Profesión docente: una oportunidad
por José Joaquin Brunner, investigador Universidad Diego Portales
La Tercera, 12 de marzo de 2012
EL PROYECTO de nueva carrera docente es una pieza esencial para el futuro de la educación chilena. Lo primero que llama la atención es el cambio radical de visión que esta iniciativa pone de manifiesto. En efecto, hasta ayer partidarios técnicos e ideólogos del gobierno sostenían la conveniencia de terminar con la excesiva regulación que, según ellos, imponía el estatuto docente. Mil veces declararon la necesidad, incluso, de asimilar esta profesión a aquellas que se desenvuelven libremente en el mercado, abogando por la eliminación de aquel estatuto. Se culpaba a éste del bajo rendimiento del sistema escolar.
Tan simplista como equivocado diagnóstico, no compartido por el ministro Beyer, ha sido abandonado en favor de un enfoque que busca fortalecer y estimular el desarrollo de la profesión docente mediante un conjunto de regulaciones públicas. Así, se consagra la acreditación obligatoria de programas conducentes al título de profesor; se limita el acceso a la carrera a quienes hayan rendido la PSU y aprueben un examen de egreso (Inicia), se libera tiempo de aula para otras tareas esenciales de la profesión, la promoción a lo largo de la carrera se hará en función del desempeño de los maestros evaluados a nivel central y de establecimiento, y la remuneración individual variará con los resultados del trabajo. En suma, se creará una nueva carrera profesional, con un nuevo estatuto, que gradualmente irá reemplazando el actual ordenamiento. El hecho de hallarse previsto su financiamiento, garantiza su sustentabilidad y la atracción de la nueva carrera.
Cabe esperar que el Congreso perfeccione el proyecto propuesto allí donde requiere correcciones. La principal falla consiste en restringir su alcance al sector municipal. En un sistema de provisión educacional mixta, como el chileno, con predominio de establecimientos privados, las reformas deberían guiarse por el principio de la igualdad de trato entre los distintos proveedores. Sostenedores municipales y privados, de cualquier tipo, deberían quedar sujetos a las mismas exigencias y recibir los mismos beneficios; por ende, debería existir igualdad de obligaciones curriculares, extensión de la jornada, de los subsidios otorgados, las reglas para su uso, las modalidades de rendición de cuentas y de compromisos de los colegios frente a la comunidad y el Estado.
Esencial en esta igualdad es el régimen profesional docente que, en lo posible, debería ser el mismo en uno y otro sector. El argumento de que el sector privado adoptaría por sí sólo las regulaciones diseñadas para el sector municipal representa una recaída en la ideología ingenua de los automatismos del mercado.
Hay otros aspectos que necesitan revisarse con cuidado, como la omisión de las profesionales parvularias y la coexistencia de dos esquemas de evaluación de los docentes que operarían en distintos niveles y con criterios diferentes. Este último es un conflicto anunciado y debería corregirse. En fin, estamos frente a una iniciativa innovadora, cuyas ambigüedades pueden superarse con ánimo convergente ahora que hay una base de consenso en torno a la necesidad de contar con estándares profesionales más altos y con regulaciones públicas más exigentes.
Recursos asociados en este Blog
— Sobre el nuevo estatuto de los docentes: Proyecto y comentarios críticos, 8 de marzo de 2012
— Proyecto para una nueva profesión docente, 4 de marzo de 2012
— Ecos en torno al proyecto de ley para la profesión docente, 3 de marzo de 2012
— Reformas planeadas para la profesión docente, 2 de marzo de 2012