Dificultades y dudas técnico-políticas e ideológicas aparecen durante la tramitación de ambas iniciativas.
Concuerdan en inquietudes sobre función fiscalizadora de la Superintendencia de Educación Superior
Senado de la República, Valparaíso | 03/01/2012 | Departamento de Prensa | Boletín Nº 8041-04
Ante la Comisión de Educación expusieron el nuevo ministro de Educación, Harald Beyer; el vicepresidente del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativos, Manuel Riesco, el subdirector ejecutivo del Instituto Jaime Guzmán, Jaime Bellolio; el presidente del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine y el académico de la Universidad Andrés Bello, Andrés Bernasconi.
Sus dudas sobre el proyecto de ley que crea la Superintendencia en Educación Superior, expresaron los integrantes de la Comisión especializada, durante la discusión en general de la iniciativa, debido a que si la nueva institucionalidad podría fiscalizar o no el sector y evitaría que se produzca el lucro en la enseñanza.
La instancia recibió por primera vez al recién asumido ministro de Educación, Harald Beyer, quien aseguró que esta iniciativa busca fiscalizar y establecer mayor transparencia en la educación superior y añadió que ” el gobierno ha elegido el modelo de superintendencia porque es habitual en Chile; todos estamos de acuerdo en que se necesita más regulación, y este proyecto opta porque existan empresas relacionadas porque la experiencia internacional así lo ha comprobado”.
Durante la sesión intervinieron los senadores Jaime Quintana, Lily Pérez San Martín, Ignacio Walker, Ena Von Baer, Carlos Cantero y Alejandro Navarro.
El presidente de la Comisión de Educación, senador Jaime Quintana, concordó con las dudas sobre la real capacidad fiscalizadora de esta nueva superintendencia y dijo que “el tema no tiene que ver con aspectos ideológicos, sino en señalar que en la educación superior no se ha regulado nada, y cómo esta institucionalidad va a impedir que el lucro opere, cuando todos sabemos que existe, aunque la ley lo prohíba”.
La senadora Pérez San Martín, destacó la exposición del presidente del Centro de Estudios Públicos, Arturo Fontaine “él señaló que a diferencia de las empresas de constructoras que tienen especificaciones técnicas por cumplir y la educación superior debería aspirar a eso; la superintendencia es un avance en la fiscalización que hoy no se realiza. Regulación, prevención y transparencia es lo que da el prestigio a las universidades e institutos”.
El senador Walker dijo que “tengo tremendas dudas con el proyecto, en especial, sobre su enfoque. Además, la forma de cómo abordarán las sociedades relacionadas deja mucho que desear. Esta iniciativa no asegura la regulación del lucro, lo ideal sería definir tres tipos de universidades: las estatales, con fines de lucro y sin fines de lucro”.
La senadora Von Baer señaló que “no podemos satanizar el emprendimiento privado y debemos apuntar al tema de fondo que es la calidad de la educación superior y que estos estándares se cumplan. Sobre que la superintendencia impediría que existan sociedades relacionadas, recuerdo que el rector de la Universidad Católica nos dijo que esta medida podría afectar en la práctica la investigación y a las universidades privadas que tienen centros de salud e investigación”.
El senador Alejandro Navarro expresó que el proyecto “elude el tema de fondo, que es establecer qué tipo de educación quiere Chile, y cuál será el rol de Estado en ella. Nos hemos enfrascado en debates parciales, perdiendo la visión del todo, tengo una mirada crítica a la iniciativa, porque siento que lo hicieron a la medida de las universidades privadas, la facultad fiscalizadora de la superintendencia de educación está redactada con mucha relatividad”.
El senador Cantero informó que “hay aún debates pendientes sobre la educación superior que no está regulada, la reformulación del Ministerio de Educación, la Agencia Acreditadora de la Calidad en Educación y la Superintendencia en Educación Superior. En la actualidad, el sistema de educación superior es abusivo y no garantiza la calidad, de ahí la importancia de su fiscalización adecuada”.

Retoman debate sobre propuesta para prohibir aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en educación
Senado de la República, Valparaíso | 03/01/2012 | Departamento de Prensa | Boletín Nº 7856-04
El Senado continuará mañana con el debate y votación en general de la iniciativa presentada por los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona y Jaime Quintana.
Con las intervenciones de los senadores Ena Von Baer y Carlos Larraín, la Sala del Senado retomó la discusión en general del proyecto, en primer trámite, que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, cuyo debate había quedado pendiente desde el 21 de diciembre recién pasado.
En esa oportunidad, al igual que en la jornada de hoy, fueron muchos los senadores interesados en intervenir en el debate, razón por la cual se continuará con la discusión y votación de la iniciativa durante la sesión de mañana miércoles 4 de enero.
