Crédito solidario ha recuperado el 32% del total de dineros invertidos en 16 años
Entre 1994 y 2010, el Estado destinó US$ 4.200 millones al fondo para alumnos del Cruch
por Christian Palma, La Tercera, Santiago, 5 de mayo de 2012
En enero de 1994, se promulgó la ley que puso en vigencia el Fondo Solidario de Crédito Universitario (FSCU), que reemplazó al antiguo crédito fiscal y que buscaba facilitar el acceso a la educación superior a jóvenes cuya situación socioeconómica no les permitía pagar total o parcialmente el arancel de sus carreras.
La idea es que a dos años de egresados, los beneficiados pagaran el 5% de sus ingresos anuales por 12 ó 15 años, como máximo. El saldo, después de ese plazo, se condonaba. El espíritu de la ley se basó en la solidaridad. Es decir, que en la medida que los estudiantes egresaran, sus pagos favorecieran a otros.
Sin embargo, un estudio del Mineduc reveló que el “carácter solidario en la retribución de los fondos” no se ha cumplido.
“El porcentaje de recuperación de los créditos ha estado muy por debajo de lo necesario, lo que ha generado una baja sustentabilidad económica y limitaciones en la expansión de la cobertura”, dice el informe.
Desde su creación hasta 2010, años comprendidos por el análisis, el Estado asignó más de $ 2 billones (unos US$ 4.200 millones) para 515 mil jóvenes que ingresaron a alguna de las 25 universidades del Cruch. En comparación, los primeros cinco años de funcionamiento del Crédito con Aval del Estado (CAE) le demandaron al Fisco un gasto de más de US$ 2 mil millones.
En 2010, un tercio de los alumnos de primer año de las universidades tradicionales fue beneficiado con el fondo. La cifra equivale al 7% del total de estudiantes que ingresaron ese año a la educación superior. Con CAE estudian 300 mil alumnos, casi un tercio de la matrícula total.
Con todo, el fondo solidario sigue siendo conveniente para el estudiante, “en comparación con el crédito Corfo y CAE”, dice el informe. La morosidad del CAE, según un informe del Banco Mundial, llega a 30%.
En el fondo solidario existen 101 mil morosos (19,7%), cuyo monto de deuda asciende a $ 360 mil millones, lo que equivale al 17,7% de lo invertido en el sistema en esos 16 años. Otros 80.871 están en período de gracia (lapso de dos años tras el egreso y donde el deudor está exento de pago). Ellos deben $ 398 mil millones (el 19,6% del total). Esto significa que, en promedio, el sistema tiene una tasa de deudores morosos del 38% y una tasa histórica de morosidad del 40%, la que resulta bastante alta si se compara, por ejemplo, con los créditos bancarios que no superan el 6,5%.
Según Matías Acevedo, miembro de la comisión que asesoró el gobierno en materia de financiamiento, este crédito ha cumplido un rol importante en el acceso a la educación superior, pero no su rol solidario, porque una parte importante de quienes lo reciben no cumple. “El fondo tiene una baja sustentabilidad económica”, dice.
De hecho, sólo 165 mil de los beneficiarios ya canceló sus compromisos o está al día, aportando al sistema $ 671 mil millones, lo que equivale al 32% del total del dinero asignado al sistema en los 16 años analizados. Otro 7,19% de los beneficiados reprogramó su deuda (19,6% del total asignado). Ciento treinta mil jóvenes están estudiando. A ellos, el Estado les ha entregado $ 490 mil millones, el 24% del total de recursos.
Aunque el fondo funcionara bien, “siempre necesitará recursos adicionales”, dice Acevedo, quien agrega que “con el 5% del salario que se paga y un interés de 2%, no es posible que todos paguen su deuda total antes de la condonación del saldo”.
El fenómeno ha generado un impacto social negativo y ha obligado al Estado a desembolsar más dinero. En 2010, por ejemplo, el aporte directo del Fisco ascendió a $ 97 mil millones. En 1997, llegaba a poco más de $ 30 mil millones. Es decir, en 13 años se triplicó.
El documento del Mineduc es crítico y señala que las causas para la mala recaudación pasan por una deficiente gestión de cobro, donde las universidades juegan un rol central; un marco legal restrictivo y la deserción de estudiantes. De hecho, mientras en algunos planteles se llega a recaudar el 80%, en otros, la cifra no supera el 10%.
Una situación que la comisión de financiamiento de la educación superior, presidida por el economista de la UC, Ricardo Paredes, reconoció, señalando que las universidades no son las más adecuadas para cobrar. Además, la comisión señaló que no existe un sistema para confirmar los ingresos reales de los deudores y que existen obstáculos para quienes quieren regularizar su situación, como intereses por mora muy altos.
Para el rector de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, el cobro será mejorado con el nuevo sistema. “Será una agencia del Estado la que cobre, salvo que se haga la retención de impuestos”, dice.
Por plantel
La UC de Temuco es la institución que presenta la mayor proporción de beneficiarios: seis de cada 10 matriculados. En cambio, en la U. Arturo Prat lo hace sólo el 12%. Históricamente, las tres universidades con una mayor cantidad de beneficiarios son la de Santiago, la de Chile y la de Concepción.
Esos planteles podrían ser los más afectados con el nuevo crédito estatal, que establece una cuota mensual de pago que no supere el 10% del sueldo.

