Columna de opinión publicada en Ediciones Especiales de El Mercurio, “30 años de universidades privadas”, 12 de junio de 2011.
Las particularidades del sistema chileno
Hoy alrededor de un tercio de la matrícula mundial en este nivel de estudios es provisto por instituciones privadas de todo tipo.
José Joaquín Brunner, director Cátedra Unesco de Políticas Comparadas de Educación Superior UDP.
Tradicionalmente se entendía que la formación para las profesiones y el servicio civil debían ser administrados por el Estado, igual como a éste correspondía el control de las armas y la potestad judicial. Por lo mismo, al comienzo, sólo unas pocas universidades privadas -habitualmente instituciones de iglesia- fueron autorizadas o reconocidas como legítimos proveedores de educación superior.
Con el paso del tiempo se fueron agregando otras no confesionales que asumían la función de educar a una fracción de las élites. Únicamente hace pocas décadas se produjo un cambio de marea y lo que antes parecía un pequeño torrente ha pasado a convertirse en una poderosa corriente dentro del escenario contemporáneo de la educación superior.
Hoy alrededor de un tercio de la matrícula mundial en este nivel de estudios es provisto por instituciones privadas de todo tipo. Este fenómeno es particularmente visible en las regiones y países en desarrollo, pero también se halla presente en varios países de alto ingreso. La participación más alta de la educación superior privada se registra en América Latina, donde ya supera la mitad de la matrícula regional total, seguida de Asia (37%).
Dentro del nuevo panorama de la educación superior Chile es un caso llamativo. En el ámbito universitario, dos de cada tres alumnos se matriculan en instituciones privadas subvencionadas y no subvencionadas, cifra de las más altas del mundo junto a la de un grupo donde aparecen -entre otros- Bélgica, Brasil, Chipre, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estonia, Indonesia, Israel, Filipinas, Japón, Letonia, Perú, Reino Unido, República de Corea y República Dominicana. Entre todos estos países, Chile es aquel donde los aranceles son más altos (en relación al PIB per cápita) y donde los hogares -estudiantes y su familia- contribuyen con una cuota mayor del gasto total en educación superior. Al mismo tiempo posee uno de los esquemas de becas y créditos estudiantiles de mayor cobertura relativa a su población universitaria, cuya sustentabilidad de mediano plazo se encuentra sin embargo en discusión.
Con todo, las características idiosincrásicas de la provisión privada chilena no son puramente cuantitativas. Tienen que ver, además, con su trayectoria histórica y con las funciones que cumple en la actualidad.
Históricamente, hasta el año 1980, el carácter público de la educación terciaria estaba asegurado no por la existencia predominante de universidades estatales, sino por el predominio de universidades privadas subvencionadas, confesionales y no que compartían con aquellas una común vocación de servicio. Dicho en otras palabras, el Estado financiaba un régimen mixto de provisión, al cual se incorporan, después de 1980, una nueva generación de universidades privadas, esta vez no subvencionadas.
La masificación del acceso a los estudios superiores y la apertura del sistema a jóvenes provenientes de hogares de los tres quintiles de menores recursos son, en medida importante, el resultado de este último tipo de universidades así como de los CFT e IP, todos ellos de naturaleza privada.
La contribución de la educación superior privada es reconocida hoy no sólo por los jóvenes beneficiados por ella y sus familias, sino también por la sociedad y el Estado, aunque sus desafíos para la presente década son también evidentes: favorecer la equidad en el acceso; asegurar la calidad y efectividad de la enseñanza y su eficiencia; contener costos; sujetarse a reglas más exigentes de información y transparencia; adoptar estatutos distintivos según si distribuyen el excedente generado entre sus propietarios y controladores o lo utilizan para reforzar la misión institucional, y concertar con el gobierno reglas del juego que garanticen un trato equitativo por parte del Estado.