Selección de opiniones publicadas por la prensa entre los días 28 de mayo y 8 de junio sobre los asuntos educacionales envueltos en la movilización estudiantil, realizada por Gregory Elacqua, Escuela de Gobierno, Universidad Adolfo Ibáñez.
Autores:
Javier Nuñez
Editoriales El Mercurio
José Joaquín Brunner y Gregory Elacqua
Daniel Manoucheri Lobos
Hermógenes Pérez de Arce
Gonzalo Vial
Andrés Allamand
Arturo Fermandois y Rodrigo Delaveau
Gonzalo Rojas
Juan de Dios Vial L.
Pedro Gandolfo
Patricio Navia
Ver textos completos más abajo.

DOMINGO 28 DE MAYO
El Mercurio
¿Buscando la revolución histórica?
Javier Núñez
Departamento de Economía U. de Chile
Un año atrás, la desigualdad era, sin dudas, el principal tema de la agenda pública. Y por primera vez la necesidad de combatirla era enarbolada por todo el espectro político. El diagnóstico era común: la desigualdad reflejaba las inequidades del capital humano y la educación era el instrumento llamado para enfrentarla. Y la candidata Michelle Bachelet capitalizó el consenso anunciando “la mayor revolución en educación de nuestra historia”. Así, la ciudadanía adquirió un legítimo derecho a esperar cambios estructurales a nuestro sistema educacional.
Aunque el nuevo gobierno recién comienza, ya han surgido indicios que alertan sobre una pérdida de momento y de prioridad relativa de la educación en la agenda pública. Un indicio temprano fue el creciente énfasis de la (también necesaria) reforma al sistema previsional en el programa de Michelle Bachelet. Y después ha cedido espacio a nuevas prioridades, muchas veces planteadas por el Gobierno y la Concertación: ley de subcontratación, paridad de género, eutanasia, entre otros. Por su parte, el discurso presidencial del pasado 21 de Mayo no satisfizo las expectativas de muchos sobre la gran reforma prometida en educación, mas aún considerando la inusual holgura presupuestaria que enfrenta el gobierno. Es indicativo que haya sido el descontento de los escolares fiscales lo que ha restituido la necesidad de una reforma educacional profunda.
Con todo, el discurso presidencial sí cumplió al anunciar la expansión de la cobertura preescolar para niños de menores recursos, la cual podría generar un cambio de fondo en el combate a la desigualdad. Esta política puede tener un impacto importante en la inserción laboral de madres de menores recursos. Sin embargo, su impacto sobre el capital humano de los niños es aun incierto. Gran parte de las habilidades cognitivas y sociales son adquiridas en los primeros años de vida. Así, el desafío es lograr que la anunciada expansión de la educación preescolar proporcione una elevada estimulación cognitiva, intelectual y afectiva. Deben tomarse todas las precauciones para evitar repetir en la educación preescolar los conocidos vicios, carencias y deficiencias en calidad de nuestra educación escolar pública, y debemos estar atentos a las propuestas de la comisión de la infancia al respecto.
Buscar logros rápidos y visibles en cobertura preescolar es tentador, pero los efectos de una deficiente calidad son observables años después de la presente administración. Este y otros desafíos de nuestra educación son complejos y caros, pero el país está inusualmente preparado para enfrentarlos.
MARTES 30 DE MAYO
EDITORIAL EL MERCURIO
Negociación bajo presión
El Gobierno se ha visto sorprendido y presionado por las medidas de fuerza de los estudiantes secundarios, y hoy enfrenta un día crítico, en que el conflicto suscitado podría extenderse y agravarse. Todo comenzó con lo que parecían ser protestas estudiantiles dirigidas a obtener beneficios económicos, como la gratuidad de la PSU y del pasaje escolar. Los grupos que promovieron las primeras agitaciones callejeras eran minoritarios. Posteriormente, sin embargo, se sumaron, con tomas de establecimientos o paralización de clases, colegios importantes, como el Instituto Nacional y los liceos Javiera Carrera, Amunátegui, de Aplicación y otros, hasta sumar 22 en la Región Metropolitana. Al día de ayer, había 130 mil alumnos en conflicto, muy pocos de ellos en otras regiones.
Pero el punto de inflexión estuvo representado por lo que sucedió en el Instituto Nacional, donde un frente unido de alumnos y profesores restó importancia a las peticiones económicas iniciales y pasó a formular sus críticas a la jornada escolar completa (JEC) y a la propia normativa básica del sistema educacional, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE). Si bien hubo escenas y declaraciones elocuentes, en el sentido de que ni alumnos ni profesores deseaban politizar el conflicto —llegándose, incluso, a vías de hecho entre profesores del Instituto Nacional y el dirigente comunista de la CUT Jaime Gajardo—, en definitiva el sindicalismo más politizado del país ha adquirido protagonismo.
Las fallas de la JEC están a la vista: no se ha traducido en mejoramiento educacional, el alargamiento del horario a las tardes se emplea en repetir enseñanzas de la mañana, y los alumnos no tienen tiempo de hacer sus tareas. Si bien el costo de esa reforma —anunciada en su hora como muy trascendente— llega a 150 mil millones de pesos anuales y no se ha justificado, al menos los problemas son identificables. No ocurre así en el caso de la aspiración a reformar la LOCE, que nadie precisa, si bien las vagas referencias que formulan los estudiantes en conflicto y los mayores que los apoyan hacen temer un intento de retorno al mayor centralismo estatal.
La encuesta hecha por nuestro diario a padres y apoderados revela que el 61,7 por ciento de ellos estima insuficiente la educación municipalizada, por contraste con la particular, en que el 65,1 por ciento la estima suficiente, mientras en la particular subvencionada el juicio favorable es estrecho (45,7 versus 43 por ciento). Pero, al mismo tiempo, padres y apoderados califican con baja nota al Gobierno en este tema (3,7 y 3,8, en un máximo de 7), y en el 69 por ciento apoyan la movilización estudiantil.
El precedente que se ha sentado es, una vez más, negativo. Ha prevalecido un clima de ilegalidad, consagrado por las medidas de fuerza de los estudiantes. Algunos excesos mayores, como la exhibición de armas blancas y de fuego, están siendo, afortunadamente, investigados por la justicia.
Asimismo, el movimiento ha llegado con mucha rapidez a politizarse, y las consignas que favorecen un mayor centralismo estatal amenazan, precisamente, al sector particular de la educación —el único que sortea con éxito el juicio de padres y apoderados.
Cabe hacer votos por que esta crisis represente una oportunidad, en el sentido de que, así como se cierne el peligro de medidas demagógicas que ahonden los problemas de un sistema que ha más que triplicado su gasto sin avances en la calidad, también puedan plantearse soluciones orientadas a liberar y dar entrada a la actividad educacional de fuerzas capaces de generar un salto adelante en este tema, fundamental para el futuro del país.
EL MERCURIO
Reforma educacional: Nueva agenda
José Joaquín Brunner & Gregory Elacqua
Escuela de Gobierno
Universidad Adolfo Ibáñez
El momento es propicio para profundizar la reforma educacional. Para ello se requiere un amplio consenso de objetivos y políticas. ¿Cuáles deben ser las metas de la profundización? Básicamente dos. Por un lado, acometer las enormes desigualdades que afectan a nuestro sistema (equidad). Por el otro, mejorar la gestión escolar (calidad de la enseñanza y el aprendizaje).
