En su edición de hoy y bajo el título “Errores sobre Bolonia”, el diario El País de España editorializa sobre los avatares del Proceso de Bolonia en este país. He aquí el texto.

Errores sobre Bolonia

Algo se ha hecho mal cuando la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, conocido como Proceso de Bolonia, ha suscitado interpretaciones tan alejadas de la realidad como que supone la privatización, mercantilización y degradación de los estudios universitarios. Ésta es la idea, equivocada, que ha movido las protestas estudiantiles de las últimas semanas. Bienvenida sea una movilización que tenga como propósito defender la Universidad pública, con tantos problemas como enfrenta desde siempre. Pero es evidente que, en este caso, la desinformación ha llevado a atribuir al Proceso de Bolonia propósitos que no tiene.

Su objetivo consiste en construir un espacio europeo de estudios superiores por el que los estudiantes puedan moverse en igualdad de condiciones. Para ello se propone homologar los estudios universitarios en tres niveles (grado, máster y doctorado) y fijar un sistema de créditos que garantice que la obtención de un título requiere un esfuerzo similar en todos los países. El nuevo sistema supone, además, un cambio en la forma de enseñar: la docencia universitaria no ha de limitarse a unas clases magistrales que el profesor imparte y el alumno toma pasivamente, sino que exigirá una implicación tanto por parte del profesor como del estudiante. Y no es cierto que Bolonia prime los estudios técnicos o científicos por encima de los sociales y humanísticos. Tan importante es para una sociedad crear ciencia como crear significado. Lo que no tiene sentido es malbaratar el tiempo o los recursos, ni en ciencia ni en humanidades.

En la sociedad de nuestros días, la Universidad no puede conformarse con la función de crear conocimiento. Ha de ser un instrumento de equidad social y de dinamización económica. Quienes desdeñan la importancia de introducir en la Universidad mecanismos de colaboración con la industria o de capitalización del conocimiento creado en forma de patentes o de empresas spin-off

lo que defienden es que un esfuerzo realizado entre todos sea aprovechado por unos pocos o por nadie. Que la Universidad sea un factor de creación de riqueza no está reñido con su autonomía ni con su carácter público. No es una mercantilización ni tiene por qué suponer un aumento de las tasas, que ahora cubren apenas el 20% del coste real. De hecho, Bolonia recomienda a los Gobiernos que inviertan más en las universidades.

Lo que seguramente ha contribuido a la actual confusión es que, en España, el Proceso de Bolonia se ha hecho coincidir con otras reformas largo tiempo pendientes, entre ellas la ordenación de las titulaciones, pues no cabe dudas de que era necesario ordenar y racionalizar. Y aunque una parte del malestar obedece a intereses poco defendibles, es urgente clarificar los términos, devolver a Bolonia lo que es de Bolonia y acelerar el proceso para que quienes son legítimamente remisos puedan comprobar que nada de lo que temen se confirma.

Más sobre el tema aparecido en El País, ver abajo.

El Gobierno revisará con los rectores la aplicación de Bolonia
Garmendia reunirá en unos días a los responsables de las cinco universidades más afectadas – El Ejecutivo hará una declaración en defensa de la reforma
SUSANA PÉREZ DE PABLOS – Madrid – 28/11/2008

El Gobierno empezará a actuar en defensa de Bolonia y ha accedido a revisar las cuestiones que no estén funcionando bien. La demanda de ayuda de los rectores de las cinco universidades más afectadas por las revueltas estudiantiles antibolonia ha surtido efecto. Se traducirá en dos reuniones y presumiblemente dos declaraciones públicas sobre el tema. Además, el Ejecutivo “está abierto” a la propuesta de cambios en la puesta en marcha de la reforma de Bolonia, tales como la eliminación del exceso de documentación que pide a los centros la agencia nacional de evaluación (Aneca) para aprobar las nuevas titulaciones o la revisión de los equipos de evaluación que las realizan. Así lo anunció ayer a EL PAÍS el secretario de Estado de Universidades, Màrius Rubiralta.

Habrá un encuentro extraordinario del Consejo de Universidades
El denominado proceso de Bolonia consiste en la homologación de los títulos en toda la UE para crear un espacio universitario común y facilitar así la movilidad de alumnos y profesores.

A la reunión con los cinco rectores acudirán también Rubiralta y el director general de Universidades, Felipe Pétriz. La ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, mantendrá un encuentro en los próximos días con los rectores de los cinco centros universitarios más afectados (Autónoma de Barcelona, Barcelona, Complutense, Sevilla y Valencia) para que la pongan al día de la situación. El día 4 se ha convocado además una sesión extraordinaria de Consejo de Universidades para abordar esta cuestión.

Rubiralta también se comprometió a que, aparte de la declaración que presumiblemente hagan los miembros de ese consejo (los rectores de las 76 universidades públicas y privadas y seis representantes del Gobierno) el día 4, el Gobierno realice, por su parte, una manifestación pública en defensa de todo el proceso de Bolonia, poniendo en claro todos los aspectos controvertidos.

En este aumento de implicación del Ejecutivo también ha influido la petición del presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Ángel Gabilondo, a la ministra de que se convocará una reunión con urgencia. La CRUE mandó una carta de “solidaridad con las universidades que están sufriendo alteraciones de la vida académica en sus campus”, en la que manifestaba “la necesidad de una toma de posición conjunta del sistema universitario”.

