Variadas debilidades del Informe comienzan a ser objeto de análisis en la prensa. Ver una selección a continuación y, al final, entrevista a Ministro H. Beyer.
Informe de comisión sobre la educación superior
El trabajo merece reparos formales y de fondo que restan validez a sus conclusiones y a la labor investigadora desempeñada por los diputados.
La tercera, editorial, 23/06/2012 – 04:00
LUEGO DE 10 meses de indagaciones, se han difundido las que serían las conclusiones de la comisión especial investigadora sobre el funcionamiento de la educación superior, creada por la Cámara de Diputados en agosto de 2011, en las que hace duras acusaciones contra un conjunto de universidades privadas, acerca de las cuales señala que realizarían prácticas contrarias a la disposición legal que las define como corporaciones educacionales sin fines de lucro.
El trabajo de la comisión merece distintos reparos formales y de fondo que restan validez a sus conclusiones. Estas reproducen de manera bastante fiel la argumentación inicial planteada por los 52 diputados que, hace un año, solicitaron crear la comisión, lo cual induce a pensar que las 24 sesiones celebradas y la comparecencia de más de 70 invitados a declarar sólo sirvieron para reafirmar las convicciones preestablecidas de los siete miembros de la comisión que votaron favorablemente el informe. Este y sus conclusiones muestran una clara disposición contraria a la educación superior privada y una idealización, que podría incluso calificarse de ingenua, de la labor de las universidades públicas. Es cierto que entre éstas hay instituciones de altísima calidad y prestigio, pero también que existen muchas de ellas que ofrecen educación de bajo nivel, realidad que el documento pasa por alto.
Constituye una omisión inexcusable que entre los invitados a comparecer no se encontraran varios de los rectores de las universidades acusadas. La explicación entregada por algunos diputados, en el sentido de que, como algunos de aquellos declinaron asistir, se desistió de convidar al resto, es una excusa pueril que niega un criterio de elemental justicia: el derecho a la defensa.
Más allá de estos reparos, es posible cuestionar si la labor de la comisión se ciñó a la disposición constitucional que la permite. La Constitución autoriza a la Cámara de Diputados la creación de comisiones especiales investigadoras para “reunir informaciones relativas a determinados actos de gobierno”, no para indagar a instituciones que se encuentran fuera del ámbito gubernamental, como las universidades privadas. Hubiera correspondido, en lugar de centrarse en la labor de éstas, que la comisión se enfocara en investigar por qué los entes fiscalizadores del Estado no estarían cumpliendo su tarea.
De hecho, las conclusiones del informe plantean en reiteradas ocasiones que el Estado no está desarrollando la labor fiscalizadora que le compete en el ámbito de la educación superior, pese a lo que exige la ley. Así, por ejemplo, acusa al Ministerio de Educación de no ejercer el control que le corresponde en ese ámbito y señala que “no se ha realizado en 30 años de lo que lleva de existencia el sistema de educación superior privado, alguna fiscalización, auditoría o simple revisión en orden a determinar la existencia de fines de lucro en algunas de las instituciones privadas”. Si esto fuera así, habría correspondido que la comisión pusiera el foco de su atención en lo que ella misma considera una obvia falta, pues ésta habría sido cometida por órganos gubernamentales sobre los cuales tiene competencia. Sin embargo, todo indica que por razones políticas prefirió pasar por encima de sus atribuciones y denunciar a instituciones privadas sobre las que la Constitución no le entrega jurisdicción.
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Lucro en la educación superior
El Mercurio, editorial, 23 de junio de 2012
Tras un año de haberse constituido, se han conocido las conclusiones de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados cuyo objetivo era “el funcionamiento de la educación superior”. Desde su primera sesión, sin embargo, influida por las circunstancias del momento, con las masivas protestas sociales del año pasado, el acento estuvo puesto en investigar el lucro en las universidades. Y el informe final ha recibido respaldo o rechazo de los miembros de la comisión según un estricto alineamiento político, lo que por cierto le resta credibilidad. A juicio de siete de los 13 diputados, siete universidades habrían violado la ley, pero el fundamento de sus acusaciones aún no se ha hecho público.