Del lado de la equidad, hay tres políticas imprescindibles. Primero, garantizar atención de calidad para todos los niños de tres a seis años provenientes de hogares ubicados en los tres primeros quintiles. La evidencia internacional muestra que ésta es la política más costo-efectiva para cerrar brechas y mejorar aprendizajes a lo largo de la vida. Segundo, incrementar la subvención escolar para todos los alumnos, hasta doblar su valor actual. Como primer paso, aumentarla para los alumnos de condiciones más vulnerables, cuyo costo de formación es más alto. Tercero, terminar con la discriminación social del acceso a establecimientos subvencionados, asegurando así que las escuelas compitan en igualdad de condiciones. Sólo si los padres eligen escuelas sin que sus hijos sean sometidos a procedimientos discriminatorios será posible cumplir con el mandato de iguales oportunidades para todos.
Del lado de la gestión, es indispensable combinar mayor autonomía para los establecimientos con mayor responsabilización por sus resultados (accountability). Esto implica más descentralización, conjuntamente con un centro rector más fuerte a nivel gubernamental. ¿Cómo lograrlo? Primero, las escuelas deben ser sujetas a metas exigentes (estándares curriculares demandantes y exámenes externos) y recibir apoyo técnico-pedagógico para desarrollar sus propias capacidades. Este apoyo debería incluir al menos al 20 por ciento de los establecimientos, cuyos resultados son consistentemente insuficientes, y medidas más enérgicas para varios centenares de escuelas “críticas”, las cuales ni siquiera con dicho apoyo lograrían los aprendizajes esperados.
Las escuelas así favorecidas que no logren mejorar deberían ser cerradas, dando paso a nuevos establecimientos. A su turno, la creación de éstos necesita regularse con más rigor, para impedir la proliferación de proveedores de baja calidad. Segundo, debe otorgarse autonomía de gestión a los establecimientos municipales, incluyendo un nuevo estatuto para sus docentes. Éste debería definir una carrera profesional, ligando estímulos al desempeño, adoptando procedimientos más efectivos de evaluación y la creación de un marco comunal para la negociación colectiva. De poco servirían estas medidas si, simultáneamente, no se revisa la formación docente. Cabe aprobar prontamente la acreditación obligatoria de carreras de pedagogía e introducir un examen práctico de habilitación para el ejercicio profesional. Tercero, urge preocuparse de la formación de directivos de establecimientos, cuyo papel será esencial para los cambios de la gestión escolar. Al efecto, podrían crearse centros regionales de liderazgo educativo, los cuales participarían, además, en la implementación del apoyo para establecimientos “críticos” y con resultados insuficientes. Cuarto, hay que transformar el Simce en un sistema que mida el valor agregado de aprendizaje por escuela, considerando las condiciones socioeconómicas de sus alumnos. Complementariamente, la autoridad debería revisar los contenidos curriculares que no estén bien focalizados y alineados con los estándares de aprendizaje.
Conseguir estas metas supone fortalecer el Ministerio de Educación, especialmente sus procedimientos de supervisión y regulación. Requiere, además, que el Gobierno defina una clara estrategia para la nueva etapa y la activa participación del Parlamento para modificar la LOCE y aprobar una subvención preferencial. Por último, implica promover la participación y el compromiso de los sostenedores municipales y privados, los profesores, las escuelas de pedagogía, y de los centros de padres y alumnos que han manifestado una renovada vitalidad.
En suma, aprovechemos la coyuntura para restituir a la educación su prioridad y para profundizar la reforma con renovados objetivos de equidad y mejor gestión.
LA TERCERA
Secundarios: Una Histórica Oportunidad para la Educación
*por Daniel Manoucheri Lobos
La Tercera, martes 30 de mayo de 2006
Luego de 20 años la canción de los prisioneros “pateando piedras” pareciera seguir estando vigente. Hoy en el Chile del actual sistema educacional, un niño pobre, como en machuca, solo conocerá a un niño rico cuando este le tenga que servir en un restoránt o sea empleado en su empresa. Actualmente se ha generado un sistema de rigidez social. La meritocracia es algo muy complicado con las vergonzosas diferencias entre los que estudian en un colegio con nombre de héroe o santo ingles y los que estudian en los con nombre y numero de buque ingles(A-8).
Nosotros el 2001 no obstante movilizar muchos estudiantes durante el llamado Mochilazo- 17 mil en las calles y 400 mil en paro- teníamos demandas puntuales que carecían de profundidad social. Se solucionaba el problema del pase escolar y todo terminaba. Así partieron los secundarios este año, pidiendo PSU gratis. Pero esta semana, de peticiones especificas han pasado a demandas de sociedad.
Pese a que no comenzaron de la mejor forma, con movilizaciones que se escapaban de las manos convocadas en medio de las mesas de conversaciones e incluso con un estudiante portando un arma de fuego, las protestas estudiantiles que se desarrollan por estos días en nuestro país son una histórica oportunidad para la educación chilena. En el incipiente movimiento secundario es el fondo del asunto en el debemos centrarnos. Nos tiene que llamar como país a preguntarnos el porque de estas movilizaciones. Los secundarios han puesto en el tapete temas de fondo. Cambiar la LOCE que dejo Pinochet, analizar la efectividad la JEC y revisar el funcionamiento y eficiencia sistema municipal y de subvenciones, se alejan mucho de ser peticiones descabelladas, mas bien apuntan a darle de una buena vez por todas una respuesta al tema de la calidad de la educación, que sin duda hoy esta en cuestionamiento.
Nosotros el 2001 logramos que el pase escolar pasará al estado, hoy pareciera que el desafió es que la educación vuelva al estado. Es deber de la clase política y la Concertación el entender que muchas veces analizar si se ha hecho bien o mal algo en un tema, no es muestra de debilidad y menoscabo, sino una muestra de seriedad y valentía. No es ilógico el revisar los reales alcances de la reforma educacional y determinar si fracaso. Todo conflicto puede ser una oportunidad. Muchos han expresado que se debe convocar a un gran debate nacional, cosa que podemos compartir. Es cierto, el gobierno debe llamar a una gran discusión sobre la educación en Chile donde participen los estudiantes organizados con el gobierno, pero también los profesores, padres, estudiantes, parlamentarios, municipios, sostenedores, empresarios, iglesias, y en general todos los que tengan algo que decir. Pero esta discusión no puede quedarse solo en bonitas palabras y lindos textos. Discutir sobre una realidad evidente no basta. De eso ya esta cansada la sociedad, quiere menos “bla-bla” y más acción. La discusión no es un fin en si misma, es un medio para llegar a un resultado. La gente clama menos diálogos y más políticas claras.Si miramos para el techo y no nos hacemos cargo como sociedad de estas demandas y esta realidad, podemos generar una bomba que tarde o temprano nos explotara en la cara a todos.
* Daniel Manoucheri fue Presiente nacional del Parlamento Juvenil, encargado de la campaña juvenil de Michelle Bachelet, y actualmente vicepresidente de la Juventud socialista. comentarios a [email protected]
MIÉRCOLES 31 DE MAYO
EDITORIAL EL MERCURIO
Crisis largamente incubada
El petitorio estudiantil ha inflamado una crisis transversal de dimensiones nacionales no previstas. Virtualmente todos los sectores —incluso la U. Católica (por primera vez en paro en las últimas décadas) y planteles privados— simpatizan con los alumnos en protesta. El manejo por el Gobierno ha sido inhábil, y llevó a los fracasos del lunes y de ayer: aparece intentando negociar con estudiantes —algunos inspirados por tradicionales motivaciones ideológicas, otros con argumentaciones nítidamente fundadas y sin afiliación partidista—, pero es obvio que, sin perjuicio de escucharlos, las soluciones deben proporcionarlas las autoridades.
