El feliz anuncio sobre becas para alumnos pertencientes a los tres quintiles de menores ingresos que obtengan puntajes relativamente altos en la PSU corre el peligro de verse ofuscado por la aparente tensión comunicacional entre los Ministerios de Educación y Hacienda.
La medida –bien o mal anunciada, por quien tiene el primer derecho a hacerlo o no– es demasiado importante como para quedar atrapada en una reyerta de precedencias.
Además, hay aspectos importantes de la medida anunciada que merecen ser discutidos.

Efectivamente, significa un fuerte apoyo para los alumnos de estos tres quintiles que en número creciente ingresan a la educación superior, como puede observarse en este Gráfico [pdf].
Por su parte, el Rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, Vicepresidente del Consejo de Rectores, declaró que los miembros de dicho organismo, los que también se verían beneficiados con esta medida, “han respaldado las acciones del Gobierno. Es muy saludable para el país que se dé una política de financiamiento estable y de largo plazo. Eso tiene que ver obviamente con cubrir a los tres primeros quintiles de los estudiantes más pobres, cumpliendo con el compromiso de darles la oportunidad de estudiar”. En el mismo sentido se han pronunciado otras autoridades universitarias.
Ahora es necesario centrar el debate en los siguientes puntos:
a) Por qué los alumnos beneficiarios de estas becas sólo podrían cursar estudios universitarios y no también, segúan cual sea su opción, en centros de formación técnica e institutos profesionales;
b) Por qué sólo las universidades del Consejo de Rectores, y no asimismo las instituciones privadas acreditadas, habría de ser elegibles por los alumnos favorecidos con estas becas;
c) Con qué criterio se fijará el monto de estas becas: ¿servirán ellas para cubrir sólo el costo de los aranceles de las respectivas carreras? O bien, ¿permitirán al alumno y a sus familias, adicionalmente, aliviar en parte los demás gastos asociados al hecho de cursar una carrera de estudios superiores?
d) ¿Cómo se evitará que los recursos destinados por el presupuesto público a este fin rápidamente pierdan su valor en relación a los aranceles cobrados por las universidades?