Cabe recordar que el proyecto tuvo su origen en una moción de los senadores Juan Pablo Letelier, Carlos Bianchi, Carlos Cantero, Camilo Escalona y Jaime Quintana; y su objetivo es prohibir los aportes estatales directos o indirectos a personas naturales o jurídicas que persigan fines de lucro en materia de educación escolar; prohibir que los centros de formación técnica y los institutos profesionales sean personas jurídicas con fines de lucro, y limitar las relaciones societarias que puedan tener las instituciones de educación superior con personas jurídicas que persigan fines de lucro.
Durante el debate la senadora Von Baer señaló que actualmente los padres tienen libertad de elegir los colegios según su creencia, valores y convicciones, y mientras sólo un 7% puede enviar a sus hijos a colegios particulares pagados, la mayoría necesita el apoyo del Estado.
Indicó que “la moción prohíbe que la subvención escolar vaya colegios particulares subvencionados con fines de lucro y por tanto afecta a 4.500 colegios y a un millón 200 mil alumnos”, tras agregar que “si se aprueba este proyecto va a afectar la diversidad del sistema educacional. Estamos ahogando una de las riquezas profunda de nuestro sistema educativo: la diversidad”.
A su turno, el senador Carlos Larraín explicó que es presidente de una entidad que da educación a alrededor de 1.200 niños y que también ha tenido que ver con la organización de alguna universidad de las que se crearon después del año 1981, pero que intervino en el debate de la iniciativa pues “es un tema de alcance general y no meramente pecuniario”.
Señaló que la iniciativa tiene un alcance “sumamente amplio, abarca todos los niveles de la educación que se imparten en Chile” y no va a aliviar los problemas de la educación chilena.
A su juicio esta iniciativa “siembra dudas sobre la actividad de los sostenedores de escuelas” y “está estrangulando a la educación particular subvencionada, va a afectar a los educandos, a los padres de esos niños, el proceso educativo completo va a sufrir grandemente. Esta ley debiera ser rechazada porque afecta la libertad de emprender, la libertad de enseñanza, la libertad de los padres para elegir la escuela, la libertad de personas naturales o jurídicas para operar, mantener y administrar escuelas”.
———————————————–
Camino a una educación de calidad para todos
Por Ignacio Walker, senador por la Región de Valparaíso
http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20111229/pags/20111229130805.html
Comienzo por decir que creo en una educación pública y privada de calidad: en una educación mixta, que sepa conciliar el derecho a la educación con la libertad de enseñanza. Y un aspecto fundamental de la libertad de enseñanza es la existencia de la educación particular subvencionada.
Es deber del Estado garantizar una educación de calidad en condiciones de equidad para todos, pública y privada. Y este proyecto busca prohibir el lucro con fondos públicos en educación, que es un bien público, que se puede proveer o financiar por el sector público y privado.
El 55% de la educación que se imparte hoy día en Chile es educación particular subvencionada; el 8 % particular pagada, y el 37% pública de tipo municipal. Entonces, uno de los aspectos de esta garantía por parte del Estado de una educación de calidad en condiciones de equidad, es el tema del lucro.
En el ámbito universitario esta ley ya existe. Otra cosa es si se cumple o no. Pero lo importante es aplicar este principio en materia de educación básica y media.
Muchos creemos que los establecimientos educacionales que reciben una subvención, no debieran seleccionar alumnos; ni lucrar con fondos públicos en educación y además, evitar un financiamiento compartido.
Cuando decimos “no al lucro con fondos públicos en educación básica y media”, significa que la subvención, es decir, los fondos públicos que se transfieren a la escuela subvencionada, vaya íntegramente al proyecto educativo, al establecimiento.
Un grupo transversal de siete senadores, queremos constituirnos en un germen que permita un acuerdo para resolver que no se lucre con fondos públicos en educación.
Queremos que la totalidad de esos 6 mil millones de dólares que se transfieren al año a la educación subvencionada pública municipal, pero sobre todo particular subvencionada, vaya íntegramente al proyecto educativo y no al bolsillo del sostenedor.
¿Qué se puede hace con la subvención? Pagar remuneraciones al personal docente, directivo, paradocente; adquirir materiales recursos didácticos, insumos complementarios; adquisición o arriendo de inmuebles, obviamente, invertir en la educación, recuperar la inversión.
¿Cuál es el gran cambio? Que la subvención deje de ser como es hoy día de libre disposición por parte del sostenedor. Que se regule un mercado desregulado como es el de la educación y que la ley garantice -y se pueda por lo tanto fiscalizar – que esos recursos públicos lleguen al proyecto educativo.
No hay ninguna razón para crear una suerte de manto de sospecha, de campaña del terror, de que estamos queriendo terminar con la educación particular. Eso es falso.
Estamos proponiendo que este Congreso Nacional, como una instancia republicana y democrática, se dedique a la idea de un cambio estructural que signifique un nuevo acuerdo social y político que prohíba lucrar con fondos públicos en educación.