Esta crisis cogió totalmente por sorpresa al Gobierno y al sistema político. Dos días antes de iniciarse, la educación básica y media recibió en el mensaje presidencial una mención genérica —“calidad, calidad y más calidad”—, sin más precisión de los instrumentos para alcanzarla que redoblar “el trabajo con nuestros alcaldes”. Sin embargo, las dramáticas cifras, especialmente de los establecimientos municipalizados, han sido parte del debate político de la última década, e incontables señales anticipaban que las evasivas y errores no podían perpetuarse sin consecuencias. Así, en 2001, la prueba Timss evidenció que si los estudiantes de 8° básico rindieran examen sobre sus conocimientos, 85 por ciento no aprobaría en matemáticas, y 78 por ciento no lo haría en ciencias. Esa misma prueba, en 2004, mostró que la educación chilena estaba lejos del promedio internacional, entre los últimos lugares, y sus marcas eran inferiores a las de 1999 y 2002. Y en 2005, las proyecciones oficiales indicaron que la matrícula municipal llegaría sólo a 35 por ciento en 2010 —una gran caída desde 2003, cuando la enseñanza municipal llegaba al 50 por ciento respecto de la subvencionada o pagada)—; los estudiantes y sus familias sienten que esta última abre más oportunidades.
En cambio, los alumnos municipales perciben que se los está condenando a la marginalidad. Demasiados errores, prolongándose sin solución, han hecho cundir en ellos la desesperanza. Ya no creen que el currículo escolar pueda abrirles las puertas al avance socioeconómico. La frustración y la irritación acumuladas se tornan antisistémicas y sobrepasan el cauce de los centros de alumnos y de padres, o las mesas de diálogo oficiales. Los escolares han desinstitucionalizado su conflicto y, así, están logrando cambiar la agenda pública. Ésa es una señal de alerta para nuestro sistema institucional.
Entre las muchas causas de la mala calidad educacional destaca el “Estatuto docente”, que impide a los municipios aplicar correctivos a los profesores no idóneos; la respuesta a los problemas de la educación secundaria avanza al ritmo de las demandas corporativas del gremio docente, legítimamente interesado en mejoras salariales, pero controlado por la izquierda más radical y que ha hecho inoperante la evaluación de sus servicios; el inconsulto cambio de la PAA por la PSU cambió para una generación de estudiantes las reglas y su posibilidades de acceso a la educación superior; los “contenidos mínimos” de los programas impuestos por el ministerio del ramo son una camisa de fuerza que asegura una calidad mediocre.
La subsecretaria de Educación acierta al diagnosticar que se requiere una “agenda corta” y una “larga”. Pero también ella aparece sobrepasada por una irritación colectiva que ayer alcanzó ribetes de violencia. Falta hoy una figura capaz de encauzar este conflicto. Él abre una oportunidad de cambio favorable, como lo dijo la Presidenta el lunes, pero también el riesgo de que, a pretexto del derecho a educación de calidad, se sacrifique la libertad de educación, recentralizándola en manos del Estado, esto es, del gobierno de turno. Sería ése un inmenso y peligroso retroceso: los gobiernos, como tales, tampoco pueden garantizar esa calidad.
EL MERCURIO
El problema es la Concertación
Hermógenes Perez de Arce
Casi dos tercios de los padres de alumnos de la educación particular pagada están contentos con ella. Y si no lo están todos, es porque el Estado interfiere en los programas e impide que los particulares desarrollen los propios, que con certeza serían mejores. A la vez, más de la mitad de los padres de alumnos de la educación particular subvencionada están satisfechos con ella. El porcentaje de satisfacción es menor, porque el Estado interviene en las escuelas subvencionadas más que en las pagadas, y empeora las cosas. En fin, más de dos tercios de los padres de alumnos de la educación pública, que está en manos del Estado, están descontentos con ella.
Entonces, ¿cuál es la solución que propone la corriente dominante ante las huelgas estudiantiles? Como estamos en Chile, donde no impera la lógica, propone minimizar o suprimir la educación particular, que satisface a la mayoría, para dar recursos y atribuciones adicionales al Estado, con cuya labor educacional más de dos tercios están descontentos.
Luego, este problema no lo puede arreglar la Concertación, porque la Concertación es el problema. Durante más de 16 años ha extraído a los contribuyentes más y más recursos para educación, hasta casi cuadruplicarlos, en términos reales. ¿Y cuál ha sido el resultado? Los alumnos siguen fracasando en las pruebas de rendimiento y están a la zaga en las comparaciones internacionales. ¿Por qué? Porque los recursos terminan beneficiando a la burocracia vinculada a la educación, y no a la calidad de la misma.
¿Cuál es la solución? Casi no me atrevo a mencionarla. Es políticamente innombrable. Pero es obvia. Si los padres que tienen recursos para educar a sus hijos pueden conseguir buenos colegios para ellos y están satisfechos de los resultados, la solución es darles a las familias que no tengan suficientes recursos los fondos que les permitan elegir los colegios para sus hijos. Las familias elegirían los mejores colegios, los colegios competirían por ser mejores y los resultados serían muy superiores. Como que, en este momento, los alumnos de la educación particular pagada chilena están en el nivel de los de Europa y Norteamérica. El desastre está en aquella parte de la enseñanza que controla el Estado.
Hace unos años la publicación “Temas públicos”, de Libertad y Desarrollo, divulgó un estudio muy notable, según el cual, si teóricamente pudiera repartirse entre los pobres todo el gasto social destinado a ellos por el Estado, ¡no habría pobres! No lo cito con mayor precisión porque en este momento estoy lejos de mis archivos. Pues bien, ese cálculo, referido a educación, estoy seguro de que arrojaría como resultado que todas las familias chilenas pobres podrían recibir un bono o “voucher” representativo de lo suficiente para educar bien a sus hijos. Y, a lo menos, todos éstos, cuando adultos, entenderían lo que leyeran, y no como ahora, en que el 80 por ciento no entiende lo que lee.
También esa solución convertiría a Chile en un país más libre y democrático. Pues la democracia es el gobierno del pueblo, y para que éste gobierne de verdad, cada uno de sus integrantes debe comenzar por ser capaz de gobernarse libremente a sí mismo. Un paso en esa dirección sería darle a cada jefe(a) de hogar la libertad de elegir la educación para sus hijos y, si fuere pobre, los recursos para financiarla. Pero aquí ya han gobernado durante 16 años los enemigos de dar más libertades a los chilenos. Mucho me temo que aprovechen este conflicto para arrebatarles las pocas que, en materia educacional, se han salvado de la voracidad burocrática estatal.
LA SEGUNDA
Descarnada advertencia al movimiento estudiantil: Que no los engañen
Gonzalo Vial
La aguda descomposición de nuestra enseñanza pública, ha sido puesta de relieve por el movimiento estudiantil en curso.
Ha bastado que ocupara o paralizara unos cuantos liceos, para que una asombrosa y heterogénea colección de organismos y personas que, hasta ese preciso momento, no habían dicho una palabra sobre el tema, descubrieran repentinamente que los alumnos daban en el clavo, que la educación chilena yacía por los suelos y necesitaba con urgencia profundas reformas…Así dice AHORA, a gritos, el establishment íntegro de la enseñanza patria, con muy pocas excepciones. El mismo que durante dieciséis años no ha hecho sino festejar los sucesivos secretarios de educación y sucesivos planes de enseñanza del concertacionismo, y decir que iban en la dirección correcta.
Los estudiantes deben desconfiar de estos flamantes aliados. Sus intenciones pueden ser buenas, pero muy poco de lo que han dicho o hecho ha sido positivo para nuestra educación.
Y voluntaria o involuntariamente, los están engañando; les están mostrando FALSAS causas de los males educativos de Chile, como si fueran VERDADERAS. Y lo que es peor, los estudiantes han tragado el anzuelo…en muchos temas, hablan parecido lenguaje al de quienes hace años que manejan la educación sin cosechar sino fracasos. Veámoslo.
