En relación con la reciente Conferencia Regional de Educación Superior (CRES 2008): Desafíos locales y globales, una agenda estratégica para la Educación Superior en América Latina y el Caribe se reproduce a continuación la Declaración final de la Conferencia y, más abajo, el comentario publicado por el Observatorio de la Universidad Colombiana.
Recursos asociados
Educación superior en América Latina: Elementos comparativos, Presentación de JJ. Brunner para CRES – 2008
Informes recientes sobre la educación superior en el mundo y América Latina, abril 2008
Mercados universitarios: El nuevo escenario de la educación superior, libro JJ. Brunner, noviembre 2007
Educación Superior en Iberoamerica: Informe 2007, julio 2007
DECLARACIÓN FINAL
Declaración final Conferencia Regional de Educación Superior en América Latina y el Caribe CRES
La Educación Superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Ésta es la convicción y la base para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable de los países de la región.
En la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4 al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con la colaboración de los gobiernos de Brasil, España, México y la República Bolivariana de Venezuela, han participado presencialmente más de 3.500 integrantes de la comunidad académica regional – directivos, profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios administrativos, representantes de gobiernos y de organismos nacionales, regionales e internacionales, de asociaciones y redes y otros interesados en Educación Superior. La CRES 2008 también fue trasmitida por Internet en cuatro idiomas a todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) y el mundo desde los portales de la CRES, de la UNESCO-Paris, del Ministerio de Educación Nacional de Colombia y del Ministerio de la Educación de Brasil, y otros medios como radio y televisión. Esta Conferencia ha contribuido a identificar los principales planteamientos de América Latina y el Caribe ante la Conferencia Mundial de Educación Superior, prevista para el año 2009, así como las ideas-fuerza para la consolidación, expansión y creciente calidad y pertinencia de la Educación Superior en la región.
La CRES 2008 se realiza a 10 años de la Conferencia Mundial de Educación Superior (1998), a 12 años de la Conferencia Regional de la Habana (1996) y a los 90 años de la Reforma de Córdoba, cuyos principios constituyen hoy orientaciones fundamentales en materia de autonomía universitaria, cogobierno, acceso universal y compromiso con la sociedad.
El amplio proceso de preparación de este evento ha contado con la activa participación de las comunidades académicas de la región, incluidos los estudiantes a través de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE). Dicha participación se ha dado en múltiples foros y encuentros de carácter nacional, subregional y regional, cuyas conclusiones nutren el evento. Por otra parte, los estudios coordinados por IESALC han conducido a la elaboración de los documentos ampliamente divulgados que sirven de base para el debate en esta Conferencia.
El balance realizado visualiza, en términos prospectivos, los retos y las oportunidades que se plantean en la Educación Superior de la región, a la luz de la integración regional y de los cambios en el contexto global. El objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones. Esas políticas deben apuntar al horizonte de una Educación Superior para todos y todas, teniendo como meta el logro de una mayor cobertura social con calidad, equidad y compromiso con nuestros pueblos; deben inducir el desarrollo de alternativas e innovaciones en las propuestas educativas, en la producción y transferencia de conocimientos y aprendizajes, así como promover el establecimiento y consolidación de alianzas estratégicas entre gobiernos, sector productivo, organizaciones de la sociedad civil e instituciones de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Deben también tomar en cuenta la riqueza de la historia, de las culturas, las literaturas y las artes del Caribe y favorecer la movilización de las competencias y de los valores universitarios de esta parte de nuestra región, para edificar una sociedad latinoamericana y caribeña diversa, fuerte, solidaria y perfectamente integrada.
La Conferencia Regional de Educación Superior 2008 hace un urgente y enfático llamado a los miembros de las comunidades educativas, particularmente a los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, a los responsables de los Ministerios de Educación, de Educación Superior, de Cultura y de Ciencia y Tecnología, a las organizaciones internacionales, a la propia UNESCO y a los actores y personas involucrados en las tareas educativas y universitarias, a considerar los planteamientos y las líneas de acción que se han derivado del debate sostenido en ella acerca de las prioridades que la Educación Superior debe asumir, sobre la base de una clara conciencia respecto de las posibilidades y aportes que ésta reviste para el desarrollo de la región.
Los desafíos y retos que debemos enfrentar son de tal magnitud que, de no ser atendidos con oportunidad y eficacia, ahondarán las diferencias, desigualdades y contradicciones que hoy impiden el crecimiento de América Latina y el Caribe con equidad, justicia, sustentabilidad y democracia para la mayoría de los países que la conforman. Esta Conferencia Regional señala que, si bien se ha avanzado hacia una sociedad que busca cambios y referentes democráticos y sustentables, aún faltan transformaciones profundas en los ejes que dinamizarán el desarrollo de la región, entre los cuales, uno de los más importantes, es la educación y en particular la Educación Superior.
Por ello, convencidos del valor primordial de la educación superior en el forjamiento de un futuro mejor para nuestros pueblos, declaramos:
A.- Contexto
1.- La construcción de una sociedad más próspera, justa y solidaria y con un modelo de desarrollo humano integral sustentable, debe ser asumida por todas las naciones del Mundo y por la sociedad global en su conjunto. En este sentido, las acciones para el cumplimiento de los Objetivos del Milenio deben constituirse en una prioridad fundamental.
2.- Nuestra región es marcadamente pluricultural y multilingüe. La integración regional y el abordaje de los desafíos que enfrentan nuestros pueblos requieren enfoques propios que valoren nuestra diversidad humana y natural como nuestra principal riqueza.
3.- En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la tecnología juegan un papel de primer orden, el desarrollo y el fortalecimiento de la Educación Superior constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y la crisis energética, así como para la promoción de una cultura de paz.
B.- La educación superior como derecho humano y bien público social
1.- La Educación Superior es un derecho humano y un bien público social. Los Estados tienen el deber fundamental de garantizar este derecho. Los Estados, las sociedades nacionales y las comunidades académicas deben ser quienes definan los principios básicos en los cuales se fundamenta la formación de los ciudadanos y ciudadanas, velando por que ella sea pertinente y de calidad.
2 – El carácter de bien público social de la Educación Superior se reafirma en la medida que el acceso a ella sea un derecho real de todos los ciudadanos y ciudadanas. Las políticas educacionales nacionales constituyen la condición necesaria para favorecer el acceso a una Educación Superior de calidad, mediante estrategias y acciones consecuentes.
