Se anuncia que el Gobierno estaría próximo a enviar al Congreso el proyecto de ley que modifica la administración de los colegios municipales. Se habla, vagamente, de una des-municipalización y de la creación, en su reemplazo, de corporaciones públicas que, en adelante, se harían cargo de la provisión educacional para cerca de la mitad de la matrícula escolar, incluido el 70% de los alumnos vulnerables, dentro de una “escala” de cobertura — para cada corporación– de 15 mil alumnos.

Entre tanto hemos aprendido, gracias al Transantiago, que del diseño de un proyecto de gran envergadura depende, en buena medida, la posibilidad de una exitosa implementación. ¡Cómo olvidarlo!

Pues bien, el cambio que se planea introducir a la administración municipal del servicio educacional tiene una envergadura aún mayor que el (mal) concebido cambio que en su momento se buscó aplicar al transporte urbano dentro de la Región Metropolitana. Ahora el ámbito del cambio es aún mayor (todo el territorio nacional) y compromete vitalmente a las futuras generaciones en su viaje a lo largo de la vida.

Igual que ayer, sin embargo, se pretende que un experimento fraguado en el escritorio de los expertos, sin atender a los múltiples y contradictorios intereses en juego, sin considerar las preferencias y características de la demanda (familias y alumnos) ni la experiencia de los oferentes del servicio (alcaldes, concejales y autoridades regionales) podría, a pesar de todo eso, dar lugar a un buen diseño y asegurar así, en la siguiente etapa, una óptima implementación.

Todo esto, más encima, de cara a una pronta elección presidencial y justo cuando viene de producirse un significativo cambio en el control político de las municipalidades que –en importantes ciudades del país– traslada la administración comunal a representantes de la Oposición.

Entonces, sin entrar en la sustancia del proyecto de que se habla –y que no conocemos– vale la pena formularse, en esta etapa de diseño del cambio, algunas preguntas como las siguientes:

• ¿A qué diagnóstico compartido — político, técnico y académico– responde el masivo cambio que se desea introducir? ¿Cuán fundado se halla?

• ¿Cuánta participación y debate públicos ha existido para el diseño del proyecto, cuya idea-matriz (la des-municipalización) es bien sabido tiene detractores y partidarios?

• ¿Hasta dónde se ha escuchado en esta etapa a los alcaldes y concejos comunales y, más importante, a los directores de colegios municipales?

• ¿Qué avances se han hecho para cimentar un amplio acuerdo político-parlamentario, incluso con los sectores de Oposición, en el espíritu del Acuerdo Educacional suscrito en su momento por el Gobierno y los todos partidos representados en el Parlamento?

• ¿Qué aconseja apurar el debate e iniciarlo justo ahora que nos encontramos en el umbral de un proceso electoral que definirá la orientación y composición del próximo Gobierno?

• ¿Cuánto puede influir en ese apuro –y en la preparación del proyecto– la tradicional consigna de que frente a una elección presidencial conviene separar aguas, resaltar la identidad contrastante de los actores político en pugna y “sacar a la Oposición al pizarrón” ante la opinión pública electoral?

A su turno, en relación con la (posible o probable) sustancia del proyecto conviene tener presente, además, algunos asuntos esenciales que deberían forma parte de cualquiera iniciativa destinada a alterar la administración escolar:

1. Es imprescindible determinar de manera clara y precisa la relación del principal (el propietario de los colegios) con sus agentes (los directores de los colegios, sus equipos directivos, docentes, alumnos y la comunidad escolar). Sin una definida especificación de esta relación, luego no puede haber líneas claras de autoridad, gestión y de responsabilización de los colegios por los resultados de sus alumnos.

2. Enseguida, los establecimientos escolares necesitan tener un grado suficiente de autonomía para organizarse, seleccionar a su personal, evaluarlo y gestionar sus asuntos pedagógicos y administrativos. De allí que sea inevitable que un cambio como el que se halla en preparación incluya, asimismo, una sustantiva revisión del estatuto docente.

3. La reorganización del servicio municipal de la educación debe tener en cuenta –y ser coherente con– la normativa desde ya contemplada en la ley general de educación y en la ley que establece la agencia nacional de calidad y la superintendencia de educación.

4. Las corporaciones públicas que pudieran crearse deben organizarse y dirigirse de tal manera de evitar su captura por los intereses políticos locales, que terminarían por causar más daño que bien a los colegios.

5. Su tamaño ideal, en cambio, no puede establecer a priori y, por lo mismo, las corporaciones –allí donde pudieran crearse– no deben responder a un único patrón homogéneo sino que deben ajustarse a las cambiantes condiciones de las ofertas concurrentes, las preferencias de las familias y las complejas interacciones entre ellas.

6. La propia naturaleza mixta del sistema nacional de provisión de educación obligatoria impone la necesidad de atender, además, a la igualdad de trato entre los distintos tipos de proveedores, como se halla consagrado en la Constitución y se ratifica en la ley general de educación.

7. Lo anterior es particularmente importante no sólo por el hecho de que alrededor de un 45% de la matrícula escolar se radica en colegios privados subvencionados sino, además, porque el mejoramiento de estos establecimientos depende vitalmente de dicho principio y –todos los colegios, a su vez– del reforzamiento (cuantitativo y cualitativo) del esquema de subvención escolar.

Por último, cabe insistir en la principal idea-fuerza que debería inspirar cualquiera reforma de nuestro sistema escolar; cual es, que la calidad del servicio educacional no depende tanto de la institucionalidad que organiza la provisión sino de las condiciones de liderazgo, personal docente, gestión pedagógica de las escuelas y gasto por alumno que permiten (o impiden) organizar cotidianamente el trabajo de los colegios.

Al final, cualquier diseño de cambio que se desee adoptar e impulsar debe medirse por consiguiente con este criterio: cuánto mejorará las condiciones internas de funcionamiento de cada uno de nuestros colegios, en cada una de sus salas de clase.

(Foto de www.gochile.cl)