Profesores. Examen de conciencia
Vuelta al cole, vuelta a la lucha. Mañana regresan a las aulas no universitarias ocho millones de españoles. El 70% de ellos cursan en la escuela pública. Su colectivo de profesores es uno de los más afectados por los recortes realizados en varias comunidades autónomas. Siete docentes de la enseñanza pública nos cuentan qué significa hoy ser profesor. Esta es su vida.
El País, Madrid, Quino Petit 12 ENE 2012 – 10:32 CET
José Ángel estaba convencido de ser un profesor. Así le consideraban sus alumnos y compañeros. Así constaba en la credencial que le facultaba para impartir clases de matemáticas en el centro de personas adultas (CEPA) de Villarejo de Salvanés (Madrid). Aquel documento mencionaba una salvedad: su contrato era de sustitución y no de vacante, tal como debería figurar conforme a su posición en la lista de interinos. Pero, salvedades al margen, José Ángel estaba convencido de ser un profesor.
Preparaba sus clases por las mañanas. Tras el almuerzo entraba en las aulas del CEPA de Villarejo con la ilusión de que sus alumnos de secundaria, la mayoría reenganchados al sistema educativo tras probar trabajos poco fructuosos, aprendieran algo de él. Más de uno enderezaba su vida tras volver al aula. Era más que suficiente para él. Creía firmemente en su capacidad para enseñar. Todo acabó el 30 de junio del año pasado. Fin de su contrato de sustitución. Tras las vacaciones estivales no le esperaría una plaza en otro instituto de la región. Le esperaba el paro. Un paro forzoso. Decretado institucionalmente.
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, aprobó en julio unas instrucciones de inicio de curso que han supuesto dos horas lectivas semanales más (de 18 a 20) por docente en la enseñanza secundaria pública y la no contratación de parte de la plantilla de interinos (3.000, según sindicatos; 1.000, según Educación). Un ahorro de profesorado estimado por dicha consejería en decenas de millones de euros. José Ángel supo pronto al escuchar aquel anuncio lo que esperaba a un interino como él. Quedó fuera del sistema en septiembre. Hasta hoy. No lo lleva nada bien. “Al entrar en el centro de adultos fui uno más. Me creí que era un profesor. La Administración me ha hecho ver que no lo era. Me han quitado la autoestima. He sentido que no valía para esto”.
José Ángel Murcia tiene hoy 34 años. Grandullón y afable, combinó contratos en la escuela privada con la preparación de oposiciones a secundaria. Entró en la bolsa de interinos y en 2008 comenzó a trabajar en la pública. En sus últimas oposiciones sacó un 4,7. Ama su trabajo, aunque le hayan privado de ejercerlo. “Al comenzar a impartir clases particulares me di cuenta de un simple detalle que ayuda a entender esa sensación. Cuando una familia abre su casa a un maestro, suele invitarle a pasar al salón. Te dejan a solas con sus hijos. Ponen en tus manos lo mejor que tienen. Esa es la clave de nuestro trabajo”. Su pasión no ha disipado el sentido crítico. Si le pides que haga examen de conciencia, responde: “Toda la Administración debería estar férreamente sometida a la inspección de trabajo. Y a la inspección educativa. Hay que revisar el acceso a la función pública. Y llevar a cabo una evaluación continua de la labor educativa y del docente. A los profesores que confunden horas lectivas con laborables, a los quemados y a los hartos habría que sacarlos del sistema”. Lo dice convencido. Como convencido está de que “a poco que eches en enseñar, pones mucho más de las 37 horas y media semanales obligatorias”.
Para contar esta historia sobre docentes de la escuela pública quizá solo habría hecho falta encontrar a un maestro comprometido. “Son más del 90%”, afirman los protagonistas de estas páginas. Ellos también lo son. Pero el colectivo acusa un latente desprestigio. Amplificado, como hemos podido ver en la Comunidad de Madrid, desde las más altas instituciones. La presidenta regional, Esperanza Aguirre, afirmaba sobre las instrucciones aprobadas en julio: “Sabemos que les estamos pidiendo un esfuerzo especial, pero 20 horas son en general menos de las que trabajan el resto de los madrileños”. Una semana después rectificaba: las horas de clase eran 20, pero la jornada semanal completa es de 37 horas y media. “El que tiene boca se equivoca”, zanjó Aguirre. La mecha ya estaba encendida.