3 – Considerando la inmensa tarea de expandir la cobertura que se presenta para los países de América Latina y el Caribe, tanto el sector público como el privado están obligados a otorgar una Educación Superior con calidad y pertinencia, por lo que los gobiernos deben fortalecer los mecanismos de acreditación que garanticen la transparencia y la condición de servicio público.
4 – En América Latina y el Caribe, particularmente, se necesita una educación que contribuya eficazmente a la convivencia democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu de solidaridad y de cooperación; que construya la identidad continental; que genere oportunidades para quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la creación del conocimiento, a la trasformación social y productiva de nuestras sociedades. En un continente con países que vienen saliendo de la terrible crisis democrática que provocaron las dictaduras y que ostenta la penosa circunstancia de tener las mayores desigualdades sociales del Planeta, los recursos humanos y el conocimiento serán la principal riqueza de todas cuantas disponemos.
5 – Las respuestas de la Educación Superior a las demandas de la sociedad han de basarse en la capacidad reflexiva, rigurosa y crítica de la comunidad universitaria al definir sus finalidades y asumir sus compromisos. Es ineludible la libertad académica para poder determinar sus prioridades y tomar sus decisiones según los valores públicos que fundamentan la ciencia y el bienestar social. La autonomía es un derecho y una condición necesaria para el trabajo académico con libertad, y a su vez una enorme responsabilidad para cumplir su misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a los retos y desafíos de la sociedad. Comprende asimismo la rendición social de cuentas. La autonomía implica un compromiso social y ambos deben necesariamente ir de la mano. La participación de las comunidades académicas en la gestión y, en especial, la participación de los estudiantes resultan indispensables.
6 – La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado. Es fundamental que se revierta ésta tendencia y que los gobiernos de América Latina y el Caribe garanticen el financiamiento adecuado de las instituciones de Educación Superior públicas y que estas respondan con una gestión transparente. La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. El desplazamiento de lo nacional y regional hacia lo global (bien público global) tiene como consecuencia el fortalecimiento de hegemonías que existen de hecho.
7 – La educación suministrada por proveedores transnacionales, exenta de control y orientación por parte de los Estados nacionales, favorece una educación descontextualizada en la cual los principios de pertinencia y equidad quedan desplazados. Ello amplía la exclusión social, fomenta la desigualdad y consolida el subdesarrollo. Debemos promover en nuestros países las leyes y los mecanismos necesarios para regular la oferta académica, especialmente la trasnacional, en todos los aspectos claves de una Educación Superior de calidad.
8 – La incorporación de la Educación como un servicio comercial en el marco de la Organización Mundial de Comercio (OMC) ha dado lugar a un rechazo generalizado por parte de muy diversas organizaciones relacionadas directamente con la Educación Superior. La referida incorporación constituye una fuerte amenaza para la construcción de una Educación Superior pertinente en los países que acepten los compromisos exigidos en el Acuerdo General de Comercio y Servicios, y ello supone graves daños para los propósitos humanistas de una educación integral y para la soberanía nacional. Por ende, desde la CRES, advertimos a los Estados de América Latina y el Caribe sobre los peligros que implica aceptar los acuerdos de la OMC y luego estar obligados por estos, entre otros aspectos lesivos, a orientar fondos públicos hacia emprendimientos privados extranjeros implantados en su territorio, en cumplimiento del principio del “trato nacional” que en ellos se establece. Asimismo afirmamos nuestro propósito de actuar para que la Educación en general y la Educación Superior en particular no sean consideradas como servicio comercial.
C.- Cobertura y modelos educativos e institucionales
1.-Para asegurar un significativo crecimiento de la cobertura educacional requerida para las próximas décadas, se hace imprescindible que la Educación Superior genere las estructuras institucionales y las propuestas académicas que garanticen el derecho a ella y la formación del mayor número posible de personas competentes, destinadas a mejorar sustancialmente el soporte sociocultural, técnico, científico y artístico que requieren los países de la región.
2 – Dada la complejidad de las demandas de la sociedad hacia la Educación Superior, las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables.
3 – Se deben promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones equitativas y mutuamente respetuosas. El reto no es sólo incluir a indígenas, afrodescendientes y otras personas culturalmente diferenciadas en las instituciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean más pertinentes con la diversidad cultural. Es necesario incorporar el diálogo de saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje como elementos centrales de las políticas, planes y programas del sector.
4 – Dar satisfacción al aumento de las exigencias sociales por Educación Superior requiere profundizar las políticas de equidad para el ingreso e instrumentar nuevos mecanismos de apoyo público a los estudiantes (becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y alimentación, tanto como el acompañamiento académico), destinados a permitir su permanencia y buen desempeño en los sistemas.
5 – Producir transformaciones en los modelos educativos para conjurar los bajos niveles de desempeño, el rezago y el fracaso estudiantil, obliga a formar un mayor número de profesores capaces de utilizar el conjunto de las modalidades didácticas presenciales o virtuales, adecuadas a las heterogéneas necesidades de los estudiantes y que, además, sepan desempeñarse eficazmente en espacios educativos donde actúan personas de disímiles procedencias sociales y entornos culturales.
6 – Avanzar hacia la meta de generalizar la Educación Superior a lo largo de toda la vida requiere reivindicar y dotar de nuevos contenidos a los principios de la enseñanza activa, según los cuales los principales protagonistas son individual y colectivamente quienes aprenden. Podrá haber enseñanza activa, permanente y de alto nivel sólo si ella se vincula de manera estrecha e innovadora al ejercicio de la ciudadanía, al desempeño activo en el mundo del trabajo y al acceso a la diversidad de las culturas.
7 – Ofrecer mayores opciones para los estudiantes al interior de los sistemas, a través de curricula flexibles que les faciliten un tránsito por sus estructuras, permitirá atender de modo eficiente sus intereses y vocaciones particulares, permitiéndoles acceder a nuevas formaciones de grado de naturaleza polivalente y acordes con la evolución de las demandas en el mundo del trabajo. Todo esto exige perfeccionar la articulación entre los distintos niveles de formación, mecanismos educativos formales y no formales, así como programas conciliables con el trabajo. Superar la segmentación y la desarticulación entre carreras e instituciones, avanzando hacia sistemas de Educación Superior fundados en la diversidad, permitirá la democratización, el pluralismo, la originalidad y la innovación académica e institucional, firmemente sustentada en la autonomía universitaria. Igualmente, resultan imprescindibles la desconcentración y regionalización de la oferta educativa para procurar la equidad territorial, tanto como para facilitar la incorporación de los actores locales en la Educación Superior.