Nuevo sistema de financiamiento: la última palabra aún la tienen los bancos
Angello Macera, Presidente de la Federación de Estudiantes, Universidad Adolfo Ibáñez, El Mostrador, 5 de Mayo de 2012
Y se terminó la espera para muchos. El Gobierno sacó adelante una propuesta que promete terminar con el más urgente de los problemas del sistema educacional: el endeudamiento.
En la propuesta, algunos puntos fuertes firman su hora de entrada: el nuevo crédito universal a una tasa del 2% de interés. El pago contingente al ingreso con tope máximo de 180 pagos. La sorpresiva expulsión de la banca privada de todo financiamiento referente a educación. Y la apertura de la plataforma al 90% de estudiantes de más escasos recursos que decidan ingresar a algún establecimiento educacional (Universidades, CFT, e IP).
Aunque vasta en mejorías, la propuesta del ministro Beyer presenta un aspecto que determinará grandes y profundas consecuencias negativas según nuestro juicio. Me explico: la propuesta basa su funcionamiento en darle diferentes “valores” a las carreras Universitarias. Este valor es calculado por una fórmula, la cual considera diferentes variables que condicionan cuánto el estado debe invertir en dicha carrera (el estado decide esos valores).
El problema de fondo aquí es que la calidad de la educación, que es finalmente la que determina su arancel de referencia, sólo considera aspectos mercantiles, y no de impacto social, histórico, sociológico, psicológico, o humanista; los cuales son fundamentales si pensamos en un Chile íntegro, rico, y completo intelectualmente.
Un ejemplo: supongamos que la carrera de ingeniería comercial en la universidad “A” cuesta 5 pesos mensuales. El Estado hace sus cálculos y estimaciones respectivas, y determina que la carrera en esa institución no cuesta 5 pesos, sino que 3 pesos mensuales. Lo que NO significa que la carrera de ingeniería comercial en otra universidad “B” sea estimada en 3 pesos, pues las características de ambas universidades pueden ser diferentes, y eso hace que el Estado “valore” diferentemente las carreras en las distintas universidades.
¿Cómo determina el ministerio el “valor” de cada carrera, o bajo qué variables y condiciones?
El “valor” depende de: ingreso económico futuro de la carrera, nivel socioeconómico, tasa de deserción en esa institución, y duración de la carrera en dicha institución.
Se entiende que mientras mayor sea el sueldo de esa carrera, menor sea el nivel socioeconómico de los estudiantes, menor sea la tasa de deserción, y menor sea la duración de la carrera; entonces más dinero recibirá la institución como financiamiento por parte del crédito estatal.
Entonces me pregunto: ¿Qué sucede con aquellas Facultades que imparten carreras humanistas de baja valoración comercial? Este nuevo modelo premia y financia a todas las carreras con grandes proyecciones mercantiles, pero muchas carreras que entregan tremendos aportes a la cultura del país quedan fuera de este discurso. Por ejemplo, a la carrera de arte en la universidad “A”, le será otorgado un arancel referencial de 2 pesos, pues ese es el valor que el estado cree que la carrera “vale”.
Razonable, pero si esa universidad antes cobraba 4 pesos, sus estudiantes con crédito sólo obtendrán 2 pesos por parte del estado, dejando una brecha de 2 pesos para alcanzar los 4 requeridos. ¿Qué sucederá con la diferencia del arancel real con el referencial? Tenemos dos casos reconocibles a primera vista:
La facultad baja considerablemente el arancel de su carrera para igualarlo al referencial (baja que produce disminución de ingresos mensuales a la institución, por lo que la facultad perderá millones de pesos cada mes, obligando a la institución a tomar medidas para reducir gastos, o en su defecto a inyectar recursos desde otro lado para salvar la carrera, o lisa y llanamente obligándola a cerrar dicha carrera).
O, la facultad mantiene los precios en 4 pesos, y obliga a los estudiantes a acceder a créditos bancarios para poder alcanzar los 4 pesos mensuales. Esto es nefasto, pues si pensamos que el discurso oficial es firme y claro con respecto a la retirada de los bancos del financiamiento de la educación, podemos declarar que el tema finalmente no es así (muchas familias no tendrán más opción que acceder a créditos de bancos para costear la diferencia del arancel).
Y volvemos a caer en el gran problema del chileno medio: la liquidez sólo la tienen los bancos y el Estado, y cuando este último ya no se involucra más, el crédito bancario aparece como la única e imperdonable opción de sobrevivencia.
El problema de fondo aquí es que la calidad de la educación, que es finalmente la que determina su arancel de referencia, sólo considera aspectos mercantiles, y no de impacto social, histórico, sociológico, psicológico, o humanista; los cuales son fundamentales si pensamos en un Chile íntegro, rico, y completo intelectualmente.
Jamás encontraremos la propuesta perfecta para el financiamiento, pues jamás dejaremos contentos a todos. Pero esta propuesta – según nuestra opinión – es una gran mejoría a todo lo existente.
Al menos desde aquí, desde la oficina de la Federación de estudiantes de la UAI, hacemos nuestro mejor trabajo para localizar y determinar cuáles son las posibles falencias que esta nueva propuesta puede tener. Siempre construyendo y abogando por hacer de nuestro sistema educativo uno mucho más justo y transversal.