Cómo reformar el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) y qué pensar de la creación de una Superintendencia de Educación Superior. Proposiciones (gráfico de mailxmail.com) varias.
Educación: Cieplan propone 5 cambios para rediseñar Aporte Fiscal Indirecto
Estudio plantea la modernización del sistema de aportes a partir de un mayor peso dentro del sistema de financiamiento público de la educación superior; uso de indicadores complementarios para la identificación del potencial académico de los estudiantes; incentivo a la retención y titulación oportuna; ajuste del monto por estudiante según su nivel socioeconómico, y garantizar la calidad educativa de las instituciones receptora.

La Nación, Domingo 22 de enero de 2012| por Roberto Valencia – foto: UPI
Cinco ideas para rediseñar el sistema del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) a la educación superior plantea el trabajo de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (Cieplan), entre los cuales se destaca dar un mayor peso a este instrumento dentro del sistema de financiamiento público del sector y ajustar sus montos por estudiante, de acuerdo a al nivel socioeconómico que tengan.
Otros planteamientos son: Garantizar la calidad educativa de las instituciones que reciben el AFI, incentivos a la retención y titulación efectiva, y el uso de indicadores complementarios para la identificación del potencial académico de los estudiantes.
SIN INCENTIVOS
El estudio “Aporte Fiscal Indirecto: Una propuesta para su modernización”, fue realizado por los investigadores Lorena Flores, Javier González, Jorge Rodríguez y Daniela Sugg, debido a que el actual sistema “no genera un incentivo lo suficientemente poderoso debido al poco peso relativo que representa, el que alcanza alrededor de 11% del aporte fiscal para las instituciones y solo un 3,5% del aporte fiscal total para educación superior”.
Según los autores, el rediseño del FIA debe reforzar “su potencial generador de incentivos virtuosos, mediante el uso de un adecuado predictor de rendimiento académico futuro de los estudiantes, fomento de la retención de los alumnos, establecimiento de requisitos de calidad para las instituciones que lo captan, evitar sesgos en contra de los alumnos de menor nivel socioeconómico, relacionar sus aportes con los costos de educar, y adaptarse a la trayectoria de los estudiantes de educación media técnico profesional”.
PROPUESTAS EJE
Estas son las principales ideas de los 5 pilares propuestos para el rediseño del AFI :
-Mayor peso en sistema de financiamiento: “Para que el AFI no pierda peso relativo en el tiempo, se propone que la cantidad de alumnos causantes AFI se defina como un porcentaje meta de la matrícula de primer año del periodo anterior (no como una cantidad fija, como es en la actualidad) y que en términos de recursos nunca sea inferior a un porcentaje meta respecto del financiamiento público total para las instituciones de educación superior”.
-Indicadores complementarios para identificación del potencial académico de estudiantes: “Para compensar los sesgos de la PSU en contra de los estudiantes de menor nivel socioeconómico que postulan a universidades e institutos profesionales y de aquellos que se matriculan en centros de formación técnica, se propone, para los primeros, crear un algoritmo que considere la PSU y el ranking relativo de egreso de enseñanza media del alumno, en relación con el resto de los alumnos del establecimiento21 y, para los segundos, sustituir la PSU por un algoritmo que considere el promedio de notas y el ranking relativo de egreso de enseñanza media”.
“Dado que bajo esta propuesta la construcción de puntajes AFI sería diferenciada entre los alumnos que eligen carreras técnicas de quienes eligen carreras profesionales, resulta pertinente que no compitan entre sí como causantes de recursos. En la práctica, esto implica tener un AFI para carreras técnicas y otro para carreras profesionales”, sostienen los autores.
-Incentivo a la retención y titulación oportuna: “Se propone un esquema de pagos a las instituciones de educación superior que las incentive a aumentar la retención y titulación oportuna de sus alumnos, por medio de implementar actividades orientadas a mejorar sus capacidades de orientación vocacional, reforzamiento de contenidos para los alumnos (como comprensión lectora, escritura y matemáticas), métodos de estudios y apoyo psicosocial. Si bien en teoría estas medidas debiesen orientarse a los alumnos AFI, en la práctica se esperaría que beneficien a la totalidad de los estudiantes. Incluso, en el mediano y largo plazo, podría ocurrir que las buenas prácticas fueran adoptadas por instituciones no beneficiarias del AFI”.