8 – Las tecnologías de información y comunicación deben contar con personal idóneo, experiencias validadas y un sistema de estricto control de la calidad para ser una herramienta positiva de expansión geográfica y temporal del proceso de enseñanza- aprendizaje.
9 – Dado que la virtualización de los medios educativos y su uso intensivo en los procesos de enseñanza-aprendizaje tenderán a crecer aceleradamente, cobra enorme importancia el papel de la Educación Superior en la formación de personas con juicio crítico y estructuras de pensamiento capaces de transformar la información en conocimiento, para el buen ejercicio de sus profesiones y liderazgo en los sectores público y privado.
10 – La Educación Superior tendrá que hacer efectivo el desarrollo de políticas de articulación con todo el sistema educativo, colaborando en la formación de sólidas bases cognitivas y de aprendizaje en los niveles precedentes, de tal manera que los estudiantes que ingresan al nivel superior cuenten con los valores, las habilidades, destrezas y capacidades para poder adquirir, construir y transferir conocimientos en beneficio de la sociedad. La Educación Superior tiene una indudable responsabilidad en la formación de profesores para todo el sistema educativo, así como en la consolidación de la investigación pedagógica y la producción de contenidos educativos. Los Estados deben asumir en su plenitud la prioridad de garantizar una educación de calidad para todos, desde la educación inicial hasta la superior. En este sentido, las políticas de acceso a la Educación Superior deben también considerar la necesidad de la implementación de programas de enseñanza e investigación de calidad en los postgrados.
11 – Hay que reconocer al cuerpo docente como actor fundamental del sistema educativo, garantizando su formación, capacitación permanente, adecuadas condiciones laborales y regímenes de trabajo, salario y carrera profesional que permitan hacer efectiva la calidad en la enseñanza y la investigación.
12 – Es indispensable garantizar la universalización de la educación media. Igualmente, la incorporación de toda la población a las dinámicas del conocimiento exige, por parte de las instituciones de Educación Superior, el desarrollo de alternativas y trayectorias educativas conducentes a certificaciones para el trabajo, la alfabetización digital y el reconocimiento, de experiencias y saberes adquiridos fuera de los sistemas formales. En este sentido, debe rescatarse, entre otras, la experiencia de las Universidades Populares de los inicios del reformismo universitario.
13 – Las instituciones de Educación Superior de la región necesitan y merecen mejores formas de gobierno, capaces de responder a las transformaciones demandadas por los contextos internos y externos. Eso exige la profesionalización de los directivos y una vinculación clara entre la misión y propósitos de la institución y los instrumentos de gestión.
D.- Valores sociales y humanos de la educación superior
1 – Es preciso hacer cambios profundos en las formas de acceder, construir, producir, transmitir, distribuir y utilizar el conocimiento. Como ha sido planteado por la UNESCO en otras oportunidades, las instituciones de Educación Superior, y, en particular, las Universidades, tienen la responsabilidad de llevar a cabo la revolución del pensamiento, pues ésta es fundamental para acompañar el resto de las transformaciones.
2 – Reivindicamos el carácter humanista de la Educación Superior, en función del cual ella debe estar orientada a la formación integral de personas, ciudadanos y profesionales, capaces de abordar con responsabilidad ética, social y ambiental los múltiples retos implicados en el desarrollo endógeno y la integración de nuestros países, y participar activa, crítica y constructivamente en la sociedad.
3 – Es necesario promover el respeto y la defensa de los derechos humanos, incluyendo: el combate contra toda forma de discriminación, opresión y dominación; la lucha por la igualdad, la justicia social, la equidad de género; la defensa y el enriquecimiento de nuestros patrimonios culturales y ambientales; la seguridad y soberanía alimentaría y la erradicación del hambre y la pobreza; el diálogo intercultural con pleno respeto a las identidades; la promoción de una cultura de paz, tanto como la unidad latinoamericana y caribeña y la cooperación con los pueblos del Mundo. Éstos forman parte de los compromisos vitales de la Educación Superior y han de expresarse en todos los programas de formación, así como en las prioridades de investigación, extensión y cooperación interinstitucional.
4 – La Educación Superior, en todos los ámbitos de su quehacer, debe reafirmar y fortalecer el carácter pluricultural, multiétnico y multilingüe de nuestros países y de nuestra región.
5 – Las instituciones de Educación Superior deben avanzar en la configuración de una relación más activa con sus contextos. La calidad está vinculada a la pertinencia y la responsabilidad con el desarrollo sostenible de la sociedad. Ello exige impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de los problemas en sus contextos; la producción y transferencia del valor social de los conocimientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarrollo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la creación de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investigación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más postergados.
6 – Es necesario promover mecanismos que permitan, sin menoscabo de la autonomía, la participación de distintos actores sociales en la definición de prioridades y políticas educativas, así como en la evaluación de éstas.
E.- La educación científica y humanística y el desarrollo integral sustentable
1 – La Educación Superior tiene un papel imprescindible en la superación de las brechas científicas y tecnológicas con los países hoy más desarrollados y al interior de la región. La existencia de dichas brechas amenaza con perpetuar en nuestros países situaciones de subordinación y pobreza. Se requiere incrementar la inversión pública en ciencia, tecnología e innovación, así como la formulación de políticas públicas para estimular una creciente inversión por parte de las empresas. Estas inversiones deben estar dirigidas al fortalecimiento de las capacidades nacionales y regionales para la generación, transformación y aprovechamiento del conocimiento, incluyendo la formación calificada, el acceso a la información el equipamiento necesario, la conformación de equipos humanos y comunidades científicas integradas en red.
2 – Las políticas nacionales, regionales e institucionales deben estar encaminadas fundamentalmente a lograr una transformación de los modelos de relación entre los grupos de investigación académica y los usuarios del conocimiento, sean estos empresas de producción, servicios públicos o comunidades, de forma que las necesidades sociales y productivas se articulen con las capacidades académicas, conformando líneas de investigación prioritaria.
