Aumenta el coro de opiniones y las opciones de los diversos actores frente a la propuesta esbozada por el ministro Beyer. Rápidamente la discusión tiene a centrarse en torno a mecanismos, instrumentos, medios, medidas e intereses concretos en pugna. La orientación general del diseño, sus supuestos de política pública y todo lo que no es cáluclo de ganancia y pérdida tiende a quedar fuera. Es el mundo de la racionalidad instrumental del que habla Weber. Lo demás es música de fondo…
Fin del CAE: 6 puntos que inquietan a los rectores universitarios Aumenta el coro de vocesc
Por: Boris Yaikin | Consejo de Rectores /Agencia UnoConsejo de Rectores /Agencia Uno, El Dínamo, 25 de abril de 2012 – 07:45
La forma de calcular los nuevos aranceles de referencia, el pago de la diferencia entre arancel real y de referencia, el estancamiento de los aportes basales a las universidades y la pérdida de la distinción entre las universidades privadas y estatales son algunos de los puntos que los rectores del Consorcio de Universidades Estatales observan con recelo en la nueva propuesta entregada por el ministerio de
La casa central de la Universidad Católica será el escenario donde los 25 rectores miembros del Consejo de Rectores, Cruch, se reunirán este 26 de abril para analizar las implicancias del Sistema integrado de financiamiento estudiantil, iniciativa presentada el martes por el propio titular de la cartera, Harald Beyer, y que, entre otros puntos, considera la creación de una agencia como sistema único para la entrega de becas y crédito estatal, eliminando la participación de los bancos.
En la cita del Cruch -que se reúne cada jueves- estará presente el jefe de la división de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan José Ugarte, como representante del Ejecutivo, y será él el encargado de despejar las dudas de los rectores frente al anuncio del Mineduc, que aunque en términos generales han valorado la iniciativa del gobierno, han manifestado también sus aprensiones con varios puntos.
Los estudiantes, en tanto, quienes participarán hoy en la primera marcha nacional del movimiento estudiantil del año, aseguran que esperarán hasta el sábado para referirse en detalle a la última propuesta de financiamiento, día en los dirigentes universitarios realizarán una nueva reunión de la Confech.
Desde el Consejo de Rectores aseguran que la iniciativa aún no se les informa de manera oficial y que solo se enteraron de ella a través de la prensa, y que tendrán que analizarla para presentar una postura unificada al respecto, por lo que, previo a la reunión del día jueves, las autoridades del Consorcio de Universidades Estatales, que reúne a las diesciséis Universidades Estatales o Públicas de Chile que pertenecen al Cruch, se reunirá el día miércoles.
¿Cuáles son los puntos que analizan las autoridades universitarias? Por lo menos 6, que van desde fin del rol que jugaban los bancos en el financiamiento hasta cómo se verán afectadas las universidades regionales con el anuncio del Ejecutivo.
1. El fin de los bancos
Uno de los puntos más aplaudidos por los distintos actores del conflicto estudiantil fue el anuncio de Harald Beyer de eliminar a los bancos del sistema de financiamiento “tanto de la educación pública como la educación privada”. Esta iniciativa significa una “ganancia neta” según el rector de la Universidad de La Frontera y presidente del Consorcio de Universidades Estatales, Sergio Bravo.
“Uno se alegra de que no sean más los bancos los que prestan la plata, que -creo- hará que el Estado ahorre plata. Era absurdo lo que le estaba costando al Estado los créditos por parte de la banca. Ahí hay una ganancia neta”, explica Bravo.
2. Nuevo cálculo de aranceles de referencia de cada carrera
El nuevo proyecto del Gobierno contempla también una nueva forma de calcular los aranceles referenciales (que es el valor de la carrera calculado por el gobierno). Según Beyer, en el recálculo se incluirán nuevas variables como el nivel socioeconómico del estudiante, y características de la carrera como duración, empleabilidad y deserción. Esto para “establecer aranceles de referencia más justos y acordes a la realidad de cada carrera e institución”, dijo en la oportunidad el Secretario de Estado.
