Continúan las protestas estudiantiles en España y sus ecos político-sociales, como muestra la crónica del diario El País. Más abajo reproducimos el excelente análisis de Jamil Salmi sobre las protestas estudiantiles del año 2011 desde una perspectiva global, con una certera interpretación de la experiencia chilena de movilización estudiantil.
Los estudiantes encienden la mecha de la protesta en la calle
Doce heridos y doce detenidos en Barcelona, donde hubo más de 60.000 manifestantes
Rajoy: “Les pido a los españoles que entiendan que las cosas no son tan fáciles”
Marchas en 25 ciudades contra los recortes en educación y las cargas policiales
Lluís Pellicer Barcelona, El País, 29 FEB 2012
El hastío por los recortes, los ejecutados y los que se avecinan, sacó ayer de las aulas a miles de profesores y estudiantes. En Madrid, Valencia o Barcelona —donde más de 60.000 personas colapsaron el centro de la ciudad— miles de alumnos y trabajadores de escuelas y universidades salieron a la calle desoyendo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ayer apeló a los ciudadanos para que fueran comprensivos con sus medidas ante el nuevo ajuste presupuestario que deberá emprender si Bruselas no suaviza los objetivos de reducción de déficit para este año. “Les pido a los españoles que entiendan que las cosas no son tan fáciles”, rogó Rajoy.
La súplica de Rajoy para que los ciudadanos acepten nuevos sacrificios llega, sin embargo, casi dos años después de que las Administraciones empezaran a emplearse con las tijeras, de las que no se salvaron ni los servicios esenciales del Estado del bienestar, que gestionan fundamentalmente las comunidades autónomas. Y ese sacrificio, el que los ciudadanos ya asumieron sobre todo el año pasado, finalmente solo sirvió para rebajar el déficit en ocho décimas en el conjunto del sector público español en 2011.
La indignación por los recortes educativos se canalizó el año pasado a través del 15-M y de un goteo de manifestaciones en varias comunidades. La protesta de hace dos semanas del IES Lluís Vives de Valencia podría haber sido una más de esas movilizaciones, pero las cargas policiales prendieron la mecha contestataria entre los estudiantes, que ayer estaban convocados en 25 ciudades para protestar contra las cargas policiales de Valencia y los recortes educativos.
Rajoy: “Pido a los españoles que entiendan que las cosas no son fáciles”
Las manifestaciones de ayer reunieron desde apenas 100 personas en Málaga, o varios cientos en Zaragoza o Vitoria, hasta miles de personas en Mallorca o Madrid. Las dos marchas más multitudinarias fueron las de Valencia, con más de 20.000 personas, y Barcelona, a la que acudieron más de 60.000 profesores y estudiantes universitarios en huelga, cifra que la Guardia Urbana rebajó a 25.000. Las protestas de Barcelona se saldaron con 12 heridos —siete de ellos, mossos— y 12 detenidos —dos, menores.
Manifestación en Barcelona contra los recortes. / CONSUELO BAUTISTA
El centro de la capital catalana quedó colapsado desde primera hora de la mañana, cuando estudiantes y profesores cortaron el tráfico en la avenida Diagonal a la altura de la zona universitaria, desde donde marcharon hacia el centro. Casi al mismo tiempo, un centenar de estudiantes irrumpía en los estudios de la cadena SER en Barcelona. Una treintena de ellos incluso accedía hasta los estudios de la emisora para leer un comunicado en los micrófonos de Ona FM, donde se emitía en directo el programa Fora de joc. Otro grupo se colaba, mientras tanto, en la sede barcelonesa de BBVA, en la plaza de Catalunya.
Tras una pancarta con el lema ‘No pagaremos su estafa’, los estudiantes se manifestaron luego por el centro. A primera hora de la tarde, apenas se podía andar en la acera de la Bolsa de Barcelona, llena de los cristales que un grupo de manifestantes rompió en la fachada de las anexas oficinas de Banco Popular. Un grupo de manifestantes también se enzarzó en una batalla con agentes de los Mossos d’Esquadra en las inmediaciones de la Universidad de Barcelona después de que los primeros quemaran contenedores y arrojaran piedras a la policía. Esta realizó varias detenciones y lanzó salvas para dispersar a los estudiantes. Por la tarde, las protestas llegaron al Congreso Mundial de Móviles que estos días alberga Barcelona, al que las Administraciones tratan de mantener a toda costa ajeno y a salvo de cualquier movilización que ocurra en la ciudad.