El funcionamiento de la educación superior debería abarcar mucho más que la investigación de los fondos en siete planteles, pero hace ya años que las comisiones de la Cámara parecieran empequeñecer los temas que investigan, en vez de contribuir a mejorar las normativas. El asunto no es simple, pues en la educación superior chilena está permitido el lucro, pero sólo en los institutos profesionales y los centros de formación técnica. En cambio, la ley establece que no puede haberlo en las universidades. Aunque los fundamentos de tal distinción nunca han quedado claros, no se ha hecho ningún intento serio por cambiar esta legislación en los últimos 30 años.
La conclusión de los diputados referida al lucro -la única que se ha publicitado y discutido en los medios- es sorprendente, pues de hecho una comisión de la Cámara se ha erigido en instancia investigadora de delitos económicos, y concluye sus actividades con una denuncia por algunos de sus miembros ante el Ministerio Público, antes incluso de que el informe tenga su redacción final y haya sido aprobado por la sala. Desde luego, el ámbito escogido no corresponde a su atribución constitucional de “fiscalizar los actos del Gobierno”. Pero mientras no se den a conocer todos los fundamentos de su conclusión, y antes de que el Ministerio Público inicie su propia investigación, resulta difícil afirmar si los múltiples mecanismos por medio de los cuales -según los diputados- se podría burlar la ley, se han utilizado en la realidad, o si se trata sólo de especulaciones.
Bajo las normas vigentes, el sistema de educación superior chileno ha tenido un vertiginoso desarrollo en las últimas décadas: de dar cobertura al cinco por ciento de la población en edad de cursar esta clase de estudios en 1981, en sólo 30 años se ha llegado a cubrir el 45 por ciento de las cohortes correspondientes, una cifra similar a la de los países de mayor desarrollo. Los visitantes extranjeros se maravillan al comprobar el buen nivel de nuestras universidades, que se han convertido en un polo de atracción para estudiantes de muchos países, incluyendo europeos y norteamericanos. Con sólo 2,5 por ciento de la población de América Latina, Chile cuenta con cuatro de las 10 mejores universidades de la región, según el ranking de QS elaborado en Londres. Los diputados de la comisión harían bien en fortalecer las bases sobre las cuales fue construido el sistema, en vez de intentar demolerlas.
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Parlamentarios de la UDI acusan “engaño”: Recrudece la polémica entre diputados por informe de la comisión sobre lucro
Presidenta de la instancia, Alejandra Sepúlveda (PRI), insistió en que no se deben adelantar opiniones hasta que el informe sea analizado en detalle.
Alejandra Muñoz C., El Mercurio, 22 de junio de 2012
Las diferencias entre los diputados de Gobierno y oposición que integraron la comisión que indagó el lucro en las universidades escalaron ayer luego que diputados de la UDI acusaran un “engaño” al votar.
Según Gonzalo Arenas (UDI), el lunes 18 debía votarse el informe elaborado por la Concertación. Sin embargo, “cuando estábamos votando, se nos dice que nos estamos pronunciando también sobre un texto adicional, elaborado por la diputada Cristina Girardi”.
Esa fue la razón, dijo, por la cual los diputados de Gobierno se abstuvieron. El informe aún debe ser votado por la sala de la Cámara de Diputados.
Según Arenas y su par María José Hoffman, el texto presentado el lunes no aporta ningún dato adicional ni denuncias formales. “Lo que busca es una intencionalidad política, para desprestigiar el aporte privado en la educación superior”, dijo Arenas. Pese a ello, reconoció que “hay antecedentes y sospechas fundadas de que puede haber universidades tanto públicas como privadas que están infringiendo la ley y por eso es muy bueno que el Ministerio Público investigue”.