Que las subvenciones dejen de ser de libre disposición y pasen a ser reguladas por la ley.
Ojalá logremos el mayor acuerdo posible para poder acceder a uno de los requisitos a esa educación de calidad en condiciones de equidad.
Creo que este proyecto puede ser el germen -y debe serlo- de un cambio estructural en la educación, que permita verdaderamente garantizar por parte del Estado esa educación de calidad en condiciones de equidad, garantizando, por cierto, que la educación sea un bien público, con provisión y financiamiento público, y privado de calidad, conciliando derecho a la educación con libertad de enseñanza.
———————————————–
Luz verde para iniciar el debate
Por Lily Pérez, senadora por la Región de Valparaíso.
http://www.senado.cl/prontus_galeria_noticias/site/artic/20111229/pags/20111229112514.html
ImagenCon el inicio del debate sobre el proyecto que prohíbe aportes estatales a entidades que persigan fines de lucro en la educación, estamos llegando a una de las materias que nos ha convocado una gran atención a nosotros y a la opinión pública durante el año 2011, que ya termina.
Y en ese contexto, me parece importante poner el acento en varias cosas. Hay un conjunto de indicaciones sustitutivas que hemos trabajado con un grupo transversal de senadores y senadoras para presentar al proyecto durante su discusión en particular. Es importante decir que en materia de educación ningún sector político tiene patrimonio sobre él, al igual que en ningún tema. La transversalidad es un valor importante.
En segundo lugar, en materia de educación ni el Estado resuelve todo ni el mercado resuelve todo. Y, por lo mismo, comparto cuando se habla de una sociedad docente, pero donde existan reglas del juego claras. Donde, por ejemplo, respecto a la subvención escolar esté claro que los dueños de ella son los estudiantes, son sus familias, y no los dueños de los establecimientos educacionales.
Algunos han dicho que este proyecto busca poner fin a los establecimientos subvencionados particulares y quiero precisar que jamás un proyecto de esa naturaleza contaría con mi voto, pero sí busca dar luz verde a terminar y dar una señal de término del lucro con fondos del Estado.
Si un privado quiere lucrar con fondos propios, está dentro de las reglas del juego y son platas propias, pero no con fondos del Estado. Chile es el único país del mundo donde con fondos del Estado se permite el abuso de la ganancia. No nos equivoquemos. Algunos aluden a la Real Academia Española y se van a la definición. La gente es mucho más sabia e intuitiva: lucro es el abuso de la ganancia.
Cuando se paga la planilla de directores de un colegio, cuando se paga al profesorado, el equipo docente, los auxiliares, la mantención de infraestructura, los sueldos, eso no es lucro. Eso es el pago de mantención y la ganancia que tiene que tener un colegio que tiene aporte de privados. El lucro es el abuso de la ganancia.
Mucho se invoca aquí al Centro de Estudios Públicos, CEP. He leído innumerables veces donde se alude a encuestas realizadas por dicho organismo ¿Y qué ha dicho el Director del Centro de Estudios Públicos, que tantas veces ha sido aludido? Arturo Fontaine ha dicho que el lucro no puede ni debe estar permitido en instituciones educacionales que reciben subsidios del Estado. Más claro que el agua.
Lo cito, porque hay gente de nuestro sector -y por eso digo que este es un tema transversal, no patrimonio de ningún sector político- que considera que la gente de centroderecha, por ejemplo, no podría estar en contra del lucro. Por el contrario, que debiera defender el lucro.
Y para los que sostienen eso, quiero citar lo siguiente. El economista Friedrich Von Hayek, uno de los padres del modelo neoliberal de mercado, en su libro “Camino de Servidumbre” dijo textualmente: “En ningún sistema que pueda ser definido racionalmente el Estado carecerá de todo quehacer. Un eficaz sistema de competencia necesita, como cualquier otro, una estructura legal, inteligentemente trazada y ajustada continuamente. Solo el requisito más esencial para un buen funcionamiento, la prevención del fraude y del abuso, la explotación de la ignorancia, proporciona un gran objetivo para la actividad legisladora”.
Quienes creemos en la libre competencia, en la educación mixta, donde los privados tienen que hacer un aporte, donde el Estado también tiene un rol importante que tener, creemos que tiene que existir una férrea y fuerte fiscalización, supervisión, supervigilancia, y que los padres y los estudiantes tengan real derecho a elegir.
Y la real opción y el derecho a elegir se hace con información y con transparencia. Y no es posible que no haya reinversión en educación cuando hay recursos del Estado involucrados. Los recursos excedentes deben ir a ser reinvertidos en educación.
La idea de dar luz verde a este proyecto para después darle la arquitectura interior, con todas las indicaciones sustitutivas que hemos trabajado durante meses, eso es lo que vamos a hacer.