Conclusiones del informe de Financiamiento Estudiantil
por Ricardo Paredes, La Tercera, Apr. 15 , 2012
El informe de la Comisión de Financiamiento Estudiantil, entregado al gobierno y difundido por el Ministerio de Educación, contiene una primera parte de un diagnóstico muy necesario, pues una de las sorpresas con las que nos encontramos fue la enorme disparidad de información, la que, ordenada, facilitará las decisiones de política pública en la materia. Luego le sigue un análisis, y concluye con varias recomendaciones.
En primer lugar, determinamos que la demanda por gratuidad total significaba beneficiar incluso a alumnos de segmentos ricos, fuertemente sobrerrepresentados en la educación superior, con dinero de todos los contribuyentes, incluyendo a los pobres. Que ni una reforma tributaria focalizada resolvería esa regresividad (el dinero de la recaudación no viene marcado) y que, por ende, sería mejor, desde una perspectiva de equidad, hacer que los más ricos pagaran al menos parte de su educación.
En segundo lugar, constatamos que sólo en parte detrás de la demanda de gratuidad hay razones ideológicas de fondo, pues muchas de las propuestas, como financiar la gratuidad con impuestos a los egresados, sugieren que los beneficiados terminen pagando, particularmente si son más ricos.
Determinamos sí que la demanda por gratuidad deriva de un problema real de las familias, cual es que incluso estudiantes con becas y créditos hoy pueden requerir financiamiento a tasas y condiciones de mercado, las que pueden ser gravosas. Ello, porque las ayudas estudiantiles cubren, en el caso de los estudiantes de las universidades tradicionales, sólo hasta el Arancel de Referencia (AR), pero lo que éstas cobran puede ser sustancialmente más. En el caso de los estudiantes de universidades no tradicionales y de los CFT e IP, la diferencia respecto de lo que cubre la ayuda es incluso mayor, pues éstas son inferiores al AR.
En tercer lugar, y relacionado con lo anterior, concluimos que si bien pudo tener un origen razonable, la diferenciación que hoy existe al privilegiar la ayuda a los estudiantes que acceden a las universidades tradicionales, y que representan sólo un tercio de los estudiantes de la educación superior y menos de la mitad de los universitarios, no está basada en criterios de calidad.
Esto, porque cualquier diagnóstico objetivo no muestra que sólo o fundamentalmente las universidades tradicionales entregan una mejor educación que las no tradicionales, sin perjuicio de que la productividad científica esté concentrada en un conjunto de instituciones tradicionales. Por ello, la propuesta de la comisión fue que las ayudas se consolidaran en una Beca de Excelencia y en un Crédito por Arancel de Referencia, lo que sólo dependiera del mérito del alumno y no de la antigüedad de la universidad.
El diseño del crédito, que ahora cubriría hasta el noveno decil de la población, tiene características que aseguran que ninguna familia quedará asfixiada con deudas. Se trata de un crédito dado al estudiante, con tasa subsidiada del 2%, y que deberá pagar no en cuotas, sino que con un tope de hasta 10% de su ingreso a partir de un año y medio después del egreso. Si el egresado no consigue un empleo que le permita saldar el crédito en 20 años, se condona la deuda remanente.
En cuarto lugar, y para abordar el problema que surge del hecho de que las instituciones pueden cobrar más de lo que financia el Estado, que es el AR, se le exige a la institución que acepta alumnos beneficiados con ayudas becar a esos alumnos por la brecha de aranceles, o que avalen un crédito por dicha brecha, el que también el estudiante paga con contingencia a su ingreso. Esto se puede interpretar como que la institución que cobra sobre el AR se hace responsable de que el alumno que ingresa egrese, y que, una vez egresado, halle un buen trabajo. De otra forma, pagará al Estado el exceso de arancel que cobró.
Esta propuesta sin dudas que propende más hacia la equidad de lo que tenemos hoy. Hoy la decisión de las instituciones es becar o dejar fuera, y la decisión de los alumnos es endeudarse a tasas elevadas o quedar fuera. La propuesta permite a las instituciones que cobran en exceso del AR jugársela por los alumnos y carreras en las que confía tendrán buen futuro laboral. Naturalmente, y con el propósito de evitar segmentación, la propuesta incluye que las instituciones no requieran antecedentes distintos a los académicos para seleccionar a los alumnos.
En quinto lugar, la propuesta se hace cargo de la crítica que han hecho estudiantes al eventual excesivo cobro y utilidades de la banca. Aunque no es evidente que ello haya sido así, recoge la aprensión y la traduce en un planteamiento que se puede interpretar de la siguiente manera: la administración de las ayudas debe separarse del origen de los fondos, de modo que en el caso de que la tasa de interés implícita que cobre la banca por generar los fondos sea superior a la tasa de costo de fondos de parte del Estado, sea éste el que traspasa los fondos a ser administrados por una institución determinada en una licitación diferente.
Finalmente, el informe hace varias propuestas orientadas a la equidad y a la calidad del sistema. Respecto de cómo determinar la elegibilidad de los alumnos, sugiere considerar el ranking de notas en la enseñanza media. En cuanto a cómo avanzar en determinar calidades mínimas que hagan elegibles a las instituciones a las ayudas de estudiantes, materia fundamental para el futuro de la educación superior, propone caminos que, sin embargo, no requieren estar completamente resueltos para avanzar con las recomendaciones de financiamiento estudiantil.
Profesor, Escuela de Ingeniería PUC, Presidente Comisión.
Columna publicada en la sección de Negocios del 15 de abril de 2012.
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Recursos asociados
— El riesgo de confundir la reforma educacional con una reforma tributaria, 15 abril 2012
— Rentabilidad de la educación superior en Chile, 10 abril 2012
— Opinion sobre el Informe de la Comisión establecida por el Gobierno, 7 abril 2012