La diputada Alejandra Sepúlveda (PRI), presidenta de la comisión, dijo que los parlamentarios sabían qué estaban votando, pues lo explicó dos veces. Además, pidió tranquilidad y no hacer comentarios hasta que se conozca el documento completo (cuya publicación, anunciada para ayer, no se concretó). Luego de eso, añadió, se entregará a la fiscalía.
Los cuestionamientos de Libertad y Desarrollo
1 Ausencia de rigurosidad:
Según LyD, el texto conocido hasta ahora se basaría en reportajes periodísticos, no incluye denuncias formales y tiene faltas de redacción y de ortografía.
2 Notoria ideologización:
Hay apreciaciones sin fundamentos. Se cuestiona la libertad de las instituciones de educación superior y su inversión en publicidad, dice el instituto.
3 Incoherente reflexión filosófica:
El texto incluye una reflexión filosófica, lo que excede el mandato de la comisión.
4 Comisión no investiga:
LyD sostiene que el documento se basa en un artículo periodístico de 2011 sobre tres universidades, a partir del cual se sacan conclusiones que se extienden a todo el sistema.
5 Informe parcial:
El informe afirma que las exigencias para crear universidades son escasas, pero no se dice cuáles son y se sostiene que es un buen negocio sin que se aporten datos financieros de los planteles, analiza LyD.
6 Análisis confuso:
No se aclara la responsabilidad de la situación actual.
7 Propuestas extemporáneas:
LyD cuestiona que se proponga la paralización de los proyectos de ley sobre educación superior que hay en el Congreso y que se plantee quitar todo el financiamiento a las instituciones.
8 Propuestas sin fundamentos:
Según LyD, no se incluyen estudios serios ni opiniones expertas y se desconoce el trabajo legislativo.
Revise el informe completo en internet http://goo.gl/IPGw8
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Rector de la UAH no descarta lucro en las instituciones del Cruch
Fernando Montes de la U. Alberto Hurtado, pidió control similar para todos los planteles.
por Christian Palma; La Tercera, 23 de junio de 2012
El Consejo de Rectores se reunió ayer con los máximos representantes de las ocho universidades privadas adscritas al proceso de admisión que utilizan los 25 planteles del Cruch. La idea fue precisar los detalles de la inclusión del ranking de notas de los secundarios. Sin embargo, el informe de la comisión de la Cámara de Diputados sobre la educación superior, no estuvo ausente de la cita.
“El lucro es un tema que tarde o temprano tiene que ser encarado de verdad porque echa a perder la credibilidad del sistema”, sostuvo el rector de la Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes.
La comisión parlamentaria denunció que, al menos, siete planteles privados realizan prácticas ilícitas que podrían estar encubriendo lucro. Esto originó una investigación del Ministerio Público y la reacción de los planteles citados.
“Espero que haya un fiscal que investigue a las instituciones que están contra la ley y que sean sancionadas. Y las que están bien queden con sus hojas limpias”, dijo Montes, cuyo plantel no aparece en el informe preliminar de la comisión.
Además, respondió al rector de la Usach y vicepresidente del Cruch, Juan Manuel Zolezzi, quien el jueves aseguró que ninguna de las 25 universidades tradicionales lucra. “Si bien las instituciones del Cruch no lucran ¿qué pasa con las facultades donde los profesores sí están lucrando?”, se preguntó Montes. “Por ejemplo -agregó- la Facultad de Economía de la U. de Chile, les permite a los profesores usar el nombre de la universidad para beneficio propio”. Aclaró que su afán no es defender a las universidades privadas, “pero es necesario el control para todos, porque hay universidades que tienen empresas lucrativas y son tradicionales”.
“Pedimos disculpas”
La cita entre el Cruch y los rectores de universidades privadas, sirvió también para limar asperezas luego que esos planteles no fueran considerados a la hora de instaurar el ranking de notas en la ponderación para ingresar a la enseñanza superior en 2013 y que se sumará a la PSU y las notas de primero a tercero medio.
“Pedimos disculpas porque no avisamos lo del ranking. Les explicamos que era un tema antiguo en el Cruch y que dábamos por hecho que estaban informados. Entendieron y valoraron la deferencia”, dijo Zolezzi.