3 – El desarrollo de las capacidades científicas, tecnológicas, humanísticas y artísticas con clara y rigurosa calidad debe estar vinculado a una perspectiva de sustentabilidad. El agotamiento del modelo predominante de desarrollo se evidencia en la contraposición entre las necesidades humanas, los modelos de consumo y la conservación de la habitabilidad del Planeta. Se trata de propiciar enfoques que apunten a combinar la atención de los problemas sociales, económicos y ambientales, reduciendo el hambre, la pobreza y la inequidad, a la vez que se mantienen la biodiversidad y los sistemas de soporte de la vida en la Tierra. La educación es crucial para transformar valores que hoy estimulan un consumo no sustentable. Las instituciones de conocimiento tienen un papel fundamental en la orientación de las nuevas tecnologías y la innovación hacia sistemas de consumo- producción que no condicionen las mejoras en el bienestar al consumo creciente de energía y materiales.
4 – Las nuevas tecnologías convergentes forman parte de la dinámica contemporánea del desarrollo científico-técnico que transformará a las sociedades en el curso de las próximas décadas. Nuestros países deberán sortear nuevos y difíciles desafíos para poder generar y utilizar este conocimiento e introducirlo y adaptarlo a metas sociales y económicas. Es necesario prestar especial atención a las barreras y potenciar la construcción de bases y plataformas científico-tecnológicas endógenas.
5 – El proceso de construcción de una agenda en ciencia, tecnología e innovación compartida por la universidad latinoamericana y caribeña debe apuntar a generar el conocimiento que nuestro desarrollo y el bienestar que nuestros pueblos demandan. Debe también propiciar una actividad científica fundada en las necesidades sociales y una creciente comprensión de la ciencia como un asunto público que concierne a la sociedad en su conjunto.
6 – Debe incrementarse la difusión y la divulgación del conocimiento científico y cultural a la sociedad, dando a los ciudadanos la oportunidad de participar en las decisiones sobre asuntos científicos y tecnológicos que puedan afectarlos directa o indirectamente, buscando convertirlos en soporte conciente de ellas, y al mismo tiempo abriendo el sistema científico a la crítica social.
7 – Tan importantes como la generación y socialización del conocimiento en las áreas de ciencias exactas, naturales y tecnologías de producción son los estudios humanísticos, sociales y artísticos con el fin de fortalecer perspectivas propias para el abordaje de nuestros problemas, responder a los retos en materia de derechos humanos, económicos, sociales y culturales, equidad, distribución de la riqueza, integración intercultural, participación, construcción democrática y equilibrio internacional, así como de enriquecer nuestro patrimonio cultural. Es indispensable acortar las distancias entre los campos científicos, técnicos, humanísticos, sociales y artísticos, entendiendo la complejidad y multidimensionalidad de los problemas y favoreciendo la transversalidad de los enfoques, el trabajo interdisciplinario y la integralidad de la formación.
8 – La formación de postgrado resulta indispensable para el desarrollo de la investigación científica, tecnológica, humanística y artística, basada en criterios rigurosos de calidad. El postgrado ha de estar fundamentado en líneas activas de investigación y creación intelectual para garantizar que sean estudios que promuevan las más altas calificaciones profesionales y la formación permanente, contribuyendo efectivamente a la generación, transformación y socialización del conocimiento.
F.- Redes académicas
1 – La historia y los avances construidos desde el ámbito de la cooperación han hecho a nuestras instituciones de Educación Superior actores con vocación de integración regional. Es mediante la constitución de redes que las instituciones de Educación Superior de la región pueden unir y compartir el potencial científico y cultural que poseen para el análisis y propuesta de solución a problemas estratégicos. Dichos problemas no reconocen fronteras y su solución depende de la realización de esfuerzos mancomunados entre las instituciones de Educación Superior y los Estados.
2 – Las redes académicas a escala nacional y regional son interlocutores estratégicos ante los gobiernos. Son, asimismo, los protagonistas indicados para articular de manera significativa identidades locales y regionales, y colaborando activamente en la superación de las fuertes asimetrías que prevalecen en la región y en el mundo frente al fenómeno global de la internacionalización de la Educación Superior.
G.- La emigración calificada
1 – Un tema que merece la mayor atención es la prevención de la sustracción de personal de alta calificación por vía de la emigración. La existencia de políticas explícitas por parte de países industrializados para la captación de dicho personal proveniente de los países del Sur significa, en muchos casos para éstos, la pérdida de capacidades profesionales indispensables. Resultan impostergables políticas públicas que atiendan al problema en su complejidad, salvaguardando el patrimonio intelectual, científico, cultural, artístico y profesional de nuestros países.
2 – La emigración se ve acelerada por el reclutamiento de jóvenes profesionales de la región por parte de los países centrales, para atender la disminución de su población estudiantil universitaria. Ello podrá enfrentarse mediante la apertura de ámbitos locales de trabajo acordes con sus capacidades, y el aprovechamiento, a través de mecanismos que minimicen el impacto de las pérdidas, de las ventajas estratégicas que puede significar la emigración calificada en otras regiones para el país de origen cuando éste no pueda absorberla directamente.
I.- Integración regional
1 – Es fundamental la construcción de un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), el cual debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional. Ello es básico para alcanzar niveles superiores que apunten a aspectos fundamentales de la integración regional: la profundización de su dimensión cultural; el desarrollo de fortalezas académicas que consoliden las perspectivas regionales ante los más acuciantes problemas mundiales; el aprovechamiento de los recursos humanos para crear sinergias en escala regional; la superación de brechas en la disponibilidad de conocimientos y capacidades profesionales y técnicas; la consideración del saber desde el prisma del bienestar colectivo; y la creación de competencias para la conexión orgánica entre el conocimiento académico, el mundo de la producción, el trabajo y la vida social, con actitud humanista y responsabilidad intelectual.