Los recortes en Madrid coincidieron a principios de curso con el aumento de horas lectivas decretado en las regiones de Castilla-La Mancha, Galicia, Cataluña y Navarra. La alarma saltó entre maestros, padres y alumnos. Abrazados al color verde de unas camisetas con el lema Escuela pública de tod@s para tod@s, claman en las calles que está en juego la calidad de la enseñanza pública. La que garantiza la igualdad de oportunidades. La que recibe el 70% de los ocho millones de alumnos españoles de enseñanzas no universitarias. La que acoge en sus aulas al 81,9% de inmigrantes. Todos ellos ven peligrar las clases de apoyo, el refuerzo, las actividades extraescolares. El aumento de horas lectivas por docente requiere aminorar partidas complementarias. Reorganizar e intensificar horarios. Aumentar la presión sobre profesionales enfrentados a un aumento del alumnado con menos medios. El gasto público en educación, dependiente en un 88% de las comunidades autónomas, cae por primera vez en treinta años. Crece el temor a la desprotección de la escuela pública en regiones con Gobiernos conservadores y al impulso de la concertada, mayoritariamente en manos de la Iglesia católica. El Partido Popular prefiere llamar “optimización de recursos” a los recortes en Castilla-La Mancha, Galicia y Madrid.
En esta última comunidad autónoma, el diálogo institucional con los sectores afectados permanece en suspenso. Algo que el responsable regional en la materia del sindicato Comisiones Obreras, mayoritario en Madrid, cataloga como “situación de anormalidad democrática”. Para Carmen Guaita, vicepresidenta nacional del sindicato de enseñanza ANPE, “este bloqueo del diálogo desde antes del verano mantiene el grado de indignación de los docentes madrileños”. Desde la Consejería de Educación de Madrid aseguran, en cambio, que esta institución siempre ha estado “abierta al diálogo y lo seguirá estando”. Y añaden: “La única petición de los sindicatos durante los últimos meses es la retirada de las instrucciones de inicio de curso que no suponen ninguna modificación de la jornada laboral, que se mantiene en 37,5 horas semanales. El único cambio introducido en las instrucciones es el paso de 18 a 20 horas lectivas a la semana (la normativa ministerial establece una horquilla entre 18 y 21 horas lectivas semanales). Son instrucciones legales, necesarias y razonables en un contexto de grave crisis económica. La Asamblea de Madrid también ha aprobado el incremento de dos horas en la jornada laboral de todos los funcionarios de la comunidad, situándose en 37,5 horas semanales. Esa misma norma prevé la convocatoria de la mesa sectorial, prueba de que el problema no es la falta de voluntad de diálogo por parte de la consejería”.
Desde el principio de curso se han celebrado nueve jornadas de huelga de profesores en la Comunidad de Madrid. En la delegación regional de Comisiones Obreras anticipan: “Con vistas al nuevo año, estimamos que se prolongará un conflicto largo y sostenido, con movilizaciones y huelgas más espaciadas”. Pilar Pacheco ha participado en las nueve. Su nómina de profesora de secundaria, cercana a los 2.000 euros mensuales, se ha visto mermada en 570,69 euros, repartidos entre los tres últimos meses, por este motivo. Tiene 40 años y asegura que le ha valido la pena mojarse en la marea verde. Se le quiebra la voz al recordar el orgullo máximo de su padre: “Yo soy un producto de la enseñanza pública en España. La hija de un obrero que ha visto a sus cuatro hijos sacar una carrera universitaria”. Licenciada en Ingeniería Industrial, lleva más de un decenio impartiendo tecnología en el instituto de enseñanza secundaria (IES) Villa de Vallecas, al sureste de Madrid. Tiene cinco grupos de estudiantes a su cargo. Seguirla durante un día laborable no es precisamente un paseo.
