Columna de opinión publicada hoy 28 de mayo en el diario La Tercera en conexión con los debates sobre el SIMCE y la responsabilidad de las universidades en la formación de los docentes. A continuación el texto.

¿Y la formación de profesores?

Los alumnos de la enseñanza básica y media que están bajo la tutela de los mejores profesores aprenden más. Los resultados de la prueba SIMCE dados a conocer en estos días lo comprueban y los exámenes internacionales tipo PISA lo ratifican. En Chile, sin embargo, hay un escaso número de profesores de excelencia; muchos son competentes en un nivel medio y una proporción significativa se sitúa por debajo de un estándar mínimamente exigente.

A su turno, una investigación realizada por dos universidades dada a conocer por este diario el fin de semana concluye que los graduados de carreras de pedagogía poseen serias deficiencias en áreas básicas como el dominio de la expresión escrita, el manejo de la sintaxis y el vocabulario, la capacidad de comunicar una idea, de abstracción matemática, de leer datos y de ordenar información. Además, revela que el rendimiento académico de estos programas es paupérrimo. En efecto, las competencias de los alumnos apenas se incrementan a lo largo de cinco años de estudio. En suma, quienes se matriculan en cursos de pedagogía aprenden poco y se gradúan con una exigua preparación.

Nos encontramos por tanto frente a una encrucijada. El país necesita urgentemente un gran número de profesores de excelencia pero las universidades encargadas de formarlos no están en condiciones de satisfacer esta necesidad. ¿Qué hacer?

Lo primero –y sin embargo lo más difícil de lograr– es aumentar la capacidad que poseen las carreras de pedagogía para atraer a los mejores egresados de la enseñanza media. Si no se modifica drásticamente el estatus socio-económico de la profesión docente, su potencial de atracción se mantendrá dentro de los límites actuales. Es decir, los profesores deben obtener remuneraciones sustancialmente mayores y, para eso, se requiere aumentar fuertemente la subvención. Mientras no se de este paso, todo lo demás que se haga para mejorar el desempeño de la profesión docente será insuficiente.

Una vez alcanzado este punto de partida, sería posible también exigir a las universidades la implementación de procedimientos más rigurosos y exigentes de selección de los postulantes a sus carreras de educación. Y apoyar a los mejores de esos postulantes con una política especial de becas y de créditos estudiantiles otorgados bajo condiciones más favorables. Enseguida, el Gobierno podría aprovechar la bonanza anunciada en la disponibilidad de becas para estudios avanzados en el extranjero, apoyando a un número importante de los mejores graduados de carreras de pedagogía para especializarse en instituciones de clase mundial.

Por su lado, las escuelas y facultades de educación deberían establecer un examen nacional previo al egreso de sus alumnos y el gobierno complementar dicha medida con la creación de un procedimiento independiente para la habilitación profesional. Adicionalmente se podría establecer un programa de reforzamiento y especialización para los profesores jóvenes en ejercicio, graduados durante los últimos cinco años, de modo de remediar las deficiencias detectadas en su formación. Por último, las universidades que ofrecen programas formativos en el área de educación necesitan examinar en profundidad y modificar sus currículos y métodos de enseñanza en estas carreras, a efecto de lo cual podrían establecer una suerte de convenio Chile-California con algunas escuelas de alto prestigio entre los países de la OECD.

José Joaquín Brunner
Director Centro de Políticas Comparadas de Educación
Universidad Diego Portales