Así parece ser. En medio de los avatares del Transantiago y los debates sobre la salud de la economía chilena, la postergación del debate del Proyecto LEGE hasta noviembre próximo, y su posible vista en la sala del Senado en enero del 2009, no augura nada bueno. Mi opinión al menos es esa.

Mientras tanto, como se puede leer más abajo, la Comisión de Educación del Senado continuará recibiendo a diversos actores del campo educacional en audiencias; los parlamentarios preparan, se dice, unas tres cientas indicaciones y esperan –para proceder a votar– que el Gobierno ingrese el proyecto de ley sobre “fortalecimiento de la educación pública” (es decir, sobre la administración de los colegios municipales).

El Colegio de Profesores ha manifestado su entusiasmo con la postergación del voto relativo a la Ley General de Educación (LGE) en la Comisión de Educación del Senado, que considera una victoria. Además, ha planteado una “agenda corta” de asuntos que el Ministerio de Educación debería resolver antes del término del año.

“Estos temas son perentorios, urgentes y no pueden esperar hasta el próximo año” expresó el Presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, al momento de exponer la agenda corta del magisterio, agregando que “tienen que ser la expresión de que la autoridad realmente está en el ánimo de superar esta crisis en la educación”. De acuerdo al comunicado oficial del Colegio:

El primer punto de la agenda corta se refiere a la realidad de los profesores a contrata, “el 20% de la distribución horaria municipal se encuentra a plazo fijo, quienes están sometidos a un sin número de irregularidades, sin embargo la autoridad no quiere dar la titularidad a quienes llevan mas de dos años en el municipio”

Frente a esto Gajardo expresó que “a todos estos colegas se les debe dar la titularidad, a lo menos a quienes llevan más de dos años trabajando para un mismo municipio”

La segunda situación de “emergencia” para el magisterio, es que la promulgación del articulo 38 de la ley 20.248, “este articulo permite que sin sumario se pueda alejar a un maestro del servicio. Este es un articulo arbitrario, abusivo y que la autoridad no ha querido cambiar”

“Nosotros pedimos la derogación de este articulo y que se reestablezca el sumario” manifestó Jaime Gajardo.

El tercer punto de la agenda corta se refiere a la realidad de los profesores que han cumplido la edad para jubilar pero siguen trabajando, “permanecen porque quedan ganado tan poco, un tercio de su sueldo como activos, que la necesidad los obliga a siguen trabajando”

Para el magisterio la solución a esta realidad es que “el plan de retiro se prorrogue, a lo menos por el próximo año, y que los maestros se vayan con una indemnización”

Finalmente, se planteó la necesidad de que se pague un 100% del Bono de Reconocimiento Profesional a los profesores de la educación especial y de la educación parvularia, pues “ellos reciben solo el 75% del BRP”.

En suma, lentamente la LEGE va saliendo del escenario –de a tumbos y tarspiés– mientras va emergiendo nuna agenda pública distinta: crisis de infraestructura de los colegios emplemáticos, financiamiento para resolver la crisis, nuevas demandas del magisterio, ley de reorganización de la administración de los colegios municipales.

“Son cuatro puntos que queremos negociar con la autoridad y hacemos un llamado a renovar el dialogo con la autoridad, discutir estos temas y darles una solución, de manera paralela seguiremos las iniciativas para respaldar estos cuatro puntos” manifestó Gajardo.

Comisión votará LGE en noviembre
Senadores que conforman la instancia aplazaron votación a la espera de proyecto de educación pública
Por Angélica Meneses / La Nación

Los senadores de la Comisión de Educación acordaron pronunciarse sobre la iniciativa legal en dos meses más para supeditar el avance de la ley a los pasos que se den en los proyectos de Superintendencia y Agencia de Calidad y sobre todo al ingreso del texto para el fortalecimiento de la educación pública.