Este punto es “preocupante” para el rector de la Universidad de La Frontera y vicepresidente del Consorcio de Universidades Estatales, Sergio Bravo, ya que “aparecen otras variables que se colocan para realizar este cálculo. Debemos esperar hasta el jueves (en el Consejo de Rectores) para tener una opinión completa de este punto”.
En tanto, para Aldo Valle, rector de la Universidad de Valparaíso, la iniciativa significa “un primer paso” ya que existe “una manifestación de voluntad explícita del Gobierno en que se abre a revisar la metodología para establecer estos aranceles de referencia”.
3. Diferencia entre arancel real y de referencia: universidades regionales saldrían perjudicadas
Quizá uno de los puntos más resistidos por parte de los estudiantes respecto a la iniciativa entregada por Beyer, es que cada institución de educación debe cubrir la diferencia entre el arancel referencial (valor calculado por el Ejecutivo) y el arancel real ( lo que vale de verdad cada carrera dependiendo de la casa de estudios).
La medida, aseguran desde el Confech, perjudicaría de sobremanera a las universidades de región que pertenecen al Consejo de Rectores, puesto que estas casas de estudio “ya presentan una deuda importante. Si ahora tienen que pagar esa diferencia, se desplomarán”.
“Es lamentable que sean las universidades quienes deban financiar la diferencia entre el arancel real y el de referencia”,afirmó ayer el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectores, Juan Manuel Zolezzi,
Según el rector de la Universidad de La Frontera, Sergio Bravo, “desde el 2006 las universidades del Consejo de Retores cubren la diferencia entre los aranceles, luego de que las 25 universidades del Consejo de Rectores firmaron un acuerdo con Sergio Bitar, el entonces ministro de Educación. Ahora ese modelo se quiere pasar a las universidades privadas”.
En tanto, el rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, asegura que “no me parece que antes de hacer el análisis del recálculo del arancel de referencia se diga que la brecha será pagada por las instituciones universitarias sin hacer tampoco ninguna distinción, porque el sistema universitario en Chile es muy heterogéneo. Hay universidades que realizan tareas muy distintas”.
4. No hay límite en lo que cobran las universidades, por lo que no se prohíbe el lucro
“La educación en Chile es demasiado cara y me hubiese gustado que si el Estado pone las lucas hubiera al menos una regulación de precios”, dice el rector de la Universidad de La Frontera, Sergio Bravo, refiriéndose a la inexistencia del control a las instituciones de educación superior sobre el precio que puede imponer en cada una de sus carreras, lo que, según los estudiantes, “valida a las instituciones con fines de lucro”.
El rector de la universidad de la Novena región explica que “en este punto, la propuesta queda al debe. A un alumno de una carrera cuyo precio debiera ser de 2 millones (arancel de referencia), pero cobra 4 millones, el gobierno le puede prestar los 2 millones y será la universidad la que deberá endeudarse por los otros dos millones. Además, no es lo mismo un 2 % anual de 2 millones que de 4”.
En la misma línea, El rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle, explica que “en un sistema de financiamiento estudiantil que no establezca límites, que no establezca regulaciones serias fundadas en una potestad pública genuina, obviamente las propuestas podrían contribuir a consolidar la mercantilización de la educación superior, lo que obviamente no responde a las necesidades que tienen las familias de esos jóvenes”.
5. No aumenta aportes basales
Otro punto que cuestionan los estudiantes de la Confech, y que es refrendado por las autoridades universitarias, es el nulo aumento de los aportes basales a las universidades del Estado, demanda establecida por el movimiento estudiantil el año pasado.
El proyecto de Beyer “no considera para nada el financiamiento de las instituciones. Aquí se ha hecho un dogma idelógico donde solo subsidia la demanda y no se transfieren recursos a las instituciones y eso responde a la lógica de mercalización de la educación superior que existe hace varias décadas”, explica el Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.
“No estoy de acuerdo con esa lógica. Es un pésimo modo de asumir una responsabilidad del Estado como es la educacíon en general”, subrayó.
En la misma línea, el Rector de la Universidad de La Frontera, Sergio Bravo, señala que la propuesta de Beyer responde a “una política de financiamiento del estudiante, es decir, de la demanda y no de la oferta” y añade que “los aportes basales quedan al debe”.
