El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran
Por : Noam Titelman en Opinión, El Mostrador, 28.06.2012

El Estado tiene una deuda histórica con las víctimas de las universidades que lucran

Según una reciente investigación del Centro de Estudios Públicos la promesa de que la educación universitaria produce una mejoría económica, debe ser cuestionada. Debido a la baja calidad de muchos establecimientos y a la falta de información de las familias, varias instituciones están produciendo que los alumnos pobres que entran a ellas, salgan más pobres, pues quedan fuertemente endeudados y adquieren cartones que en el mercado valen poco. Para los universitarios que hoy marchan, este terrible resultado es fruto del lucro con que operan muchas universidades. En esta columna el presidente de la FEUC Noam Titelman dirige sus dardos al Estado que no ha hecho cumplir la ley que expresamente les prohíbe a las universidades lucrar. “Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación”‘ argumenta.
Así reza el informe reciente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre la Educación Superior. Así de tajante y clara es la situación: durante décadas en nuestro país se ha violado la ley sistemáticamente, persiguiendo lucro donde está prohibido, y el mecanismo mencionado en la cita es solo una de varias estrategias empleadas.
Frente a esto me parece que quedan abiertas tres preguntas muy importantes para entender este último round entre el gobierno y el movimiento estudiantil (que ahora cuenta con el apoyo del
Poder Legislativo): ¿Por qué no debería haber lucro? ¿Quién es el responsable de que la normativa vigente no se haya cumplido? Y ¿qué hacemos ahora?
El debate en torno al lucro en la educación ha tenido larga trayectoria y se ha abordado desde varias aristas. Como punto inicial bastará confirmar que en educación escolar un sistema como el nuestro, con establecimientos particulares subvencionados con fines de lucro y financiamiento compartido, es único en el mundo. Su arista más grave es que genera un sistema profundamente segregado, con estudiantes de primera, segunda y enésima categoría amparados por una legislación absolutamente permisiva y con un deterioro progresivo de nuestro sistema público.
En educación superior tenemos más ejemplos similares en el mundo con los que compararnos. Esquemas de educación particular superior con fines de lucro no son extraños en el mundo. Sin embargo, lo que sí es extraño es el peso que tiene el sector privado y el financiamiento considerable que recibe desde el Estado.
La idea de los defensores del lucro es que, al igual que en el mercado de los zapatos o de cualquier otro bien, la persecución de bienestar personal de quienes son dueños de las empresas productoras, en este caso universidades, junto con un mercado perfecto significará que los establecimientos competirán entre ellos reduciendo sus precios al mínimo y maximizando la calidad del bien entregado. Pero, sin gran sorpresa se puede afirmar esto, la educación no es un zapato. Como lo explica el director del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine, las universidades no compiten vía precios, que solo suben, ni calidad, que puede ser difícil de medir antes de graduarse: las universidades compiten vía marketing.
Es imposible regular los incentivos de tantas entidades diferentes buscando el beneficio personal y empleando cada recurso imaginable para maximizar lo que cobran y reducir los costos de lo que entregan. No es ninguna sorpresa que entre las 100 mejores universidades no haya ni una sola con fines de lucro. Lo sorprendente sería que existiera tal universidad. El proceso educacional integral tiene múltiples dimensiones y, por lo tanto, no se puede estandarizar como si fuera una zapatilla. La educación que va más allá de un mero adiestramiento, no es un bien de consumo.
Cuando se plantea la necesidad de un sistema de educación público y la incompatibilidad de este con el lucro es porque se entiende que las instituciones de formación cumplen un rol público. Rol que requiere de la consonancia entre los objetivos de la institución y de la sociedad. Necesitamos universidades que busquen el desarrollo de nuestro país y la formación de ciudadanos de excelencia para cumplir esta misión, no meramente maximizar su retorno a la inversión. Curiosamente, el propio ministro Beyer, en su momento, afirmó que las universidades con fines de lucro nunca serán buenas universidades. Lo que nos lleva a nuestra segunda pregunta: si el efecto nefasto del lucro está tan aceptado ¿por qué nada se ha hecho para resolver esta situación?