Precisó que la próxima semana, el Cruch resolverá el porcentaje que tendrá el ranking en el proceso de admisión, el cual será flexible por plantel y carrera en las 33 universidades adscritas al sistema. Sin embargo, dijo “ningún plantel de estos puede quedar al margen”.
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Zolezzi niega lucro en universidades del Consejo de Rectores
Tras la reunión que sostuvo con la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior.
Tv Nacional, 24 Horas, 22 de junio de 2012
Representantes del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), liderados por su vicepresidente ejecutivo rector Juan Manuel Zolezzi, fueron recibidos este jueves en el Congreso Nacional de Santiago por la Comisión Investigadora sobre el funcionamiento de la Educación Superior, presidida por la diputada del PRI Alejandra Sepúlveda.
Este encuentro tuvo como objetivo conocer más detalles acerca de las conclusiones del informe que la comisión entregó durante esta semana.
El rector Juan Manuel Zolezzi, manifestó que este documento trata de algo muy serio y merece toda la atención del CRUCH porque ha sido realizado por un poder del Estado que tiene la misión de fiscalizar. “Hoy es un día distinto al día de ayer y esto significa un gran avance porque si bien el tema del lucro es vox populi ningún organismo del Estado lo había puesto sobre la mesa. Hoy día por primera vez tenemos a una institución del Estado de Chile que emite un informe de mucha trascendencia para el país, como es el lucro en la educación superior y que pudiera estar explicando fuertemente el nivel de endeudamiento al cual han sido sometidos los estudiantes y sus familias”, afirmó.
Zolezzi rechazó de plano el tema de que en alguna de las 25 universidades del Consejo de Rectores pueda haber lucro, asegurando que “en ninguna de las 25 universidades del CRUCH existe apropiación de excedentes, que es lo que se denomina lucro. En particular nosotros – como universidades estatales- estamos regulados por la Contraloría General de la República y la Ley de Transparencia. Las universidades del Cruch entregan informes al Ministerio, nuestros balances son auditados y públicos, igual que toda la información, por lo tanto no hay ninguna posibilidad”.
Se anunció que el informe será dado a conocer públicamente el viernes 22 de junio desde las 20 horas en el sitio de la Cámara de Diputados (www.camara.cl) y para conocer más profundamente su contenido los rectores invitaron a la diputada Alejandra Sepúlveda para la próxima sesión plenaria del CRUCH, que se realizará el próximo jueves 28 de junio en la Universidad Federico Santa María para que lo presente al pleno de rectores en detalle.
La diputada Alejandra Sepúlveda por su parte invitó a no sacar conclusiones apresuradas del documento y esperar el informe completo para poder ratificar todas las personas que fueron invitadas para su elaboración. “La reflexión que hoy día tuvimos con los rectores tiene que ver con cómo hoy día tenemos que mirar la educación superior, no como una industria sino como un eje central en el desarrollo de este país y no solo en términos de producción intelectual sino en términos valóricos, o sea sobre qué personas estamos formando para el servicio de este país”, explicó.
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Rector de Universidad Mayor: informe sobre lucro en la educación “tiene sesgo político”
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, dijo que el informe sobre el lucro en las universidades privadas realizado por la Comisión investigadora de la Cámara tiene “un sesgo político que es complejo” y pidió un análisis más técnico. Mientras que Fernando Montes de la Universidad Alberto Hurtado, bogó por un sistema universitario integrado y con las reglas claras para todos.
Viernes 22 de junio de 2012| por Nación.cl
El rector de la Universidad Mayor, Rubén Covarrubias, restó importancia técnica al informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. “No quiero estar prejuiciado, pero creo que hay un sesgo político que es complejo, me gustaría un análisis más técnico, creo que el sistema universitario privado chileno le ha traído muchos beneficios a la sociedad chilena” dijo a través de Radio Bío Bío, después de la reunión que sostuvieron los rectores de las 8 universidades privadas que suscriben el Sistema de Admisión y Selección Universitaria 2013 con el Consejo de Rectores.