PASE ESCOLAR
En el pedir no hay engaño. Pero no engañarse, tampoco, con supuestos milagros. Lo que yo recibo gratis, otro lo paga. En la especie, lo paga el usuario corriente de la locomoción, a través de un alza del pasaje normal, o bien lo paga el contribuyente con sus impuestos. Y que no imaginen los estudiantes a ese contribuyente como un empresario gordo y lustroso, al cual le sobra el dinero. No, imagínenlo -y será más realista- como un trabajador del montón, pero no del montón en cuanto a impuestos. Pues lo que gana va casi todo a sus consumos indispensables, y del precio de éstos un 19% es IVA. Y además suele ser ese trabajador el mismo pasajero de microbuses cuyo boleto subirá -es posible- para financiar el pase escolar.
GRATUIDAD DE LA PSU
Es sugestivo que los estudiantes no se pregunten, primero, qué es la PSU, y luego, qué significa que ellos deban rendirla.
1.La PSU, puerta de entrada a la Universidad, es la medición de los conocimientos que han adquirido durante su paso por la enseñanza media.
¿Y qué conocimientos son éstos? Los CMO (Contenidos Mínimos Obligatorios) que fija el aparato estatal de educación para dicho nivel de enseñanza, y que todos los establecimientos del mismo deben impartir y todos sus alumnos aprender. Ahora bien, los CMO son tan extensos y frondosos, que ningún establecimiento público los puede enseñar completos en el tiempo disponible al efecto (a lo más pasan un 50% o un 75%). Algunos colegios privados llegan al 100%, pero en forma de memorización superficial y vacía. Adicionalmente, los CMO incluyen un gran número de materias perfectamente inútiles (como las ristras interminables de terminachos lingüísticos).Y por supuesto, si no alcanzan a enseñarse los CMO íntegros, tampoco hay espacio para enseñar nada más. Los CMO son un programa único, oficial y obligatorio, monstruosamente hinchado y lleno de materias inútiles o superfluas.
¡Sobre éso se rinde la PSU…y sus víctimas no lo entienden (aunque lo sospechan)!
2.¿Qué significa la obligación de rendir la PSU para entrar a la Universidad? Siempre una farsa, y optativamente una lotería o un fraude.–Siempre una farsa, porque se da un examen de conocimientos inútiles.
–Una lotería, si el egresado de cuarto medio rinde la prueba honestamente, según los estudios que ha hecho en el nivel, y en la esperanza de que, dentro del maremágnum de los CMO, le toque un tema sensato y que él pueda haber llegado a conocer a través de esos estudios.
–Un fraude, si el egresado de cuarto medio recurre a quienes manejan las llaves del Reino, por ejemplo:
…los que conocen las preguntas de años anteriores (que no se publican, pero sí se repiten);
…los que, por su competencia han sido llamados (y quizás vuelvan a serlo este 2006) a redactar esas preguntan
…los que están en el corazón burocrático de la PSU.
Estos santos que manejan las llaves del Reino, rara vez lo hacen gratis. Generalmente cobran a través de preuniversitarios, cursos privados, manuales, etc. Y cobran caro.
Los estudiantes pobres, ¿necesitamos decirlo?, no pueden pagar. Y así se agranda la brecha.
De este modo podemos contestar la pregunta: ¿gratuidad de la PSU? Sí, naturalmente. ¿Qué podría justificar cobrarle a un muchacho por contestar preguntas tontas…por someterse al azar de una lotería o a la insolencia de un fraude? Al revés, quien rindiera la prueba debiese RECIBIR del Estado una compensación en dinero, por la afrenta y pérdida de tiempo que significa.
SUPRIMIR LA JORNADA ESCOLAR COMPLERA (JEC)
La Jornada Escolar Completa (JEC) vino a remplazar los colegios de media jornada, en los cuales la exigüidad del tiempo disponible (una mañana, o una tarde) hacía absolutamente imposible enseñar ni aprender nada. La JEC es una de las realizaciones educacionales de que puede enorgullecerse la Concertación, y ha significado un enorme esfuerzo económico y humano.
Cuando se instauró, el Colegio de Profesores -en un rasgo de desatino- hizo ver que, como los niños chilenos, con la sola media jornada, eran ya verdaderos sabios, no estaba claro qué harían con el aumento hasta el horario completo. Acuñó entonces la frase célebre y engañosa de que las horas adicionales serían más de lo mismo. La realidad era que la media jornada había producido una ignorancia generalizada. Y que la jornada completa, trabajada duramente, permitiría superar este cuadro, llegando no a MAS DE lo mismo, sino AL MINIMO RAZONABLE de lo mismo, que significara una educación también de calidad mínima…mínimamente aceptable.
El Ministerio, por supuesto, se apresuró a declarar que en la segunda media jornada de los establecimientos con JEC, no se haría más de lo mismo, sino talleres de arte, deportes, las tareas para la casa, etc .etc.
¿Por qué el muchacho cree que en la segunda media jornada está haciendo más de lo mismo? Simplemente porque le sucede lo mismo que en la primera media jornada A saber: se ABURRE, SE ABURRE COMO UNA OSTRA. Pero no se aburre por la doble jornada, sino PORQUE LA ENSEÑANZA TODA ES ABURRIDA. A causa, desde luego, del insoportable programa oficial que se le impone (los Contenidos Mínimos Obligatorios que veíamos), pero también por otros defectos del modo de enseñar. No es indispensable detallarlos, pues los estudiantes los conocen mejor que cualquier adulto. Pero les falta entender una cosa: que no necesitan la doble jornada para talleres de esto o lo otro, o para hacer deportes, sino para aprender lo MINIMO que necesitan en la vida: el idioma patrio, las matemáticas, nuestra historia, etc. Es el tiempo indispensable e imposible de acortar, aunque queden tareas para la casa.
DEROGAR LA LOCE ( o terminar con la municipalización)
Para los estudiantes, esto significa suprimir la municipalización de la enseñanza básica y media, establecida efectivamente por el régimen militar y regulada de modo definitivo por la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), de 1990.
Los muchachos creen que volviendo la enseñanza al control fiscal, mejoraría notablemente.
Lo que ignoran es que de la municipalización PRACTICAMENTE NO QUEDA NADA. En sus liceos y escuelas, las municipalidades no pinchan ni cortan. No tienen la menor ingerencia en los programas (que son los uniformes para todo el país: los CMO), ni en los sueldos (se fijan centralizadamente por el Ministerio y el Colegio de Profesores), ni en los estímulos (igualmente centralizados), ni en los perfeccionamientos nacionales (la misma cosa) o en el extranjero (idem). No se puede remover ni trasladar—incluso de cargo dentro del establecimiento — a un profesor: lo impide el Estatuto Docente. En la tan discutida ley de evaluación, hay una sola cosa clara: que las Municipalidades no intervienen EN ABSOLUTO: ni siquiera se les pregunta qué opinan sobre los docentes empleados suyos.
Las Municipalidades, en educación, son solamente cajas pagadoras y administradoras físicas de los locales escolares de la comuna: se preocupan (a veces) de los vidrios rotos, las ampolletas quemadas, el papel confort y el agua que corre por los baños.
Tan humilde tarea, ¿la haría mejor el Estado Central, el Ministerio?¿Volverían también a su amoroso regazo las escuelas y colegios particulares subvencionados, el 40% de la educación total?
Hay un signo mortal que los estudiantes deben observar, en esto de derogar la LOCE. Políticos de todos los colores han manifestado su buena disposición para hacerlo, sin explicar cómo lo harían . Esta aquiescencia universal es casi seguro signo de frivolidad e ignorancia.
JUEVES 1 DE JUNIO
EDITORIAL EL MERCURIO
Libertad de enseñanza en riesgo
El debate sobre la educación desatado por las demandas de los estudiantes secundarios es bienvenido. Los jóvenes han articulado sus reclamos, reuniéndolos en torno a aspectos como la revisión de la jornada escolar completa o la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Educación. Muchas de sus quejas trascienden, sin embargo, ambas dimensiones. No obstante, en la polémica no han faltado quienes plantean que el problema central es la LOCE y, en particular, que ella privilegiaría la libertad de enseñanza en desmedro del derecho a la educación.