Al respecto, las sentencias del ex ministro de Educación, Felipe Bulnes, a la comisión son esclarecedoras: “No es casualidad que ningún ministro de Educación –incluyo ambas coaliciones- haya ejercido acciones decididas para controlar esta materia…debo decir que la ley no fue pensada para sancionar a una universidad por dicha circunstancia…Esa ley tiene 30 años, pero nadie puede dar fe de que efectivamente algunas de las universidades no la estén burlando, incluso, es público y notorio –algunas personas se refirieron a ello antes que surgiera esta polémica- que las universidades representaban un buen negocio, en el sentido de que, así lo entendí yo, era una buena fuente de retiro de excedentes y de ganancias particulares, aunque la ley lo proscribe”
La situación es clarísima. Tenemos un sistema legal diseñado para hacer la “vista gorda” frente a quienes violan sistemáticamente la ley. De hecho, hemos visto ya a la luz pública, a varios miembros del gobierno actual y de gobiernos anteriores involucrados en esta transgresión. Sin embargo, queda absolutamente patente que una superintendencia, como se ha planteado en el último proyecto presentado por el gobierno, sería completamente impotente frente a los subterfugios empleados. Ya lo han dicho el director del CEP y el Contralor General de la República. Lo fundamental es legislar de manera contundente para que quienes lucren en las universidades y quienes lo hagan con fondos públicos en el resto del sistema educacional, tengan penas suficientes para que no siga siendo un negocio. Las penas estipuladas en el proyecto actual con suerte llegan a ser simbólicas y no permiten evitar las estrategias contables para ocultar el lucro.
Por último, quedan los miles de estudiantes que acuden a estos cuestionados establecimientos. ¿Cómo se hace cargo el Estado de una responsabilidad que ha abandonado notoriamente? Según un estudio reciente del CEP, presentado por Sergio Urzúa, más del 40% de los titulados de establecimientos privados obtendrán una rentabilidad negativa: haber estudiado en este tipo de universidades, lejos de permitir la promoción social y económica, ha significado una verdadera estafa que ha empeorado su situación económica. Es indignante e inaceptable, sobre todo cuando se considera la complicidad que ha tenido el Estado. Lejos de fiscalizar y castigar a quienes han infringido la ley, enormes y crecientes montos de recursos fiscales han terminado subsidiando esta situación. Según Contraloría, más de $85 mil millones fueron asignados solo a las universidades cuestionadas por el informe de la comisión investigadora y hay muchas razones para creer que el número de universidades y monto comprometido es bastante mayor.
Por lo tanto, el primer paso es terminar con esta verdadera complicidad en la que ha caído nuestro Estado. Se debe tramitar con urgencia una legislación robusta que permita fiscalizar y castigar a aquellos que estén lucrando con recursos fiscales. En segundo lugar, se debe prohibir y tipificar el delito cometido por aquellos que lucran y engañan a miles de chilenos. No es posible que la única sanción para quienes han cometido este ilícito sea revocar su estatuto de universidad.
Por último, el Estado tiene una deuda histórica con quienes han sido víctimas de las universidades que lucran y de las cuales el mismo Estado que fue cómplice. Los dueños de estas instituciones tienen que ser perseguidos en juicios civiles para devolver los recursos que fueron obtenidos ilegalmente del Estado, pero también de los miles de estudiantes que confiaron en las buenas intenciones de los establecimientos que se comprometían a no perseguir lucro. Estos recursos deberían emplearse en reubicar a los estudiantes en instituciones que cumplan la ley o renovar las instituciones asegurando que los nuevos controladores efectivamente sean organizaciones sin fines de lucro. Incluso a quienes ya se han graduado de estos establecimientos se les debiese garantizar la oportunidad de continuar con sus estudios para recuperar sus rentabilidades negativas o indemnizarles por sus pérdidas.
La solución es difícil y requerirá de grandes esfuerzos por parte de todos. La irresponsabilidad de quienes diseñaron e implementaron este modelo ha traído un nivel tal de injusticia que hace necesario plantear transformaciones de fondo y un gran proyecto nacional para subsanar estas falencias. Existen ejemplos de casos similares en el mundo. Evidentemente la solución no vendrá de la noche a la mañana y, de hecho, tomará varios años. Recordemos que tomó 30 años instalarlo.