-Ajustar monto de por estudiante según nivel socioeconómico: “Se propone que los pagos del AFI por estudiante sean inversamente proporcionales a su nivel socioeconómico. Esto reemplazaría el esquema actual en que los pagos son proporcionales al puntaje PSU. Dado que en el esquema propuesto los alumnos AFI serían los mejores alumnos que ingresan al sistema terciario, no consideramos prioritario generar una mayor segmentación dentro de ese subconjunto según capacidad académica, pero sí reconocer que algunos de ellos son más costosos de educar”.
-Garantizar calidad educativa de las instituciones receptoras: “Aprovechando el fuerte poder de incentivo que tendría un AFI con un alto peso relativo en el sistema de financiamiento público para la educación superior, se propone que se utilice para incentivar la acreditación de las instituciones de educación superior. Por lo tanto, se sugiere que la recepción de AFI esté acotada exclusivamente a las instituciones acreditadas”.

Fiscalizar la educación superior
La futura superintendencia requerirá de atribuciones para vigilar los recursos públicos y los traspasos de propiedad.
por Ignacio Sánchez, Rector PUC – 22/01/2012 – 09:00
LA INICIATIVA legal de crear una Superintendencia de Educación Superior es de la mayor importancia. Se encuentra actualmente en el Congreso para ser perfeccionada con el aporte de todos los actores. Es una institución autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, afecta al sistema de Alta Dirección Pública. Sus funciones se referirán a: 1) fiscalización en el ámbito económico y financiero; 2) recopilación, organización y publicación de información confiable; 3) recepción de reclamos y sugerencias de la población; y 4) fiscalización de aspectos relacionados con la calidad.
La institución apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de las instituciones, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades. Desde esta perspectiva no basta con que la superintendencia cuente con los instrumentos necesarios para hacer cumplir la ley. Una revisión en detalle del actual proyecto muestra que para que este rol sea efectivo se necesita modificar lo relativo a la autorización para realizar contratos con empresas relacionadas. Las condiciones que se exigen no son una garantía completa de la prohibición de esta forma de lucro en las universidades. Además, la superintendencia requiere de atribuciones para vigilar la utilización de recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, materia que actualmente no recibe la necesaria fiscalización.
La segunda función incluye poner a disposición de los interesados la información relativa a las instituciones de educación superior, integrando las distintas fuentes de datos existentes, verificando la entrega de antecedentes que se obtienen por reportes propios cuyas bases y supuestos varían entre instituciones. Además de recopilar y hacer efectivamente comparable la información existente, deberá incluir nuevos datos actualmente no disponibles en que la información es agregada y no por institución, lo que es insuficiente. Asimismo, sería conveniente que la información que se recopile de las acciones de fiscalización sea puesta a disposición del público.
A la superintendencia también le incumbirá recibir, procesar y, si corresponde, sancionar los reclamos realizados contra instituciones de educación superior. Esta función está hoy a cargo del Sernac, pero incorporarla a la superintendencia permite una mirada más global sobre las falencias de cada institución.
Finalmente, se pretende que este organismo colabore con la CNA como parte del sistema de aseguramiento de la calidad, a través de fiscalizar a las agencias acreditadoras, registrar la creación de nuevas sedes y carreras, así como velar por que éstas cumplan con exigencias mínimas. Esto implica mayor transparencia y debe contribuir a homogeneizar la calidad del sistema.
Los efectivos alcances de la ley en cada uno de estos aspectos es lo que se verá en la etapa que se inicia. Parlamentarios, expertos y actores sociales podrán demostrar su colaboración a través de las sugerencias que realicen próximamente en el Congreso. Sólo el trabajo conjunto permitirá avanzar en la calidad y equidad de la educación, factor decisivo para un desarrollo integral de nuestro país.