Esta afirmación es equivocada y hay en ella sesgos ideológicos, junto a una mala lectura de los datos disponibles. Esta libertad no sólo es un ingrediente fundamental de la libertad política, sino que ha sido fundamental en la expansión de las oportunidades educativas para nuestros niños y jóvenes. En los años del “Estado docente”, la oferta educativa, especialmente en la educación secundaria, no creció al ritmo de la demanda. Las decisiones de infraestructura eran frecuentemente postergadas, y la baja escolaridad de nuestra población adulta —gran responsable de los actuales niveles de desigualdad— es consecuencia de esa situación. Nuestra población mayor de 15 años tiene una escolaridad que países como Alemania, Estados Unidos o Suecia alcanzaron hace casi 100 años.
Las actuales coberturas educativas en básica y media difícilmente se habrían conseguido de no haberse permitido con claridad que el mundo privado proveyese parte de la oferta educativa. Es más, cabe preguntarse si la baja cobertura que existe en la educación preescolar y que causa preocupación no es, en parte, el resultado de que ella no se ha abierto al mundo privado en las mismas condiciones en que se hizo en los demás niveles educativos.
Preocupa a algunos, en especial, que la LOCE no prohíba la existencia de establecimientos educativos con fines de lucro. Sin embargo, no se advierte cuál es el problema que éstos puedan causar: no tienen resultados inferiores al resto de los establecimientos y, aún más, los últimos estudios indican —después de controlar por aspectos relevantes en el rendimiento de niños y jóvenes, como su capital cultural— que ellos tienen un mejor desempeño. Con todo, es indispensable que el país desarrolle un marco institucional en el que todos los planteles, con independencia de su calidad jurídica, estén sujetos a estrictos estándares de desempeño, idealmente con metas concretas de logro, cuyo incumplimiento los haga inelegibles para recibir la subvención educativa.
Se critica a menudo que los establecimientos particulares subvencionados, al elegir a sus estudiantes, antepondrían —se dice— la libertad de enseñanza al derecho a la educación, pero hay poca evidencia de que éste sea un problema generalizado. Se citan los cuestionarios del Simce, en que los padres afirman que sus hijos han sido sometidos a un examen de ingreso, pero la evidencia más dura —por ejemplo, las dispersiones de resultados en pruebas como el Simce en los distintos establecimientos— no parece avalar esa sugerencia. Por cierto, hay segregación en el sistema educativo, pero eso responde, básicamente, a un problema de diseño de la subvención. Ésta es equivalente para cada niño, independientemente de su nivel socioeconómico y, sin embargo, se sabe que es más caro educar a un niño de menor capital cultural. En tales circunstancias, un establecimiento que aspira a cubrir sus costos, más allá de si tiene o no fines de lucro, no se instalará en lugares donde los niños provengan de esos hogares. Éste es uno de los problemas centrales de la educación chilena, y no deriva de que exista libertad de enseñanza, que le ha traído enormes beneficios al país.
EL MERCURIO
¿Cómo apagar un incendio con bencina?
Andrés Allamand
Senador
El movimiento estudiantil de las últimas semanas ha dejado al descubierto que la política educacional de los gobiernos de la Concertación, luego de 16 años, constituye un fracaso. Y culpar de ello a una ley dictada por el gobierno militar es simplemente patético.
La evidencia es concluyente: Los resultados promedio de las pruebas Simce reflejan un completo estancamiento y, lo que es peor, un porcentaje importante de alumnos exhibe rendimientos altamente deficitarios; el gasto en educación más que se ha triplicado y se han hecho grandes esfuerzos en infraestructura, pero los porfiados resultados siguen igual de malos.
En términos comparativos internacionales, la educación chilena figura en el 20% de más bajo rendimiento en todas las mediciones acreditadas. La desigualdad y segmentación en el sistema escolar se han afianzado.
Frente a esos hechos macizos el programa de Gobierno de la Presidente Michelle Bachelet, con la sola excepción del área preescolar, es simplemente paupérrimo. No hay propuestas que se hagan cargo de la magnitud del problema y carece de pronunciamientos en dos temas que hoy están arriba de la mesa: Reforma a la LOCE (ni siquiera se menciona) y Jornada Escolar Completa (se indica que se terminará de implementar).
Tal indefinición conceptual en parte explica la situación actual. A la arrogancia y falta de toda autocrítica de quienes han estado al frente de la materia en los últimos años y al pésimo manejo político de las autoridades en el actual conflicto, debe agregarse una alarmante falta de claridad en las políticas que el Gobierno pretende aplicar hacia el futuro. Esa ambigüedad está abriendo paso a falsos dilemas como aquel que postula que hay que “elegir entre calidad de la educación y libertad de enseñanza” o a propuestas cuyo impacto sería devastador. Un dirigente juvenil del PS afirma lo que varios “mayores” piensan pero aún no admiten en público: “Hoy el desafío es que la educación vuelva al Estado”.
El Gobierno tiene la obligación encauzar el actual conflicto —antes que termine de desbordarse— brindando respuesta a inquietudes del movimiento estudiantil que son legítimas y articulando ante el país una propuesta en los temas de fondo que hoy deben impostergablemente abordarse. El Gobierno de la Presidente Bachelet debe definirse, ahora, en a lo menos cuatro cuestiones fundamentales:
1. ¿ Está a favor de mejorar la descentralización de la educación, transfiriendo más recursos para paliar los déficits municipales, aumentando la autonomía de gestión de los establecimientos y dando lugar a una rendición de cuentas más efectiva o, a la inversa, es partidaria de revertir el proceso y volver a la centralización del sistema educativo en el Ministerio?
2. ¿Está a favor de mejorar el sistema de subvenciones, doblando el monto de las mismas, estableciendo criterios de diferenciación para favorecer a los alumnos provenientes de hogares más vulnerables y terminando con discriminaciones de acceso a los colegios particulares subvencionados o, a la inversa, terminar con el sistema y afectar severamente la libertad de enseñanza?
3. ¿Está por mantener las actuales imperfecciones del Estatuto Docente o, a la inversa, avanzar a una nueva normativa que incluya una verdadera carrera profesional, evaluaciones reales y oportunas y remuneraciones vinculadas a desempeño?
4. ¿ Está por mantener el actual esquema de Jornada Escolar Completa o, a la inversa, introducirle los mejoramientos que su funcionamiento reclama y utilizarla como un instrumento para avanzar hacia el corazón de toda reforma que es el avance pedagógico en el aula de clase?
Las definiciones aludidas tienen, como todas, costos políticos. Hay sectores que se sentirán defraudados, pero son absolutamente imprescindibles. No adoptarlas es abrir la puerta a demandas inmanejables y a un incontrolable escalamiento del conflicto. No hacerlo simplemente equivaldría a apagar un incendio con bencina.
VIERNES 2 DE JUNIO
EDITORIAL EL MERCURIO
Sorpresiva intervención presidencial
Ayer, la Presidenta Bachelet estimó necesario romper, mediante una cadena voluntaria de medios de comunicación, el silencio que mantenía hace tres días en torno a la crisis desatada por los estudiantes secundarios. Lo que se inició como una protesta por las alzas de los valores de la PSU y la búsqueda de gratuidad para el pase escolar, ha derivado en un cuestionamiento general del sistema educacional y su regulación, extendiéndose hacia la educación superior y despertando diversos grados de adhesión entre docentes y sectores de la educación particular pagada.