Esperamos que el informe de la comisión investigadora y la denuncia en fiscalía, frente a la cual ya se ha comprometido un fiscal especial, permitan avanzar en esta dirección y romper con aquellos que han sentenciado la imposibilidad de recuperar nuestro sistema educacional. Como lo afirmó el propio Jefe de la División de Educación Superior del MINEDUC: “¿por qué hoy no ha habido ningún recurso en tribunales, si es que hay alguna institución que esté faltando a la ley de manera tan evidente, como se dice en todas partes? Porque las Universidades son todas instituciones organizadas, sin fines de lucro y, por lo tanto, no existe una evidencia mediante la cual uno pueda ir a un tribunal y denunciar a aquella institución que está faltando a la ley, o que el ministerio tome iniciativa al respecto”. Bueno, la denuncia está. Es hora de actuar.

Las “exigencias” del movimiento estudiantil al gobierno y parlamentarios para un “nuevo Sistema Educacional”
Entre las acciones que consideran “inmediatas” plantean la necesidad de retirar de su tramitación el proyecto de reforma tributaria, el que crea la Superintendencia de Educación y “congelar” la iniciativa que pone fin al CAE como mecanismo de financiamiento.
por EL MOSTRADOR, 29 de junio de 2012
http://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2012/06/28/las-exigencias-del-movimiento-estudiantil-al-gobierno-y-parlamentarios-para-un-nuevo-sistema-educacional/
Tres páginas tiene la carta de emplazamiento que los representantes de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) entregaron este jueves en el Palacio de La Moneda, y en la sede del Parlamento en Santiago, la que formula cinco “exigencias fundamentales para un nuevo Sistema Educacional”.
El objetivo, plantea la misiva, es “construir un Nuevo Sistema Nacional de Educación, basado en la concepción de la educación como un derecho social universal en todos sus niveles, que tenga como pilar la Educación Pública gratuita, democrática y de excelencia, y esté orientado a la erradicación de las desigualdades de clase, género y etnia, a la construcción de ciudadanía y la generación de un desarrollo integral y sostenible para el país”.
El petitorio se refiere a que la educación que se debe impartir en el país debe ser pública, gratuita, autónoma, democrática, pluralista, intercultural y de excelencia, y proponen como un punto de partida “inmediato” el retiro de la reforma tributaria impulsada por el gobierno que se tramita en el Congreso Nacional.
Pero no sólo eso, sino que también solicitan que no siga tramitándose el proyecto que crea la Superintendencia de Educación y que además se congele “la tramitación del proyecto de ley de financiamiento estudiantil del Ministro Beyer —que elimina el CAE—, porque ese proyecto debe ir de la mano con las medidas que se detallan a continuación para evitar la profundización del lucro, la estafa y mal gasto de recursos públicos”.
También solicitan el “fin inmediato al lucro con recursos públicos en todo el sistema educacional” y el aumento de los Aportes Basales para las Universidades del Estado, “que les permita su expansión, desarrollo y cumplimiento de su compromiso con las necesidades del país en términos de docencia, investigación, extensión e infraestructura. Este aumento progresivo deberá expresarse en el Presupuesto de Educación 2013 (cubriendo, al menos, un 50% de sus presupuestos) y tendrá como horizonte de mediano plazo el otorgar una educación gratuita”.
Ver el documento en: http://www.scribd.com/doc/98601102/Carta-Emplazamiento-Estudiantes
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Cien mil personas repletaron la Alameda recordando peak del año anterior
Estudiantes apuestan a lograr fin efectivo del lucro tras potente demostración de fuerzas en marcha de ayer
La masiva convocatoria ayudó a sellar varios temas: el contundente respaldo ciudadano a la agenda antilucro, la continuidad entre lo que se hizo el año pasado y éste, y la convicción de que vendrán más acciones similares. Mientras el ministro Harald Beyer llamó a los estudiantes a debatir en el Congreso, el presidente de la FECh, Gabriel Boric, asegura que este “entró desplegando una agenda, pero sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo piso. Ha ido teniendo que doblegarse frente a las presiones de empresarios de la educación”.
por ALEJANDRA CARMONA, El Mostrador, 29 de junio de 2012
La lluvia caía, pero no fue suficiente para detener a las más de cien mil personas que llegaron hasta la Alameda para marchar desde Plaza Italia hasta Avenida Blanco Encalada. Y la demostración no sólo sirvió para registrar una fotografía de la masiva concurrencia.
