Durante los últimos veinte años, se han cerrado 688 establecimientos públicos: Municipios perderán $94 mil millones al año si se concreta fuga de 164 mil alumnos

Alcaldes y expertos prevén que la matrícula total del sector municipal caerá del 39,7% de 2011 a 35% este año.
Pablo Obregón, El Mercurio, 4 de marzo de 2012

fin de marzo, todos los colegios y liceos municipales habrán cerrado sus procesos de admisión para el período 2012. Recién entonces, se sabrá a ciencia cierta cuál fue el efecto de las movilizaciones estudiantiles del año pasado sobre las matrículas del sistema de educación municipal.
Pero mientras tanto ya hay proyecciones: la Fundación Educación 2020 realizó sus propios cálculos en base a la tendencia que se venía observando durante los últimos años y, situándose en un escenario moderado, vislumbra que la participación de los colegios municipales en el total de la matrícula nacional podría caer del 39,7% de 2011 a cerca de 35% en 2012, cifra que es consistente con lo que vislumbran los alcaldes. Esto se traduciría en 164.807 alumnos menos.
Con esta caída, y sólo considerando las subvenciones escolares generales -$47.700 por alumno al mes-, los municipios del país dejarían de percibir unos $94.336 millones anuales en transferencias fiscales.
El presidente de la Comisión de Educación de la Asociación de Municipalidades, Johnny Carrasco, advierte que, por cada punto porcentual menos de matrícula, los municipios dejan de percibir $1.360 millones mensuales en subvenciones.
Cierre de colegios
Esta situación es la que ha obligado a algunos alcaldes a cerrar liceos importantes.
En San Miguel, por ejemplo, se cerró el Liceo Luis Galecio Corvera, luego de 50 años de trayectoria. El establecimiento se mantuvo durante cinco meses en toma y, según el alcalde de la comuna, Julio Palestro (PS), este liceo llegó a tener un máximo mil alumnos años atrás, pero el año pasado albergaba sólo a 179.
Este caso -el primer liceo importante que se cierra en Santiago tras los paros de 2011- viene a confirmar una tendencia que se inició en 1990, cuando según cifras del Departamento de Estudios del Mineduc había 6.286 establecimientos municipales. Hoy, sólo existen 5.598, es decir, 688 colegios menos que al iniciarse los gobiernos de la Concertación.
En paralelo, los colegios particulares subvencionados pasaron de 2.694 a 5.761 en el mismo período (3.067 más que al principio de los noventa). Para el diputado del PS, Carlos Montes, fue un “tremendo error” dejar que esto pasara, pero advierte que la institucionalidad que permitió el cierre de establecimientos municipales y la proliferación de privados data de 1981, cuando se municipalizó la educación.
“Esto parte en 1981 y termina por profundizarse cuando Jorge Arrate -ministro de Educación de Patricio Aylwin- promueve el sistema de financiamiento compartido”, señala.
El financiamiento compartido permite que los colegios que reciben subvenciones estatales puedan cobrar a los apoderados una mensualidad que, en promedio, asciende a $17 mil.
Para la socióloga del área política educativa de la Fundación Educación 2020, Jimena Cosso, las cifras también dan cuenta de algunas desventajas menos visibles que enfrenta el sector municipal: “Por ejemplo, los municipales no pueden hacer campañas de atracción de matrícula. La solución más rápida es cerrar los colegios, pero no es lo que nosotros queremos”.
Además, el cierre masivo de colegios no ha permitido a los municipios equilibrar sus finanzas. Cifras de la Asociación de Municipalidades dan cuenta de que la deuda total del sistema asciende a $165 mil millones.
Esto, a pesar de que actualmente los municipios ya aportan de sus propias arcas $180 mil millones anuales para cubrir las necesidades que no alcanzan a financiarse con las subvenciones.
Por lo mismo, la desmunicipalización podría traducirse en un alivio de la carga financiera de algunas comunas, en el caso de que el proyecto incluya recursos. En el caso de Pudahuel, por ejemplo, el alcalde Johnny Carrasco señala que tiene 21 colegios con una capacidad para atender a 12 mil alumnos, pero la merma de matrícula ha hecho que el municipio tenga que aportar $1.500 millones anuales para ayudar a sostener el sistema. “Con doce colegios estaríamos cubiertos”, dice.