La situación seguía agravándose ayer en algunos centros. En la Universidad de Barcelona, por ejemplo, cerca de 600 estudiantes seguían durmiendo en pasillos y aulas de seis facultades. Y en la Autónoma de Barcelona (UAB) las protestas concentran a unos 160 alumnos en dos facultades (la de Filosofía y Letras y la de Comunicación), que realizan “piquetes informativos” y prácticamente han paralizado la actividad en los centros. Piden un referéndum vinculante en todas las universidades catalanas para decidir si acatan o rechazan definitivamente el proceso de Bolonia. Y en Valencia, los encierros se extendían anoche por siete centros de la Universidad de Valencia: Historia, Filosofía, Filología, Medicina y Psicología.

Con información de Ignacio Zafra (Valencia) y Ferran Balsells (Barcelona)

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Bolonia y la Constitución
GREGORIO MARTIN 28/11/2008

Es el momento de poner sobre la mesa las dificultades intrínsecas que en nuestro país tiene llevar adelante el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Han sido son más de tres los equipos ministeriales que lo han intentado y el actual trabaja acogotado por los plazos. Estas son nuestras condiciones de contorno:

No es buen camino ligar Bolonia y las atribuciones profesionales
1) Afortunada o desafortunadamente, al contrario de otros países, los entes “profesión titulada” y “colegio profesional” están en nuestra constitución (Art. 36. “La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales y el ejercicio de las profesiones tituladas”. Art. 52. “La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios”) lo que supone que el EEES sea aquí más trascendente ya que sus derivaciones superan a profesores y universidades.

2) Tenemos una larga y rancia lista de profesiones reguladas, cuyo santo y seña son los respectivos títulos académicos que dan acceso a ellas. En octubre, el Consejo de Ministros supo que se habían identificado más de siete mil disposiciones normativas que debían modificarse en 2009 por la obligada transposición a nuestra legislación de la denominada Directiva de Servicios de 2006, que busca la introducción de competencia en los servicios profesionales, nada menos que el 66% del PIB y del empleo.

Desgraciadamente, el proceso de Bolonia, camino del EEES y la citada directiva están diabólicamente entrelazados, como avisaba la Agencia Nacional de la Competencia, al proponer, salvo casos muy concretos, finalizar la unión automática de profesión y título. Se trata de limitar el papel de los colegios para enfocarlos al modo anglosajón, ya que deben servir para asegurar la calidad del servicio prestado, esto es, trabajar desde la óptica del consumidor y no del profesional. Para esta transposición, el Consejo de Ministros inició, en agosto, el camino hacia una ley que debe fortalecer el principio de libre acceso a las profesiones, lo que supone tanto la reforma normativa de las profesiones regladas, como la modernización de los colegios. Los plazos derivados tanto de la directiva, como del EEES están venciendo sin avance alguno en la relación hispana entre titulación y profesión. Ello hace que hoy, finales del 2008, el ministerio del ramo todavía esté en el trámite preceptivo de recepción de informes de los colegios y de los ministerios (Hacienda, Industria, Justicia, etc.) encargados de la tutela de las respectivas profesiones. Sin ellos no saldrán las órdenes ministeriales para que los nuevos títulos del EEES habiliten para el ejercicio de profesiones que hoy siguen estando reguladas.

Sólo citar que lo dicho afecta a las ingenierías tradicionales, mientras que no lo hace a las más modernas, que nacieron con posterioridad a la última lista de profesiones reguladas. Por ello y compartiendo el desengaño de muchos manifestantes de estos días, es necesario decir que la UE no va por la línea de reforzar ni atribuciones exclusivas, ni colegios profesionales que las defiendan, sino por rebajar unas y cambiar otros.

En el proceso de Bolonia nuestra universidad, además de tener cada vez más problema para justificarse comparativamente a otros países su eficiencia y eficacia, afronta desde el punto de vista profesional, cuatro situaciones en sus títulos: a) Los que son objeto de algún tipo de regulación europea: los sanitarios, Arquitectura y Derecho; b) Los que en España dan lugar a una profesión regulada vía título (ingenierías tradicionales); c) Los que piden ser regulados (Ingeniería Informática y Química); d) Los estudios que las universidades proponen y que tras un examen serán oficiales e inscritos en el Registro de Universidades Centros y Títulos, para el que no existe a priori ninguna lista cerrada. Además, acaban de saber que deben trabajar en paralelo con la elaboración de una ley, que tiene el razonable objetivo de establecer criterios para las Administraciones públicas en materia de regulaciones, que solo podrán exigirse cuando lo justifiquen razones sanitarias, medioambientales o el orden y la seguridad pública, siempre bajo el principio de no discriminación por razón de nacionalidad o domicilio.

De lo dicho, parece razonable reclamar una información clara y solvente, para quien vaya a estudiar según el EEES, que no es buen camino ligar a Bolonia la cuestión de las atribuciones y que no hay que entrar en una batalla gremial inútil y frustrante. No queda sino pedir que se ponga un cierto orden temporal en todo el proceso, mas allá de los plazos comprometidos.

Son muchos los que, además de para aprender, acuden a la universidad para tener un futuro profesional, por lo que sería una buena idea cerrar la adaptación al EEES, sólo tras debatir y conocer la nueva ley donde “acceso y ejercicio de las actividades de servicios” es una manera de referirse a profesiones muy reconocidas, aunque no necesariamente reguladas.