La “llave maestra” para el avance del proyecto de Ley General de Educación (LGE) en el Senado será el ingreso de la comprometida iniciativa para el fortalecimiento de la educación pública, según dijo el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Navarro (PS), quien advirtió que si alguien pensó en un tratamiento “fast track” para la controvertida reforma, simplemente se equivocó.

De hecho, el acuerdo de esperar a que ingrese el proyecto para la educación pública -que según Mineduc ocurriría a fines de septiembre- y de supeditar el avance de la LGE a los pasos que den las iniciativas de aseguramiento de la calidad y la creación de una superintendencia, fue tomado por la unanimidad de los integrantes de la instancia legislativa. No sólo eso: fue la salida momentánea al riesgo de que la LGE no obtuviera el respaldo de la comisión.

Más de 300 indicaciones

El senador Navarro sostuvo que “ya hay más de 300 indicaciones para la ley y esta vez va a tener un profundo y largo debate. Además vamos a hacer prevalecer los fueros del Senado”, dijo recalcando que en la cámara alta no ocurrirá lo mismo que en el primer trámite. “Dijimos que el Senado está para discutir las leyes y vamos a tomarnos el tiempo necesario”.

Mariano Ruiz-Esquide (DC) sostuvo que son “varios proyectos que apuntan a un mismo objetivo”, por lo que su tratamiento conjunto tiene sentido. Así las cosas, “durante octubre y noviembre discutiríamos simultáneamente la LGE, la ley de superintendencia y la ley de calidad de la educación y votaríamos todas las indicaciones y todos los proyectos después de la elección municipal, en noviembre”.

Respecto al acuerdo entre los presidentes de partidos para sacar adelante la LGE, Navarro reiteró que es algo que no puede obstaculizar el trámite legislativo.

“Los acuerdos tienen sentido cuando los que tienen que aprobarlos han sido parte del acuerdo. Este fue un acuerdo que desconocemos ampliamente, no participamos, es un acuerdo espurio, absolutamente ilegítimo, aquí vamos a discutir y ciertamente si coincidimos en gran parte lo vamos a aprobar, pero creo que fue un error las manitos alzadas”.

Siguen las audiencias

El plazo de audiencias públicas a la Comisión de Educación del Senado se mantendrá durante el mes de septiembre, faltando por recibir a unas seis organizaciones.

Para el proyecto de Superintendencia se espera sesionar en septiembre y octubre, a la vez que se iniciaría el debate de la Ley de Aseguramiento de Calidad de la Educación. Todo ello, mientras el Gobierno trabaja en el proyecto de fortalecimiento de la educación pública que debiera ingresar al Parlamento a fin de mes.

“Hasta ahora no conocemos la ley de fortalecimiento de la educación pública y ese es un dato necesario para votar con tranquilidad y sentido la Ley General de Educación. El Gobierno tiene comprometido para septiembre el ingreso de este proyecto y esperamos que las omisiones que tiene la LGE pudieran ser compensadas por la ley de educación pública y eso haría factible alguna votación a favor, pues hay artículos que de no mediar esta ley muchos están dispuestos a votar en contra, como yo”, dijo el presidente de la comisión del Senado.

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Comisión de Educación decide hoy cuándo votarla
Claudia Urquieta Chavarría, diario El Mostrador

La hoja de ruta de la Ley General de EducaciónVarios aplazamientos ha sufrido el proyecto acordado entre la Concertación y la Alianza, que hasta el momento no tiene una fecha definida para ser zanjada en el Senado. Y al parecer hay para rato, ya que desde el oficialismo anuncian que su futuro está directamente ligado a la postura que adopte el Gobierno frente al proyecto de fortalecimiento de la educación pública, que podría impulsarla o estancarla.

Un aspecto decisivo en el futuro de la Ley General de Educación (LGE) actualmente en el Senado, es el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Educación Pública que debe presentar el Gobierno en los próximos meses.