6. Distinción entre las universidades privadas y estatales
Un punto que se debatirá tanto entre los rectores este jueves y los universitarios este sábado, es la homologación de las instituciones de educación estatales y privadas, ya que tanto el Fondo Solidario, que estaba destinado a alumnos de universidades tradicionales, y el Crédito con Aval del Estado, destinado para privadas, centros técnicos e institutos, se fundirán en un solo sistema de crédito.
“En la propuesta no se distinguen que en el sistema de eduación superior hay instituciones muy distintas: las universidades estatales y del Cruch llevan a cabo una misión más compleja y deben aportar a la cultura nacional, a la investigación, al desarrollo de ciencias además de la formación de profesionales”, explica el Rector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle.
Con la nueva propuesta, el Estado podrá “entregar recursos a instituciones que están lejos, creo yo, de asumir integralmente las responsabilidades que tienen las instituciones educacionales con la sociedad”.
Para el Rector de la Universidad de La Frontera, Sergio Bravo, este punto es de especial cuidado, pues “cuando firmamos el 2005 el compromiso de poner la diferencia de los aranceles, las autoridades de la época se comprometieron a que no se iba a mezclar el Crédito con Aval del Estado con el Fondo de Crédito Solidario, por lo que es muy difícil opinar de esto cuando no se conoce la totalidad de la propuesta del gobierno”.
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Rectores de Ues. estatales dicen que es inconveniente unificar créditos
Señalan que para que exista un sistema de financiamiento único, debe haber regulación de aranceles.
por Carolina Araya, La Tercera, 26 de abril de 2012
Si bien el anuncio del gobierno de la creación de una agencia que se haga cargo del financiamiento estudiantil en un principio fue celebrado por todos los sectores, han surgido varios reparos a la propuesta en su conjunto.
Para los rectores del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), el planteamiento que realizó el lunes pasado el ministro de Educación, Harald Beyer, “no soluciona el problema del endeudamiento que es en definitiva la gran demanda que ha hecho el país”, dijo el presidente de la institución y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle.
Sin embargo, uno de los problemas de fondo que plantean los rectores es que no consideran conveniente unificar los créditos que existen -Fondo Solidario y Crédito con Aval del Estado- sin que antes se establezca una regulación de aranceles “de modo vinculante. Una vez establecida esa condición, entonces definir sistemas de financiamiento estudiantil equivalentes”, dijo Valle, quien agregó que el sistema “debe dar cuenta de las diferencias que hay en el sistema de educación superior, de la diversidad que hay en los oferentes, de las misiones y de los roles”.
Para que esto ocurra, según el rector, deben existir “regulaciones vinculantes para todos, que garanticen una relación entre precio y calidad. No nos parece conveniente que simplemente se configure un sistema de financiamiento que trate a todos por igual, porque sabemos que esa igualdad es muy aparente. En consecuencia, podría resultar más caro para el Estado y no lograr los objetivos que tiene un sistema de financiamiento para la educación superior”, dijo.
La autoridad académica agregó que los alumnos de las universidades del Consejo de Rectores se verán perjudicados con las nuevas condiciones del crédito que establece un pago de hasta un 10% del sueldo y durante 15 años. Con el Fondo Solidario se pagaba el 5% del sueldo y sólo durante 12 años.
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Universidades estatales miran con dudas los anuncios ministeriales
El Mercurio, 26 de abril de 2012
Dudas y críticas sobre la propuesta de financiamiento estudiantil del Ministerio de Educación plantearon ayer los rectores de las quince universidades estatales.
Aunque consideraron que es positivo que sea una agencia estatal la que administre el sistema de ayudas estudiantiles y que se baje el puntaje para acceder a becas -porque favorece la inclusión- el presidente del consorcio de planteles del Estado y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, planteó que hay, a lo menos, tres aspectos negativos en la iniciativa.
El primero apunta a que la propuesta no resuelve el problema del endeudamiento. “Tal como está enunciado, los profesionales chilenos, de cara al futuro, tendrían que soportar un impuesto del 10% hasta por 15 años de sus ingresos”, afirmó Valle.