Las protestas de ayer constituyeron la segunda gran tanda de manifestaciones que Rajoy ha tenido que asumir desde que fuera investido hace apenas dos meses y medio. De momento, han arremetido contra dos de las principales medidas del Gobierno: la austeridad y la reforma laboral. Los sindicatos mayoritarios, CC OO y UGT, ya sacaron a cientos de miles de personas a la calle el 19 de febrero contra la nueva legislación laboral, y ayer volvieron de nuevo a la calle, con una respuesta más modesta, aprovechando la convocatoria de manifestaciones en varias ciudades europeas. Con el ambiente contestatario, tomaba fuerza la amenaza de una huelga general que los sindicatos siguen sin concretar.
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Ayer los estudiantes protestaban por unos recortes que se han traducido en bajadas de sueldos docentes y, dependiendo de las comunidades, en reducción de profesores, eliminación de los programas de apoyo, recortes en las universidades e incluso la pérdida de horas lectivas, informa Juan Antonio Aunión. A pesar de que cada comunidad ha optado por medidas distintas para reducir el gasto presupuestario, en la fotografía general aparece una reducción de más de 3.000 millones de euros en los últimos dos años en los Presupuestos de las comunidades y el Ministerio de Educación para las escuelas y universidades. Y una cuarta parte de esa rebaja, 800 millones, se concentra en Cataluña.
No obstante, esos recortes no han logrado drenar el boquete en las cuentas públicas de las Administraciones. En Cataluña, que en 2011 se empleó a fondo en recortar su gasto, el déficit solo bajó cinco décimas, mientras que en otras autonomías como Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, este incluso continuó creciendo. Conscientes de que ocho décimas de déficit en el conjunto del sector público español ha supuesto poner patas arriba algunos servicios básicos y una fuerte contestación social, los presidentes autonómicos han advertido ya a Rajoy de la imposibilidad de seguir avanzando en los recortes, por lo que los esfuerzos del Ejecutivo central se concentran ahora en arrancar a Bruselas un acuerdo para suavizar los plazos para reducir el déficit público.
Entretanto no llega la luz verde de la Comisión Europea, Rajoy debe afrontar un ajuste extra de casi 29.000 millones de euros para este año, por lo que emplazó a comunidades y Ayuntamientos a seguir con los recortes. Tras presentar la Cumbre Iberoamericana de Cádiz, Rajoy aseguró que España irá drenando los 90.000 millones de desfase entre gastos e ingresos. El jefe del Ejecutivo afirmó que España hará “un esfuerzo de reducción de déficit público”. “Todo el que podamos”, matizó en referencia a la decisión que debe llegar de Bruselas. “Así es evidente que no podemos continuar”, aseguró.

Lessons from Recent Student Protests
Jamil Salmi, 2012-02-22
University campuses all over the world remained relatively calm during the first decade of the new century. The lack of student activism prompted comments about the apathy of today’s students compared to the high level of political awareness and commitment of their predecessors in the late 60s and throughout the 70s. By contrast, 2011 saw waves of student protests around the cost of university education in places as diverse as Seoul, London, Berkeley, Bogota and Santiago.
Some observers see the affinity of students for street protests as a ritual of political coming-of-age. After all, young adults’ first consequential political interactions with their governments are usually over how much they will pay for school and what they will get in return. So it makes for a natural flash point.
Others see the failure of governments to enact reforms in a timely manner as the spark that lights the powder keg. In the case of Chile, there was widespread agreement on the technical diagnosis and the need for reform, so it is worth pondering how such a tense conflict came to be.
What started as a demand by secondary school students that their free transport pass be extended to the entire calendar year. Ironically the government rejected that initial demand citing high budgetary cost but later agreed to a reform package costing 20 times as much as the initial request of the students, the conflict has evolved into a full-blown confrontation between secondary and university students organizations and the entire government. The leading factions of university students went as far as demanding a Constitutional amendment that would guarantee free public, high quality education for all.