En La Granja ocurre una situación parecida. El alcalde Claudio Arriagada señala que el municipio aporta de sus propias arcas $1.000 millones anuales para complementar el financiamiento de sus 17 colegios, los que no puede cerrar, puesto que al tratarse de niños de extrema pobreza, la oferta de colegios particulares subvencionados es escasa. En Providencia también se vive una situación compleja.
El municipio aporta del orden de $3.500 millones anuales para apoyar a sus cinco colegios y, este año, esa carga podría ser mayor debido a los efectos de las movilizaciones. Para el período 2012, las matrículas cayeron 15% y se cerraron 15 cursos. Pese a esto, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, se ha mostrado contrario al proceso de desmunicipalización.
En Santiago centro, en tanto, los ocho colegios emblemáticos no han sufrido mermas de alumnos, pero sí el resto. La alcaldía prevé una baja de 10% de la matrícula (3.200 alumnos).
El alcalde Pablo Zalaquett señala que la municipalidad aporta de sus propios recursos $10 mil millones para cubrir las necesidades que no alcanzan a financiarse con el pago de subvenciones, pero que para el 2012 no hay capacidad para hacer un aporte mayor y que el gobierno deberá hacer un esfuerzo.
“El municipio aporta más de $1.000 millones anuales de su presupuesto para complementar el financiamiento de sus 17 colegios”.
Claudio Arriagada alcalde de La Granja
“Así como está, la ley de desmunicipalización no tiene destino, hay que rehacerla y yo se lo he dicho directamente al ministro de Educación”.
Pablo Zalaquett alcalde de Santiago
“El cierre de colegios parte en 1981 y se profundiza cuando Jorge Arrate -ex ministro de Educación- promueve el financiamiento compartido”.
Carlos Montes Diputado socialista
“Por cada punto porcentual menos de matrícula, los municipios dejan de percibir $1.360 millones mensuales en subvenciones”.
Johnny Carrasco alcalde de Pudahuel
39,7% de los escolares chilenos asistían a un establecimiento público en 2011, antes de que comenzaran las movilizaciones.
35% podría ser la participación del sector municipal en 2012, si se cumplen las proyecciones de alcaldes y expertos.
LAS MATRÍCULAS cayeron 15% en los cinco colegios de Providencia y se cerraron 15 cursos.
Proyecto de desmunicipalización no contempla nuevos recursos
El futuro de la educación pública se juega en gran medida en el proyecto de ley de desmunicipalización que ya está en el Congreso. El texto propone, en términos generales, la creación de agencias de educación local, que serán sostenedoras de los establecimientos dentro de una comuna o agrupación de comunas. ¿Cuál es el problema? Que el proyecto no contempla dineros adicionales para sanear el nuevo sistema; es decir, estas agencias nacerían tan desfinanciadas como el sistema antiguo en el caso de que heredaran las deudas que hoy arrastran las municipalidades, según señala el Colegio de Profesores.
“Ahora mismo estamos viendo este tema en el directorio y podemos decir que si la ley es aprobada mañana y comienza a funcionar el lunes a las ocho de la mañana, a esa misma hora el nuevo sistema ya estaría quebrado”, dice el dirigente nacional del magisterio Osvaldo Verdugo.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, también advierte que el proyecto debe incluir un aporte financiero: “así como está, la ley no tiene destino, hay que rehacerla y yo se lo he dicho al ministro de Educación”.
Datos para registrar; anticipo a ser verificado en las próximas semanas.
En la misma línea, el diputado Montes advierte que el esquema que propone el Gobierno es peor que el actual. Hoy, cerrar un establecimiento es una decisión altamente impopular que recae en el alcalde. La nueva institucionalidad, en cambio, entrega esta facultad a un directorio autónomo compuesto por cinco integrantes. Si tres de ellos están de acuerdo, el establecimiento se cierra, desligando al mundo político de esa decisión.
Una visión opuesta tiene el investigador de Libertad y Desarrollo Rodrigo Troncoso: “quizás es bueno que la gente se vaya de los colegios que no les entregan educación. Es lamentable que los niños hayan estado un año sin clases. Aunque hayan pasado de curso no recibieron educación”.