Investigación del Centro de Estudios de la FECh
El mapa del poder y el negociado detrás del lucro universitario en Chile

Cuáles son las universidades que registran más ingresos, de qué forma mantienen supremacía en el mercado los planteles no tradicionales que captan –sin mayor selección– a grandes masas de estudiantes, son algunas de las preguntas que responde este estudio, que ya tiene respuestas preliminares. Una información que sirve para entender el contexto del problema, hoy cuando se realiza la tercera marcha del año contra lo más vapuleado del negocio de la educación superior: el lucro.
por ALEJANDRA CARMONA, El Mostrador, 28 de junio de 2012
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/28/el-mapa-del-poder-y-el-negociado-economico-detras-del-lucro-universitario-en-chile/
Informe Ejecutivo Investigación CEFECh Final 27 de Junio 2012: ver en

El Centro de Estudios de la FECh (Cefech) concluyó la primera etapa de una gran investigación respecto al “Poder económico y social de la Educación Superior en Chile”, en el que se da cuenta de cómo se han movido grandes sumas de dinero para crear el imperio de la educación que existe hoy en Chile y que miles de estudiantes van a salir a criticar hoy a la calle, en la tercera marcha del año.
Entre los datos de los que da cuenta el estudio —financiado por la Fundación Heinrich Böll— y que replica en extenso El Mostrador, la envergadura del mercado de las instituciones universitarias en Chile representa a 8.706.005 sueldos mínimos ($182.000 pesos). Todo esto se enmarca en un escenario en el cual predominan las instituciones tradicionales que seleccionan a sus estudiantes (39,18%) y aquellas no tradicionales que captan a una gran masa de “clientes” (33,38%), como el caso de la Universidad de las Américas o la polémica Universidad del Mar, una de las que tiene mayor número de sedes a nivel nacional.
“Una de las principales conclusiones que podemos sacar de la primera parte del informe, es que el ‘milagro’ chileno de la educación superior en torno a la expansión de la matrícula, ha traído un negocio de enormes magnitudes a costa de las familias. El poder económico y social que tienen estas instituciones trae consigo poder político”, señala Pablo Soto, director ejecutivo del Cefech, quien también apunta a que esta es una realidad que quedó al descubierto en la lista elaborada por la periodista María Olivia Mönckeberg que fue publicada el miércoles por El Mostrador y que revela los rostros públicos tras el lucro.
“Es por esto que hay grandes empresas detrás de la educación, empresas que compran carteras de estudiantes, no sólo Universidades. Además, la recopilación de información para completar el mapa es muy compleja porque las Universidades post-1981 son una caja negra que se aprovechan de un mercado cautivo y altamente explotable, por lo necesario que es ingresar a la educación superior”, afirma Soto.
El estudio también analiza la participación en el mercado de estas casas de estudio dependiendo de su estructura de propiedad: por grupo económico (aquellas que tienen grandes espaldas detrás, como Laureate), por corporación unitaria (aquellas que no pertenecen a grandes holding o grupos económicos y poseen sobre 15 mil estudiantes) y las pequeñas corporaciones, que poseen menos estudiantes que la mencionada anteriormente.
“Son instituciones que han obtenido, a costa de la economía de los hogares y sueños de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior, un importante poder económico avalado por una legalidad que permite el lucro bajo una serie de subterfugios”, explica Soto, director ejecutivo del Cefech.
En ese sentido, se observa que la Universidad Andrés Bello es la institución que representa el mayor poder de mercado, con valores ligeramente sobre la media; esto se debe más que nada al gran número de matriculados que tiene.
“Son instituciones que han obtenido, a costa de la economía de los hogares y sueños de los nuevos estudiantes que ingresan a la educación superior, un importante poder económico avalado por una legalidad que permite el lucro bajo una serie de subterfugios”, explica Soto.
Coincidentemente, las instituciones universitarias nombradas en el informe presentado por la comisión investigadora del funcionamiento de la Educación Superior, son las instituciones que han sumado en sus aulas a una mayor cantidad de estudiantes en el último tiempo. Son las mismas que presentan mayor poder dentro del mercado de la educación universitaria y son las que han practicado de manera más eficiente un negocio rentable para sus dueños.

MOCIÓN PROPONE NUEVAS MEDIDAS PARA FISCALIZAR Y SANCIONAR A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR
Cámara de Diputads, Publicado el 27 de junio del 2012
http://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=49590
La iniciativa, presentada por diputados de oposición, dota al Consejo Nacional de Educación de atribuciones para intervenir frente a infracciones de las universidades privadas y disponer medidas sancionatorias en su contra. Además, se propone el establecimiento de la figura de interventores provisionales, en caso de formularse cargos, o interinos, cuando se cancele la personalidad jurídica y la caducidad del reconocimiento del Estado.