2.- En el marco de la consolidación del ENLACES, es necesario acometer:
a. la renovación de los sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y articulando la diversidad cultural e institucional;
b. la articulación de los sistemas nacionales de información sobre Educación Superior de la región para propiciar, a través del Mapa de la Educación Superior en ALC (MESALC), el mutuo conocimiento entre los sistemas como base para la movilidad académica y como insumo para adecuadas políticas públicas e institucionales.
c. el fortalecimiento del proceso de convergencia de los sistemas de evaluación y acreditación nacionales y subregionales, con miras a disponer de estándares y procedimientos regionales de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior y de la investigación para proyectar su función social y pública. Los procesos de acreditación regionales deben estar legitimados por la participación de las comunidades académicas, contar con la contribución de todos los sectores sociales y reivindicar que calidad es un concepto inseparable de la equidad y la pertinencia;
d. el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la base de garantías de calidad, así como la formulación de sistemas de créditos académicos comunes aceptados en toda la región. Los acuerdos sobre legibilidad, transparencia y reconocimiento de los títulos y diplomas resultan indispensables, así como la valoración de habilidades y competencias de los egresados y la certificación de estudios parciales; igualmente hay que dar seguimiento al proceso de conocimiento reciproco de los sistemas nacionales de postgrado, con énfasis en la calidad como un requisito para el reconocimiento de títulos y créditos otogardos en cada uno de los países de la región.
e. el fomento de la movilidad intraregional de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo, incluso a través de la implementación de fondos específicos;
f. el emprendimiento de proyectos conjuntos de investigación y la creación de redes de investigación y docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias;
g. el establecimiento de instrumentos de comunicación para favorecer la circulación de la información y el aprendizaje;
h. el impulso a programas de educación a distancia compartidos, así como el apoyo a la creación de instituciones de carácter regional que combinen la educación virtual y la presencial;
i. el fortalecimiento del aprendizaje de lenguas de la región para favorecer una integración regional que incorpore como riqueza la diversidad cultural y el plurilingüismo.
3 – En el plano internacional es preciso fortalecer la cooperación de América Latina y el Caribe con las otras regiones del Mundo, particularmente la cooperación Sur-Sur y, dentro de ésta, con los países africanos.
La Conferencia encomienda al IESALC designar una comisión encargada de presentar a la brevedad una hoja de ruta que permita la integración progresiva de las instituciones de Educación Superior de la región.
Los participantes en este encuentro reconocen la labor enjundiosa realizada por el Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) en la preparación y realización de este evento, que ha permitido recoger la opinión de la comunidad académica regional con miras a la Conferencia Mundial de Educación Superior, París 2009.
La integración académica latinoamericana y caribeña es una tarea impostergable. Es necesaria para crear el futuro del Continente. Los participantes de la CRES 2008 ratifican el compromiso de asegurar esta tarea. Tenemos la obligación y la responsabilidad de crear un futuro propio.
Decimos con Gabriel García Márquez, desde su sentida Colombia, que nos toca avanzar hacia “una nueva y arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad, y donde las estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una segunda oportunidad sobre la tierra”.
Cartagena de Indias, Colombia. Junio 6 de 2008
La Educación Superior en Colombia después de la CRES
El Observatorio de la Universidad Colombiana analiza la Conferencia Regional de Educación Superior -CRES- y la Declaración de Cartagena, y la manera como Colombia podría, o no, asumir los llamados de la Conferencia, imperativos para el crecimiento como sociedad de conocimiento. Si el país quiere liderar el concierto latinoamericano, debe asumir reformas estructurales. Por ahora, no se conoce la posición pública del Ministerio sobre los pasos a seguir.
Las directrices de la educación superior en el mundo son sólo recomendaciones a los países, surgidas de las Conferencias Mundiales de Educación Superior que organiza UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) en París, cada década. La última se realizó en 1998 y la próxima se hará en julio de 2.009.
El CRES, o Conferencia Regional de Educación Superior, organizada también por UNESCO a través de IESALC (Instituto para la Educación Superior en América Latina y Caribe) en Cartagena, es el gran evento previo a París y, teóricamente, los delegados de América Latina y el Caribe, que asistan en 2009 irán con una sola proclama o posición definida en la Declaración del pasado seis de junio.
Las recomendaciones de estas conferencias representan un llamado a que los países se alineen en torno de objetivos comunes, generalmente englobados en deseos universales de calidad, cobertura, pertinencia, internacionalización y compromiso social, entre otros aspectos, pero no tienen carácter vinculante ni obligatorio para los Estados.
Dice la Declaración que “el objetivo es configurar un escenario que permita articular, de forma creativa y sustentable, políticas que refuercen el compromiso social de la Educación Superior, su calidad y pertinencia, y la autonomía de las instituciones”. Sobre esto, se preguntan los analistas, en últimas, ¿quién personifica el protagónico de “Educación Superior”? Para la Conferencia son los miembros de las comunidades educativas, particularmente los encargados de la toma de decisiones políticas y estratégicas, tales como los responsables de los Ministerios de Educación, de Cultura y de Ciencia y Tecnología, las organizaciones internacionales, la propia UNESCO y los actores y personas involucrados en las tareas educativas y universitarias, a quienes la Conferencia hace un “urgente y enfático llamado a considerar los planteamientos y las líneas de acción que se han derivado del debate”.
Pese al rol de Colombia en la región, su papel de anfitriona de la conferencia, la identificación y compromiso que de forma explícita asumió la ministra Cecilia María Vélez, así como la vicepresidencia de la CRES a cargo del viceministro de Educación Gabriel Burgos Mantilla, y la Vicepresidencia del Consejo Administrativo de IESALC en cabeza del ex viceministro y ahora rector de la Escuela Colombiana de Ingeniería, Javier Botero Alvarez, en Cartagena no se dieron las suficientes luces para que los observadores puedan afirmar que Colombia orientará sus políticas estatales de educación superior en la misma dirección de las directrices de la Declaración.
La Declaración exhorta a los Gobiernos a realizar cambios de política, que pese al ánimo de la reunión y las palabras de los funcionarios públicos, no son de fácil logro. La mecánica de participación en el CRES, el espíritu crítico de los académicos, la autonomía de las IES colombianas y los cambios políticos que se vienen en el país con un nuevo proceso electoral, hacen prever que los deseos de la CRES, en el caso colombiano, representan un saludo a la bandera.
Así se llegó a la Declaración
Los 3.500 delegados que participaron en la Conferencia no pagaron inscripción por el evento. Sólo debieron registrarse oportunamente y llegar a Cartagena. De esta forma, libremente se reunió a ministros, funcionarios estatales, directivos universitarios, profesores, investigadores, estudiantes y espectadores de todos los países de la región. Lógicamente, Colombia fue la delegación más numerosa.