This conflict has had a few remarkable features worth underlining. First of all, for years now broad consensus existed on the urgent need for reform. Many university students, education policy experts, and even government officials welcomed and agreed to the recommendations of the 2009 Review of Tertiary Education in Chile prepared jointly by the OECD and the World Bank. Indeed, several initiatives under discussion—both the more clearly articulated student demands and the proposals offered by the government—are fully aligned with some of the international report’s main recommendations (e.g., increased public funding for tertiary education, extension of scholarships to all eligible students from the lowest two quintiles, unification of the two existing student loan schemes, reduction of unsustainable debt burden). [1] However, the rate and the depth of reform have been slower than what students wanted. Paradoxically, the current government has made greatest strides in trying to change tertiary education compared to previous governments, but is facing the most radical demands. Quicker implementation of the consensus recommendations—including by the previous government—might have helped avoid radicalization.
Second, it seems that, ironically, the leaders of the protest movement are among the relatively more privileged students enrolled in CRUCH universities, not the students from generally lower-middle class and poorer families who receive fewer public subsidies and benefits. In Chile, the 25 oldest universities belong to the Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Council of Rectors of Chilean Universities). Established in 1954, the Council regroups the country’s 16 public universities and the nine oldest private universities, which receive public subsidies for their operation and whose students have better access to government scholarships and loans than all the other students enrolled in non-CRUCH universities.
The leaders of the traditional student organizations see public, free education as the solution, and have declined invitations from the government to dialogue around more moderate reforms. At the same time, alternative views have popped up on social media such as YouTube, suggesting that the fee-paying students would be happy with equal access to subsidies rather than the elimination of private (many of them de facto for-profit) tertiary institutions.
Third, the conflict has gone beyond the educational ambit. The student leaders have gone as far as contesting the legitimacy of the government and Congress, claiming that their protests were more representative of Chilean’s society’s aspirations than the policies defended by all traditional parties. If the origin of the dissatisfaction was with tertiary education policy, it has now shifted to a desire for “fundamental structural reform” and “a new economic model.”
Fourth, the protests have spread to other countries in the Latin American region, such as Brazil and Colombia. In Colombia, for example, students from both public and private universities have demanded the abolition of fees across the board, increased funding for public tertiary education, and the transformation of student loans into grants. Robust pressure from the streets, through mostly peaceful demonstrations bringing students and teachers together, forced the government to withdraw the draft Higher Education Reform Law from Congress.
From a higher education policy viewpoint, other governments may want to draw some lessons from the current crisis in Chile. The first one is that there may be a high price to pay for delaying or not implementing needed reforms, especially after important issues have been put on the public scene. Good technical analysis creates the hope of change and dashed expectations may be a factor in igniting protests.
Second, in countries such as Chile that have a track record of sophisticated reforms in tertiary education, feedback mechanisms should be in place to test the frame of mind of key stakeholders on a regular basis, to avoid as much as possible uncomfortable surprises and challenges such as those experienced today by the Chilean government.
The third one is the risk of back-tracking if the government decides, under political pressure, to abandon some of the more innovative features of the Chilean tertiary education system. This could help resolve the crisis in the short term but would likely have long term adverse consequences, as illustrated by the Irish example of fee abolition in the 1990s. Ireland was the first Western European country that introduced tuition fees in the beginning of the 1990s, which helped improve the financial sustainability of the higher education system. In 1996, however, the new Labor government abolished the fees to fulfill electoral promises. As a result, not only did equity not improve because in the absence of fees the poorer part of the population ended up subsidizing free studies for the middle class, but in addition quality has suffered overall for lack of sufficient public funding.
Sound policy reform based on good technical analysis is not guaranteed to satisfy all stakeholders or quell political protest. However, in order to stay ahead of the curve of public opinion, governments may find it easier to engage with civil society more around conference tables and less in the streets.
[1] The executive summary of the report can be retrieved at http://www.oecd.org/dataoecd/23/23/42224110.pdf. The full report (in Spanish) can be read at http://www.oecd.org/dataoecd/30/1/43274174.pdf