Columna publicada en la página de Educación de El Mercurio dominical.
Reconstrucción: momento de encrucijadas
José Joaquín Brunner, El Mercurio, 27 abril 2010
Usar el régimen de concesiones para abordar al mismo tiempo un conjunto de problemas pendientes de nuestro sistema podría dar un nuevo impulso a la reforma educacional.
A punto ya de comenzar la etapa de reconstrucción -que implica volver a levantar de una manera definitiva la infraestructura escolar destruida por el terremoto y el maremoto- empieza también el debate sobre la mejor forma de abordar esta empresa.
Por ejemplo, algunos preguntan a quiénes deberá apoyar el Estado y beneficiar con sus inversiones. No es una cuestión trivial. Pues algunos parecieran entender que los principales afectados por el 27/F y, por ende, merecedores del subsidio fiscal, son los sostenedores; en particular, las municipalidades cuyos colegios están en el suelo o seriamente dañados.
A mi entender, es una visión equivocada. El foco hay que ponerlo en los niños y jóvenes y no en los sostenedores. Así, el Estado debe preocuparse por los estudiantes damnificados pertenecientes a los colegios del sistema público subvencionado, cualquiera sea su sostenedor y naturaleza jurídica. Es decir, debería adoptarse exactamente el mismo principio orientador que empleó el gobierno del Presidente Frei Ruiz-Tagle para financiar la jornada escolar completa durante la década pasada.
En seguida, se ha planteado que el Gobierno eche mano al régimen de concesiones para implementar la reconstrucción de los colegios. Si se trata nada más que de elegir un método eficiente para levantar edificios escolares y equiparlos de acuerdo a ciertos estándares fijados por la autoridad, debería ser relativamente fácil determinar si acaso conviene emplear este régimen. Siempre, claro está, que se lo corrija y adapte de manera tal que cumpla con las nuevas funciones.
Distinto, y más interesante, se vuelve el asunto si se vincula la reconstrucción vía concesiones con la futura gestión de los colegios o de algunos servicios que éstos requieren. En este caso se crearía un espacio potencial de innovación, algo que nuestro sistema educacional necesita perentoriamente para dar un salto adelante.
En efecto, para establecer ese vínculo, sería necesario abordar simultáneamente varios asuntos entrelazados. De partida, asegurar mayor autonomía de gestión a los establecimientos municipales. A continuación, modificar las rigideces y flexibilizar el estatuto docente (¡y no dar al traste con él, como algunos quisieran!) y reforzar el rol y la preparación de los directivos.
Luego, poner en marcha la Superintendencia de Educación (aún pendiente de aprobación en el Congreso) para fiscalizar el correcto uso de los cuantiosos recursos fiscales que deberán inyectarse al sistema escolar (en virtud de la reconstrucción, la subvención preferencial y el aumento de la subvención ordinaria comprometido por el Gobierno).
Finalmente, se necesitaría modernizar el Ministerio de Educación, de modo que, a partir del próximo año, pueda desempeñar eficazmente la compleja tarea de apoyar a los colegios de más bajo rendimiento -antiguos y reconstruidos- para desarrollar sus capacidades directivas, pedagógicas y de gestión y así poder mejorar los resultados de aprendizaje de sus alumnos, incluidos los más vulnerables.
Es de esperar que el Gobierno explicite prontamente sus planes sectoriales de reconstrucción e indique qué camino elegirá para el sector educacional: si business as usual en alianza con los empresas concesionarias de infraestructura o bien aquel otro que sirve para transformar el desastre causado por la naturaleza en una oportunidad de innovación para el sistema escolar en su conjunto. El régimen de concesiones, utilizado como pivote para abordar al mismo momento un conjunto de problemas pendientes de nuestra educación, podría dar un nuevo impulso a la reforma educacional y a la política gubernamental.