El principal antecedente lo constituyó la Conferencia Regional realizada en La Habana (Cuba) en 1996, con 850 delegados. Carlos Tünnermann, uno de los más reconocidos universitólogos del continente y ex ministro de Educación de Nicaragua, recordó cómo los temas ahora planteados son, en esencia, los mismos de la Conferencia de La Habana. Con estadísticas diferentes, la preocupación continental por la educación aborda la misma problemática. Esto de por sí no dice nada. Para algunos refleja la consistencia en el discurso académico sobre el quehacer de la educación superior, en tanto que para otros significa que la Región no ha podido salir de los esquemas de tercermundismo, discriminación, marginalización y “subdesarrollo” intelectual. Según el ranking mundial de universidades de JiaTong sólo ocho universidades latinoamericanas están ubicadas dentro de las primeras 500 en el mundo, es decir el 1.6%.
El otro antecedente inmediato fueron las conferencias preparatorias que se organizaron en varias universidades con el patrocinio de la Asociación Colombiana de Universidades –Ascun-, y que representó un valioso ejercicio intelectual para los asistentes, muchos de los cuales no fueron a Cartagena y tampoco construyeron documentos formales que permitieran identificar una posición de los académicos colombianos frente a los temas tratados en la CRES.
Entre tanto, IESALC, además de lograr sus objetivos y mostrar a UNESCO que América Latina es la primera región del mundo en organizar este evento bajo la estratégica dirección de la brasilera Ana Lúcia Gazzola, quien con su forma de ser logró mediar asertivamente en los pocos roces que se presentaron, preparó el ambiente académico de la conferencia con un documento público titulado “Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe” con diez unidades que constituyeron, a su vez, los temas de análisis en las mesas, integradas libremente por los participantes. Los temas presentados fueron: 1) Contexto global y regional de la educación superior en América Latina y el Caribe, 2) Ciencia y tecnología, 3) Calidad, pertinencia y responsabilidad social de la universidad, 4) Desigualdad, inclusión y equidad, 5) diversificación, diferenciación y segmentación, 6) integración regional e internacionalización, 7) reformas de la educación superior, 8) sistemas de acreditación y evaluación, 9) gobierno de universidades públicas, y 10) financiamiento.
En la preparación de este documento participaron doce académicos de la región, entre los cuales sólo un representante de Colombia intervino. La Coordinadora Académica de Ascun, Xiomara Zarur Miranda, en el tema seis. El otro colombiano que tuvo una intervención destacada fue el anterior Director Ejecutivo de Ascun, Galo Burbano, quien coordinó de manera efectiva la redacción de la Declaración. De ahí en adelante, se destacaron algunas participaciones de nacionales como, por ejemplo, la de Fernando Chaparro (ex Colciencias). Los demás colombianos de renombre que desfilaron en la tarima central de la CRES lo hicieron para entregar placas, pergaminos y elogios.
De parte del Ministerio de Educación no hubo agenda, ni convocatoria pública académica previa para intercambiar ideas y hallar consensos (difíciles mas no imposibles en educación superior) sobre temas determinantes para Colombia; es decir, identificar cuál es el pensamiento para el mediano y largo plazo de parte de los protagonistas de nuestro sistema de educación superior en temas como: Alternativas de financiación de la universidad pública, alcances y niveles de rendición de cuentas de la autonomía universitaria, formación de los profesores y situación laboral, subsidios de la demanda, compromiso con los egresados, retención de talentos, articulación con la educación media y el mercado laboral, estado de la flexibilidad y los créditos, alianzas regionales, articulación por ciclos, convenios internacionales, oferta académica de instituciones extranjeras en Colombia, formación virtual, avance del sistema de acreditación y calidad del sistema de registro calificado…
Mientras tanto, países como Venezuela, antes de la CRES, realizaron encuentros entre los Consejos Nacionales de Rectores, Redes Universitarias y entidades vinculadas a la Educación Superior, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior de la República Bolivariana de Venezuela, para definir una posición frente a la CRES. Así mismo, una vez pasado el CRES, organizaron encuentros regionales de Educación Universitaria Pública, programados por el Ministerio, con el objetivo de proyectar los resultados de la Conferencia y las implicaciones de su Declaración Final para la educación superior en Venezuela y en la región.
Con este panorama, Colombia llegó a Cartagena a escuchar, básicamente, los voceros preacordados por IESALC, así como los logros del Ministerio de Educación en la era Uribe Vélez, auncuando estos no coincidan en todo con las expectativas de la comunidad académica nacional. Para la ministra Vélez, según decalaraciones dadas a IESALC, el papel de anfitriona era para que las personas vinieran y vieran “todo lo que estamos haciendo, que confirmen las transformaciones tan profundas que se están dando, que noten los avances que estamos teniendo en Educación Superior. La evolución del país en este tema durante la última década es reconocida por la Comunidad Internacional al habernos escogido como país sede. Creo que desde el año 2000 hemos avanzado mucho en este sector con procesos de acreditaciones serios y continuos y con el esfuerzo de las universidades por responder a las nuevas exigencias en calidad. Que los actores académicos de la Región vengan y vean por sí mismos lo que estamos haciendo nos da credibilidad ante ellos y eso es importante para cambiar cualquier percepción distorsionada que puedan tener de la realidad colombiana con tantos temas que la ubican en la agenda internacional, algunas veces de una manera negativa”.
Es decir, el Ministerio llegó al CRES con una actitud sobrada. A enseñar, más que a aprender. Y por lo mismo, Colombia llegó y salió de la CRES sin tener claro el paso a seguir en la agenda educativa superior.
En este entorno se realizaron las mesas temáticas, cuyas conclusiones reunieron, en esencia, lo que los expositores (mismos autores del documento preliminar de Tendencias) presentaron, más los aportes de quienes libremente quisieron participar, rectores, profesores, estudiantes y particulares.
Entendido así, más que un consenso de voluntades y compromisos políticos y académicos, la Declaración de Cartagena representa un acumulado de deseos y opiniones, algunas de ellas contradictorias. Pensar entonces que el documento final representa una plataforma ideológica para que Colombia ajuste sus políticas en educación superior no tiene fundamento. Eso sí, es claro que la Declaración será la justificación para promover aquellos cambios que interesen a éste o al siguiente Gobierno.