El segundo cuestionamiento apunta a que, en el contexto actual de la educación superior, hay dudas respecto de la pertinencia de crear un solo fondo de crédito. “No creemos conveniente que el sistema de financiamiento sólo venga a consolidar una mercadización de la educación superior. Que haya una libertad de oferta sin mayores regulaciones”, dijo Valle, quien agregó que lo conveniente sería que antes de crear un solo fondo se avanzara en asegurar que no haya lucro y que la oferta sea de calidad
Además, sostuvo el rector de la U. de Valparaíso, con el nuevo sistema se cambian las condiciones históricas que han tenido los beneficiarios del Fondo Solidario del Crédito Universitario, como el pago de cuotas correspondientes sólo al 5% de sus ingresos.
El sistema de financiamiento ideado por el Ejecutivo será el tema central de debate en la reunión del plenario del Consejo de Rectores, que se realizará en la casa central de la U. Católica. El ministro Harald Beyer irá a la cita para explicar su propuesta.

El comienzo del fin del actual sistema de educación superior
Por : Claudia Sanhueza en Opinión, CIPER, Publicado: 25.04.2012
Para la economista de la Universidad Diego Portales, Claudia Sanhueza, la salida de los bancos del financiamiento de la educación superior constituye un paso significativo, “aunque 30 años de políticas equivocadas no serán fáciles de borrar”. Para no creer que el tema esta solucionado o siquiera cerca de estarlo, Sanhueza enumera problemas acuciantes, como le hecho de que el mercado educativo está absolutamente desregulado y “tendió a un crecimiento exagerado de los aranceles, provocando alto endeudamiento y baja rentabilidad en varias carreras de diversas universidades en Chile”. Tal vez el defecto más importante, dice la economista, es “el paradigma sobre el cual se funda el actual sistema de financiamiento: que el retorno a la educación superior es privado y la educación es una inversión individual”.
La movilización social por la educación que se generó el año pasado fue una oportunidad de hacer un scanner completo del sistema de educación superior e identificar las fallas en su funcionamiento.
El diagnóstico fue bastante grave, y todavía no es posible pronosticar cuáles serán las consecuencias de largo plazo de este mal funcionamiento. Un mercado con fallas evidentes como la falta de información de los actuales proveedores y del futuro, absolutamente desregulado, que tendió a un crecimiento exagerado de los aranceles provocando alto endeudamiento y bajas rentabilidad en varias carreras de diversas universidades en Chile. Un crecimiento de la matrícula en carreras universitarias, en algunas instituciones de dudosa calidad en varias carreras que posiblemente no sean las que el país necesita para su desarrollo, sin una contraparte fuerte en carreras técnicas. Donde además se financia casi en su totalidad con los aportes de las familias y los préstamos bancarios: según datos de la OCDE en Chile el 75% del gasto en educación superior es gasto privado.
Todo esto combinado con la idea preconcebida de que los retornos a la educación superior son altos para todos y 100% privados, y que son los más ricos o futuros ricos los que se beneficiarían de ésta. Ideas preconcebidas acerca de la regresividad de los subsidios a la educación superior. Ideas preconcebidas acerca de las bondades del sistema de educación superior chileno.
“Una propuesta alternativa, que se presentó en la Comisión de Expertos, era que todos los actuales estudiantes fueran financiados mientras realicen sus estudios y cuando sean parte del mercado laboral, estén sujetos a un impuesto adicional en su sueldo por una determinada cantidad de años. Según nuestros cálculos, un impuesto adicional del 4% sobre los actuales trabajadores con educación superior financiaría el costo actual de la educación superior.”.
La reforma propuesta por el Ejecutivo esta semana hace un giro significativo en las actuales políticas educacionales en el área. Aunque 30 años de políticas equivocadas no serán fáciles de borrar, este cambio de rumbo ilumina un poco el camino.
Uno de los cambios más significativos tiene que ver con el cierre del Crédito con Aval del Estado y la creación de una Agencia Pública para administrar los fondos disponibles para financiar el costo de las carreras de educación superior. Esto quiere decir que el Estado retoma, en parte, una posición perdida en la regulación y administración del sistema de financiamiento que tanta falta hace.