En la misma oportunidad, Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, criticó que permanentemente se está cuestionando a las instituciones privadas y conminó a avanzar en la creación de un sistema único con reglas iguales para todos. “(Pido) que juguemos limpio y que haya claridad, yo creo que hay varias universidades que tienen empresas lucrativas y son de las universidades tradicionales. La universidad de Chile tiene empresas lucrativas. Todo eso debe ser muy claro”.

Harald Beyer y el lucro: “Voy a hacer cumplir la ley”
La Tercera, 23 de junio de 2013
El ministro dice que la agenda del gobierno en educación y su decisión de enfrentar los debates y levantar temas han contribuido a bajar la intensidad del movimiento estudiantil. Lo que la gente espera, asegura, son acuerdos. Si no los hay, seguirá castigando a los políticos. Se reconoce partidario de reformar el binominal, pero también de la unidad del oficialismo.
por Texto: Cony Stipicic H. – Fotografía: Ximena Navarro
Lleva casi seis meses en el gabinete en el que tanto se ha sufrido durante este gobierno. Dos antecesores y las calles llenas de estudiantes y sus familiares demandando gratuidad y calidad recibieron a Harald Beyer, hasta entonces, referente en cualquier debate sobre educación en el país. En este corto tiempo ha visto reducirse el tamaño de las manifestaciones y aumentar su popularidad en las encuestas.
Esta semana irrumpió nuevamente en la agenda el lucro, luego que la comisión investigadora de la Cámara de Diputados acusara a siete universidades de obtener ganancias. Beyer insiste en considerar insuficiente el trabajo, “porque recoge información que ya era pública y que todos conocíamos”, y apunta a que el tema es cómo demostrar que se infringió la ley. “Si es efectivo, tengo que cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial de las instituciones. Eso es lo que obliga a ser muy prudente en esto, porque en las instituciones mencionadas hay 130 mil estudiantes, o sea, más del 10% de la matrícula de educación superior en Chile”, señala.
La ley que prohibe el lucro existe desde 1981. ¿Por qué no se hizo nada antes?
Yo en esto quiero ser muy responsable. No ha habido las atribuciones suficientes, y nadie estimó necesario tener una regulación distinta. Hoy, la legislación dice: cuando hay fallas hay que iniciar un proceso de revocación del reconocimiento oficial. La ley no me da atribuciones para hacer cumplir esa disposición legal, no me da ningún instrumento. Cuando uno mira históricamente, yo creo que no hubo voluntad política para hacerlo.
¿Por qué?
No se vio como un problema. El mundo político reacciona mucho frente al problema y no hubo uno mayor en esto, y estábamos todos contentos con el aumento de la cobertura. Se pensaba que el acceso a la educación superior era el camino para corregir la desigualdad. Los aumentos de cobertura fueron muy bienvenidos y yo creo que no hubo una prioridad en favor de la educación superior.
¿Y cuándo pasa a ser un problema?
A mediados de la década pasada, por el financiamiento y también la regulación. Por ejemplo, el crecimiento de los programas de Pedagogía. El año 2000 había más de 320 programas, a fines del 2010 hubo más de 900. Eso no es razonable. La primera reacción del sistema fue crear la acreditación para garantizar calidad, pero al poco tiempo, nos dimos cuenta de que era un sistema relativamente débil e insuficiente, que no había suficiente transparencia, que el Ministerio era débil en atribuciones.
¿Qué va a hacer el gobierno con el lucro?
La postura del gobierno es clara: hacer cumplir la ley. Y para hacerlo bien, necesitamos más atribuciones. En el Congreso está el proyecto de superintendencia y queremos ‘cabalgar’ rápido en eso.
¿Qué se hará con las llamadas sociedades espejo? El ministro Joaquín Lavín ganó dinero al vender su participación en la inmobiliaria propietaria de los inmuebles de la UDD.
Yo quiero rebatir eso: de la existencia de transacciones entre empresas relacionadas, no se desprende necesariamente que haya una infracción a la ley.