Las principales preocupaciones de la región
La Declaración retoma la mayoría de temas de interés de la educación superior, pero hace especial énfasis en los que, a juicio de los asistentes, representan la mayor preocupación de la Región:
Ø La educación como un bien público social que debe ser defendida y promovida por los estados. Para un buen número de los asistentes, debió quedar en la Declaración una exhortación expresa al carácter de gratuidad del servicio, a fin de presionar a los Estados para otorgar los máximos subsidios a la actividad. Salvo Cuba, Barbados y Chile, en el resto de región, incluida Colombia, el porcentaje de inversión del PIB en educación superior no pasa del 1%. Este argumento se refuerza con la idea de incluir, en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la educación superior como un derecho humano fundamental. Colombia, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y El Salvador son los únicos países en los que en la década del 2000 ha aumentado la participación de la matrícula en la universidad pública, en tanto se afirmó que, en general, la inversión en educación ha disminuido y es 20 veces menor que en países desarrollados.
Ø La cobertura ha aumentado, pero no satisface las expectativas que garantice sociedades de conocimiento. Según el CRES, actualmente la tasa de cobertura educativa a nivel universitario en la región bordea el 32 por ciento, mientras que en Asia alcanza el 68 y Europa el 87 por ciento. En Colombia, según el Ministerio, en 2007 ésta fue de 31.8%.
Ø Hubo una expresa declaración en contra de la mercantilización y la privatización de la educación, como una situación que genera inequidad y explotación. Casi que en consenso, la CRES aplaudió el rechazo a que la educación fuera considerada un servicio comercial incluido como tal en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Según la UNESCO, aceptar la educación como bien público “global” sin considerar realidades y compromisos nacionales de sociedades de países no-industrializados, es abrir las puertas para la consolidación de un sistema global de educación superior que sólo interesa a países desarrollados.
Ø Se generó una alarma sobre la fuga de los pocos cerebros altamente cualificados de la región, mediante políticas explícitas de países desarrollados para retener y alejar de sus naciones de origen a talentos intelectuales, con el consiguiente impacto en el desarrollo nacional. La Conferencia señaló que mientras en Estados Unidos se gradúan anualmente 60 mil doctores y en Brasil 12 mil, en Colombia son sólo 50.
Ø Los asistentes consideran que la autonomía universitaria corre riesgo con la participación de los Estados en los cuerpos de gobierno colegiados y en las mecánicas de asignación de recursos. Es interesante el énfasis que pone la Declaración en afirmar que la autonomía no sólo es un derecho, como siempre han argumentado los universitarios que defienden causas poco o nada académicas, sino también “una enorme responsabilidad para cumplir una misión con calidad, pertinencia, eficiencia y transparencia de cara a los retos y desafíos de la sociedad”. Además, y éste es un tema que no fue ampliado y que amerita espacios especiales de atención “comprende asimismo la rendición social de cuentas”.
Ø Más como un recuerdo de lo que fue, el tema de la participación del estudiantado universitario conmemoró la experiencia y aportes de Córdoba, de hace 90 años, más no abarcó una temática central sobre su verdadero rol y grado de responsabilidad en la conducción académica.
Ø La formación de profesores y sus condiciones laborales, constituye otro tema rápidamente enumerado, que representa un reto para toda la región. Se requiere incentivar la formación en habilidades y competencias docentes para enfrentar los nuevos modelos de enseñanza y de comunicación digital, así como un llamado a revisar las condiciones salariales y laborales. Este último, por tratarse de un tema económico y laboral, no fue ahondado en la Conferencia, pero representa una causal determinante en los niveles de formación, estabilidad y productividad de los mismos.
Ø Otro “grito” de auxilio lo constituyó el bajo nivel de inversión pública en ciencia, tecnología e innovación y su consiguiente impacto en el retraso en productividad académica, programas doctorales y patentes entre los países de la región y la inversión de los estados y empresa privada en investigación en Europa y Estados Unidos. La inversión en ciencia tecnología, a 2005, en América Latina y Caribe fue de 0.54% del PIB y en Colombia del 0.18%. Para el caso de Colombia el tema ha quedado en un anuncio del Presidente Uribe de incrementar dicho porcentaje del PIB.
Ø Es sinceramente preocupante, por el impacto negativo que tiene sobre la adopción de políticas públicas, especialmente en presupuesto y orientación estratégica, así como en la pertinencia de la educación superior y la identificación del estado actual de la misma, el atraso y la falta de rigor de las estadísticas y los sistemas nacionales de información de todos los países de la región.
Los datos no generan plena confianza. Tres ejemplos como muestra. 1) La directora de IESALC, Gazzola, presentó un cuadro consolidado de tasas de cobertura en la región en el que se muestra, por ejemplo, que para 2005-2006 Bolivia presentó una cobertura en educación superior de 61.4%, mientras que, en el mismo CRES, el chileno Luis Riveros presenta un dato de 40% y el Estudio de la Educación Superior en Bolivia, realizado por Ramón Daza Rivero y Vanya Roca Urioste, para CINDA, en junio de 2006, dice que en 2005 la cobertura fue de 24.17%. 2) La misma IESALC dice, por un lado, que el total de matrícula en la Región, en 2005-2006 era de 17.017.798 alumnos, mientras que en otro apartado menciona que son 16.841.811. 3) IESALC afirma que en 2006 Colombia tenía 289 IES, de las cuales 89 eran instituciones universitarias, pero los datos presentados por el SNIES indican que para el mismo año el total de IES era de 331 (incluidas seccionales), de las cuales eran 120 universidades y 100 instituciones universitarias.
Además de problemas de tecnología, es evidente la dificultad de algunas naciones para cuantificar el volumen de sus instituciones y programas de educación superior, en medio de una enorme dispersión de modalidades, niveles, oferentes y programas con las más variadas denominaciones, incluso hay países con serios vacíos en su legislación. A diferencia de otros, Colombia, por ejemplo, no incluye dentro de sus instituciones de educación superior entidades de educación superior no formal.
Curiosamente, Colombia lidera los trabajos al respecto con su Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, pese a que internamente hay dudas sobre su fiabilidad, oportunidad y ausencia de indicadores en tiempo real. A junio de 2008 Colombia cuenta con estadísticas consolidadas de programas de 2006, y muchos de los datos estadísticos de la presentación de la ministra en el CRES correspondieron a información de 2004 y 2005.