La Jefa del Estado se dirigió al país para repudiar el “exceso, abuso y violencia” con que Carabineros actuó para reprimir a los manifestantes —golpeando también a un periodista y dos camarógrafos—, acompañada del presidente del Colegio de Periodistas, en una suerte de declaración conjunta. Durante su intervención, reiteró lo informado a primera hora por el general director de Carabineros, respecto de la remoción del jefe de la unidad de Operaciones Especiales al que pertenecían los efectivos que actuaron en el control de la manifestación.
Con todo, la intervención de la Mandataria no aportó mayores luces acerca de sus conceptos de fondo sobre cómo resolver el conflicto en curso, cuáles serán los grandes lineamientos de política educacional durante su gestión, cuáles los límites en que cabe debatir las demandas estudiantiles —algunas razonables y fundadas—. Tampoco la improvisada rueda de prensa que siguió a las palabras de la Presidenta clarificó mayormente estos aspectos.
Estas omisiones pueden deberse al deseo de no alterar o intervenir en el proceso de negociación en curso, entre las autoridades del Ministerio de Educación y los dirigentes secundarios, pero provoca algún desconcierto, frente a la envergadura del problema social detonado por los escolares y respecto del cual la Jefa de Estado tiene una voz decisiva. De hecho, apenas 24 horas antes La Moneda había designado a cargo de la negociación con los estudiantes al ministro Zilic, y centralizó el manejo político de la crisis en el ministro de Interior. Así, no está claro cuál fue el objetivo buscado por los responsables del diseño de esta intervención presidencial.
La Jefa de Estado tiene una reconocida capacidad para conectar de manera cálida y cercana con el sentimiento mayoritario de la población. Ese activo puede ser de gran relevancia para impulsar las fórmulas y mecanismos técnicos que, eventualmente, se acuerden para modernizar nuestro sistema educacional —no siempre comprensibles o agradables para el promedio de las personas—, pero parece riesgoso emplear semejante capital en la espontaneidad de la intervención de ayer.
Al finalizar la jornada, los estudiantes secundarios formularon un ultimátum al Gobierno, otorgando un plazo hasta mañana, viernes, para responder a sus planteamientos —en que se entrecruzan demandas económicas, como la completa gratuidad del pase escolar y de la PSU, con exigencias de mayor intervención estatal y centralización de la administración del sistema educacional—, bajo amenaza de convocar a una paralización nacional para el día lunes, esta vez con caracteres ampliados a todos los sectores.
La opinión pública percibe que los estudiantes han exhibido una estrategia y una coherencia negociadora más prolijas que las mostradas por las autoridades. Los equipos políticos y técnicos del Gobierno se han visto continuamente sobrepasados y descoordinados, y no es claro que la cadena nacional a que apeló la Presidenta haya contribuido a disipar esa imagen, pues si bien trató con justicia un problema específico de actuación policial, derivó luego al conjunto del problema educacional.
EL MERCURIO
LOCE y Constitución
ARTURO FERMANDOIS V., RODRIGO DELAVEAU S.
Profesores de Derecho Constitucional UC
Señor Director:
El profesor Andrés Bernasconi, en su carta de ayer, responsabiliza de las angustias actuales de la educación a un error de carácter jurídico. Afirma que éste consiste en que el derecho a la educación estaría subordinado a la libertad de enseñanza en la Constitución. No nos parece preciso este análisis.
En primer lugar, en la Constitución no hay derechos preferentes y otros preferidos en una relación jerárquica, necesaria y a priori. Los derechos constitucionales no son absolutos y los conflictos reales o aparentes entre ellos deberán resolverse caso a caso conforme a los principios de interpretación que provee la misma Carta Fundamental.
Luego, es impropio jerarquizar preferentemente un derecho constitucional sobre otro sólo en razón de si se encuentra o no tutelado por el recurso de protección, como lo plantea el profesor Bernasconi. Si la Constitución otorga cobertura de recurso de protección a la libertad de enseñanza y no al derecho a la educación, ello no determina que éste quede subordinado a aquél. El criterio para dotar a ciertas garantías de amparo judicial dice relación con otros razonamientos. Uno de ellos es la constatación de la existencia de dos tipos de derechos constitucionales: por un lado, derechos cuya plena satisfacción depende de una mera resolución u orden potestativa que lo reconozca y proteja (como el derecho de asociación, de reunión, a la honra, la libertad de conciencia, etcétera), y por otro, derechos que son verdaderas aspiraciones sociales, cuyo progresivo disfrute depende de la capacidad económica del Estado y de la existencia de adecuadas políticas públicas, todo lo cual no los hace derechos subordinados a otros.
En consecuencia, los problemas en la educación no pueden deducirse de postergaciones jurídicas del derecho a la educación, ni en la LOCE ni en la Constitución. En el plano de lo opinable creemos, eso sí, que las políticas públicas impulsadas los últimos años no han sabido colocar inteligentemente los crecientes recursos estatales de forma más descentralizada. Ya no es un problema del cuánto, sino del cómo se enseña, y para mejorar eso hay que potenciar la libertad de los estudiantes en su búsqueda de mejor educación, con recursos y creatividad, más que atiborrarlos de pautas estatales que suplantan su capacidad de decisión.
EL MERCURIO
Malo para Chile
GONZALO ROJAS SÁNCHEZ
Profesor Universitario
“Hay derecho a la crítica, pero después de haber hecho con éxito lo que se critica.” Así se lee en el Pensamiento pedagógico Nº 44 de Gabriela Mistral
Y eso es justamente lo que dificulta las soluciones adecuadas al conflicto estudiantil que ocupa nuestra atención.
Los gobiernos de la Concertación, hoy críticos de sus propias políticas, han hecho mal el trabajo. Reformaron los currículos, quitándoles sustancia; incentivaron un pedagogismo que es pura demagogia; cambiaron el sistema de admisión a las universidades haciendo máximos los supuestos contenidos mínimos; aprobaron un estatuto docente que apernó por años a los profesores mediocres; vacilaron ante las negativas del gremio a la evaluación y pactaron premios para los eliminados del sistema; ante cada desastrosa medición de calidad, respondieron con aires de victoria; en síntesis, sembraron, una tras otra, medidas parciales, contradictorias y mediocratizantes, llamándolas banalmente “reformas”. Y anuncian otra.
El Colegio de Profesores transformó gradualmente a sus miembros en casta intocable; pidió, exigió, fue a paro y logró correr la línea de trincheras 100 metros más allá; y, lo que es más reprobable, buscó que se extendiese entre sus afiliados una mentalidad de víctimas, esa vieja aspiración comunista; mientras unos pocos profesores eran efectivamente agredidos en las salas de clases o perseguidos por los apoderados a raíz de sus niveles de exigencia, muchos docentes adquirieron sin esfuerzo el estatuto mental de marginados. Y eso, obviamente, miles y miles de profesores lo han permeado hacia sus alumnos, en decenas de miles de horas de contacto con ellos. Los “profes”, diminutivo detestable que revela apocamiento, llevan años buscando la solidaridad de sus jóvenes estudiantes. Por eso, ahora casi no necesitan aparecer en el conflicto: la numerosa y entusiasta carne de cañón va por delante.
Y los legisladores. Dele con aprobar cambios de estructuras educativas y, al mismo tiempo, métale legislar para debilitar a la familia. Con total inconsecuencia, las mayorías concertacionistas -y la oposición, cuando ha dado sus votos- han pensado que la escuela podía hacer bien lo que a la familia, cada vez más desprotegida, se le impedía realizar con calidad. Pongan más computadores, que nada importa el cambio de papá. Y así se consiguen, lógicamente, alumnos altamente digitales y virtuales, mientras en muchas casas no hay quien marque el rumbo de la vida real.