Nuevas facultades fiscalizadoras y sancionatorias para el Consejo Nacional de Educación son algunas de las propuestas incluidas en una moción (boletín 8364) que busca perfeccionar el actual sistema universitario y que fuera ingresada a trámite legislativo el pasado 13 de junio por un grupo de diputados de oposición encabezados por Rodrigo González (PPD).
El proyecto, derivado a la Comisión de Educación para su estudio, fue ingresado por el diputado González y sus compañeros de bancada Pepe Auth y Cristina Girardi, junto a los diputados DC Mario Venegas y Carolina Goic, PRI Alejandra Sepúlveda y PC Lautaro Carmona.
“Es necesario perfeccionar la legislación vigente de manera de asegurar que, en caso de incumplimientos graves de sus obligaciones y deberes por parte de estas entidades de educación superior, el Estado tenga las atribuciones idóneas para intervenir, investigar y sancionar las faltas cometidas”, plantearon los autores.
Más específicamente, la iniciativa modifica la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, dotando al Consejo Nacional de Educación, en tanto órgano técnico máximo del sistema educativo chileno, de atribuciones para intervenir frente a infracciones de las universidades privadas ya creadas, así como para disponer de medidas sancionatorias en su contra.
En esta línea, la moción indica que el Consejo, de oficio o por denuncia, iniciará las investigaciones tendientes a establecer la comisión de las infracciones a la normativa legal y administrativa vigente. Durante dicho proceso, los administradores y/o propietarios del establecimiento deberán suministrar dentro de los tres días siguientes todos los antecedentes que se le soliciten, como asimismo, tanto ellos como su personal directivo, administrativo y académico, tendrán la obligación de comparecer en caso de ser requeridos ante el organismo.
Más aún, se obliga a todos los órganos del Estado a suministrar las informaciones, documentación u otros antecedentes que obren en su poder, que sean solicitados por el Consejo en los procesos de investigación.
En caso de formularse cargos y aún antes de la resolución final, el Consejo podrá dictar una o varias de las siguientes medidas precautorias:
1.- Suspender temporalmente de su cargo al Rector y a la Junta Directiva de la Universidad o centro de educación superior, nombrando en su reemplazo a un interventor temporal que se haga cargo de la dirección y administración superior del establecimiento con plenos poderes de administración, excepto el de venta o enajenación de bienes inmuebles, para lo cual requerirá la autorización del Consejo.Esta suspensión podrá ser por un plazo de 90 días, prorrogables.
2.- Suspender el ingreso de nuevos alumnos a las carreras que se dicten.
3.- Someter a la Universidad o centro de educación superior a la supervisión de sus actividades académicas por parte de una o varias universidades
La moción también establece que el Consejo podrá cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial, previo proceso de investigación, en el cual se asegurará el derecho a formular descargos y defensas.
“La sanción será recurrible por la vía de un recurso especial de reclamación por ilegalidad ante la Corte de Apelaciones competente en la comuna en donde ésta tenga su sede central, el que gozará de preferencia para su vista y se agregará extraordinariamente a las tablas respectivas. La interposición del recurso no suspenderá los efectos de la resolución recurrida”, se establece.
La resolución que cancele la personalidad jurídica y revoque el reconocimiento oficial contendrá un plan de cierre de la Universidad, el cual deberá asegurar el derecho de los estudiantes a concluir íntegramente sus estudios. El plan de cierre del establecimiento no podrá superar el plazo de 7 años desde la fecha de la resolución. Mientras éste esté vigente, la personalidad jurídica y el reconocimiento oficial se mantendrán plenamente vigentes.
Con la finalidad de cumplir con lo recién indicado, el proyecto permite al Consejo nombrar a un interventor interino, que durará en sus funciones hasta el término total de las actividades de la Universidad, debiendo informar trimestralmente al organismo sobre la ejecución del plan de cierre.
Dentro de los requisitos que se imponen al cargo se establece la imposibilidad de tener vigente o haber suscrito, por sí o por terceros, contratos o cauciones con la respectiva universidad donde pasará a ejercer funciones. Tampoco podrán tener litigios pendientes con ella. Asimismo, no podrá ser cónyuge, hijo, adoptado o pariente hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades y funcionarios directivos de la Universidad.
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Las claves del proyecto de Superintendencia que busca fiscalizar y sancionar el lucro en las instituciones
Una de las características es el aseguramiento de los derechos de los estudiantes en caso de que la universidad, CFT o IP no cumpla con la Ley.
por La Tercera – 26/06/2012
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2012/06/657-468958-9-las-claves-del-proyecto-de-superintendencia-que-busca-fiscalizar-y-sancionar-el.shtml
La falta de atribuciones para poder fiscalizar y sancionar a las instituciones, CFT e IP que estén incumpliendo la ley respecto a la imposibilidad de lucrar, entre otras cosas, es una de las principales respuestas que entrega el Ministerio de Educación para poder haber evitado, por ejemplo, la situación de la Universidad del Mar.