Pero está la sospecha.
Bueno, pero lo que corresponde a un gobierno serio es demostrarlo y, si se hace, revocar el reconocimiento oficial. Estamos disponibles para hacerlo, pero primero se tiene que comprobar. Ahora, el proyecto de la superintendencia se ocupa de este tema. Primero, permite -como ocurre hoy día- que haya transacciones entre empresas relacionadas, pero obliga a fiscalizar y ver si efectivamente se hace a precios de mercado. Si lo son, no hay lucro. Al mismo tiempo, establece que la junta directiva debe tener directores independientes. Y se les aplican las mismas reglas de las sociedades anónimas: tienen que velar porque estas acciones sean correctas y que las instituciones cumplan con sus estatutos. Si no, pueden ser afectados en su patrimonio. Es una regulación bien fuerte y, además, la superintendencia va a tener mucha más capacidad para “meterse adentro” de la institución y velar por las transacciones precisas.
Desde el punto de vista de los principios, ¿al ministro de Educación le parece aceptable o no el lucro en la educación superior?
Bueno, hoy día existe, se permite en los centros de formación técnica e institutos profesionales; éstos pueden organizarse como sociedades comerciales y obtener excedentes. En el caso de las universidades, se prohibe. Más allá de cuál sea mi postura, el gobierno ya tomó la suya: hacer cumplir la ley. Y yo lo voy a hacer.
¿La legislación en trámite le parece suficiente para velar por la calidad de la educación superior y el cumplimiento de la ley respecto del lucro?
Nosotros creemos que sí. Tenemos un sistema heterogéneo, desde instituciones complejas hasta otras que sólo son docentes. Y creo que hay espacio para todas. Hay que recordar que los estudiantes de las universidades estatales representan el 17%; de las privadas tradicionales y no tradicionales, el 45%, y 38% los institutos profesionales y CFT. Lo que nosotros tenemos que asegurar es: transparencia, cumplimiento de la ley y calidades razonables en toda la oferta. Para eso son el sistema de aseguramiento de la calidad y la superintendencia, y yo noto en el Congreso ánimo de tener un buen resultado en esta línea y avanzar.
¿Cómo está su relación con los estudiantes? Usted no se ha reunido con ellos. ¿No lo considera necesario?
La verdad nos hemos juntado, informalmente, en varias ocasiones. Pero no, no está dentro de mis prioridades, porque cuando lo planteé -de muy buena fe- ellos no aceptaron. Pusieron cuatro condiciones que yo no tenía autoridad para satisfacer. Así que decidí que si se produce la oportunidad, encantado, pero no está en mi agenda. Hay siete proyectos en el Congreso que resuelven muchas de sus demandas. Mi esfuerzo está concentrado hoy día en llevarlos adelante.
¿Cuánto influye en su evaluación la baja en la intensidad del movimiento?
El país está pidiendo diálogo y nosotros hemos demostrado con hechos que estamos disponibles. Es una combinación de factores. Ha disminuido y eso era esperable. No he visto en ninguna parte del mundo que un movimiento pueda mantenerse con la misma intensidad de un año a otro. Hubiese sido muy raro.
¿Hay algo que lo haya debilitado en particular o es el desgaste lógico?
Es una mezcla de factores. Nosotros tenemos una agenda que uno puede cuestionar o criticar, pero es potente.
¿Y usted cree que la gente que acompañó a los estudiantes en la calle así lo está percibiendo?
La gente finalmente entiende que esto se tiene que resolver por la vía de las instituciones. Insistir en imponer una agenda tomándose la calle no es la forma correcta de operar en democracia.
¿Cómo entra en este juego el aumento de de 30% a 42% en su aprobación como ministro?
No sé, no tengo una explicación…
Pero usted sabe de encuestas…
Mi interpretación es que tenemos, por una parte, una agenda válida, legítima, con fuerza. Lo segundo es que yo he enfrentado el debate. He sostenido -por ejemplo- por qué no creo en la gratuidad, y lo he hecho con transparencia.
