al adquirir el 80% de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB) en US$ 37 millones.
Ambas transacciones fueron comentadas en los medios de comunicación y Laureate las describió como “compras” y “adquisiciones” en sus informes ante la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos, la agencia que tiene la responsabilidad principal de regular y hacer cumplir las leyes federales de valores (vea el reporte de Sylvan por la compra de UDLA en la página 17 y la compra de la UNAB en la página 49).
Ambos reportes han estado disponibles en la web, sin que el Ministerio de Educación, durante casi una década los haya mirado para pedir explicaciones respecto a cómo se vende y genera utilidades algo que según la ley no tiene lucro.
¿POR QUÉ NO INVESTIGARON?
En un reportaje de agosto de 2011 CIPER consultó a cuatro ex ministros de Educación de los gobiernos de la Concertación que estuvieron en ejercicio cuando estos balances estaban disponibles. ¿Por qué no investigaron?
Mariana Aylwin, ministra entre el año 2000 y 2003, señaló: “No es que no hayamos sabido que eso existió, yo creo que todos saben que existió, lo que pasa es que se ajustaba a la ley. Además, la información que llega al Ministerio se refiere a los cambios de estatutos, y aquí lo que hubo fue un cambio de socios. Y no hay en la legislación vigente la obligación de que se informe eso al ministerio. Es un tema muy difícil de fiscalizar, porque en rigor los traspasos que se hicieron cumplieron con la ley. No hubo retiro de excedentes sino que hubo cambio de socios, y la verdad es que en ese momento nuestra preocupación fundamental tenía que ver con crear un sistema de acreditación que resguardara la calidad”.
Sergio Bitar, jefe de la cartera entre el 2003 y 2005, afirmó: “En los análisis que hicimos no había forma legal de contener aquello. Hice varias denuncias públicas que había que detener esto porque estaba violando el espíritu de la ley. Incluso en un momento pensamos en hacer alguna acción judicial. Pero en ese tiempo la preocupación era la ley de acreditación de calidad y ampliar el acceso de los jóvenes a las universidades”. Y concluye: “No había bases legales para poder actuar, no había mucho sustento si no cambiábamos las leyes.”
Martín Zilic, quien asumió el 11 de marzo de 2006 y solo estuvo cuatro meses en el cargo, dijo que se reunió con todos los rectores de las universidades privadas para explicarles que “había que hacer un cambio de la legislación, porque hoy se estaba torciendo y trasgrediendo la ley en una forma legal. Hoy día sigue así. Esto no sólo le compete al ministerio, cualquier persona podría haber ido a los tribunales de justicia y haber dicho ‘mire sabe que…’ El problema es que la forma como se hace está muy bien pensada para evadir la ley”.
Yasna Provoste, quien estuvo dos años en esa cartera desde 2006, comentó: “Lo más probable es que esto haya quedado radicado en la División de Educación Superior y por lo menos a mí en ese momento no se me comentó nada. Además, durante mi período nosotros estuvimos radicados una buena parte de nuestro tiempo a la reforma legislativa en el Parlamento, producto de la derogación de la LOCE, entonces yo por lo menos no tuve conocimiento. Ni el jefe de la División de Educación Superior ni la subsecretaria me informaron porque tú comprenderás que el ministro no está viendo por Internet las cosas. No son esos sus canales de información habituales”.
Las explicaciones de los ministros son enfrentadas y contradichas por el informe de la comisión parlamentaria que insiste en que existan normas para fiscalizar el lucro y que esa responsabilidad recaía sobre los ministros de educación. “En opinión de la Contraloría y del ministerio de Justicia y de esta comisión investigadora corresponde al Mineduc ejercer este control”, dice el informe.
Pero el reclamo parlamentario no se detiene ahí: también se afirma que el Mineduc falló en exigir antecedentes a las instituciones para la transparencia del sistema. “El Mineduc no ha ejercido sus funciones legales en relación a solicitar, entre otros, los antecedentes a las instituciones de educación superior que deben entregar para la transparencia del sistema, por ejemplo, respecto a los conflictos de interés existentes y denunciados de los miembros de la Comisión Nacional de Acreditación, de las agencias acreditadoras, de la omisión de antecedentes de las dotaciones académicas, de sus recursos financieros, de infraestructura, de sus balances o de cuestiones relativas a publicidad engañosa”.
Los diputados agregan en su informe: “Esta Comisión Investigadora, una vez analizados los antecedentes y escuchados los planteamientos del Contralor General de la República, al Ministro de Justicia así como expertos en la materia, se formó la convicción que conforme a la ley y normativa vigente, es responsabilidad del Ministerio de Educación garantizar el correcto funcionamiento del sistema de educación superior en Chile, responsabilidad que no ha ejercido quebrantando con ello la fe pública en el sistema de educación superior y en el Estado como garante de una educación de calidad para sus ciudadanos y ciudadanas”.
LAS CRÍTICAS AL DISEÑO DEL SISTEMA
El abandono de las facultades fiscalizadoras produjo que se viera frustrada una gran oportunidad para el país. Según describe el informe, mientras se producía una “formidable expansión virtual de la universalización de la cobertura de la educación superior…” también creció el número de jóvenes endeudados “con títulos universitarios de muy bajo valor en el mercado laboral que no logran compensar el esfuerzo realizado hipotecando así la vida laboral de los jóvenes y sus familias que apostaron por una educación superior que respondiera a una anhelada movilidad social, lo que termina generando un sentimiento de frustración, impotencia y rabia”.
En las críticas al diseño general, la comisión repara también en una de las grandes paradojas del sistema chileno: a los jóvenes pobres el Estado no les dio una beca para estudiar, sino que optó por endeudarlos. “Las becas no son para los alumnos que más las necesitan, pues no cumplen con las exigencias de los 550 puntos en la PSU”. Por ello, el 14% del primer quintil (los más pobres) acceden a la PSU mientras que el 42% de los que tienen CAE son de ese quintil.
Esta constatación lleva a la comisión a sostener que la vía de solución pasa por hacer que el Estado haga su tarea. “El Estado ha tenido y tiene una responsabilidad ineludible en la creación de un mercado de la educación superior privada sin regulación, transgrediendo los principios de calidad, equidad, responsabilidad, integración y transparencia, todos ellos inspiradores del sistema educativo chileno, según la Ley General de Educación”.
Aunque no están contenidas en el documento al que tuvo acceso CIPER, el informe de la Comisión incluye cerca de 50 propuestas para “modificar sustantivamente” el sistema de educación superior, “de modo tal que se le pueda garantizar a todos nuestros jóvenes una educación superior de calidad, a costos razonables de financiamiento mixto y dónde no haya joven en Chile con capacidad y deseos de estudiar que quede fuera del sistema por falta de recursos para ello”. El detalle de esas propuestas debería conocerse en cuanto la Cámara haga público el informe íntegro en las próximas horas.
El texto cierra con una petición al gobierno que a la vez es un desafío: “Antes de seguir con las tramitaciones de los proyectos de ley que el gobierno está enviando a este Congreso y, a la luz de 30 años de vigencia de un sistema de educación superior que está demostrando sus deficiencias, abusos e inequidades, solicitamos al gobierno que suspenda la tramitación de los proyectos de ley que están en el Congreso por un período de 60 días y que, en el mismo plazo, entregue su posición formal a cada una de estas propuestas y toda su batería de medidas y de proyectos de ley destinados a mejorar el sistema de educación superior para el Chile del mañana”.