Pilar llega a las ocho y cuarto de una mañana invernal al IES Villa de Vallecas. Viste pantalones marrones ajustados y la emblemática camiseta verde con el lema Escuela pública de tod@s para tod@s. A primera hora le toca guardia con un tercero de enseñanza secundaria obligatoria (ESO). A las nueve y diecisiete le esperan sentados más de una docena de alumnos de primero de ESO. Se portan bien. Entre otras razones, porque Pilar permanece al quite. “Saquen las reglas y dibujen un segmento… ¡Vete fuera, Miguel Ángel! ¡Ya hablaremos tú y yo!… Cuando tengamos dos puntos, los unimos con una línea recta… ¡Ana, date la vuelta y pon la silla bien!… ¡Toma un kleenex!… ¿He dicho que borremos? ¡Pues no borréis el dibujo!”.
A las diez y media, Pilar asiste a una reunión de jefes de departamento. La directora del instituto, Pilar Montero, anuncia que pronto recibirán el primer premio del Concurso Nacional de Buenas Prácticas para la Convivencia por el que este centro fue galardonado en 2010. El IES Villa de Vallecas acoge entre sus 800 alumnos un 40% de inmigrantes de 26 nacionalidades distintas. Con aulas bilingües en sus pasillos y también de integración. En la concesión de este premio nacional, mucho ha tenido que ver el desarrollo de actividades complementarias, la interacción con la biblioteca y las aulas de música o la compañía artística. Precisamente las actividades que más peligro tienen de mermar al calor de los recortes.
Once y cuarenta, hora de jefatura de departamento. Pilar revisa facturas de material que ella ha abonado y aún no le han sido remuneradas. También hace inventario en el taller. Doce y treinta, aula de informática. “Internet funcionó hasta el año pasado”, apunta. Trece y diecisiete. Guardia de recreo. Después vendrá la hora más dura del día. Pilar cuenta con una auxiliar para controlar una clase de 25 alumnos, siete de los cuales son de compensatoria (con desfase curricular) y dos tienen necesidades educativas especiales. A las catorce y veinticinco suena la última campana de una jornada extenuante. Pilar ha sudado la camiseta verde que lleva puesta. Después pasará dos horas en el salón de casa preparando las clases del día siguiente. En total dedica unas 40 horas semanales, que pueden aumentar si hay exámenes que corregir. Considera que ejerce “un oficio sobre el que todo el mundo opina; muchos padres cuestionan antes a un maestro que a su hijo”. Su parlamento se mezcla con una radio cercana que emite una cuña publicitaria animando a consumir productos nacionales. “¿Y nosotros?”, se pregunta Pilar. “¿No somos los profesores de la enseñanza pública un producto nacional? Cuando un gobernante pone por delante los intereses de la enseñanza privada está promoviendo que consumamos lo que no es de todos”.
A Pilar no le cabe en la cabeza que el mensaje de la camiseta verde que viste -Escuela pública de tod@s para tod@s- haya levantado tantas ampollas en el Partido Popular de Madrid. La marea verde nació aquí. Al sureste de la capital. La Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas convirtió este lema hace un lustro en protesta de padres y madres de alumnos por las carencias de los centros públicos. Lo plasmaron en una camiseta, extendida a partir de septiembre del año pasado en las manifestaciones por los recortes. Durante una de las últimas reuniones de la Plataforma por la Escuela Pública de Vallecas a finales del pasado trimestre, una veintena de docentes de varios centros públicos de la zona mostraban cierto agotamiento. Persisten las ganas de seguir luchando tras nueve huelgas. “Pero habría que parar un poco, analizar por qué ha ido cayendo el seguimiento y volver en enero con más fuerzas”, sintetizaba una de las intervenciones. “El presidente Rajoy nos va a marcar la agenda”, concluyeron varias voces. El temor de una profesora de primaria era claro: “Van a por lo público. Están dispuestos a acabar con ello”.