La tercera marcha —convocada por la Confech, que reúne a los universitarios, y las dos organizaciones de secundarios (Cones y Aces)— fue también la confirmación de cuál es el primer tema en la agenda de los estudiantes: el fin del lucro; una demanda que está presente en la carta que los jóvenes entregaron ayer primero en La Moneda y luego en la sede del ex Congreso.
“Fin inmediato al lucro con recursos públicos en todo el sistema educacional”, exige uno de los requerimientos de la misiva, punto para el cual se pide respuesta inmediata (ver documento adjunto). Lo mismo ocurre con otro tema importante para el Gobierno: el texto propone el retiro del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación, “pues en lugar de evitar que corporaciones que según la ley no deben perseguir fines de lucro lo hagan, encubre este delito”. Esto último, se contrapone con lo que defiende el ministro de Educación, Harald Beyer, quien ha argumentado que su cartera no tiene atribuciones para fiscalizar que no exista lucro y que esa situación podría ser diferente con la figura de la Superintendencia.
LA PRUEBA
La convocatoria de ayer era mirada como una prueba de fuerzas en un contexto que ha revelado el poder económico que existe tras el negocio de la educación. El informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados es una comprobación de ello, pero también lo son —para los estudiantes— situaciones como las que enfrenta el Ministerio de Educación, que entregó como plazo el 30 de junio para que las universidades hagan llegar sus balances financieros. Sin embargo, hasta el martes recién pasado, de 173 instituciones sólo 17 habían entregado la información requerida por esa cartera. Es decir, tampoco estas instituciones sienten la obligación de cumplir con los requerimientos de esa cartera. “Es un ninguneo al Gobierno”, comentan en la Confech.
La prueba de fuego ayer era la calle, algo fundamental para los estudiantes. No sólo porque reflejaría el apoyo de la ciudadanía a la demanda antilucro, sino también porque serviría para reforzar la conexión entre la pelea librada el año pasado y este 2012.
“Vemos al ministro solo”, piensan algunos dirigentes universitarios. Una idea que refuerza Noam Titelman, presidente de la FEUC: “Hemos ido sumando a diferentes actores del mundo social, pero también hemos sumado recientemente a los rectores de las universidades de Chile y desde el Poder Legislativo se ha dado un apoyo explícito gracias a este informe de la comisión. O sea, vemos que el gobierno se está quedando solo, porque no ha querido abrir los ojos y reconocer que esto no puede ser resuelto a la vieja usanza del debate entre pocos, sino que tendrá que incluir al movimiento social”.
La prueba de fuego ayer era la calle, algo fundamental para los estudiantes. No sólo porque reflejaría el apoyo de la ciudadanía a la demanda antilucro, sino también porque serviría para reforzar la conexión entre la pelea dada el año pasado y este 2012. También abriría la posibilidad de generar otros actos similares contra el abuso: de hecho, según comentan al interior de la Confech, un nuevo paso podría ser convocar a un paro nacional. Las medidas a seguir se tomarán en unas dos semanas más.
LA RESPUESTA DE BEYER
Casi al finalizar la tarde, el ministro de Educación Harald Beyer, se refirió a la masiva marcha y emplazó a los estudiantes a tomar en cuenta los acuerdos que se encuentran en el Parlamento. “Ellos están equivocados, han planteado y han participado en el Congreso en debates concretos, como por la Superintendencia, (donde) asistimos juntos a una discusión sobre ese proyecto de ley, sus planteamientos se escucharon y yo mismo dije que me parecieron interesantes”, afirmó Beyer, quien también advirtió que “no se pueden imponer propuestas desde la calle, hay instancias de diálogo. El Congreso es el lugar mas apropiado para la discusión”, argumentando en la misma línea que ya había trazado su antecesor, Felipe Bulnes.
Sin embargo, ninguna de las propuestas que no signifiquen terminar con el lucro efectivo servirán para que los estudiantes y el gobierno se pongan de acuerdo.
“Esta marcha viene a desordenar el mapa político”, enfatizó Boric. Y apuntó a más: “El ministro Beyer entró desplegando una agenda, pero sin embargo, poco a poco ha ido perdiendo piso. Ha ido teniendo que doblegarse frente a las presiones de empresarios de la educación… Lo ocurrido con la U. del Mar, las declaraciones de Herman Chadwick, aún con su rectificación, dejan absolutamente claro que aquí hay un problema que no se puede seguir escondiendo. Aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones; entre ellos, tres ministros de gobierno”.