Los retos para Colombia
Si el sistema de educación superior colombiano cuestiona su desempeño y expectativas a la luz de los postulados de la Declaración, el Ministerio, en primera instancia, pero también agrupaciones como Ascun, ACIET, SUE, Colciencias y CNA, y otros, deberían agendar espacios de reflexión y revisión de políticas estructurales para dar pasos sólidos hacia el cumplimiento de objetivos coincidentes entre todos, tales como cobertura con calidad, conocimiento internacionalizado, financiación equitativa, integración de todos los componentes del sistema y cualificación docente…
Esta sería la acción a seguir, para llegar al escenario propuesto por la Declaración de construir un Espacio de Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación Superior (ENLACES), que debe formar parte de la agenda de los gobiernos y los organismos multilaterales de carácter regional. Si dicho espacio se proyecta, Colombia debe llegar con objetivos definidos, entre los cuales está responder a “la renovación de los sistemas educativos de la región, con el objeto de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y articulando la diversidad cultural e institucional”.
Se supone que los países que lleguen a estos acuerdos han enfilado sus esfuerzos para garantizar la posibilidad de su cumplimiento. Colombia no está listo aún.
La Declaración representa un punto de partida para que nuestro sistema de educación superior mediante instancias como, por ejemplo, el Sistema de Universidades del Estado –SUE-, comience a dar ejemplo y trabajar en la línea de los pedidos del CRES de lograr una mejor y mayor compatibilidad entre programas, instituciones, modalidades y sistemas, integrando y articulando la diversidad cultural e institucional, mediante acciones como: el mutuo reconocimiento de estudios, la formulación de sistemas de créditos académicos comunes, la certificación de estudios parciales; el fomento de la movilidad intrarregional de estudiantes, investigadores, profesores y personal administrativo, a través de la implementación de fondos específicos; el emprendimiento de proyectos conjuntos de investigación y la creación de redes de investigación y docencia multiuniversitarias y pluridisciplinarias; el impulso a programas de educación a distancia compartidos, así como el apoyo a la creación de instituciones de carácter regional que combinen la educación virtual y la presencial.
Por ahora, algunos esbozos se ven pero la realidad es que las universidades del Estado escasamente comparten recursos entre ellas, la flexibilidad y el sistema de créditos sigue siendo una denominación en papel, y mecanismos de agilización académica se ven enfrentados a protestas como las de la Universidad Nacional y la aprobación del nuevo Régimen Académico.
¿Será necesario reformar la Ley 30?. Indudablemente, pero no con un maquillaje y reformas que la deje igual, como aconteció con ella frente al Decreto Ley 80 de 1980, sino para que realmente responda a las nuevas tendencias, entidades prestadoras del servicio, rendición de cuentas, órganos de gobierno y sistemas de financiamiento, entre otros aspectos.
En otro orden, mientras que hay un reconocimiento internacional por la estructura y el Sistema Nacional de Acreditación en Colombia (así como los de Argentina, Brasil, Chile y México), pese al bajo número de programas que las instituciones han decidido someter voluntariamente a este examen, será interesante evaluar la manera como los lineamientos de calidad del CNA deben mediar entre el conocimiento universal que se pide a las disciplinas, con la necesidad de organizar programas flexibles, acordes con la realidad y problemática regional, exigido por la Declaración.
La reflexión sobre la calidad de nuestros pregrados debe extenderse a los posgrados, y permitir que estos, efectivamente, como dice la Declaración, estén fundamentados en líneas activas de investigación. Punto crítico para los intereses de las IES que obtienen millones de pesos de ingresos en las especializaciones y la petición recurrente de otros académicos que piden que, como en la mayoría de países, las especializaciones no sean reconocidas como un posgrado sino como un programa de educación continuada.
En cuanto a la financiación de la universidad pública, tema recurrente en las protestas oficiales y en los esporádicos pronunciamientos rectorales, se aprecia que la región demanda el máximo subsidio al Estado, que además de matrículas incluya aspectos como becas, residencias estudiantiles, servicios de salud y alimentación. Este asunto no hace parte, de manera pública, de la agenda oficial del Gobierno colombiano, cuyo discurso sólo se fundamenta en que la Nación cumple con lo estipulado en la Ley 30, sobre financiación de la Universidad. No se vislumbran espacios en los que –más allá de posiciones radicales y acusaciones de privatización y neoliberalismo- se abra la posibilidad transparente de replantear esos mecanismos, contemplar la financiación a la demanda, aplicar subsidios plenos por indicadores de desempeño, revisar los factores que determinan el subsidio a instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, y la creación de impuestos a los egresados…
Finalmente, la rendición de cuentas amerita un capítulo de atención y agenda especial en Colombia. Los excesos en algunas universidades públicas como producto de los negociados de las convenciones colectivas de trabajadores, las pensiones fraudulentas, las primas extralegales y las acusaciones de desvío de fondos en algunas IES deben ser de conocimiento público y de investigación penal.
Las universidades privadas no se quedan atrás. Es imperativo legislar sobre configuración de órganos de gobierno, derechos y deberes de los miembros de consejos superiores, estados financieros y lógica de asignación contable de gastos, mecanismos transparentes de reinversión de excedentes operacionales, publicación de nombramientos y transferencias de delegados, y mecanismos de retribución social por programas sancionados y que no cumplan con estándares mínimos de calidad.
Además del Estado, la sociedad, las asociaciones y consejos profesionales y las agremiaciones laborales deberían constituirse en jueces de la calidad de la educación superior, y debe estructurarse un sistema público, transparente y riguroso de quejas y reclamos sobre la calidad de las IES.
Este panorama no representa inquietud para la mayoría de rectores y académicos de la educación superior colombiana, acomodados en un statu quo que no les molesta. El Ministerio cumple sus objetivos políticos de cobertura. Los académicos no tienen un organismo real que los aglutine, de tal forma que su voz se marchita. Las universidades públicas aparentan calma mientras reciban las transferencias del Estado, y las instituciones privadas no se sienten aludidas con la Declaración, estructurada básicamente por rectores y académicos de grandes universidades públicas de la región, que dominan la matrícula. Mientras el Estado colombiano no se meta con su preciada autonomía y no exija mucho en procesos de registro calificado, no hay reacciones.
Así las cosas, y si se mide por la ausencia de expresiones de reflexión y análisis del sistema por parte del Ministerio, el post-CRES no aparenta traer cambios estructurales en el país…. pero eso no es bueno para nuestro sistema universitario.
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