Para el 80% de alumnos inmigrantes en España, la escuela pública es la que precisamente garantiza su educación. El IES Milà i Fontanals, enclavado en pleno Raval barcelonés, es uno de los centros de secundaria con mayor diversidad de España. La práctica totalidad de sus 550 inscritos son extranjeros. “Si no tuviéramos aquí profesores muy profesores, esto se derrumbaría”, advierte Roser Reynal, directora del Milà i Fontanals.
Uno de esos profesores muy profesores es Josep Navarro. A sus 56 años imparte enseñanza en el aula de acogida a los recién llegados para facilitar su inmersión social. Un mecanismo por el que miles de alumnos se integran en Cataluña en el sistema educativo. En el grupo de Josep hay 17 chavales provenientes de Pakistán, India, China, Filipinas… Se llaman Rahim, Iaspreet, Zaim, Ying… “Esto le abre a uno la perspectiva sobre la inmigración y el mundo”, afirma Josep. “Y cuando uno de nuestros alumnos que empezó en el aula de acogida acaba sacando un siete en selectividad te llenas de orgullo. Son la minoría. Pero trabajamos por ayudarles a salir hacia delante. La injusticia es que muchos de nuestros alumnos extranjeros brillantes no puedan afrontar los gastos universitarios”. Entre las preocupaciones de Josep también están la reducción del profesorado aprobada en Cataluña y los recortes que el Gobierno de Artur Mas pretende llevar a cabo con rebajas salariales en la función pública y despido de interinos para sanear la tesorería de la Administración catalana. “A base de recortar y añadir horas, la gente se va a sentir infravalorada”.
El estado de ánimo de los docentes ha sido una de las últimas preocupaciones del exministro de Educación. Tras su paso por el anterior Gobierno socialista, Ángel Gabilondo deja la cartera ministerial sereno y convencido de que antes o después se logrará un pacto educativo por parte de toda la sociedad. Él lo intentó durante un año de negociación. El Partido Popular cerró toda opción al entendimiento en esta materia en 2010. El sucesor de Gabilondo tras la victoria electoral del PP en noviembre es José Ignacio Wert. El presidente Rajoy ha colocado al frente de su política educativa a un sociólogo experto en estudios de audiencia y mercados que se afanó durante su toma de posesión en transmitir un tono conciliador con la comunidad docente. Tendrá que acometer la reforma educativa anunciada por Rajoy en su discurso de investidura, con un bachillerato de tres años que probablemente adelantará uno el final de la ESO (hoy extendida hasta los 16 años). El líder de la oposición socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, teme que ese cambio pondrá “patas arriba” la secundaria. Entre los planes de Rajoy también está sustituir la asignatura de educación para la ciudadanía, azote de la derecha más recalcitrante, por una enseñanza ética basada “en el aprendizaje de los valores constitucionales y en el conocimiento de las instituciones españolas y europeas”.
Asistir a una clase de esta asignatura impartida por Óscar Martín Centeno en el centro que dirige no parece tan peligroso como para tener que eliminarla. “Intento que aprendan a desarrollar pensamiento crítico y a comunicarse con los demás; eso es para mí educación para la ciudadanía”. A sus 34 años, Óscar combina la labor docente y la dirección del colegio público Santo Domingo, a las afueras de Madrid, con la escritura de poesía y la coordinación de talleres literarios en el centro José Hierro de San Sebastián de los Reyes. El Santo Domingo tiene como vecinos a otros centros privados y concertados que le hacen competencia. “Pero los padres de la zona han vuelto a traer a sus hijos aquí porque anteponen nuestro programa educativo a más instalaciones deportivas”, asegura Óscar, que también ha sido maestro en la privada. “A día de hoy, la verdadera educación de calidad es la pública. Temo que pueda estar en peligro. Además, los conciertos educativos convierten los centros en un negocio. Y un negocio se debe a sus clientes”.