Por esta razón, el Mineduc anunció que pondrán suma urgencia (15 días hábiles) al proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación Superior, que se está tramitando desde hace siete meses en el Congreso y que esperan esté listo a fines de agosto. Algunas de las características de esta institución según el Ministerio son:
NUEVAS EXIGENCIAS PARA LAS UNIVERSIDADES
Hoy no existe obligación de incorporar miembros independientes a la junta directiva. La Superintendencia, obliga a contar con ellos en sus directorios. Asimismo, actualmente si bien están permitidas las operaciones de personas relacionadas, no existe ninguna regulación. El organismo regulará las trasferencias, las que deben ser autorizadas por los miembros independientes y en condición de mercado.
NUEVAS ATRIBUCIONES
Actualmente se fiscaliza sólo ante una denuncia. Con la superintendencia se fiscalizará de oficio o ante denuncia. Por otra parte, hoy se depende de la información proporcionada por las instituciones. Con la iniciativa de gobierno, se podrá ingresar a las dependencias de las instituciones de educación superior y acceder a cualquier documento, libro o antecedentes que sea necesario para fines de fiscalización.  Así también, se podrá realizar u ordenar auditorias cuando existan sospechas fundadas respecto la veracidad y exactitud de la información entregada.
RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES
Según el Ministro de Educación, las atribuciones de hoy para asegurar los derechos de los estudiantes están dispersas en distintas instituciones del Estado. Con el proyecto, se podrá fiscalizar la prohibición de efectuar publicidad engañosa, respecto por las condiciones de contrato e impedir abusos en los procesos de titulación.
NUEVAS INFRACCIONES
La superintendecia considera infracción si se incumple con la regulación a las operaciones con personas relacionadas, con las obligaciones de información establecidas por la ley y contractualmente con los estudiantes. Ámbitos que hasta hoy no eran considerados.
NUEVAS SANCIONES
De 100 a 1.000 UTM es el monto máximo que deberá pagar una institución si no cumple con la normativa vigente. Además, se considera la inhabilidad para quienes infrinjan la ley respecto a las operaciones con personas relacionadas y la revocación del reconocimiento oficial.
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Boric: Si el Superintendente recién nombrado va a permitir el lucro nos vamos a seguir oponiendo
La vocera de la Aces señaló que “el problema no es la fiscalización o si nombran a una nueva autoridad para administrar los fondos”, sino que se trata de desmunicipalizar los establecimientos. Agregó que de no hacerlo, “funarán las elecciones municipales”.
por Fabiola Melo, La Tercera – 27/06/2012 – 16:26
http://www.latercera.com/noticia/educacion/2012/06/657-469140-9-boric-si-el-superintendente-recien-nombrado-va-a-permitir-el-lucro-nos-vamos-a.shtml
“Acá no necesitamos personas que hagan cumplir la ley en el mundo escolar, porque si cumplir la ley es volver a legitimar el lucro en la educación nosotros nos vamos a seguir oponiendo”. Así el presidente de la Fech Gabriel Boric, se refirió al nombramiento del primer Superintendente de Educación Escolar, Manuel Casanueva.
Según el dirigente universitario, “no pueden seguir existiendo empresarios que se sigan llenando los bolsillos a costa de todos los chilenos”, como ocurre actualmente en la educación escolar.
La misma visión comparte la vocera de la Aces, Eloisa González, quien señaló que “el problema no es la fiscalización o si nombran a una nueva autoridad para administrar los fondos”, sino que se trata de desmunicipalizar los establecimientos. Esto, porque según González, “la responsabilidad ha caído en los municipios o superintendecias, pero nosotros sabemos que bajo la experiencia de 30 años, esto no ha servido”.
El vocero de Cones, Cristofer Sarabia increpó también al Gobierno señalando que “¿hasta cuándo se va a seguir lucrando con la educación chilena? El dirigente sostuvo que si bien “en la educación universitaria es completamente ilegal lucrar y aún así se hace, en la educación secundaria es legal, y lo hacen a vista y paciencia, amparados por la ley”.
Desde la ACES, Gonzaléz anunció además, que si en cuatro meses el gobierno no desmunicipaliza los establecimientos, funarán las elecciones municipales. “Tienen exactamente 4 meses para desmunipalizar los liceos, porque esto no da para más. Si no lo hacen, nosotros funaremos sus elecciones municipales, que son el mecanismo más preciado que es lo que ha mantenido a una clase política que en su conjunto es responsable de que hoy se esté lucrando y que no exista educación de excelencia y de calidad”.
Los estudiantes aseguraron que “cualquier propuesta que emane y que hoy se planteé solucionar el problema de la educación debe estar basada en las demandas sociales”, pero “los proyectos de financiamiento y desmunicipalización no responden a las demandas del movimiento estudiantil, no se acercan ni han sido conversados con el movimiento estudiantil”, concluyó Boric.