Al mismo tiempo, el puntaje promedio de los egresados de colegios municipales el 2005 fue inferior a 481 puntos en Lenguaje y Matemáticas, considerado el universo nacional. Nada hace presumir que los que hoy ocupan liceos y calles mejoren esos niveles mediante la osmosis social. A los nuevos héroes de los medios de comunicación, a las nuevas víctimas de un Cuerpo de Carabineros que casi les pide perdón al tratar de evitar sus desmanes, a ellos hay que apuntar con el dedo también. Que no vengan a citar la LOCE los que apenas balbucean tres palabras en chileno. Mientras un país casi entero comienza a admirarlos por su audacia, al menos una voz debe decir que no, que conociéndoles muy de cerca, lo que necesitan es mucha más exigencia y disciplina y mucha menos contemplación e idolatría social.
Infiltrados unos pocos por el PC, cautivados otros tantos por el asambleísmo de la SurDa, arrastrados los demás a perder clases bajo la justificación de altos ideales e infestados todos de un nuevo socialismo educativo que pide más Estado y menos Municipio, permítasenos un juicio: muchos de estos adolescentes neomilenarios simplemente disfrutan tanto de tecnologías individualizadas, que pagar el pasaje escolar y la PSU les resulta insoportable para su egoísmo vital; y, como al mismo tiempo, les hablan muchísimo de pobreza y de protección social, ¿a quiénes sino a ellos, los marginales, les correspondería la gratuidad en todo y de inmediato?
Y ellos saben que esta crítica es certera; en masa, se creen redentores; pero uno a uno, reconocen sus carencias.
Si éstos son los actores, en el horizonte de mediano plazo es poco lo bueno que puede esperarse: una nueva reforma, impulsada por un gobierno autista, aprobada por parlamentarios banales, presionada por profesores ideologizados o mediocres y aplicada en alumnos que chatean sin siquiera saber leer. De pasada, el Gobierno, superado; la libertad de enseñanza, amagada; los que educan bien, marginados; y el principio de autoridad, por los suelos. Muy malo para Chile.
SÁBADO 3 DE JUNIO
EL MERCURIO
Enseñar poco, pero bien
JUAN DE DIOS VIAL LARRAÍN
El instrumento esencial y duradero es el libro. No el libro que se memorice, no el libro que aburra leerlo. El libro que atraiga, que guíe al profesor, que interese también al papá y a la mamá. Libros que se cuiden, se guarden, se sigan leyendo.
Sería injusto no reconocer el gesto épico de los estudiantes, pero muy peligroso dejarles creer que ellos saben lo que buscan y no menos peligroso que del asunto pasen a apoderarse nuevamente los que ya fracasaron por décadas en diseñar un plan y una política de educación. Ni el juego del poder político ni la gloria de un liderazgo juvenil han de ser decisivos en esta formidable coyuntura. Y hay un tercer peligro: que el tema se desparrame en un número indefinido de cuestiones, cada una de las cuales puede ser legítima, pero que terminen siendo coartadas o analgésicos, es decir, que ayuden a perder de vista la cuestión de fondo. No tengo la pretensión de saber con suficiente precisión y claridad cuál es esta cuestión y cómo se resuelve, pero siento el imperativo de que la oportunidad no se frustre y el deber de contribuir a lo menos con mi opinión.
Me atrevo a sostener que el asunto es más sencillo de lo que quizá se piensa. Son muchas y muy autorizadas las personas que han señalado una sencilla clave. Ofrézcase a cada familia pobre que no tiene recursos para educar a sus hijos un bono que les permita pagar un buen colegio y que, por lo mismo, cobre para serlo. Lógrese así una equidad mínima, que no empareje hacia abajo, sino ojalá hacia arriba. Ni falta hace modificar la LOCE.
Otra clave se expresa, a mi juicio, con la frase del título de este artículo, que es del filósofo Whitehead: enseñar poco, pero bien. Lo que entonces hay que preguntarse es: ¿qué es poco y cómo hacerlo bien? “Poco” es opuesto a mucho o demasiado; esto último es lo que se ha venido haciendo desde hace demasiado tiempo. Yo alcancé a pasar en mis Humanidades por un currículo de 14 asignaturas, hoy creo que son del orden de 10. A niños chilenos muchas veces muy pobres y carentes de entorno cultural, ni siquiera el de la televisión, se los quiere pasar por la Enciclopedia, como a ciudadanos del Siglo de las Luces. Y ni a una Enciclopedia con mayúscula, sino a algún refrito posmoderno.
Yo creo que “poco” ha de ser, quizás no más de cuatro. Hay acuerdo en que “poco” comprende, a lo menos, lenguaje y matemática, esto viene desde el trivio y cuadrivio medieval y sigue funcionando en la PSU. Otras dos unidades fundamentales debieran ser una historia universal de la cultura y una asignatura que comprenda las estructuras fundamentales de las ciencias que describen el universo y la sociedad humana. El inglés, enseñarlo por televisión. Y todo esto durante diez años. Así se enseñan los instrumentos básicos para aprender.
¿Cómo enseñarlos? El instrumento esencial y duradero es el libro. No el libro que se memorice, no el libro que aburra leerlo. El libro que atraiga, que guíe al profesor, que interese también al papá y a la mamá. Libros que se cuiden, se guarden, se sigan leyendo.
¿Quiénes escriben estos libros? No cualquiera. Búsquese internacionalmente a quienes sean capaces y págueseles muy bien. Nos estarían proporcionando un objeto muy valioso. Se establecería un standard de reconocida calidad.
Quizá podrían bastar tres horas de clases diarias ofrecidas por profesores sobre las pautas de nivel superior que los libros ofrezcan. Los profesores hoy pueden estar mal formados, pero, por regla general, son personas inteligentes aunque desalentadas, carentes de motivación, de objetivos concretos, de recursos. Pueden hacerse cargo de esta tarea con mínimo esfuerzo y la confianza de emprender una gran tarea.
En el resto del tiempo la escuela debiera ser un centro cultural para muchas iniciativas físicas y espirituales. Para el encuentro y el ejercicio de la libertad por los jóvenes. Para una poderosa influencia sobre la comunidad circundante como hoy ocurre en casos ejemplares.
Dos años finales de la educación media debieran ser de orientación. Orientación al trabajo, a la capacitación técnica, orientación a las artes, al cultivo de una ciencia, al deporte, al comercio, a la política. Sugiero que ahí se enseñe filosofía, como se hacía en Francia.
EL MERCURIO
Perplejidad
Pedro Gandolfo
¿Tienen las familias y los propios alumnos opiniones y derechos que ejercer en el ámbito de la educación?
Envidio a las personas que tienen tan claro lo que hay que hacer en materia educacional. Leo sus propuestas y en todas ellas encuentro argumentos razonables, bien fundados, diagnósticos nítidos, medidas concretas que poner en práctica. Es cierto que muchas de ellas apuntan en direcciones opuestas, pero todas coinciden en qué y por qué es preciso educar, cuáles son sus objetivos y contenidos. La crisis de la educación sería tan sólo una crisis de resultados: no se están logrando los mínimos estándares de calidad y equidad que la sociedad exige. La discusión se concentra, de este modo, en lo técnico o instrumental. Tengo la convicción, sin embargo, de que se elude formular preguntas más fundamentales, preguntas ante las cuales las respuestas se me escapan, pero sobre las que creo indispensable volver. Un investigador español, Juan Carlos Tedesco, respecto de la crisis educacional española (este problema es bastante menos local que lo que se piensa) afirmó lo siguiente: “No proviene de la deficiente forma en que la educación cumple con los objetivos sociales que tiene asignados, sino que, más grave aún, no sabemos qué finalidades debe cumplir y hacia dónde efectivamente orientar sus acciones”. Esa perspectiva me hace sentido.