Dentro de la enseñanza pública también se pueden encontrar profesionales que piensan que los últimos acontecimientos todavía no han afectado a la calidad de la educación. Es el caso de María Luisa Capell, de 49 años, directora del IES Rosa Chacel, al norte de Madrid. “Este centro llegó a tener profesores dando 14 horas lectivas semanales a grupos de 12 o 14 alumnos”, asegura. “Algunos pasaron de esa situación a impartir 20 horas a 30 alumnos. Lo otro correspondía a una época de bonanza muy distinta a la que vivimos hoy. Hay que adaptarse a los tiempos que corren, si bien debería mantenerse el apoyo a quienes tienen necesidades educativas especiales”. María Luisa llegó en 1998 a este instituto de la UVA de Hortaleza, una zona de la capital que lucha por dejar atrás su fama de territorio comanche. Ella quiere pensar que los recortes imperantes todavía no han socavado conceptos como el de calidad. “Pero sí es cierto que necesitamos estar motivados. Un profesor desmotivado enseña peor”.
Profesores desmotivados son lo que menos necesita el alumnado español, con una tasa de abandono escolar del 28,5% (casi el doble de la media europea). Una cifra que había logrado reducirse en los últimos años. Los recortes han llegado cuando los resultados empezaban a mejorar. El agujero sigue estando en la formación profesional de grado medio (FP), a la que se accede después de la ESO y roza el 38%, 14 puntos por debajo de la media europea.
Eva Sáez, de 45 años, es profesora de formación profesional en el José Luis Garci de Madrid. Imparte producción de televisión en este centro de comunicación, imagen y sonido. Y le preocupa que la FP no se valore en España “tanto como en Alemania, por ejemplo; aquí sobran licenciados y faltan titulados de FP”. Eva tiene que impartir en este curso escolar clases de radio, una asignatura nueva para ella. “Me siento muy insegura al respecto”, admite. A pesar de todo, asegura llevar “una vida aceptable”. Y al momento añade: “También te diré que no desconecto cuando llego a casa. Ni creo que lo haga el 90% de los profesores”.
“En la empresa privada nada es personal, solo negocio”, sintetiza Javier Fernández. “En cambio, aquí, en las aulas de la enseñanza pública, todo es personal”. Javier tiene 27 años y es profesor en prácticas de lengua castellana en el IES Ausias Marc de Barcelona. Los 441 estudiantes de este centro provienen del distrito acomodado de Las Corts. La inmigración ronda el 20% del alumnado y las aulas están dotadas de pizarras digitales y wifi. Javier derrocha empuje en una clase de segundo de ESO. Conoce los horizontes de su concurrencia, sus películas y héroes favoritos. Les fuerza a expresarse, recrimina al que se despista y concede la palabra al más tímido para que se desenvuelva. De origen murciano, hijo de maestros y licenciado en Filología Hispánica, encontró su Ítaca en Barcelona. Sacó un 8,9 en las oposiciones a secundaria tras cursar una beca Erasmus en París y trabajar para la Feria del Libro de Londres. Hoy dedica más de cuarenta horas semanales a su trabajo. “Preparar una buena hora de clase requiere al menos otra más de tiempo extra. Los mejores profesionales han de estar en la pública porque es donde más se necesitan”. Le obsesiona que aprendan su asignatura. Por una razón muy sencilla: “Quien habla solo rellena una conversación; el que domina la lengua es capaz de conducirla. Y eso es verdadero poder”.
Desde una ventana del IES Ausias Marc de Barcelona se divisa el Mediterráneo. Javier continúa con su clase. Ha prestado al periodista algunas redacciones que corrigió recientemente. Una de ellas está escrita por Carlos y trata de un superfader que le gustaría tener para hacer que los malos momentos pasaran rápido y poder estirar los buenos. Javier, su profesor, ha escrito al margen de la redacción: “¡Buen trabajo! Revisa, por favor, las faltas y la estructura. Y nunca dejes de escribir”. Quizá sea cierto: aquí dentro, en un aula pública, todo debería ser personal. No solo negocio.