Adicionalmente, los estudiantes del 90% de menores ingresos, que son en estos momentos el 83% de la matrícula total del sistema (CASEN, 2009), podrán acceder a un crédito que se pagará solamente en función de los beneficios reales que obtengan de su paso por la educación superior. Esto es similar a lo que existe en varios países, entre ellos Australia y Canadá: quienes hoy estudian financiados por el Estado, más tarde en su vida laboral, pagan un impuesto adicional o un porcentaje de su sueldo, por un determinado número de años, para ayudar a financiar a las nuevas generaciones. Si los ingresos no alcanzan a cubrir la devolución completa, la deuda en condonada.
Esto provoca una dispersión en el pago final que los graduados hacen por la misma carrera. Quienes no tengan sueldos altos, y en 15 años no alcanzan a pagar el costo real de la carrera, pagarán en su totalidad menos que aquellos a quienes les fue mejor: arancel diferenciado.
La relevancia de la propuesta en términos distributivos depende de los años en que se repague el préstamo y el porcentaje del sueldo. En la propuesta del Ejecutivo, el plazo de pago es de 15 años y el porcentaje del sueldo es de 10%. Entonces, una persona que se endeudó en 2 millones de pesos, en una carrera técnica en un CFT de 2 a 3 años, y después de eso gane el mínimo, lo pagaría en aproximadamente 10 años. Por otra parte, una persona que estudie una carrera universitaria y se endeude en 15 millones de pesos, y luego tenga un sueldo de 800 mil pesos, lo podría pagar en 15 años. En Chile, el 50% de los trabajadores con algo de educación superior ganan menos de 600 mil pesos mensuales. Por lo tanto, dependiendo de los montos de deuda, esto podría beneficiar a un número significativo de los estudiantes.
Aún así, esta propuesta no cambia el paradigma sobre el cual se funda el actual sistema de financiamiento: que el retorno a la educación superior es privado y la educación es una inversión individual. Es más, se está dejando fuera del esquema de financiamiento, y por ende fuera del impuesto adicional del 10%, a los estudiantes del 10% más rico de la población. Una propuesta alternativa, que se presentó en la Comisión de Expertos, era que todos los actuales estudiantes fueran financiados mientras realicen sus estudios, y a la vez, cuando todos sean parte del mercado laboral, estén sujetos a un impuesto adicional en su sueldo por una determinada cantidad de años. Según nuestros cálculos, un impuesto adicional del 4% sobre los actuales trabajadores con educación superior financiaría el costo actual de la educación superior.
Sin duda, la propuesta del gobierno es importante en la transformación del sistema de educación superior, aunque podríamos avanzar mucho más.
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¿Qué se gana con la propuesta de financiamiento de la Educación Superior?
25 de abril de 2012 – 00:05 | Por: Mirentxu Anaya | Agencia Uno/ Agencia Uno, El Dínamo
Para que todos ganen, hay que darle turno urgente a la calidad. De lo contrario seguirán egresando alumnos de Educación Superior sin entender lo que leen y seguirán proliferando universidades sin escrúpulos.
El año pasado el movimiento estudiantil universitario se movilizó por tres temas centrales: los problemas de costo o endeudamiento, los problemas de calidad y el lucro ilegal de algunas instituciones de Educación Superior.
Las nuevas medidas presentadas por el ministro Harald Beyer recogen las demandas asociadas a las deudas. Las propuestas sobre el CAE -imaginamos que concepto que terminará con este nuevo sistema donde el Estado no será aval, sino administrador-, contribuyen a disminuir el endeudamiento en el que se encuentran miles de jóvenes de nuestro país que necesitan costear, a través de créditos y becas, su educación superior.
Sin embargo, si no avanzamos hacia la calidad, estos beneficios no serán ni reales ni efectivos.
El recién egresado al comenzar a trabajar, quiere tener una deuda menor al horror de antes, pero también, y por sobre todo, quiere tener las competencias y conocimientos necesarios para sentirse capaz de enfrentar su vida laboral.
Desgraciadamente esto no siempre ocurre así. Cada día hablamos con muchos profesores que, a su pesar, critican su formación inicial y han sentido poco compromiso de parte de sus instituciones para prepararlos realmente para el trabajo en aula, para enseñar en distintos contextos sociales, para abordar diferentes ritmos y necesidades de aprendizaje.
