Pilar Álvarez Madrid 30 ENE 2015 – 21:53 CETEl Consejo de Ministros aprueba previsiblemente este viernes el decreto de flexibilización del sistema universitario español, con más de un millón y medio de alumnos. Actualmente, las carreras o grados duran cuatro años, y los másteres posteriores uno. El nuevo proyecto, contra el que hay quejas de casi toda la comunidad universitaria, supone abrir la posibilidad de que los campus establezcan de forma voluntaria carreras de tres años y másteres de dos.

Rectores, oposición, sindicatos y estudiantes critican la oportunidad del momento porque España cambió el modelo de forma generalizada en 2010 para adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (conocido como Plan Bolonia), que aún no ha sido evaluado. Los colectivos de estudiantes ponen el acento en el posible encarecimiento de los estudios, los sindicatos temen la pérdida de puestos docentes y todos resaltan el “caos” que provocará en la ciudadanía una reforma en la que cada centro podría optar teóricamente por distintas duraciones para una misma titulación.

El Consejo de Estado, en su informe preceptivo pero no vinculante, señaló que la puesta en marcha de la reforma tiene “un plazo muy breve” —la previsión es que se aplique desde septiembre de 2015 o aprobar el decreto sin fecha, lo que supondría que sería viable desde el día siguiente de su publicación en el BOE— y pidió margen para “una adaptación más coordinada por las universidades”. El PSOE se basó en este dictamen y presentó ayer en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley. Los socialistas reclaman que el decreto no se apruebe sin un informe previo sobre los resultados del sistema actual y hasta que una comisión mixta con presencia de comunidades autónomas, rectores y estudiantes evalúe “los efectos en la financiación pública y privada de las universidades, la igualdad de oportunidades y el acceso al empleo de los titulados universitario”.

El Ministerio de Educación defiende su gran cambio universitario porque permitirá equipararnos con los países vecinos. “El problema ahora está en que obligamos a los estudiantes a estudiar un año más, cuando en Europa se hacen las mismas titulaciones en tres años”, señaló ayer la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, en una entrevista en la Cope. Los sistemas con grados mixtos (de tres y cuatro años) y con títulos de tres años son los dos modelos más usuales en los países del entorno, según el informe que presentó la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de las Universidades Públicas (Creup), que rechaza también el decreto de flexibilización de los grados.

Gomendio asegura que las familias ahorrarán dinero con las carreras más cortas. Los colectivos de estudiantes (Creup, Sindicato de Estudiantes, Ceune o Faest) replican que la generalización de los másteres de dos años supondrá pagar más para tener un título “con más prestigio”, igual que señala IU. Los precios públicos de las carreras varían de una comunidad a otra desde que el Gobierno aprobó un decreto que permitía fijar tasas entre un 15% y un 25% del precio final. En la Complutense, el campus presencial más grande de España, un año de grado cuesta 1.980 euros —a 33 euros por los 60 créditos que se suelen cursar—, y el máster 3.900 euros (a 65 euros por 60 créditos).

Distintas comunidades autónomas mostraron dudas el pasado julio. El consejero de Castilla y León, Juan José Mateos (PP), rechazó entonces que la duración de las titulaciones “se elija de manera individual” y anunció que los campus de su comunidad harán una propuesta conjunta. La conferencia de rectores españoles (CRUE) ha convocado una asamblea extraordinaria el lunes para “coordinarse” en la aplicación del decreto.