Artes y Letras, El Mercurio
19 de junio, 2005

Nuestro debate sobre políticas educacionales parece ocurrir dentro de una caverna de ecos deformados. Si uno dice: “es imprescindible atender a las desigualdades de origen de los alumnos”, el eco responderá: “es importante hacerse cargo de la baja calidad de las escuelas”. Si uno replica: “es obvio que debe actuarse sobre las condiciones que originan la desigualdad y sobre la eficacia de los establecimientos escolares”, el eco replicará: “lo único que importa es alterar el régimen de incentivos bajo el cual se desenvuelven las escuelas”. Si uno entonces afirma que todo esto es necesario de considerar y agrega que, además, es ineludible aumentar el gasto por alumno, el eco manifestará: “de nada sirve gastar más si, previamente, no se obliga a las escuelas a responder por los resultados que obtienen sus alumnos”. Y así continúa este monólogo a dos voces construyendo aparentes bifurcaciones u oposiciones allí donde, en verdad, lo que se requiere es integrar perspectivas diversas y dejar atrás las posturas puramente ideológicas. En efecto, ninguna política educacional podría basarse en una sola medida o actuar sólo sobre una dimensión de los problemas que enfrentamos. Estos no tienen una causa única ni admiten una única solución. Lo primero, ya logrado a pesar del eco que distorsiona el debate, es reconocer que las desigualdades afectan a los niños desde el día de su nacimiento. De allí la importancia de todas aquellas iniciativas que inciden sobre el hogar y la familia: salud materna, vivienda, uso de la TV, educación continua de los padres, capacitación laboral, empleo e ingresos de los miembros del hogar. Igualmente, hay que actuar sobre la escuela: responsabilidad de los sostenedores, liderazgo del personal directivo, desempeño de los profesores y gestión de las variables pedagógicas (número de alumnos por profesor, tiempo destinado al aprendizaje, métodos de enseñanza, evaluación de los docentes, etc.). Adicionalmente, es esencial mejorar el marco institucional dentro del cual funcionan los establecimientos subvencionados. Hay que aumentar sostenidamente la subvención escolar, definir estándares curriculares exigentes, introducir exámenes externos con efectos sobre los alumnos, modernizar el régimen de supervisión ministerial y municipal, flexibilizar el estatuto docente y revertir la segmentación del sistema escolar. Esto último es decisivo. De lo contrario terminará por consolidarse entre nosotros un sistema de tres pisos, con circuitos escolares separados según el origen socio-económico de los alumnos. Un pisco inferior para los hijos de la pobreza y los hogares de menores recursos; un piso intermedio para los grupos mesocráticos y un piso alto para los afortunados herederos del capital cultural. El arte de la política consistirá, precisamente, en materializar este ambicioso programa, combinando medidas, priorizando su aplicación y evaluando sus efectos. El norte es claro: mejorar la calidad de los aprendizajes junto con una efectiva compensación de las desigualdades de origen. ¿Qué dirá el eco frente a esa propuesta que procura sortear las tentaciones de la pureza ideológica? Es de esperar que no responda con su consabida estrategia de oponer recursos a incentivos, lo público y lo privado, la segmentación contra la igualdad, la calidad a la equidad, el mercado y el Estado. El mito más grande de todos es suponer que el mundo de las políticas educacionales está dividido en dos y que las ideologías deben imponerse a la realidad, incluso atropellando a la razón.