Columna de opinión publicada en el diario El Mercurio, domingo 18 noviembre 2007
¿Es “histórico” el acuerdo educacional?
Transcurridos apenas unos días desde la suscripción del acuerdo educacional, afloran ya los primeros malentendidos. El mayor de ellos, sin duda, es creer que el acuerdo, por sí solo, es “histórico”. No lo es, pero podría llegar a serlo. Para ello deben reunirse varias condiciones.
Primero, las leyes que a partir de él se aprueben deberían obtener un nivel similar de consenso. Segundo, su reglamentación deberá reflejar fielmente no sólo la letra, sino el espíritu del acuerdo. Tercero, la institucionalidad que resulte de este proceso -el nuevo Consejo Nacional de Educación, la Agencia de Calidad y la Superintendencia, más la reforma del Ministerio de Educación- necesitará dotarse de personal de calidad y recursos suficientes. Cuarto, las medidas ya acordadas requieren acompañarse, a la brevedad, con las piezas faltantes. Dos a lo menos son esenciales para culminar esta nueva fase de reformas. Por lo pronto, un sustancial incremento de la subvención escolar, cuyo monto debería fijarse en adelante diferenciadamente según las necesidades de diversos grupos de alumnos.
Enseguida, el cambio del modelo de gestión de las escuelas municipales, incluyendo la necesaria flexibilización del estatuto docente, la revisión y puesta al día de los métodos de evaluación del desempeño de los profesores, y el aumento de sus remuneraciones.
Una vez logrados cada uno de estos objetivos, o mejor durante el proceso que conduce a su cumplimiento, se requiere añadir dos condiciones esenciales más para que el acuerdo llegue a producir efectos “históricos”.
Por un lado, las facultades y escuelas de pedagogía deben comprometerse a revisar, mejorar y acreditar sus programas de formación de profesores para la enseñanza básica y media con estándares exigentes. Aquí cabe valorar el rigor con el cual ha actuado la U. de Santiago (Usach), ejemplo que sin duda necesitarían seguir otras universidades.
Por el otro, los colegios subvencionados -municipales y privados, con y sin fines de lucro, y cualquiera sea su proyecto educativo- deben alcanzar, dentro del nuevo marco institucional y según las reglas de juego que imperarán de ahora en adelante, niveles superiores de rendimiento y logro de sus alumnos, especialmente los que provienen de los hogares de menores recursos y capital cultural.
En realidad, este último es el aspecto clave que permitirá medir el alcance de los cambios desencadenados por el acuerdo. Si éstos no llegan hasta la sala de clase, ni se traducen en innovaciones pedagógicas valiosas, ni mejoran la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje, entonces el acuerdo no podrá pasar el exigente examen de los hechos históricos.
Para evitar que esto ocurra hay que ponerse a trabajar ahora en todos los frentes señalados, de manera de completar las condiciones imprescindibles para coronar con éxito un acuerdo que, por ahora, haríamos bien en calificar como una esperanzadora promesa. No es poco para empezar.
Las medidas ya acordadas requieren acompañarse, a la brevedad, con las piezas faltantes: un sustancial incremento de la subvención y el cambio del modelo de gestión de las escuelas municipales.
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