Desde esta constatación, es importante relevar que la educación superior requiere de una reforma integral que no sólo aborde el tema del endeudamiento, sino que aborde la calidad de este sector. Sólo así ganan realmente aquellos que pueden -gracias a las nuevas garantías de financiamiento- acceder a la universidad.
En esta línea, es necesario abordar dos temas centrales. Uno, el problema de la deserción, los jóvenes en sus primeros años tienen serias dificultades para adaptarse y nivelarse frente a las exigencias de las carreras que eligen. La tasa de deserción bordea el 40%, y en algunas carreras llega al 65%. Esto hace que algunos abandonen sus estudios o que extiendan los años de sus carreras encaraciéndolas aún más.
En segundo lugar, es necesario regular el funcionamiento de las instituciones que imparten educación superior. El Estado no debiera asignar becas o créditos para instituciones de educación superior que no estén debidamente acreditadas. Es urgente contar con procesos que fiscalicen, entre otros, los aranceles reales (para que no sean extremadamente excesivos con respecto a su arancel de referencia), los procesos de admisión y nivelación, la calidad de las mallas curriculares y los años de duración las carreras.
Valoramos las medidas propuestas por el ministro para que se avance en reducir el endeudamiento de los actuales y futuros egresados de la educación superior. Pero para que todos ganen, hay que darle turno urgente a la calidad. De lo contrario seguirán egresando alumnos de Educación Superior sin entender lo que leen y seguirán proliferando universidades sin escrúpulos que aún sin acreditación formarán docentes que luego educarán a miles de niños. Un trágico suma y sigue.
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Nuevo financiamiento de la educación superior
El Mercurio, editorial, 26 de abril de 2012
El ministro de Educación, Harald Beyer, ha presentado un conjunto de importantes medidas que buscan abordar el financiamiento de la educación superior de modo integral, en las distintas áreas tan intensamente debatidas en los últimos meses. En general, son propuestas bien orientadas a remediar deficiencias del sistema actual. Algunas, sin embargo, requieren mayor elaboración y otras plantean ciertos interrogantes que deberán debatirse en los próximos meses.
El elemento más importante es la unificación del crédito estudiantil en una sola modalidad, que reemplaza al Fondo Solidario y al Crédito con Aval del Estado, dejando atrás la diferenciación entre universidades. El nuevo crédito es muy diferente del hoy existente, ya que supone una rebaja de la tasa al dos por ciento para todos los alumnos del 90 por ciento más pobre y un pago proporcional a los ingresos futuros, todo ello por un máximo de 15 años. Tal unificación es muy positiva, ya que evita una discriminación injustificable, y el cobro vinculado al ingreso es correcto. Asimismo, los rangos de cobro parecen razonables, en sí mismos y a la luz de cierta experiencia internacional comparada.
Con todo, habría sido pertinente que el sistema de crédito fuese estándar para todos los alumnos, en vez de un complemento a las becas para los tres quintiles de menores ingresos: si quienes egresan de la educación superior los tienen suficientes para destinar una pequeña parte de ellos a financiar el sistema en general, parecería justo que lo hicieran. Es cierto que sería difícil afectar beneficios ya comprometidos, pero dada la cantidad de recursos involucrados -tanto en el financiamiento del crédito como en el subsidio a lo que no se alcance a recaudar-, el aporte de quienes actualmente no están obligados a pagar habría sido deseable.
Lo anterior, tanto más porque uno de los aspectos no dimensionados aún es el costo real que este proyecto tendrá para el Estado. Algunos cálculos muestran que, manteniendo los actuales aranceles, la tasa de recuperación de recursos alcanzaría en algunas carreras sólo al 50 por ciento de lo prestado. Multiplicado esto por el número de beneficiarios, puede terminar siendo un monto muy considerable, aunque, por cierto, significativamente menor que el de la “gratuidad” de la educación que exigen ciertos sectores radicalizados del movimiento estudiantil.