Fernando Savater, en un lúcido ensayo denominado “El valor de educar”, se hace las siguientes preguntas: ¿Debe la educación preparar aptos competidores para el mercado laboral, o formar hombres completos? ¿Ha de potenciar la autonomía de cada individuo, a menudo crítica y disidente, o la cohesión social? ¿Debe desarrollar la originalidad innovadora, o mantener la identidad tradicional del grupo? ¿Atenderá a la eficacia práctica, o apostará el riesgo creador? ¿Reproducirá el orden existente, o instruirá a los rebeldes que puedan derrocarlo? ¿Mantendrá una escrupulosa neutralidad ante la pluralidad de opciones ideológicas, religiosas, sexuales y otras diferentes formas de vida, o se decantará por razonar lo preferible y proponer modelos de excelencia? ¿Pueden incorporarse de manera simultánea todos estos objetivos, o algunos de ellos resultan incompatibles? En este último caso, ¿cómo y quién debe decidir por cuáles optar? ¿Tienen las familias e, incluso, los propios alumnos, opiniones y derechos que ejercer en este ámbito?
Me gustaría escuchar opiniones sobre el sentido y los modelos del educar. Los alumnos se aburren (y se aburren como ostras) en las salas de clase, porque parece que el mundo de adentro no tiene nada que ver con el de afuera. La vida está en otra parte. ¿Cómo invertir esta percepción? ¿Cómo hacer de la educación algo a la vez útil, alegre, que abra el apetito y no sea una larga frustración?
LA TERCERA
¿A ver quién lleva la batuta?
Patricio Navia
La Tercera, junio 3 2006
La oferta que realizó Bachelet para mejorar la calidad de la educación constituye una demostración de la determinación del gobierno de retomar las riendas de la agenda política. Aunque quedan problemas pendientes y la crisis desnudó preocupantes flaquezas en la conducción del país, Bachelet retomó ese liderazgo femenino, cercano y comprensivo, que le permitió convertirse en la primera presidenta de Chile.
La presidenta Bachelet logra sus mejores momentos cuando es capaz de combinar la visión de largo plazo (un Chile más incluyente y protector) con anuncios serios y responsables que permitan avanzar en esa hoja de ruta (“el máximo esfuerzo”). Como recordando cuando informalmente se convirtió en candidata presidencial—arriba de un tanque en una inundación—Bachelet alcanza sus mejores éxitos cuando combina su cercanía y capacidad de empalizar con la gente en un contexto de solidez, confiabilidad y responsabilidad. Al anunciar su paquete de medidas claras, responsables y posibles, Bachelet exitosamente reflejó cercanía en un contexto de gobernabilidad.
Pero, pese a ganar esta partida (los movilizados siempre pasan de héroes a villanos más temprano que tarde), persisten errores en el gobierno que contribuyeron a que la movilización estudiantil alcanzara a ser una cuestión de carácter nacional. A menos que Bachelet proceda a ajustar el modelo de trabajo de su gobierno, futuras crisis volverán a hacer tambalear a su administración. En primer lugar, Bachelet debe cumplir a cabalidad su promesa más importante respecto a su gobierno. Si bien prometió paridad de género, su compromiso a gobernar con “las y los mejores” fue más importante. Bachelet debe formar un gabinete de técnicos y políticos capaces de aprovechar la inmejorable oportunidad que tiene Chile para dar el gran salto al desarrollo con igualdad de oportunidades. Aún sacrificando el principio de paridad de género o el balance entre los diferentes partidos políticos, el gobierno de Bachelet debe contar con las personas más capacitadas para dirigir cada ministerio.
En segundo lugar, Bachelet debe permitir que sus ministros se hagan cargo a cabalidad de sus carteras. Más que preocuparse de lo que hagan los medios de comunicación o de evitar las filtraciones, La Moneda debe concentrarse en avanzar su agenda legislativa y su plan de gobierno. No hay mejor elemento unificador de las voluntades de los parlamentarios que la popularidad presidencial y los altos niveles de aprobación del gobierno. Para poder gobernar exitosamente, el gobierno debe permitir que los ministros tomen el control de sus carteras y que ejerzan de voceros en sus áreas respectivas.
Finalmente, Bachelet debe entender que su fortaleza radica en poder ser el rostro cercano en un gobierno poderoso, ordenado y eficiente. Su popularidad no nació de su liderazgo rodeado de personas participando y deliberando. Su plataforma a la presidencia estuvo en su sonrisa honesta y creíble arriba de un tanque en momentos de crisis. Para ser exitosa en La Moneda, debe rodearse de ministros que se constituyan en verdaderos tanques (¿nuevos panzers?) capaces de gobernar efectiva y ordenadamente de tal modo que ella pueda volver a parecer la sonriente conductora de un poderoso vehículo armado.
Si los estudiantes responden de modo inteligente, las movilizaciones se suspenderán por unos meses para darle tiempo al gobierno de implementar las reformas. Los estudiantes habrán salido victoriosos y Bachelet tendrá tiempo para corregir su estrategia de gobierno y retomar el estilo de liderazgo que le permitió llegar a La Moneda. Pero si la Presidenta insiste en el diseño de gobierno que mostró durante los primeros dos meses de su gobierno—o si los estudiantes rechazan la oferta y son capaces de mantener la alta adhesión a sus movilizaciones—este movimiento estudiantil será sólo la punta de un iceberg que refleje todas las falencias sociales y estructurales que aún caracterizan a nuestro país.
DOMINGO 4 DE JUNIO
EDITORIAL EL MERCURIO
La urgencia de la educación
Aumentar la calidad de la educación es fundamental para el desarrollo del país, asegurar crecientes niveles de equidad y ampliar el horizonte de nuestros jóvenes. Los anuncios presidenciales del jueves pasado contienen planteamientos que, bien aplicados, podrían contribuir a ello.
La imposición de requisitos de excelencia a los sostenedores públicos y privados mediante convenios de desempeño ayuda a crear un marco institucional en el que los establecimientos asuman la responsabilidad por sus resultados. La definición de esos requisitos y la manera de evaluar su cumplimiento serán, entre otras, tareas concretas para la autoridad. Sin embargo, la propuesta de hacer exigible ese derecho mediante el recurso de protección ante los tribunales debe analizarse con detención. Es difícil delimitar y satisfacer las expectativas que despierta, y hay opciones más razonables. También lo es que el Ministerio de Educación se reorganice para enfrentar estos desafíos, pero no es evidente qué esquema es el más apropiado. La propuesta de una superintendencia debería revisarse en función del diseño que adquiera el marco institucional en que se desenvolverán los establecimientos en el futuro.
Sin perjuicio de mejoras a la LOCE, la Presidenta manifestó su muy positivo compromiso con la descentralización. Ese proceso debe acompañarse con mayor autonomía para los planteles públicos y privados. Esto, junto a un efectivo control de los convenios de desempeño, produce una combinación virtuosa. También son positivos los incentivos anunciados a los sostenedores que integren a estudiantes de sectores vulnerables, pero debe precisarse el concepto de discriminación injustificada en la selección de los alumnos de un colegio, para no impedir el desarrollo de proyectos educativos con identidad propia y valorada por quienes comparten su objetivo. La mención de los docentes fue demasiado escueta, y es de esperar un lineamiento más específico respecto a su formación y evaluación, así como sobre el Estatuto Docente.
La invitación a introducir nuevas formas de administración y gestión de los colegios es un factor necesario en casos en que hay debilidades institucionales, porque los municipios son muy pequeños o los sostenedores privados poseen un colegio pequeño. Pero es indispensable un valor más alto de la subvención y un diseño diferenciado de la misma, que asegure que los niños más vulnerables recibirán mayores recursos. Parte importante de los nuevos fondos fiscales debería usarse en esto. En fin, la creación de un consejo asesor presidencial para educación abre una instancia adecuada para madurar técnicamente estos anuncios y discutir una política de largo plazo en educación, que trascienda a los gobiernos de turno.