El nexo entre ambas iniciativas es simple: reforzar la educación pública fue la bandera de lucha de un grupo de diputados concertacionistas, que, encabezados por el socialista Carlos Montes negociaron su voto favorable a la propuesta que reemplaza a la LOCE, siempre y cuando se sellara el compromiso de legislar también en este ámbito, ya que la LGE no indica cambios profundos ni se refiere especialmente al tema.

En este escenario, el acuerdo logrado entre el oficialismo y la Alianza en noviembre de 2006 está amarrado a cómo se viene la mano por parte del Ejecutivo en torno al proyecto de la educación pública, que empezará a tomar cuerpo luego de que el Ministerio de Educación (Mineduc) entregue a la Presidenta Michelle Bachelet en los próximos días una propuesta que recopila los lineamientos al respecto planteados por un grupo de especialistas de la Universidad de Chile, por el Consejo Asesor de Educación hace dos años, así como un estudio elaborado por el economista Mario Marcel.

Y como aún no hay certezas acerca de la postura que asumirá La Moneda frente al plan coordinado por María José Lamaitre, el Senado ha estado posponiendo la fecha decisiva para votar la Ley General de Educación.

Según la diputada Carolina Tohá (PPD), “están esperando que se aclare el panorama de propuestas de educación pública. Mañana (hoy) tienen reunión los de la Comisión de Educación para decidir el cronograma y el factor decisivo en las fechas para las votaciones va a ser cuándo y qué va a proponer el Gobierno para reformar la educación pública”.

Y adelanta que no van a haber fechas claras en torno a la LGE hasta que “el Gobierno no ponga sobre la mesa cuándo y en qué términos se referirán a lo público”.

La parlamentaria vislumbra dos opciones: una que supone la entrega de una postura luego de que se ajuste el trabajo interno para definir el proyecto, lo que tomaría varios meses. Y otra que apunta a que mientras se hace el trabajo interno la Presidenta de a conocer el trabajo interno en forma general.

Y es por esta última vía por la que apuesta, ya que asegura que “va cambiar el tono del debate nacional. Pero es complicado y si esto queda pendiente se trancaría la LGE o bien se aprobaría con mucha presión, no logrando el marco de legitimidad esencial para una ley de este tipo”.

En términos generales, lo que ha trascendido de la propuesta impulsada por el Mineduc, es que apunta a la creación de un órgano autónomo que se haga cargo de los actuales colegios municipales, cuyo enlace con el ministerio del área sería el nombramiento y remoción de quien lo dirija a través de la Alta Dirección Pública (ADP).

Las mil y una visitas

Hasta el momento, han peregrinado por la Comisión de Educación más de 170 representantes de diversas instancias que han planteado sus puntos de vista frente a la LGE. Lo que para el miembro de la Comisión de Educación, Mariano Ruiz Esquide (DC) es un aporte, aunque puntualiza que “las fechas se han postergado indebidamente por buscar nuevas audiencias. Y toda postergación es un abuso en cuánto a lo que son las decisiones en la Comisión”. Por ello, explica que el día de la votación no debería definirse para más allá del 9 de septiembre.

Precisamente para despejar el panorama, durante la mañana está contemplada una reunión en la que participarían el falangista, el senador y también miembro de la instancia legislativa, Ricardo Núñez, el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, la ministra de Educación, Mónica Jiménez, y el subsecretario del área, Cristián Martínez.

El objetivo, es hacer un análisis de “sinceramiento de intenciones”, y dilucidar la chance real de que se apruebe la LGE, los votos con que cuenta y las alternativas que se barajan para impulsarla.

Lo que, según explica el parlamentario, es fundamental para avanzar con los proyectos de ley del Sistema de Aseguramiento de la Calidad, la Superintendencia del sector y la futura ley de educación pública, ya que “no hay manera de avanzar en ninguna de las tres si persiste la LOCE”.

Y en cuanto a la votación en Sala de la LGE, el demócrata cristiano señala que lo más coherente sería hacerlo después de las elecciones municipales “para evitar la contaminación de las campañas”.