Camila Vallejo dice que sólo con argumentos técnicos…
Siempre es legítimo usar argumentos técnicos. No he eludido ninguno de los temas. Puedo tener aproximaciones distintas a otras personas, pero he tratado de enfrentarlos de la mejor forma posible. Y he puesto temas que me parecen relevantes para la gente; siento que tengo poco tiempo para hacerlo y tal vez no voy a poder concretarlos todos, pero sí dejar una discusión sobre lo que tenemos que enfrentar: clasificar a las universidades, buscar una nueva forma de entregarles financiamiento, apoyar a las que producen más bienes públicos. No busco que la gente esté conmigo, pero sí reconozco en todas las encuestas que la gente es sensata. Y cuando uno le transmite lo que está haciendo, dice ‘puede ser, le doy el beneficio de la duda’.
¿La gente le está dando al gobierno ahora el beneficio de la duda en educación?
Así es.
El gobierno y la Concertación no se ponen de acuerdo respecto del diálogo y la búsqueda de consensos. ¿Qué tan necesarios resultan éstos en educación?
Son tremendamente importantes. El país tiene que construir aquí una agenda permanente, amplia y compartida. Si uno mira los grandes números, el nuestro sigue siendo un país donde hay dos grandes coaliciones, que van a coexistir durante mucho tiempo. Yo no comparto que haya un problema de representatividad, porque finalmente, en las encuestas la gente se identifica con las dos coaliciones. La gente es ideologizada, y lo que hay es una demanda por soluciones y por acuerdos. Es muy parecido a lo que está pasando en Europa. El europeo promedio está castigando a sus líderes porque no ser capaces de ponerse de acuerdo. Acá en los últimos años el mundo político está castigado por lo mismo. La señal de la gente es ‘pónganse de acuerdo y avancemos’.
¿Quién no lo está entendiendo, entonces, el gobierno o la Concertación?
No veo que el gobierno le haya dado un portazo a los acuerdos. Por lo menos en mi área estamos abiertos a lograrlos. El 2011 generó mucha desorientación en el mundo político, y se nota todavía en las discusiones, como que el político tiene temor de no estar representando bien a la ciudadanía. Esa desorientación se está comenzando a superar y vamos a ir avanzando en más acuerdos. Creo que el alza en la aprobación del gobierno tiene que ver un poco con eso.
¿Con la percepción de una mayor disposición a llegar a acuerdos?
Claro. La población quiere eso: pónganse de acuerdo, avancen, resuelvan los problemas en la medida de sus posibilidades. En esto la gente es sensata y quiere avances, aunque sean parciales y aunque las cosas no sean perfectas.
¿Es inaceptable que se condicione el diálogo al debate sobre el binominal?
Poner condiciones no responde a una voluntad de diálogo. Lo que pasa es que la Concertación tiene un problema de cómo enfrenta estratégicamente los dos años que quedan. Y esto se mezcla con la voluntad de diálogo. Sentémonos y veamos cómo encontrar acuerdos.
Usted es partidario de reformar el binominal y pasar a un uninominal corregido, así lo escribió antes de llegar al ministerio. ¿Cómo recibe que la UDI se oponga como lo ha hecho?
No me siento cómodo comentando cuál es el sistema electoral más adecuado, pero creo que la coalición requiere también de unidad. Los gobiernos la necesitan. Hay que reflexionar sobre este tema y, sin abandonar la prioridad, alejar la presión. Si tú me dices “vamos a discutir el sistema electoral del 2017”, mucha de la ansiedad disminuye. La discusión se evita, porque la Concertación está un poquito cerrada en torno al proporcional, que, claro, es el sistema que históricamente rigió en Chile, pero que combinado con un sistema presidencialista como el nuestro provoca fraccionamientos y mucha dificultad para gobernar.
¿Esta una reforma relevante para el país?
O sea, me gustaría un sistema electoral distinto. Pero eso lo digo como ciudadano, no como ministro.