Precisamente para determinar el monto de recuperación de los dineros será fundamental su sistema de cobro, y es positivo que se prevea a través del Servicio de Impuestos Internos, un organismo con buena información, eficiente y que asegura el retorno de los recursos. El gran riesgo que conlleva el que el Estado cobre esos recursos es la posibilidad hipotética de que en el futuro otras demandas sociales pidan condonar la deuda y que eso se acepte por motivos políticos. Pero al estar en manos del SII y vinculado al ingreso, el riesgo se reduce fuertemente, aun cuando no se elimina.
La exclusión de la banca responde a una demanda de las movilizaciones de 2011, pero, más allá de su origen ideológico, si el sistema estatal de cobro da garantías de que realmente se hará en forma eficiente, parece adecuado para darle viabilidad social a este proyecto.
Existe, adicionalmente, un riesgo asociado al hecho de que el SII se encargue del cobro, cual es que un porcentaje de los profesionales no son dependientes (casi 15 por ciento), y deberán pagar mediante cuotas provisionales mensuales. Eventualmente, alumnos recién egresados tendrán incentivos para no incorporarse de modo formal al mercado del trabajo para evitar el pago, aunque eso no debiera ser significativo, porque el porcentaje de sus ingresos será bajo.
Otra medida muy importante es el cambio en la forma de calcular los aranceles de referencia (monto máximo que cubre el crédito) y el financiamiento del diferencial, que en la actualidad es bastante amplio en muchas carreras. El ministro anunció que durante mayo se dará a conocer una fórmula de cálculo de tales aranceles de referencia, y adelantó que en ellos se incorporarán variables como la empleabilidad de los estudiantes, sus ingresos futuros esperados y aspectos de gestión de los planteles, como deserción y duración de los programas.
Es una propuesta novedosa y que puede ser muy transparente. Además, incentiva a bajar la duración de las carreras, y algo similar ocurre con la deserción, cuyos niveles en Chile son excesivamente altos. Sin embargo, dos aspectos deben ser analizados con detención. Por una parte, no será fácil llegar a una ecuación perfecta, que incluya todas las variables adecuadamente ponderadas. Pese a ello, se puede transformar en una fórmula más justa que la actual y que entregará información adecuada al estudiante respecto de qué se espera de cada carrera en cada plantel. Para eso, es fundamental que la fórmula aísle efectos no deseados, como, por ejemplo, que los egresados de un plantel tengan muy buenos sueldos debido a su origen socioeconómico y no a la calidad de la educación recibida en él.
Por otra, ¿qué pasará con aquellas carreras que tienen una baja rentabilidad económica, pero a cuyo respecto haya interés particular en estudiar y beneficio social de que ellas existan? Un caso, por ejemplo, es la carrera de Filosofía, donde el arancel de referencia puede terminar siendo muy bajo -por los ingresos proyectados de sus egresados-, pero el costo de impartirla adecuadamente es alto. Así, es posible que la fórmula propuesta inhiba la existencia de algunas carreras. Con todo, eso podría subsanarse con una especie de subsidio determinado por un grupo de expertos -algo posible, pero complejo.
En relación con el arancel de referencia, y acogiendo una de las propuestas de la Comisión Paredes, se anunció que las casas de estudio deberán financiar la diferencia entre aquél y el arancel real de las carreras. El monto de este financiamiento dependerá del diferencial entre los nuevos aranceles de referencia y los costos reales cobrados. Si la brecha disminuye fuertemente respecto de lo actual, resultarán montos pequeños y el problema sería acotado. Pero si no es así, montos altos pueden afectar severamente a las universidades que tienen un porcentaje mayor de alumnos pertenecientes a los nueve deciles más bajos.
Al recaudar el propio Estado -vía el SII-, la probabilidad de pago es mayor y evita que la universidad deba dedicarse a temas que no le son propios. Sin embargo, si la referida brecha fuere alta, puede producir problemas de financiamiento a ciertas instituciones, e incentivos a que las universidades eviten la entrada de los alumnos más pobres.
En suma, este conjunto de medidas aún requiere ciertos afinamientos, que deberían darse en su discusión parlamentaria, pero recoge la preocupación ciudadana en este tema, termina con discriminaciones injustas, incentiva a los planteles universitarios a corregir ciertas deficiencias y no debiera comprometer los recursos fiscales más allá de lo razonable.