Nuevas instituciones en educación
El Mercurio, opinión editorial, 13 agosto 2008

El Gobierno presentó al Senado una indicación sustitutiva del proyecto de ley de Superintendencia de Educación en actual discusión. En lo más general, ella separa las funciones de evaluación de la calidad y de fiscalización del cumplimiento de requisitos y rendición de cuentas de los recursos públicos, que el proyecto original concentraba en la superintendencia. Para eso crea una agencia de la calidad, por una parte, y, por otra, mantiene la superintendencia, ahora enfocada en la fiscalización de los requisitos para ser sostenedor, en el resguardo de los derechos establecidos en la Ley General de Educación (también en discusión en el Senado), y en la supervisión de la rendición de los recursos públicos.

Desde el punto de vista de la experiencia comparada, parece razonable entregar la evaluación de desempeño a una agencia especializada. Ésta clasificaría a los establecimientos según el grado de cumplimiento de los estándares de aprendizaje (definidos por el ministerio y aprobados por el Consejo Nacional de Educación) en cuatro categorías: buen desempeño, desempeño satisfactorio, desempeño regular y desempeño insatisfactorio. En función de esa clasificación, la agencia realizará visitas inspectivas. En el caso de los establecimientos de peor aprendizaje, las visitas se realizarán al menos cada dos años, y los establecimientos de mejor desempeño quedarán eximidos de esta inspección.

Las inspecciones evaluarán los procesos educativos sobre la base de estándares indicativos y emitirán un informe con recomendaciones. Éstas no son obligatorias, pero los establecimientos, especialmente si están en la última categoría, deberán desarrollar un plan de mejoramiento. Para eso podrán acceder al apoyo de una unidad especializada del ministerio, o contar con apoyos independientes, debidamente certificados por un panel de expertos. Esta forma de abordar el problema parece razonable, porque respeta la autonomía de los establecimientos para decidir sus estrategias. Los planteles más deficientes tendrán un plazo de cuatro años para alcanzar los estándares de aprendizaje que los dejen en la clasificación de regular. Si esto no se concreta, perderán el reconocimiento oficial y no podrán recibir la subvención. Ello exigirá el traslado de los estudiantes y el cierre de los colegios respectivos. Para llevar adelante este proceso, se podrá, eventualmente, nombrar un administrador provisional.

Por cierto, los estándares tienen que guardar relación con la inversión del Estado en la educación subvencionada y con la composición socioeconómica de los estudiantes de cada establecimiento, sin perjuicio de niveles mínimos que todo colegio debe satisfacer.

La agencia de calidad está relativamente bien resuelta en el proyecto sustitutivo, aunque se pueden realizar algunas correcciones. Por ejemplo, no parece adecuado que si el órgano superior de la agencia es un directorio de expertos nombrado por medio del sistema de alta dirección pública, se entregue a la Presidencia de la República la designación del más alto cargo ejecutivo de esta institución: sería lógico que este nombramiento correspondiera a ese directorio.

La superintendencia, en cambio, no está institucionalmente bien resuelta. Se parece mucho a las existentes en otros sectores, donde esos entes lidian con grandes instituciones públicas y privadas que poseen recursos humanos, materiales y legales para contrapesarlas. En este caso, se trata de colegios (o redes de ellos) que no se comparan en esas dimensiones con las instituciones fiscalizadas en otros ámbitos. Por eso, no es casual que las agencias de calidad existan en la experiencia mundial comparada, en tanto que un ente como la superintendencia propuesta no tiene equivalente en aquélla.