El diario La Tercera ha publicado en los últimos días dos interesantes editoriales sobre temas educacionales. El primero referido a la autonomía escolar y, el segundo, al impacto de la calidad universitaria sobre el desarrollo económico.
Ambos artículos parecerían indicar una inflexión en el tratamiento de los temas educacionales por parte de la prensa de corriente principal.

El primero, si bien aboga—y con buenas razones—por una mayor autonomía de las escuelas y liceos municipales, sin embargo reconoce la necesidad de que el MINEDUC ejerza el debido control sobre el plan mínimo curricular del sistema escolar. “Es esencial”, señala, “que el MINEDUC mantenga cierto control sobre los establecimientos educacionales en materia de contenidos, para asegurar así que se cumplan los criterios básicos de calidad”. Este principio es clave.
En efecto, no existe ningún país donde la autoridad pública abandone, delegue o renuncie a esta responsabilidad. Decretar, en cambio, una total libertad de contenidos curriculares a favor de las escuelas, como postulan algunos, equivale a entregar el currículo efectivamente enseñado a la ley del mínimo esfuerzo, traspasando su control a quienes—sostenedores y profesores—podrían estar interesados en abreviarlo al máximo. A poco andar, el resultado sería un régimen curricular diferenciado, con grave impacto sobre la segmentación de las escuelas. Al final, habría un currículo para niños y jóvenes del quintil de hogares más ricos, un semi-currículo para los quintiles intermedios, y un mini-currículo para alumnos pobres.
El segundo editorial, referido a la calidad universitaria, constata que Chile tiene sólo una (o dos) universidades de investigación competitivas a nivel internacional y critica la escasa inversión pública y privada en actividades de investigación y desarrollo. Señala que en estas condiciones el país se verá en dificultades para sustentar su crecimiento económico que, en adelante, dependerá cada vez más de la incorporación de tecnologías y la aplicación de conocimientos. Tomando pie en la experiencia de los países del sudeste asiático, el editorial concluye que esta situación deficitaria no podrá superarse “sin un grado de participación del Estado, directa o indirecta, en investigación y desarrollo”,
En realidad, sin una participación activa del gobierno en estos ámbitos—velando por la calidad de las universidades a través de la acreditación y fijando prioridades de investigación debidamente estimuladas con recursos públicos—no es posible avanzar en la dirección que requiere el país. Para el caso de Chile, así lo han señalado, por lo demás, varios informes internacionales—del World Economic Forum[pdf], el Banco Mundial [pdf] y la OECD—y diversos estudios nacionales. (Ver Benavente[pdf], Benavente [pdf], y Bitrán [pdf]).
Es un positivo signo de los tiempos que también una parte de la prensa de corriente principal—a fin de cuentas conformada por sólo dos influyentes cadenas de diarios—empiece a abrirse a las nuevas perspectivas de análisis y de políticas que hace rato predominan en los sectores intelectuales y de formulación de políticas de los países desarrollados y, también, en Chile.
Se empieza así a abandonar visiones neo-liberales en el ámbito educacional y de la innovación tecnológica que, la verdad sea dicha, no se aplican en ninguna parte del mundo ni tienen ya relevancia para el debate sobre el futuro desarrollo del país. Por el contrario, necesitamos más autonomía para las escuelas municipales y una mayor inversión en las actividades de investigación y desarrollo, al mismo tiempo que un papel más activo del gobierno.
Lectura complementaria:
Nicolás Eyzaguirre, Mario Marcel, Jorge Rodríguez Cabello y Marcelo Tokman, Hacia la economía del conocimiento: el camino para crecer con equidad en el largo plazo. Revista Estudios Públicos, N° 97, 2005